Outsourcing, una figura que se había viciado y que era prudente erradicar: Francisco Hernández

El outsourcing era una figura que se había viciado y que era prudente erradicar, afirmó el líder nacional de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, dirigente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), luego del acuerdo entre trabajadores y empresarios con el gobierno federal sobre la subcontratación. 

“Pero no dejo de reconocer que fue un buen avance. Fue un buen acuerdo. Va a limitar este tipo de prácticas ilegales”, dijo a El Sol de México.

Sostuvo que las secretarías del Trabajo, de Hacienda y el Seguro Social van a estar muy vigilantes de que no se haga mal uso de esta figura y sólo se utilice para casos específicos, que no sean esenciales para las empresas y no se reporten salarios más bajos y, sobre todo, que se paguen impuestos. 

Comentó que hay grandes empresas que solo tienen en nómina al gerente. El resto de los empleados son subcontratados y la nómina está en manos de otra empresa. 

“Nosotros buscamos desde hace tiempo que se hiciera una ley que erradicara de manera definitiva este modelo de subcontratación, mecanismo que se utilizaba de manera abusiva para no pagar utilidades a los trabajadores; para quitarles prestaciones de ley y, obviamente, para afectar sus derechos”. 

Por otra parte, para el experto en Derecho Laboral, el abogado Héctor de la Cruz, el acuerdo que se alcanzó este lunes en Palacio Nacional entre los sectores obrero y empresarial con el gobierno federal, sobre tema de la subcontratación u outsourcing, considera 3 ejes fundamentales:

La prohibición definitiva de la subcontratación de personal. Solo se permitirá que las empresas contraten servicios u obras especializadas que no formen parte de su actividad económica preponderante u objeto social. Será ilegal que existan contratos en los que esencialmente se contrate la fuerza laboral de los trabajadores mexicanos. 

Habrá un registro de empresas subcontratistas, que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Y, se dará un plazo de 3 meses para que las empresas contratistas incorporen a su nómina a los trabajadores de la subcontratista. 

Estos acuerdos signados en Palacio Nacional este lunes, van de la mano con la propuesta de modificación al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo que conserva el derecho de los trabajadores a gozar de un reparto de utilidades que ahora tendrá un tope máximo de 3 meses de salario o el promedio de lo percibido en los 3 años anteriores, comentó. 

Esto garantiza que no haya distorsiones en ciertos sectores productivos que podrían llegar a tener que repartir cantidades muy elevadas y poner en riesgo la estabilidad financiera de la fuente de trabajo.


En opinión del especialista en Derecho del Trabajo, “este acuerdo protege a la clase trabajadora al evitar que ciertas empresas abusen de la subcontratación y menoscaben los derechos laborales de los empleados al pagarles salarios muy bajos, no otorgarles seguridad social, ni repartirles utilidades”. 

Una vez que al trabajador se le reconozca como empleado del patrón real, podrá gozar de los derechos que la ley le otorga. 

Sin embargo, comentó el experto De la Cruz del despacho De la Vega & Martínez Rojas, el tema del reparto de utilidades protege solo a un sector de empresas que pueden generar repartos desproporcionados, pero no atiende a las pequeñas empresas cuya obligación de pagar 10% de reparto de utilidad aunado a otros gastos operativos, seguridad social, impuestos, entre otros. 

Consideró que, en muchos casos, puede resultar en que busquen formas de evadir la responsabilidad o incluso podían cerrar. 

Y destacó que sería importante que se dé un tiempo razonable para la aplicación de esta norma a fin de que las empresas puedan hacer los ajustes necesarios, ya que también ha cambios en la legislación fiscal para la no deducibilidad de las facturas expedidas por los servicios de outsourcing y en materia de seguridad social. 

“En mi opinión, no pueden aplicarse de inmediato, máxime que la STPS debe expedir las disposiciones generales para obtener la autorización que deberán tener las empresas contratistas, mismas que hasta la fecha no existen”.

Con información vía El Sol de México

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