México emprende una cruzada contra el ‘outsourcing’

Como empleada del Gobierno de México, Ana —quien ha dado su testimonio a condición de mantener el anonimato— tenía responsabilidades serias: su trabajo consistía en documentar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas y debía manejar información delicada, una tarea para la cual se especializó y capacitó más allá de tener dos licenciaturas y una maestría. Sin embargo, sobre el papel, su empleador no era el Gobierno federal, sino una empresa de subcontratación que cambiaba de nombre con regularidad. Ganaba 24.000 pesos al mes (poco menos de 1.200 dólares) y, con cada cambio de nombre de su empleador, cambiaban también sus prestaciones sociales y garantías laborales.

“Un día nos quitaron la computadora, como si nos estuvieran corriendo pero sin decirnos nada, y al otro día ya nos dicen que estábamos en plan de outsourcing”, recuerda la exfuncionaria, que prefiere no revelar su nombre real por miedo a represalias. De acuerdo con expertos, México es el único país de habla hispana que utiliza los términos outsourcing y subcontratación de manera intercambiable, para referirse por igual a la prestación de un servicio, un empleo temporal o un trabajo de agencia. Ana trabajó para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) desde 2015 hasta inicios de este año, cuando la dependencia cambió de dirección. “Llegó la nueva comisionada, llegó la gente de la nueva comisionada y despidió a toda mi área, incluida yo: de 14 a 15 personas. No nos dieron nada, simplemente nos sacaron y ya no nos dejaron entrar. Después nos hablaban los de la empresa de outsourcingcon amenazas para que fuéramos a firmar la renuncia”, cuenta Ana.PUBLICIDAD

“Y pues así termina, porque el final no tienes con quién ir a discutir, a pelear tus derechos. Porque la empresa cada año cambia el nombre”, cuenta. Hasta hoy, Ana permanece desempleada.

Estas son las malas prácticas a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere poner fin. A mediados de noviembre, el mandatario envió al congreso una iniciativa que reformaría varias leyes y criminalizaría la subcontratación en casi todas sus modalidades, tanto en el sector público como el privado. Esto ha desatado una discusión incómoda y pendiente desde hace mucho tiempo sobre la precariedad y los abusos en el mercado laboral mexicano, que limitan el potencial de la segunda economía de América Latina. Se espera que la iniciativa se apruebe en el Congreso en las próximas semanas y antes del inicio del 2021.

El momento es, sin duda, arriesgado. La pérdida de empleos a nivel global por causa de la pandemia ha sido masiva y los Gobiernos en todo el mundo están buscando la manera de preservar fuentes de trabajo a través de distintas fórmulas de flexibilidad. México, por su parte, busca endurecer las reglas del mercado laboral de un modo tan radical que, según empresarios y críticos de la iniciativa, puede llegar a destruir fuentes de trabajo legítimas en su intento por acabar con malas prácticas.PUBLICIDAD

La semana pasada, cuando fue consultado en una conferencia matutina acerca de cuántos empleados subcontrataba su propio Gobierno, el presidente no ofreció una cifra pero dijo que ordenaría que no se hiciera más. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social asegura que en el país hay poco más de cuatro millones y medio de personas subcontratadas. Muchas de ellas son parte de la economía informal, ya que no están registradas en el instituto de seguridad social. Otras tantas figuran pero con un subregistro, ya que los empleadores reportan un salario mucho menor del que reciben realmente para evadir impuestos.

Pero estas no son las únicas prácticas que tienen a López Obrador tan enojado. Lo que más le molesta al mandatario son las empresas que abusan de la figura legal de la subcontratación para emitir facturas falsas por servicios no realizados, que se puedan utilizar para evadir impuestos o lavar dinero. Estas empresas son conocidas en México como “factureros”. En agosto de 2019, el Congreso pasó una ley de extinción de dominio, también pensada para ir en contra de estos factureros, para poder poner en prisión preventiva o para congelar las cuentas de aquellos sospechados de estar lavando dinero, simulando servicios o evadiendo impuesto a través de facturas falsas. Hasta la fecha no se ha encarcelado a ningún facturero.

