A falta de digitalización nos quedo la desigualdad_ Israel Quiñones

El sureste mexicano se ha distinguido siempre por ser el territorio olvidado del país. Generalmente el desarrollo tarda más en llegar a estas tierras con una mayoría de población indígena y de bajos recursos, por lo que la lógica del mercado no contempla su de inmediato su inserción al desarrollo tecnológico, económico y laboral, siempre son dejados hasta el final o simplemente, estos estados (Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca) no son contemplados en los planes importantes en materia de infraestructura, empleo y mucho menos tecnológicos.

EL sábado 15 de mayo en el estado de Chiapas, un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Mactzumactzá, salieron a protestar tomando casetas de cobro en la carretera que conduce a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La razón de esta movilización era que los estudiantes solicitaban la realización de exámenes de admisión a la normal de forma precencial, puesto que, las autoridades educativas estatales habían hecho la convocatoria vía digital; sin embargo, los estudiantes ya habían hecho del conocimiento de la autoridad que la vía digital era excluyente, pues la mayoría de los aspirantes a ingresar a esta normal rural no cuenta con conexión a internet, mucho menos con los dispositivos tecnológicos necesario para realizar dicho examen.

El resultado de estas protestas fue la detención arbitraria de 95 jóvenes, de los cuales, 74 eran mujeres, mismas que han realizado denuncias por abuso sexual y vejaciones propias de una fuerza policiaca autoritaria y sin la capacitación suficiente… Simplemente, este tema se convirtió en una violación flagrante a los derechos humanos de los muchachos que simplemente piden una educación digna y oportunidades para servir a la nación por medio de la enseñanza.

Los derechos fundamentales y humanos de los jóvenes no solamente se violaron con una represión policiaca excesiva, fueron violados desde antes con el hecho de no contar con un acceso a las tecnologías de la información y la comunicación tal y como lo marca el artículo sexto de nuestra carta magna, pero una regulación intrusiva, confiscatoria y en favor de las transnacionales y las televisoras ha provocado la desinversión en los lugares donde la digitalización y el acceso a una conectividad digna transformarían la realidad de millones de jóvenes mexicanos.

Con un entorno económico adverso y postcovid, la inversión en el sector de las telecomunicaciones sería un factor determinante, sobre todo en zonas geográficas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde la conectividad es paupérrima y muy limitada a los pocos centros urbanos y turísticos de estos estados, dejando a la mayor parte de estos territorios desconectados del desarrollo digital y dejando a la población en una especie de impasse tecnológico, aumentando la brecha de desigualdad.

Si realmente la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión del 2013 impulsada por el “Pacto por México” hubiera funcionado, los jóvenes chiapanecos no hubiesen tenido la necesidad de protestar por exámenes presenciales, no hubiese existido represión, no estaríamos en medio de este embrollo creado por darle la razón al mercado neoliberal y se estaría pensando o ejecutando una agenda digital con perspectiva social y de desarrollo sustentable de la digitalización nacional.

Con un mercado deprimido y una regulación que no contempla mayor alternativa que las perspectivas de los operadores, es imposible que se pueda contemplar una sociedad digital, mucho menos en la implementación de nuevas tecnologías como el 5G si ni siquiera tenemos conectadas poblaciones que necesitan de una transformación de fondo. El tema de la normal rural de Mactzumactzá, nos muestra la terrible realidad de la falta de cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en el artículo sexto constitucional y que, sin una política digital efectiva, no se puede contemplar una inclusión social a la era de la economía del conocimiento, mucho menos al bienestar digital que elimine la brecha de desigualdad y la precariedad educativa o laboral.

No podemos, ni debemos seguir el camino de una propuesta neoliberal de la digitalización. Mientras las grandes ciudades del país están hiperconectadas hasta por la “Red Compartida de Altán” que ahora se ha apropiado CFE Telecom e internet para todos, tenemos estados completos en un aislamiento digital, donde un servicio básico y de interés general como lo es el internet, es solamente para un grupo pequeño de ciudadanos privilegiados, mientras que donde se pudiese generar un cambio de fondo, tenemos una situación apremiante y delicada debido a que los operadores no ven negocio y no invierten y el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones ve una mayor implementación de asimetría en el caso de entrar a esas comunidades que tanto necesitan el servicio de telecomunicaciones y la conectividad.

Si los derechos fundamentales de los mexicanos fueran respetados nos tendríamos que estar señalando la brecha digital que ensombrece a los estados más pobres del país, la digitalización sería en realidad un punto de apoyo para el desarrollo laboral en infraestructura, en educación, innovación, simplemente este asunto no hubiera ocurrido. Por ello, es necesario resaltar dos cosas fundamentales: los derechos humanos y la libertad de expresión no son negociables y dos, es necesario que se tomen cartas en el asunto para crear una agenda digital con prospectiva social ya, pues el tiempo es un lujo que a estas alturas ya no se tiene.

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