13 estados se suman oficialmente al nuevo modelo de justicia del mundo del trabajo

El nuevo modelo de justicia laboral aterriza esta semana en 13 estados adicionales para consolidar su segunda etapa de implementación. De esta manera, el 63% del territorio nacional contará con el mecanismo de solución de conflictos basado en la conciliación y tribunales laborales a cargo del Poder Judicial.

La reforma laboral de 2019 modificó el sistema de justicia para el mundo del trabajo con una apuesta importante en la conciliación como una vía para evitar la judicialización de conflictos y, en consecuencia, la saturación de casos en los tribunales, como ocurrió con las juntas de Conciliación y Arbitraje, una situación que desencadenó juicios largos y resoluciones a destiempo.

“Este reto gigantesco de cambiar no solamente las reglas y el modelo, sino la cultura laboral en nuestro país, tanto en la esfera de la justicia laboral como en el terreno de libertad y democracia sindical, en ese camino podemos tener hoy la satisfacción de contar con resultados tangibles en la implementación de la primera etapa”, destacó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante la Reunión Nacional de Presidentes de Juntas Especiales.

El mecanismo de solución de conflictos que busca una justicia pronta y expedita contempló la creación de nuevas autoridades: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), tribunales laborales federales a cargo del Poder Judicial y centros de conciliación y tribunales locales.

Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Colima, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo son las entidades federativas que abrirán las puertas del nuevo modelo de justicia laboral a partir del 3 de noviembre.

El reto de la implementación de la reforma laboral de 2019 recae, en gran medida, en los centros de conciliación, sostiene en entrevista Liliana San Martín, titular de la Secretaría del Trabajo (ST) de Querétaro, uno de los estados que se suman este año a la implementación del nuevo modelo de justicia.

“En materia laboral se había postergado la figura de medios alternos de resolución. Era sumamente necesaria y hoy es una parte que asumimos”, expone.

Para la segunda fase el Gobierno Federal destinó 2,482 millones de pesos, lo que contempla la operación del CFCRL y sus nuevas representaciones locales, la creación y operación de los tribunales laborales federales y el subsidio para apoyar a las entidades en la instalación de sus centros de conciliación y tribunales.

Luisa María Alcalde destacó que la apuesta en la conciliación ha dado buenos resultados, pues el 70% de los asuntos recibidos se ha resuelto por esta vía en menos de 45 días y el 30% restante que ha pasado a los tribunales laborales se ha resuelto en menos de cuatro meses. El modelo promete reducir la duración de un juicio de cuatro años, en promedio, a ocho meses.

La tercera y última fase de implementación, que contempla la adición de los 11 estados restantes en 2022, tendrá una costo de 5,748 millones de pesos. Incluye los siguientes estados: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

El nuevo sistema de justicia laboral “es sin duda un parteaguas. Apostamos a lograr resolutivos dentro del marco jurídico que el trabajador también debe tener presente. Pero los centros de conciliación serán garantes de que se respeten los derechos laborales”, afirmó la Secretaria del Trabajo de Querétaro.

Convergencia y coexistencia de modelos

Tan sólo en Querétaro, las juntas de conciliación y arbitraje aún tienen pendientes “alrededor de 37,000 juicios”, informó Liliana San Martín. Es por ello que estas instancias seguirán en operación entre cuatro y cinco años más debido a la naturaleza y el rezago de los casos en trámite, prevé la autoridad laboral del estado.

Sin embargo, en esta entidad del centro del país, al igual que en el resto de estados que conforman la segunda etapa de implementación, los conflictos laborales que se denuncien a partir del 3 de noviembre se resolverán a través de una conciliación prejudicial, que será requisito para llevar un caso a un tribunal laboral, salvo algunos casos de excepción como los asuntos vinculados a acoso o discriminación.

Liliana San Martín explicó que el 90% de los juicios en la entidad es por despidos injustificados, un asunto para el que se debe agotar la etapa conciliatoria para poder iniciar un juicio. “Esa información nos da un escenario de qué tipo de planteamientos recibiremos” y las posibles soluciones, consideró la funcionaria.

Las personas que laboran en los estados que se suman al nuevo modelo de justicia del trabajo deben tener en cuenta que acudirán al Centro Federal de Conciliación o a los centros de conciliación locales dependiendo si la rama industrial a la que pertenece su empleador es federal o local.

La titular de la ST de Querétaro afirmó que los centros de conciliación contarán con personal capacitado y acorde al perfil que requiere un modelo que apuesta por el diálogo entre trabajadores y patrones. Al menos en su entidad, contarán con 14 conciliadores y conciliadoras. Servidores públicos que han sido capacitados y certificados. “Es un perfil muy específico”, subrayó.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

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