La nueva iniciativa de ley en contra de la subcontratación tiene a abogados y analistas haciendo sonar las alarmas del daño económico que podría causar al país si llega a ser aprobada. En el mejor de los casos, sostienen, la ley empujará a los subcontratados a la informalidad; y, en el peor de los casos, al desempleo. Para algunos empresarios, la ley está diseñada para darle al Gobierno una arma más para presionar al sector privado. Pero para muchos mexicanos que han visto sus derechos laborales y sus planes de retiro vulnerados, la iniciativa es necesaria.

Una propuesta radical

Los abusos de las figuras legales que permiten la subcontratación no son un problema exclusivo de México, ni son un problema nuevo. En 1997, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conformada por trabajadores, gobiernos y empresas, creó el convenio 181, específicamente diseñado para evitar los abusos de las agencias de trabajo y la protección de los derechos laborales. En 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) organizó consultas en las que participaron más de 80 países en desarrollo y las 20 economías más grandes del mundo para discutir cómo evitar el abuso de los tratados y medidas fiscales.

Pero esta propuesta de criminalizar la práctica sí que es exclusiva de México, dice Fiona Coombe, directora de Investigación Legal y Regulatoria de la organización Staffing Industry Analysts. En Filipinas y en Brasil se han pasado leyes que se acercan a lo que propone México, aunque mucho más flexibles, asegura Coombe. “Brasil pasó por algo bastante similar hace un tiempo, pero no llegó tan lejos como México”. El país sudamericano, cuenta la experta desde Reino Unido, amenazaba con impedir que los negocios pudiesen subcontratar servicios que se correspondan con sus actividades centrales. “Parecía haber una amenaza para todo tipo de subcontratación laboral, pero en los últimos años el Gobierno de Brasil se ha relajado”.

Su colega en Argentina, el analista Martín Padulla, agrega: “Es como si para resolver los problemas de seguridad vial y los accidentes de tránsito prohibiéramos andar en auto, en cualquier tipo de vehículo. Digo, no parece una medida racional. En todo caso, habrá que hacer acciones específicas en donde está el problema y el problema aquí es claro: el problema es que hay empresas que están fuera de la ley, habría que caerles con los mecanismos que existen hoy día.”

Si México realmente quiere proteger los derechos de los trabajadores, señala Padulla, el Gobierno podría empezar por ratificar el convenio 181 de la OIT: a pesar de ser miembro de la OIT y de haber firmado el protocolo en 1997, el país no lo ha ratificado ni actualizado, explica el analista.

La legislación que ya existe

La propuesta de López Obrador, tal como está hoy, no incluye provisiones para atacar lo que el gobierno dice que quiere atacar, sostiene Alfredo Kupfer, abogado codirector de Práctica Laboral en la firma Sánchez Devanny y miembro de la comisión de trabajo del Consejo Consultivo Empresarial, asociación civil que aglomera a las empresas más grandes de México.

“La propuesta no establece un ataque frontal a ciertos actos ilegales, simplemente da consecuencias de multas, de pagos de ilícitos penales a quiénes incumplen”, dice Kupfer. “Ya tenemos legislación en materia laboral, de seguridad social y fiscal en donde se establecen las obligaciones de las empresas, como por ejemplo el pago del salario íntegro, el reportarlo debidamente, hacer los pagos que correspondan, y hay consecuencias”.

“Lo que no hemos visto de este Gobierno es una acción concertada entre los distintos órdenes de Gobierno para tratar de detener la práctica, porque ya tenemos la legislación. Ahora hay que ir y encontrarlos y cuando los encontremos hay que procesarlos,” dice el abogado. “Nosotros creemos que, ante esa incapacidad que el Gobierno ha encontrado en sus organismos y en sus instituciones, resulta más sencillo destruir la figura”.

Kupfer cuenta que lleva ya dos semanas en llamadas “interminables” con sus clientes para encontrar la manera de “hacer más con menos”, ya que las empresas no tienen la capacidad de incluir en sus nóminas a los trabajadores temporales que contrata a través de un tercero o una agencia. En México, el 57% de la economía es informal y durante la pandemia más de cuatro millones personas han perdido su fuente de ingresos, formal o informal. En algunas partes del país los salarios que se pagan son menores a los de China e incluso de algunos países centroamericanos. Padulla coincide con Kupfer en que la iniciativa empujará a millones más a la informalidad, sino al desempleo.

