El espionaje ilegal en México, una tradición difícil de cambiar

Las revelaciones sobre el uso del software Pegasus para interceptar las comunicaciones de unas 15.000 personas en México, entre las que se encuentran políticos, activistas y periodistas, ratificaron la opacidad que todavía persiste en el uso de este tipo de herramientas y que debería ser dilucidado por la Justicia, según coinciden expertos consultados por Sputnik.

Roberto Rock, periodista y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), consideró como “un motivo de preocupación importante” que, dentro de los usos irregulares que se reportaron del software Pegasus a nivel mundial, “México es el país que ha ido más lejos”, al utilizarlo para vigilar las comunicaciones de unas 15.000 personas, según la investigación periodística conocida como Pegasus Project.

Rock remarcó que tanto los 25 periodistas mexicanos que fueron investigados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), como los diplomáticos y políticos opositores —entre ellos incluso el actual presidente Andrés Manuel López Obrador—que fueron espiados no debían estar dentro de los “objetivos de seguridad nacional” sino que fueron “enemigos inventados por una versión perversa de la política”.

Julián Andrade, periodista y analista, comentó a Sputnik que si bien hubo indicios de este tipo de espionajes en 2017 cuando, a partir de un artículo de The New York Times, la periodista mexicana Carmen Aristegui había denunciado en México que era espiada, presuntamente por el Gobierno mexicano.Para Andrade, la diferencia es que ahora “el impacto es todavía más fuerte”, no solo debido a que Peña Nieto ya no está en el poder sino al saberse que el presidente actual, López Obrador, también fue investigado. La vigilancia abarcó de la misma manera a otro exmandatario, Felipe Calderón (2006-2012).

A pesar de los nuevos elementos sobre la red de espionaje a través del software israelí Pegasus, para los mexicanos todavía quedan aspectos por dilucidar de cómo se realizaban las escuchas.

Para Andrade, para empezar debe poderse distinguir “las conductas ilegales de las que pudieran tener que ver con la seguridad y los temas que la propia ley permite”.

¿Acabó el espionaje ilegal en México?

Rock, por su parte, señaló que aún no está claro “cuál fue el número total de teléfonos intervenidos” tanto por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Defensa Nacional y un órgano especializado en tareas de inteligencia que funcionó hasta 2018 llamado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El periodista advirtió que el uso excesivo que el Cisen le habría dado al programa Pegasus explicaría la gran cantidad de teléfonos espiados en México.”Este programa fue comprado al principio del Gobierno de Peña Nieto y entró en funciones hacia el segundo año de Gobierno.

Hubo una purga dentro de Fiscalía que congeló un poco sus operaciones pero todo indica que su uso se desató cuando, además de Fiscalía, lo empezaron a usar el Ejército, la Marina pero particularmente el Cisen”, explicó.

Según Rock, fue este organismo especializado en inteligencia y con poco control desde el Parlamento, el que cambió la lógica de la vigilancia, pasando a incluir a políticos opositores, periodistas y activistas sociales dentro de la nómina de objetivos.Para graficar “cómo se desbordó” el espionaje, el periodista apuntó que en la nómina original de objetivos del Pegasus no había más de 200 personas, muy lejos de los 15.000 sobre los que finalmente fue utilizado.

Rock insistió en que una de las cuestiones más preocupantes es que, a pesar de que Peña Nieto ya no está en el poder, “no hay indicador de que ello haya cambiado con el actual Gobierno”. En ese sentido, apuntó que el Cisen solamente “cambió de nombre” con la llegada de López Obrador, pasando a denominarse Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El periodista explicó que si bien hubo un cambio en la adscripción del organismo —el Cisen dependía de la Secretaría de Gobernación mientras el CNI responde a la Secretaría de Seguridad— la nueva entidad está regida por el mismo marco legal que estructuraba al Cisen, manteniendo su autonomía con respecto al Gobierno y sin obligación de rendir cuentas ante el Congreso mexicano.”Puede suponerse que el problema continúa”, subrayó el vicepresidente de la SIP.

La Dirección Federal de Seguridad, pionera del espionaje en México

En efecto, las operaciones de vigilancia y espionaje parecen tener una continuidad en la historia mexicana. Andrade recordó, al respecto, que en las décadas de 1970 y 1980, las acusaciones sobre vigilancia ilegal recaían sobre la Dirección Federal de Seguridad (DFS), un organismo que funcionó entre 1947 y 1985 y que fue varias veces acusada de participar en la vigilancia, desaparición o asesinato de opositores al Gobierno mexicano de turno.

“En los setenta teníamos seguimiento constante de personajes políticos, artistas, periodistas por parte de la DFS. Era un espionaje de personas que ellos consideraban clave y que fueron vigiladas durante décadas”, rememoró el analista.Entre los objetivos más conocidos de esa vigilancia estuvieron, según consignó Andrade, el líder del Partido Mexicano Socialista (PMS), Heberto Castillo, el dirigente del Partido Comunista Mexicano Arnaldo Martínez Verdugo o el propio López Obrador en sus inicios como dirigente político.

Andrade explicó incluso que la DFS había creado “toda una estructura de espionaje que en muchos casos era utilizada con propósitos de chantaje”. En efecto, los agentes del servicio de inteligencia ofrecían cualquier “información que fuera susceptible de ser canjeada por dinero” a empresarios o personas relevantes del quehacer mexicano.

En palabras del analista, aquella Dirección Federal de Seguridad era “una cueva de bandidos” y la reiteración de denuncias en su contra acabó motivando su desarticulación y sustitución por el Cisen, el organismo que ahora fue denunciado y que había alcanzado “un nivel de profesionalización bastante elevado”.

CON INFORMACIÓN VÍA SPUTNIK MUNDO

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