Acusar de control cuando se pierde

Debido a una propuesta en el Senado de la República de reducir a tres de los Órganos Constitucionales Autónomos en uno solo, se desató una serie de críticas a la propuesta y otras tantas en apoyo a la función de dichos órganos, principalmente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Como parte de esa defensa, se dijo que éstos no tenían una matriz neoliberal y, por tanto, había que juzgarlos de otra manera. Cierto es que se formaron a principios del siglo pasado para proteger el interés público; en nuestro país tenemos organismos autónomos de esa época. Sin embargo, la discusión no podemos ubicarla en ese punto, pues, si bien el neoliberalismo utilizó esas figuras jurídicas con el mismo propósito, lo hizo en un contexto económico y político diferente. No es novedad decir que ha existido un conflicto entre el capitalismo y la democracia y que ese conflicto se acentuó con el neoliberalismo.

Esta diferencia la podemos apreciar mucho más cuando no centramos en los argumentos que defienden el carácter técnico altamente especializado de esos órganos. El sustento de esa idea en el neoliberalismo es que la gente no tiene capacidad para decidir cuestiones técnicas muy complejas y, por lo mismo, las decisiones y los funcionarios de estos órganos no deben de someterse al consenso popular, tal y como lo hacen los otros tres poderes del Estado. Si somos estrictos, en realidad, pues, la separación inicial entre lo técnico y lo político nunca existió. Siempre prevaleció el juicio político sobre lo técnico, con la ventaja de que no necesitaban decisiones democráticas. Esta situación se evita mencionar abiertamente por los centros de pensamiento, los integrantes de esos órganos y los opinadores pagados, pero no se necesita mucho análisis para ver que la justificación funcionaba, pero sin autonomía y que esa función subordinada era muy bien remunerada.

Desde el poder legislativo se está proponiendo una nueva ley que reduzca el costo de tres Órganos Constitucionales Autónomos. La nueva ley no les quita funciones, no les quita poder y seguirán haciendo lo mismo los tres sectores convergentes, con menos presupuesto y menos estructura burocrática e infraestructura que no compagina con una política austeridad. Para la oposición esa iniciativa busca controlarlos para ampliar el poder del Estado. Pues si, eso se busca, pero da ahí a pensar que al escoger a los comisionados políticamente los hace subordinados al ejecutivo y choca con el objetivo de que deberían estar altamente capacitados para el puesto, es otro asunto. Resulta sorprendente que los que tenían el control de esos órganos constitucionales, mismos que respondían a sus intereses, ahora saquen el dedo flamígero para acusar al gobierno de control. Una refutación de la propia afirmación, dijera Schopenhauer.

No entendemos porqué se pueda pensar que ese conocimiento los capacita para limitar el poder del mercado, cuando su formación es totalmente a favor de la libertad de mercado y sí contraria al interés publico. ¿Porqué, si respondes a los intereses del mercado, si puedes hablar de que son autónomos y si respondes a los intereses del estado social no? Nunca como ahora las cartas se abrieron y todos pudimos ver el engaño, a pesar de que por muchos años advertimos que ir a favor del interés publico no era cierto, porque no era este el objetivo del neoliberalismo y si, al contrario. Vemos ahora claramente que el conflicto político hace saltar las máscaras, que no se defiende a técnicos y organismos altamente calificados, sino el proyecto neoliberal. El conflicto político por el IFE desenmascaró las mentiras neoliberales

Las justificaciones continuaron cargadas de tinta y de tiempo al aire, muchas de ellas ciertas. El IFT, nos dicen, es un órgano fuerte y confiable, que ha dado más resultados económicos de los que se pretenden ahorrar y que costó mucho esfuerzo construirlo, lo cual puede ser cierto. Que se defendió el interés publico al propiciar que bajaran las tarifas de comunicación, igual pueden tener razón. El problema es que no se salen de los criterios que el mercado impone; por lo que, insistir en esos razonamientos evidencia un conflicto político con el nuevo gobierno que no quiere seguir por ese camino. Nos dicen que la reforma, impactaría en la inversión y en el bienestar de los mexicanos, que debilitaría la función de estos órganos como contrapeso al gobierno y que no reconocería la relevancia de la política de competencia. Se llegó al extremo de decir que crea terror centrar el poder en sólo organismo regulador, cuando en el mundo lo que ocurre es descentralizar. En un contexto de mercado, agregan, no habría manera de poner en cintura a Pemex y CFE. En conclusión, se generaría incertidumbre económica y política lo que afectaría el buen funcionamiento de los mercados. Más claro ni el agua.

