Ven huecos en leyes contra la violencia digital

La vida de cientos de mujeres cambia cuando un hombre difunde fotografías íntimas sin su consentimiento. Esta situación hace que ellas dejen de tener espacios seguros en su ámbito de desarrollo.

Se trata de violencia sexual digital, la cual han tenido que enfrentar cientos de chicas, pero sin saber a dónde recurrir.

Según la organización Luchadoras, en los tres últimos años se han abierto 2 mil 143 carpetas de investigación en 18 estados, por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Al menos en 84.46% de las denuncias, las víctimas fueron mujeres. El 83% de las carpetas de investigación sigue en trámite.

Hoy, Luchadoras presentará el informe Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, en el que se da una visión del tema en los últimos años.

La perspectiva del documento gira en torno a la normatividad ya existente para castigar la violencia digital, pues uno de los principales problemas es que la violencia digital puede escalar al grado de convertirse, incluso, en trata de personas a través de la tecnología, delito que no está tipificado como grave.

Actualmente, existe la Ley Olimpia, que consta de un conjunto de reformas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

En ese sentido, Luchadoras encontró que sólo 17% de las carpetas de investigación iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia, sin llegar al juicio, es decir, terminan en suspensión condicional del proceso, con acuerdo de reparación o en juicio oral abreviado.

“Preocupa que en algunos estados, como Chihuahua y Zacatecas (…) se ha recurrido al otorgamiento del perdón por parte de la víctima, una medida que no se recomienda en casos de violencia de género, de acuerdo a estándares internacionales”, manifestó la organización.

En los últimos tres años, Luchadoras encontró que, al menos hasta mayo pasado, se habían iniciado 24 causas penales en los poderes judiciales de siete entidades y que existe una sentencia condenatoria en Chihuahua por el delito de sexting y tres sentencias en Tamaulipas por el delito de “pornografía de menores e incapaces”.

Yunuhen Rangel, coordinadora de Internet Feminista, en Luchadoras, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que la organización ha detectado que la misma violencia y misoginia que existe hacia las mujeres en lo físico también existe en la parte digital.

“Los espacios digitales se vuelven una extensión de la vida de personas y, en ese sentido, la violencia se enfrenta de igual manera.

“Se buscan los mecanismos de acceso a la justicia, como en cualquier otro caso”, comentó Rangel.

Detalló que uno de los principales problemas que existen para el tema de la violencia digital es que hay obstáculos informativos y de conocimiento sobre el tema.

Para elaborar el informe, precisó, se recurrió a una serie de fuentes de información en entidades federativas, y lo que se observó es la falta de uniformidad en las respuestas, tratándose de un mismo delito.

“Necesitamos mecanismos adecuados para denunciar. Vemos otros obstáculos: el que estas carpetas [de investigación] estén en trámite, lo que significa que, por ejemplo, no hay suficientes elementos para continuar una investigación.

“En otros casos, que la presentación de pruebas se centra en la víctima, la falta de conocimiento técnico de las autoridades por no tener los elementos claros para aterrizar, todas estas intersecciones entre lo que es violencia contra las mujeres que requiere especialización, conocimiento en derechos humanos”, subrayó.

En el país, añadió Rangel, existen sólo 18 estados con reformas en los códigos civiles que atienden el delito. Además de que existe, de manera directa, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no todas las normas locales incluyen la violencia digital.

“La normatividad claro que ofrece un paso importantísimo, pero estamos frente al reto de pensar que es un primero y que lo que sigue es trabajar en cómo esto tendría que tener un impacto estructural, socialmente, a través de las plataformas, la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas.

“[Deben] conocer la ley para que puedan tener más elementos en materias específicas de violencia contra las mujeres: género, derechos humanos, conocimientos técnicos, para que puedan ser aterrizadas las leyes como tal”, apuntó la activista.

Otro de los puntos importantes, puntualizó, es la reparación del daño, que no es el más eficaz, ya que en algunas ocasiones se termina revictimizando a la persona afectada.

“Estos mecanismos que existen suelen ser revictimizantes, largos, costosos para las víctimas, se pueden volver hasta parte de los impactos de una forma de violencia”, resaltó.

Con información vía El Universal

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