OPINIÓN. La regulación no solo debe ser recaudatoria, sino con vistas a una evolución digital

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

En México nos estamos internando en un debate que ya tiene tiempo desarrollándose en el mundo. Las redes sociales digitales no solamente se basan en plataformas dedicadas a la comunicación, se trata de grandes compañías que han acumulado poder por medio de un modelo de negocio voraz y diseñado para absorber cualquier ganancia a su alcance.

El gobierno mexicano ha comenzado a entender que las plataformas digitales no tienen mayor objetivo que las ganancias económicas. El negocio de estas plataformas jamás se ha tratado de la comunicación o de respetar y elevar la libre expresión de los usuarios de sus redes, se trata de generar ganancias a cualquier costo, bajo un capitalismo colaborativo que no siempre es recíproco al momento de obtención de utilidades.

La discusión mexicana se ha centrado en la regulación de las redes sociales y del respeto a la libre expresión de los usuarios; sin embargo, el verdadero negocio de estas plataformas ha sido ignorado por completo en la iniciativa que ha presentado el Senador Ricardo Monreal, ya que el “Big Data” es la verdadera mina con la que cuentan estas plataformas y no se trata realmente de lo que los usuarios publiquen o no en los espacios de Facebook o Twitter, sino que, los datos personales de los usuarios quedan expuestos y a merced de la utilización más conveniente para estas plataformas.

La regulación es una propuesta que puede generar resultados, siempre y cuando esta sea diseñada con un objetivo claro y realmente verificador del comportamiento de las redes hacia con sus usuarios, en otro caso, nos encontraremos volcados a la revisión imposible de cumplimientos sin cumplir, es decir, las plataformas de redes sociales no se preocupan por ser reguladas en sus contenidos, siempre y cuando los datos de los usuarios sigan fluyendo hacia sus servidores y puedan seguirse utilizando para fines como publicidad entre otros, es decir que si la regulación no afecta la verdadera mercancía, misma que es el internauta en sí, las plataformas digitales no encontraran nada de que quejarse en realidad.

Una solución que verdaderamente podría abonar al país recae en la soberanía digital. Que el país entendiera que mayor y mejor infraestructura de telecomunicaciones y digital propia, abonaría al desarrollo económico, cognitivo, democrático, educativo y con ello, a la no dependencia tecnológica de países como nuestro vecino del norte, daría un verdadero vuelco definitorio a una verdadera defensa de derechos fundamentales como la libertad de expresión y los antes mencionados, pero la realidad abona a que en estos momentos la visión legislativa se aboca solamente a un modelo regulatorio con vistas en la recaudación y no tanto, en el control de la información u opiniones que fluyen en las plataformas digitales que hospedan a las redes sociales.

La manipulación de la información recae en un modelo de negocio que solamente prevé la posibilidad de seguir acumulando capital. Las plataformas digitales no tienen como mira el desarrollo o implementación de los derechos fundamentales de los usuarios, sino solamente de seguir utilizando los datos de éstos como mercancía y materia prima fundamental para la generación de riqueza de dichas plataformas.

Si realmente estamos en favor de enaltecer derechos fundamentales como la libre expresión de los ciudadanos, el proyecto debe ser más ambicioso y con miras a un verdadero desarrollo social digital. La generación de infraestructura para una mayor conectividad, la alfabetización digital de todos los sectores y la utilización de las herramientas digitales en favor de una sociedad con mayor conciencia democrática solamente puede darse en un contexto de soberanía digital y con una visión a largo plazo de desarrollo nacional. El mayor ejemplo de esto es que el único país que cuenta con una jurisdicción sobre las Big Tech, es Estados Unidos, ya que la ubicación geográfica de Silicon Valley esta en el territorio de nuestro vecino del norte, es decir, solamente ellos pueden legislar y poner reglas a sus empresas.

Los fenómenos digitales no solo se regulan en un contexto de recaudación, sino que, se debe verdaderamente verificar la aportación democrática que la sociedad percibe y recibe de estas plataformas, ya que el regular para recaudar sigue siendo un fin económico similar al que las plataformas digitales por medio de sus modelos de negocio se han trazado a nivel mundial.

Fenómenos como lo ocurrido con Cambridge Analytica o la batalla por el acceso a los datos personales entre Facebook y Apple, nos deben mostrar la realidad que suponen las verdaderas intenciones de estas grandes compañías y que no solamente se trata de influencia política en naciones como la nuestra, sino que el verdadero fin es global y si no se comprende o se entiende el concepto de “gobernanza del internet” o “neutralidad de la red”, los políticos continuaran cediendo terreno a las grandes tecnológicas.

En 2017 los datos superaron en valor económico al petróleo, es decir que los datos personales de los usuarios de plataformas digitales valen más que el combustible más usado en el planeta. El desarrollo del debate sobre cualquier tema de lo digital en nuestro país debe evolucionar a pasos agigantados o nos quedaremos en un impasse tecnológico, mientras que el mundo camina a una verdadera idea de la digitalización como motor económico por excelencia.

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