Presentan quinta queja laboral contra México en el T-MEC

Trabajadores de la planta de autopartes Manufacturas Vu en Piedras Negras, Coahuila, presentaron una queja laboral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Se trata de la quinta queja laboral contra una empresa establecida en México desde que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2022, todas en la industria automotriz (General MotorsTridonexPanasonicTeksid y Vu).

Los trabajadores acusan a la gerencia de invitar a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) a firmar un contrato de protección y de tomar represalias contra los trabajadores opositores.

El Anexo Laboral del T-MEC establece disposiciones específicas para prohibir el registro de los llamados “contratos de protección”, que son acuerdos de negociación colectiva celebrados por sindicatos no representativos, a menudo sin el conocimiento de los trabajadores, y que socavan la negociación colectiva legítima y aseguran bajos salarios.

El sindicato “La Liga Sindical Obrera” y la ONG laboral  “Comité Fronterizo de Obreros” presentaron la prueba en contra de Manufacturas Vu.

Hacia adelante, el gobierno estadounidense tendrá 30 días para determinar si el caso tiene mérito. De ser así, se tendría que acordar una solución con México en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de diferencias.

Bajo el T-MEC, México se compromete a reformar su sistema laboral. Las reformas están en marcha y se espera que incluyan un nuevo sistema de justicia laboral con tribunales especializados destinados a acelerar la resolución de conflictos laborales y procesos más democráticos en torno a la votación relacionada con los sindicatos, así como nuevos procesos para garantizar una mayor igualdad de género, transparencia y rendición de cuentas en las directivas sindicales y la negociación colectiva.

Además, el 18 de noviembre de 2020, comenzó a operar en siete estados el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entidad encargada del mantenimiento de registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, el seguimiento de los intereses y derechos de los trabajadores y la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en los mecanismos de gestión, promoción y compensación del sector público. En 2021 se incorporaron 24 entidades a este sistema de justicia laboral.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

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