México ofrece dos años de gracia para construir redes de 5G, ¿es suficiente?

El Estado mexicano plantea una exención de dos años en el pago anual de derechos por la explotación de bandas radioeléctricas, para el operador que se aventure a construir redes de quinta generación (5G) sobre el espectro de los 600 MHz o de 1.5 GHz, y a través de una concesión comercial que le sea otorgada entre 2021 y 2022.

Los operadores que compren frecuencias en esas bandas comenzarían a presentar sus pagos anuales de derechos a la Tesorería de la Federación a partir del 1 de enero del 2024 y del 1 de enero del 2025, si las concesiones de espectro le son entregadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) antes del 30 de noviembre del 2021 o después del 1 de diciembre de ese mismo año, según cada concesión en particular.

De presentarse un escenario así y de que esta propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sea ratificada en la Cámara de Diputados en los siguientes días, los operadores podrían tener un pequeño respiro para configurar redes y productos de 5G en México durante los tres años más difíciles después de la pandemia de coronavirus, 2021, 2022 y 2023, pues la Covid-19 ya esfumó 20% de la inversión y 11% de los ingresos de la industria mexicana de telecomunicaciones en el primer semestre del 2020.

Este panorama igualmente ya puso al Instituto Federal de Telecomunicaciones a valorar la posibilidad de aplazar las venideras subastas de espectro en 1.7/2.1 GHz, 800 MHz y 2.5 GHz para robustecer coberturas 4G y banda en los 600 MHz y 3.5 GHz para próximos servicios de 5G.

El IFT también estaría presionado así para sacar a contrarreloj, entre 2021 y 2022, un concurso de espectro sobre los 600 MHz y para la llamada Banda L o de 1.5 GHz, y analizar además si existe algún interés de los operadores por comprar ese tipo de espectro ante los elevados cobros por pagos de derechos por otras bandas de cobertura y capacidad que se advierte que los diputados en San Lázaro votarán a favor antes del 15 de noviembre.

El valor de los incentivos por dos años para quienes compren espectro en los 600 MHz y en 1.5 GHz equivaldría a 326.73 millones de dólares o 6,951.6 millones de pesos mexicanos.

Esta cantidad de dinero resulta de calcular los 82.75 millones de dólares que la industria pagaría por explotar toda la banda de 600 MHz durante un año y los 80.64 millones de dólares que también realizaría como pagos de derechos por usar la Banda L durante un año; esto, multiplicado por dos en ambos casos, con el tipo de cambio peso-dólar para el último día de septiembre y con las referencias de cobro presentadas por la Secretaría de Hacienda al Poder Legislativo hace unas semanas.

Los cálculos, a un escenario de 20 años y con las mismas referencias de Hacienda, indican que el incentivo del Estado mexicano para que los operadores compren bandas de 600 MHz o de 1.5 GHz, equivalen al 10% de lo que invierte toda la industria durante un año regular en infraestructura de telecomunicaciones aquí. Pero muy importante también, equivaldría al 3.20% del pago total de derechos que el gobierno recibiría por todas las bandas en concesión en esos 20 años: alrededor de 10,200 millones de dólares.

Esa cifra asusta la industria, porque el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, propuso incrementos para los pagos anuales de derechos por la explotación de bandas que se fijan cada año en la Ley Federal de Derechos (LFD).

Cálculos propios del Instituto Federal de Telecomunicaciones dicen que Hacienda incrementó en 48% los pagos de derechos por las bandas de 800 y 850 MHz y en 186% su propuesta para las bandas de 600 MHz, 1.5 GHz, 3.3 y 3.5 GHz, frecuencias no tasadas aún por ser espectro recuperado de otro tipo de servicios y para su vuelta a proceso de licitación.

La propuesta de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados se desglosa en que todo el dinero que un operador pagará como gravamen por usar bandas de espectro será en 19.5% por la contraprestación que se entrega al momento del concurso licitatorio y 80.5% por los pagos anuales de derechos, que, argumenta el Estado, le permite un flujo constante de dinero al país.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha insistido en que México ya cobra un 60% más dinero por el uso de espectro, de una muestra de 40 países con mayor relevancia en la economía mundial. El IFT también recuerda que en otros mercados sólo el 30% del valor total de una banda de espectro corresponde a los pagos anuales y el 70% al monto por contraprestación, cuando se entrega la concesión al operador.

El regulador y la industria estiman que los cobros por pagos de derechos planteados por la Secretaría de Hacienda y que podrían ser ratificados por la Cámara de Diputados —controlado en mayoría absoluta por el partido en el gobierno—, frenará la inversión en redes de 5G.

La propuesta de exención fiscal planteada por Hacienda al Congreso para los 600 MHz y la Banda L, contrasta y parecerá un paliativo ante las determinaciones, por ejemplo, de los gobiernos de Colombia respecto a disminuir las cuotas por uso de espectro y de Perú de no cobrar impuesto por la asignación temporal de bandas durante la pandemia, países con realidad económica, social y política distinta a la de México, pero muy afectados también en su economía por la Covid-19.

“Con esta medida, se generarán mayores incentivos, para que en los primeros meses siguientes al otorgamiento de la concesión (en 600 MHz y Banda L), las empresas utilicen nuevas tecnologías y se acelere el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones, al tiempo que se fomente a que las empresas incrementen las inversiones que realicen en infraestructura, lo que permitirá que los usuarios reciban más y mejores servicios”, expone la Secretaría de Hacienda en su propuesta de vacatio legis para esas dos bandas.

La intención de incentivar la asignación de espectro en las bandas de cobertura como son las de 600 MHz, para construir redes de 5G puede resultar una acción acertada, pero que también puede perder eficacia cuando existe una política espectral  que incrementa los pagos de derechos de las bandas de 800 MHz y 850 MHz.

Con información de EL Economista

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