El uso inédito de 17 acciones de inconstitucionalidad, que duplican las ocho presentadas a lo largo de 18 años, las minorías en el Senado han tratado de frenar la eficiente aplanadora legislativa que acompaña al Presidente de la República en sus primeros tres años de gobierno y que le ha sido tan eficiente, que concretó el 87.5% de procedimientos propuestos por el mandatario federal.

Por primera vez después de 24 años que se rompió el poderío legislativo del PRI, la relación entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo federal es prácticamente nula, pues sólo en una ocasión, en septiembre del 2019, Andrés Manuel López Obrador dialogó con algunos legisladores de oposición, en un ambiente de coordialidad, pues se trató del inicio del T-MEC, pero no ha tenido ningún otro acercamiento.

Incluso el ofrecimiento del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para establecer un diálogo directo con los senadores no se ha concretado, salvo en septiembre cuando los cinco integrantes del llamado Grupo Plural solicitó una audiencia, pero hasta el momento ninguno de los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o PRD han tenido acercamiento oficial con Gobernación.

Aunque la relación tensa entre la oposición y un Presidente de la República son frecuentes desde que en 1997 el voto de los ciudadanos decidió que el PRI no tendría más la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, al grado que un presidente de la República, Vicente Fox, aseguró que “el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone” y otro mandatario federal, Felipe Calderón, criticó con frecuencias las negativas legislativas a respaldarlo, en esta ocasión ni siquiera hay un diálogo con la oposición.

Rota la hegemonía legislativa del PRI, en 1997, el primer Presidente de la República que debió sentarse a dialogar con la oposición fue Ernesto Zedillo, para tratar de conseguir respaldos para sus reformas constitucionales en Cámara de Diputados, pues en el Senado mantuvo la mayoría no sólo absoluta, sino calificada; es decir, al menos el 80% de los senadores eran priistas.

Vicente Fox tuvo una relación tirante con el Poder Legislativo, ya que en Cámara de Diputados la diferencia entre el número de panistas y de priistas era mínima y en el Senado dominaba el PRI. Las ocasiones que intentó pactar con el priismo, liderado por Elba Esther Gordillo en San Lázaro, resultaron en un conflicto tan grande que años después Gordillo debió salir del PRI.

Ya con un PAN como primera fuerza política en Cámara de Diputados y el Senado, pero sin contar con la mayoría absoluta y en medio de una polarización con el PRD, Felipe Calderón debió dialogar de manera directa con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, líderes del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados, para concretar sus reformas, aunque debió aceptar modificaciones que desdibujaron sus propuestas originales.

Enrique Peña Nieto tuvo también al PRI, su partido, como primera fuerza, pero sin la mayoría absoluta en el Senado, lo que provocó que tuviera que dialogar directamente con líderes como Luis Miguel Barbosa, del PRD, y Ernesto Cordero, del PAN, para lograr consensos, que tuvieron el mayor apoyo en el Pacto por México, a partir de construir acuerdos con los líderes nacionales de los dos principales partidos de oposición.

Desde el 1 de septiembre del 2018, un partido político volvió a tener la mayoría absoluta en el Senado y eso ha permitido que en los primeros tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuente con el aval del 87.5% de las iniciativas, nombramientos, propuestas de ratificación, permisos y acuerdos presentados.

Aunque su principal puente de comunicación con el Senado fue Ricardo Monreal Ávila, con quien se reunía dos veces al mes, lo cual lo colocó como el más cercano de sus colaboradores y su principal operador en el Legislativo, desde junio de este año, como consecuencia de la derrota electoral de Morena en la Ciudad de México, Monreal Ávila ya no fue requerido en Palacio Nacional, por lo que ahora la única relación entre ambos es a través de Adán Augusto López Hernández.

Pero la eficiencia de la aplanadora morenista, que se caracteriza por ignorar los planteamientos de la oposición, incluso descalificarla en tribuna, con discursos que utilizan más adjetivos que argumentos, ha tenido triunfos legislativos que son impugnados en el Poder Judicial, como única instancia de defensa de las minorías políticas en el Congreso de la Unión.

La información pública de los registros de la SCJN permiten observar que mientras en 18 años de un Congreso de la Unión plural, los legisladores federales recurrieron únicamente en ocho ocasiones a una acción de inconstitucionalidad para frenar una ley o una reforma legal, en sólo 32 meses de la actual LXIV Legislatura las y los legisladores federales tuvieron que recurrir en 17 ocasiones a presentar una acción de inconstitucionalidad, ante la evidente insuficiencia de sus votos en el Congreso de la Unión.

Del total de 17 acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Poder Legislativo, a las cuales se suma una controversia constitucional interpuesta por Laura Rojas, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados, 14 fueron presentadas por las minorías del Senado.

Así, desde septiembre del 2018 hasta el día de ayer, desde el Poder Legislativo surgieron acciones de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones; cambios a la industria eléctrica; inclusión de la Marina Mercante en la Secretaría de Marina; contra el 16% de IVA a productos de higiene femenina; contra la desaparición de fideicomisos; contra los nuevos criterios en la compra de medicamentos; contra los nuevos criterios de derechos de autor, la desaparición de la Lotería Nacional.

También contra los criterios de austeridad republicana; la miscelánea penal en materia de prisión preventiva oficiosa; tres más en contra de los cambios a la administración pública federal; las reformas en materia de hidrocarburos, el uso de datos biométricos para el registro de teléfonos celulares y la impugnación a prolongar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Poder Judicial, así, se convirtió en parte inseparable en la relación del Ejecutivo con el Senado.

CON INFORMACIÓN VÍA EXCÉLSIOR