“No creemos que eso vaya a suceder”, dice la secretaria de Trabajo María Luisa Alcalde: “No es que estemos endureciendo el mercado laboral, lo que estamos haciendo es hacer respetar la ley, precisamente que se respeten los derechos de los trabajadores que están establecidos hoy en nuestras leyes. No me parece que se valga hoy decir que se va a despedir a los trabajadores porque yo no puedo pagar las responsabilidades que ya establecía las leyes laborales de décadas”.

“Lejos de traer desempleo, va a ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más justo, pero también más productivo”, asegura la funcionaria.

Empleo de mala calidad

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) engloba a todas las agencias privadas de empleo en el país, como ManpowerGroup, Adecco y Kelly, entre otras. Estas empresas transnacionales no solo se especializan en encontrar y reclutar el talento, también son especialistas en llevar nómina y ofrecen este servicio a cientos de empresas, grandes y chicas, que no tienen la capacidad financiera o técnica para hacerlo por sí mismas.

“¿Por qué se asume que la subcontratación es igual a mala calidad de empleo? No, no es así. Hay empresas que no son de subcontratación y que no respetan los derechos de los trabajadores, no pagan salarios dignos, no dan prestaciones y maltratan a los empleados”, apunta Flores.

Alcalde, por su parte, sostiene que la ley, además de prohibir la subcontratación de personal, regula los servicios especializados (es decir: los servicios que una empresa requiere contratar pero no son parte de su modelo de negocios). Para ofrecer estos servicios, la ley requiere que una empresa deberá obtener una autorización de la Secretaría del Trabajo y estar en un padrón público, explica la funcionaria. Y, para poder obtener esta autorización, no solo tiene que demostrar su actividad especializada o carácter especializado, sino también el cumplimiento ante las instituciones de Seguridad Social y ante la Hacienda Pública.

“Estamos de acuerdo con que se hagan leyes y reglas que regulen de manera práctica a la industria de la subcontratación, porque es una necesidad primordial eliminar la evasión, la simulación, el subregistro, el abuso al trabajador, el atentado contra los derechos de los empleados”, dice Flores, “pero no estamos de acuerdo en sobrerregular o prohibir, porque la industria de la tercerización que funciona a nivel global genera beneficios importantes para la economía”.

Se puede tener muchas opiniones al respecto, apunta la funcionaria Alcalde, “pero realmente creemos que esta propuesta y esta iniciativa logra algo que no se había logrado, que es poner fin a estos abusos y dar respuesta a esta demanda de millones de trabajadores”.

Lo público y lo privado

Un cliente de Manpower es Armando Santacruz, director general de la empresa de materias primas Grupo Pochteca. Santacruz explica cómo el número de trabajadores que su empresa necesita fluctúa durante un año, por lo que recurre a la agencia de empleo con regularidad. Por ejemplo, ante una auditoría tributaria, Pochteca necesita de manera temporal un grupo grande de contadores. “Yo no tengo la capacidad de reclutar 30 personas en cuatro días y Manpower sí, porque a eso se dedican”, dice el empresario por teléfono desde Ciudad de México. “Ahora nos vamos a tener que voltear de cabeza”.

“Muchas de estas medidas me parece que surgen de la cabeza de gentes que en su vida han pagado una nómina, que se han dedicado toda su vida, como decimos en México, a la grilla, que tienen una desconexión profunda con la forma de operación de la economía real y que tienen sus preconcepciones de qué es y qué no es y no están dispuestos a escuchar a los que están metidos en la alberca, a los que les pueden decir si el agua está fría o caliente”, dice Santacruz: “Si tú hablas desde afuera en la alberca, no sabes que temperatura tiene el agua”.

“Estas leyes a lo que están llevando es a que el gobierno te pueda extorsionar, ya no tiene que ver si realmente debes o no debes el dinero”, “, sostiene Santacruz. “Ellos, con la posibilidad de prisión preventiva oficiosa ante la simple acusación, te pueden meter a la cárcel, te pueden congelar tus cuentas y te pueden aplicar la extinción de dominio… Eso se presta para que el gobierno pueda dedicarse a recaudar a base de amenazar con cárcel a todo mundo”.

Con información vía El País

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