Se obstruyó la justicia en el caso Ayotzinapa: GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa informó sobre diversos elementos que comprueban categóricamente la existencia de un operativo para obstruir la justicia luego de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, en septiembre de 2014.

La estrategia anterior frenó el avance de las investigaciones y la judicialización de algunos aspectos por seis o siete meses, dijo a La Jornada Angela Buitrago, integrante del GIEI, luego de entregar el informe de esta instancia a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa.

En el encuentro, las familias de los normalistas desaparecidos exigieron concretar las detenciones pendientes, de presuntos responsables de los hechos.

A su vez, el presidente de la Comisión para la Verdad, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, prometió que el gobierno federal no dará carpetazo a esta investigación, cuyo objetivo es en principio esclarecer lo ocurrido a los muchachos.

Buitrago explicó en entrevista que el GIEI entregó dos informes, uno para la comisión y otro, de carácter reservado, para la Fiscalía General de la República.

Entre los documentos se incluye un estudio de los patrones de tortura de varios detenidos, en el cual se demuestra que la práctica se realizó de forma generalizada.

Los informes presentados ayer en una reunión extraordinaria en voz de la jurista colombiana y Francisco Cox se incluyen datos relevantes para determinar la participación de distintos grupos policiales y criminales en la desaparición de los 43 normalistas.

Además, labores de búsqueda; análisis a la obstrucción de justicia, de los obstáculos para el avance de la investigación; las filtraciones y competencias judiciales en la indagatoria, facultades de la Fiscalía General de la República y su unidad especial de investigación.

Las organizaciones representantes de las familias señalaron que la voluntad política mostrada por el gobierno debe verse reflejada en la ejecución de las órdenes de detención contra los perpetradores.

Con información de La Jornada

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