El 23 de enero fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado frente a su casa en Tijuana, Baja California. Seis días antes, también en Tijuana, mataron al fotoperiodista Margarito Martínez y el 10 de enero, en Veracruz, a José Luis Gamboa.

En marzo de 2019, Maldonado había estado en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar irregularidades en un juicio laboral, que sostenía contra la empresa de comunicación propiedad del ex gobernador, Jaime Bonilla. En ese contexto dijo “hasta temo por mi vida”. El presidente pidió al vocero Jesús Ramírez dar seguimiento al caso.

Iniciado este 2022 ella estaba en el sistema estatal de protección a periodistas, de nada sirvió. No hay elementos respuestas oficiales todavía para saber quién asesinó a Maldonado y por qué, aunque la experiencia dice que son mínimos los casos de asesinatos a periodistas que logran aclararse, sentencias o algo siquiera parecido a la justicia.

El llamado “mecanismo” de protección a periodistas y defensores de derechos humanos tiene versión a nivel federal y local con fines preventivos, pero no parece funcionar de forma adecuada ni uno ni otro, no han logrado evitar que los casos sigan y la impunidad deje de prevalecer como regla. La Fiscalía General y las locales, igual que el poder judicial, tampoco han hecho gran diferencia en este tema.

La inercia de impunidad necesita un punto de inflexión, un mensaje contundente de que sí se castigará a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, y no más fórmulas para deslindarse desde lo local o lo federal, atomizando responsabilidades o limitando el papel de gobiernos a condolencias en twitter.

Hoy se discute en la Secretaría de Gobernación el alcance del famoso mecanismo de protección, en ese debate se debería asumir que la captura institucional y complicidad de autoridades es frecuente en todos los niveles, pero si la federación no logra buenos resultados o suelta la responsabilidad a la órbita local es seguro que continúe el fracaso.

Acorde a la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha hay al menos 148 asesinatos de periodistas en México que muestran indicios de estar vinculados con la labor informativa, pero que en su mayoría permanecen impunes y siguen acumulando registros año tras año.

Las organizaciones de derechos humanos suelen tener algunas variaciones en esos números, dependiendo de la metodología. Algunas suman a cualquier periodista que es asesinado y otras tratan de identificar elementos que apunten a que los crímenes tienen relación lo que publicaban las víctimas o no. En lo que todos los análisis coinciden es en que la tendencia no se detiene y en que la impunidad sigue siendo regla y no excepción.

Tomando los registros y metodología de Artículo 19, de los 148 asesinatos, el sexenio con más muertes de periodistas es hasta ahora el del panista Felipe Calderón, con 48 casos; seguido por el priísta Enrique Peña con 47. Con el panista Vicente Fox se contabilizaron 22 casos y a la mitad del sexenio del morenista Andrés Manuel López Obrador suman ya 28, sin cambio sustantivo en cuanto a impunidad.

Las entidades con más casos son Veracruz, donde suman 30 periodistas asesinados, Guerrero con 15, Tamaulipas y Oaxaca 14 (cada uno), Chihuahua 13, Sonora y Sinaloa 6 (cada uno).

En la contabilidad oficial del gobierno federal la cifra es mayor. El jueves 27 el subsecretario Alejandro Encinas reconoció que han sido asesinados 52 periodistas desde que inició esta administración y cuestionó la ausencia de justicia, asegurando que solo en 5 de esos casos se ha dictado sentencia.

En esta grave realidad nada cambiará si los gobiernos de todos los niveles no logran proteger de forma efectiva al gremio y castigar los agresores, si la justicia se mantiene pasmada o corrompida, los políticos tratando de lucrar con las desgracias y las fiscalías ocupadas en sus propios guaruras, venganzas familiares y frivolidades de élite, las cosas seguirán empeorando.

Las empresas periodísticas también deben asumir la precarización laboral de la que son responsables y la falta de garantías mínimas para sus trabajadores, desde cubrebocas, seguros de vida, respaldo legal y hasta funerario que suelen ser inexistentes.

Las empresas de medios, muchas veces relacionadas con políticos, deben también replantear su papel en esta indignante lógica de gastar más en abogados antes que pagar una liquidación. Ese tipo de abusos laborales no son nuevos, han sido denunciados desde hace tiempo organizaciones de periodistas, por ejemplo la Asamblea “Tenemos que hablar”, integrada por jóvenes trabajadoras y trabajadores de diversos medios.

Los actores políticos de todos los partidos, empezando por los expresidentes Calderón, Peña y Fox, lejos de ser ejemplo de combate a los asesinatos de periodistas procuraban espiarlos, pedir su despido, y para eludir la investigación de asesinatos, filtrar información personal de víctimas trabajadoras y trabajadores de la información para sugerir que si las mataban seguramente era porque les gustaba la fiesta o andaban en “malos pasos”, algo que tristemente tuvo apoyo de otros empresas de medios que se prestaron a revictimizar.

En esta administración de López Obrador quizá hay buenas intenciones de algunos funcionarios como Encinas, pero no hay tampoco resultados hasta ahora más allá de las condolencias. Cada miércoles las conferencias matutinas podrían sustituir su polémica sección sobre quién es quién en las mentiras por una que explique resultados en las investigaciones sobre asesinatos a periodistas y un quién es quién en la impunidad relacionada con estos. La oportunidad de marcar un verdadero cambio, un antes y un después, solo será con resultados concretos, con más justicia y menos impunidad. Lo demás seguirán siendo discursos.

CON INFORMACIÓN VÍA LA LISTA/THE GUARDIAN