Liberados 74 de los 95 normalistas detenidos en Chiapas tras las críticas de la ONU

Este domingo fueron liberadas 74 mujeres estudiantes de la normal rural de Mactumactzá de Chiapas, después de seis días encarceladas, confirmaron a EL PAÍS varios de sus compañeros. El grupo forma parte de los 95 estudiantes detenidos el martes, cuando protestaban en una autopista de Chiapas. Otros 21 jóvenes, todos hombres, seguirán en prisión el proceso penal abierto contra ellos. La liberación llegó poco después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresara su preocupación por el destino de los detenidos. Entre las restricciones impuestas por el juez, las mujeres liberadas no podrán continuar con el activismo ni las protestas. El martes se conocerá la situación jurídica en la que quedan los 19 hombres aún recluidos en el penal El Amate. Sin embargo, sus compañeros amenazan con comenzar desde mañana una intensa semana de movilizaciones y protestas.

La escandalosa detención de los estudiantes, en medio de golpes y abusos ampliamente difundidos en redes sociales, tuvo su corolario este domingo cuando la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México expresó su “preocupación” por la situación y exigió una “investigación seria” sobre las denuncias de abusos policiales que deben ser “investigadas de forma diligente”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la oficina en México.

El martes pasado, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizaron una protesta en una autopista que conecta la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con San Cristóbal de las Casas. Exigían un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situación de pandemia porque la mayoría de los aspirantes son indígenas que no tienen acceso a internet, detalló el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en un comunicado. Durante el desalojo de los manifestantes, 97 personas fueron detenidas, los 93 estudiantes y cuatro pobladores. Dos de los pobladores eran adolescentes y fueron puestos en libertad poco después. Pero las otras 95 personas fueron llevadas ante el juez que declaró legal su detención.

Las normales son escuelas de maestros rurales a las que ingresan campesinos y gente muy pobre y suelen estar en la mira de las autoridades porque tienen una tradición muy combativa y a menudo protagonizan protestas, cortes de carretera o tomas de instalaciones que, en ocasiones, pueden conllevar actos violentos.

La ONU recibió denuncias de parte de testigos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas arrestadas sobre presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a sus derechos tanto en las instalaciones de la Fiscalía de Chiapas como en la cárcel a la que fueron trasladados llamada El Amate. “Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, añadió Fernández-Maldonado. Por este motivo, la oficina de Naciones Unidas pidió garantizar el debido proceso de todos los detenidos, que las personas que hablan lenguas indígenas dispongan de traductores y que se investigue de forma diligente e imparcial los posibles casos de abusos.

Las normales se han visto en el centro de la polémica y son ya un triste símbolo de violaciones a los Derechos Humanos desde que en 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, después de participar en la toma de varios autobuses en la localidad de Iguala. En este caso, los estudiantes de la Mactumactzá protestaban por no tener acceso a internet para hacer los trámites que el Estado les exige.

Para muchos, acceder a una escuela como la normal rural les asegura, además de formación, techo y comida. Algo que sus familias dedicadas al campo no pueden pagar. “El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, señaló uno de los voceros. En 2020 solo un 20% de los aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá lograron el acceso, de ahí las protestas de estos días.

Paralelamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que luego de estas detenciones, al menos 54 personas siguen en calidad de desaparecidas. Al rechazar lo que se consideró como una represión policiaca, la CNDH explicó que han recibido denuncias de las decenas de desaparecidos en el sureste del país. “Expresa su preocupación ante las denuncias de que por lo menos hay 54 personas que permanecen como desaparecidas, por lo que reclama de las autoridades del estado apego a la ley y atención urgente y especial”, denunció la CNDH.

CON INFORMACIÓN VÍA EL PAÍS

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