Veamos ahora qué pasa en el mundo digital. Los defensores de modelo digital neoliberal nacional, aseguran la que la desaparición del IFT quebraría el esquema que éste tiene planteado para la transformación digital. Ya definido claramente el conflicto político, la cuestión es en qué modelo debemos orientamos para que avancemos hacia una economía digital. De principio, creo que no hay problema en que debemos seguir uno que beneficie fundamentalmente al país. Aunque, es claro ahora, que cualquier modificación hacia el fortalecimiento de la economía digital ya no será posible de seguir prevaleciendo sólo el modelo neoliberal. A pesar de lo grandes esfuerzos que están realizando para justificar su validez, es claro que no será posible. Tenemos que hablar de un nuevo modelo, sin olvidar que estamos en medio de un conflicto hegemónico si no, norteamenticano por el dominio tecnológico, una caída de las economías mundiales que se acentuó en 2008 y complicó aún más la Covid-19 y una amplia concentración del ingreso que limita el crecimiento del mercado.

El mundo ha estado acelerando su digitalización y después de la pandemia ésta será mayor. La rapidez del cambio del mundo digital incrementada por la Covid-19 y la post-Covid-19, obliga a tomar decisiones, pues se corre el riesgo de quedar atrapados en los conflictos mundiales por la hegemonía tecnológica y el poder de las grandes plataformas digitales que buscan expandir su modelo en todo el mundo. Además, con la pandemia global, vemos una mayor consolidación de sus actividades económicas apuntaladas en Internet y la banda ancha. Esta velocidad trae también cambios tecnológicos muy novedosos que se hacen obsoletos muy pronto. Antes se hablaba de diez años, hoy se dice que duran activos cinco años. Por tanto, es un tema muy dinámico y no se puede repetir el error de la Ley de telecomunicaciones que pronto se vio rebasada e incapacitada para regular lo nuevo.

Tal y como se observa con la confrontación política entre el mercado de telecomunicaciones y el gobierno, dar ese salto hacia una legislación actual y futurista es complicado y si se mantiene el conflicto será más difícil. Hay que acabar con el conflicto si se quiere realmente consolidar nuestra economía digital. Esto no se logrará acusando de incapaz al gobierno y de no tener una visión de futuro. Al contrario, limitará más la posibilidad de fortalecernos digitalmente. Lo esencial de toda discusión es considerar lo que realmente ocurre. Exagerarla o reducirla será una buena estratagema, pero de ninguna manera funciona en este momento. El presidente se ha cansad de insistir en hay un cambio. Así que, utilizar este período que nos abre le senado para caminar hacia un posible proyecto nacional digital, requiere de fortalecer primero el proyecto del gobierno. No se puede esperar para que este gobierno llegue a un desgaste tal que se le pueda hacer a un lado.

Desde el principio de todo esto, es decir, cuando los monopolios naturales tuvieron que evolucionar hacia una competencia de mercado, se dejó claro cada país debería desarrollar sus propios proyectos acorde a su realidad. Ahora esto se acentúa. Buscar un proyecto nacional, requiere ubicarse en el contexto de la globalización no solo nacional y apoyar al gobierno. Combatirlo porque no apoya un proyecto digital neoliberal en estos momentos en que los grandes ganadores de la pandemia han sido las plataformas digitales, no tiene sentido. La Internet, el celular, las aplicaciones y las redes sociales nos hicieron más fácil trabajar, platicar e informarnos desde casa. Lo cual tiene visos de quedarse. Empero, no podemos olvidar que el estar todos conectados, acelera las desigualdades, porque no todos lo pueden hacer. Ahora estas empresas de plataformas ven claramente su momento para convertir a nuestros hogares en espacios de múltiple uso.

Conviene levantar la nariz del plato y analizar los procesos por los cuales las plataformas buscan administrar a todos los sectores de la sociedad. Competir con ellos o sumárseles como lo hacen otros países, con un país dividido, no es la mejor opción. Lo que se está implementando es una visión de mundo ajeno a nuestro. Vivimos un momento crítico. Todo se ha venido juntando para preparar los escenarios de la economía digital y ha determinado sus formas de desarrollo. Nuevas tecnologías, nuevas formas de organización, nuevos modos de explotación, nuevos tipos de trabajo y nuevos mercados están emergiendo, para crear una nueva manera de acumular del capital. Los mexicanos tenemos la palabra, pero esta no puede estar supeditada aun ambiente donde la descalificación y no la construcción sea lo que predomine.

Eduardo Torres Arroyo – @etarroyo

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