Ley de Imprenta, en abrogación

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 26 de noviembre 2020 el dictamen con el que se abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta; ahora está en manos del Senado en su calidad de Cámara Revisora para estudiar y dictaminar la minuta enviada. O sea, está en proceso legislativo para su abrogación y construcción de un nuevo marco jurídico que norme los límites establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución de México.

Esta Ley pre Constitucional, aún vigente, pues la expidió Venustiano Carranza, en su calidad de Encargado del Poder Ejecutivo casi un mes antes (12/04/1917) de que entrara en vigor la nueva Constitución (1/05/1917), se mantuvo “entre tanto el Congreso de la Unión reglamente los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República”.

En sus casi 104 años de vigencia, la realidad social es otra; la comunicación, también vinculada a otros derechos fundamentales, se desarrolla y ejerce de manera más diversa y compleja. Los contenidos de los artículos 6° y 7° se han ampliado y profundizado, en especial desde 2011 son más que garantías otorgadas, son derechos humanos reconocidos: libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información, derecho de réplica, derecho a las tecnologías de la información, banda ancha, Internet y comunicación (6°) y el ahora derecho a la difusión (en lugar de sólo libertad de imprenta, 7°); además no olvidar que de inaplicable y anacrónica, se ha utilizado como recurso anulador para el ejercicio de derechos.

Con la abrogación de esta ley el tema no queda cerrado, antes bien, se abre una reflexión, debate y definición sustancial que requiere un ejercicio colectivo, pues desde la misma Constitución, tanto la libertad de expresión como de difusión, se establecen límites: “ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

La Ley sobre Delitos de Imprenta se hizo para normar esos límites y legisladores lo tienen presente. En el transitorio del dictamen y minuta se establece que “dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico para procurar el pleno reconocimiento de las libertades de expresión y de imprenta”. Ya era hora. Hay que entrarle.

Con información vía Milenio

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