El gobierno federal contempla para el próximo año asignarle al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) una bolsa de 709.8 millones de pesos, lo que implica una partida superior en 132.7 millones a la aprobada para este año, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2023 presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este incremento en los recursos del CFCRL, que se traducen en un aumento de 18% en términos reales, es el crecimiento más alto al interior del ramo de trabajo de la Administración Pública Federal frente a otros programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), procuración de justicia laboral y el subsidio al que pueden acceder las entidades para implementar la reforma laboral de 2019.

“Las nuevas modificaciones al marco legal del mercado laboral representan un cambio de paradigma, ya que establecen que la competitividad persiste con el mejoramiento de las condiciones laborales, esto se verifica en el sólido dinamismo del mercado laboral de México, pese a las disrupciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19”, se destaca en el documento enviado a la Cámara de Diputados.

En conversación con El Economista, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del CFCRL, explica que los recursos previstos para el 2023 responden a la implementación del nuevo modelo laboral en 12 entidades en este año y al fortalecimiento del Centro Laboral para la verificación de procesos de la legitimación de contratos colectivos o la elección de dirigencias sindicales.

“Es fundamentalmente para estar en la mejor capacidad para atender la verificación de los procedimientos de democracia sindical. Por una parte, que tengamos más personal en labores de verificación en procesos como lo son las elecciones de dirigentes sindicales, las consultas para la aprobación de los nuevos contratos colectivos o de los convenios de negociación”, señala.

Este año concluye la implementación de la reforma laboral de 2019 con la apertura de oficinas del CFCRL, centros de conciliación locales, tribunales federales y locales en Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y Nayarit. La puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en esos estados es otro de los motivos por el cual se prevé un aumento en los recursos.

“Cuando abres una nueva institución, evidentemente la demanda de trámites no llega en los primeros días e incluso en los primeros meses. Por hacer una comparación con lo que pasó en la primera y segunda etapa de implementación de la reforma, cuando nosotros iniciamos el 18 de noviembre de 2020 en plena pandemia, la demanda de trámites se incrementó de manera paulatina, aproximadamente en agosto del año pasado ya empezamos a tener una demanda mucho más estable”, expone Domínguez Marrufo.

El crecimiento paulatino en la demanda de trabajo en el CFCRL también se observó cuando asumió sus tareas registrales. “El año pasado iniciamos con el registro nacional de todos los contratos colectivos y sindicatos, pero no fue de inmediato que llegaron los sindicatos tratando de hacer sus renovaciones de dirigencia, modificaciones de estatutos o las revisiones salariales, se ha ido incrementando de manera paulatina. Cada mes que pasa tenemos incrementos, derivado de que los actores del mundo laboral todavía no conocen el nuevo modelo y siempre hay un proceso de curva de aprendizaje y familiarizarse con los trámites digitales”.

Debido al crecimiento en la demanda de trabajo por las funciones registrales y su papel de “árbitro” en los procesos de democracia sindical y negociación colectiva, el CFRCL está solicitando el crecimiento en sus recursos, señala el funcionario federal.

El presupuesto de la reforma

Para este año, el presupuesto destinado para la implementación de la reforma laboral tuvo un incremento de 131%, con una bolsa total de 5,478 millones de pesos entre los recursos asignados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para concluir con la última fase de implementación.

En suma, el nuevo modelo laboral ha tenido una inversión cercana a los 10,000 millones de pesos en los tres años que llevan en marcha las nuevas autoridades laborales, sus recursos superan los presupuestos anuales de la Cámara de Senadores o de la Secretaría de Economía.

Además de los recursos asignados por el gobierno federal, Estados Unidos ha destinado poco más de 300 millones de dólares para la aplicación de la reforma laboral en nuestro país, recursos se han usado para temas de capacitación y asesoría, pero que no han sido ejercidos por las autoridades mexicanas.

“Como resultado de las negociaciones del T-MEC, la reforma laboral de 2019 estableció un nuevo modelo de justicia laboral que incluye la creación de Centros de Conciliación y Registro Laboral, los cuales han disminuido el tiempo de resolución de conflictos laborales de cuatro años a seis meses y dan lugar a resoluciones expeditas e imparciales, disminuyendo los costos de transacción por deliberación para patrones y trabajadores”, se resalta en los Precriterios Generales de Política Económica 2023.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA