Reforma al outsourcing con carga a los contribuyentes: expertos

Si la reforma al outsourcing prospera, existirá una carga administrativa para los contribuyentes y además sería redundante porque será necesario que cada contratista cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo.

El tema principal de la reforma no es lo laboral, sino lo fiscal porque podría ocasionar que un individuo caiga en el outsourcing con las deficiencias de la definición y provocaría que las personas terminen en la cárcel, mencionó Mario Barrera, socio de la práctica fiscal de Thompson Knigth.

“Será necesario que cada contratista cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo, asumiendo que exista un registro de empresas de especialización, se antojaría que el registro sea consultable; sin embargo solicitan que el individuo cuente con la autorización de su contrato, lo cual me parece innecesario, un doblete”, explicó Barrera en el evento virtual Retos Fiscales 2021.

En el decreto enviado por el Ejecutivo, cita que el contratante deberá obtener del contratista una copia simple de la autorización vigente a que se refiere el Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del acuse de recibo del pago correspondiente, documentación que deberá entregarse a más tardar el último día del siguiente mes en que el contratista recibió el pago.

En ese sentido, se especifica que al modificar dicho artículo se podrá crear un padrón de prestadoras de servicios especializados con el que se construirá un acervo vigente, estadístico y de control para identificar y regular a las personas físicas o morales que presten dichos servicios.

Un punto a considerar de la reforma es que incurrir en la subcontratación se tipificará como delito de defraudación fiscal, además traería consigo multas desde 150,000 a 300,000 pesos por no entregar la información del contratista.

La iniciativa plantea adicionar una infracción y sanción cuando el contratista no proporcione al contratante información que será necesaria para que el gasto sea deducible o el impuesto trasladado sea acreditable.

En este sentido, en el caso de que una persona física quebrante la ley, se aplicará la prisión preventiva oficiosa, es decir, que durante procedimiento, la persona involucrada va a permanecer en la cárcel.

“¿Qué pasa con las sanciones? Hay multas de 150,000 a 300,000 pesos por no entregar la información del contratista, pero lo más importante es que si se incurre en una subcontratación, según la propuesta, caigo en un delito de defraudación fiscal equiparada”, mencionó Barrera.

Con información vía El Economista

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