Por Israel Quiñones
La inseguridad en nuestro país se ha convertido en uno de los grandes males cotidianos. Los tres niveles de gobierno no han logrado garantizar la seguridad pública que la sociedad demanda y en cierto modo, esto es resultado de diversos motivos que van desde la corrupción en las fuerzas de seguridad pública, hasta el incremento de actividades delincuenciales derivado de la falta de oportunidades para una gran parte de la sociedad.
Es inevitable que estos efectos permeen a distintos sectores y, en definitiva, la seguridad se ha convertido en uno de los grandes pendientes del gobierno de la 4T. Sin embargo, el desarrollo nacional se ve truncado por la falta de atención al incremento de las actividades delictivas, tal es el caso en el sector de las telecomunicaciones, pues el aumento en el robo y vandalismo de la infraestructura provoca desconexiones frecuentes de los usuarios, además de que los trabajadores de las distintas compañías se ven afectados y en peligro para poder desempeñar sus labores.
En algunos estados del país, el trabajar en un corte de fibra óptica después de una hora en específico, significa arriesgar la propia seguridad, sin embargo, es imperativo restablecer los servicios y ese es solamente un ejemplo. En el caso de Telmex, según datos de la propia empresa, se han realizado 30,456 denuncias en los últimos dos años por vandalismo a las vías generales de comunicación y robo de cable y en este rubro, el cableado de cobre es lo más apetitoso para aquellos que realizan la sustracción de este material que se traduce en más de 5 millones de metros, lo que representa 2,481 toneladas de este preciado metal, mismo que es fundido en “chatarreras” para su venta en el mercado negro.
Si estos datos plasmados en el párrafo anterior son conocidos por las compañías y trabajadores, ¿por qué la autoridad no los conoce? Aunado a lo anterior, es necesario señalar que el sabotaje a la red realizado por trabajadores de la competencia se ha incrementado y camuflado con los actos de grupos delincuenciales, en este rubro el operador más afectado sigue siendo Telmex.
Según una nota del periódico El Financiero, representantes de operadores como Telmex, Megacable y AT&T han solicitado la intervención activa de las autoridades, pues comentan que el desarrollo y crecimiento de la infraestructura se ha visto afectado por el tema de la delincuencia, sobre todo por la falta de garantías para los trabajadores que realizan labores en las zonas alejadas de las manchas urbanas del país, al punto de verse amenazados por miembros de grupos del crimen organizado, ya que existen redes de telecomunicaciones paralelas propiedad de estas organizaciones delincuenciales, de manera que la interconexión con la red troncal de los grandes operadores se convierte en una prioridad para mantener sus redes.
Si bien es cierto que la inseguridad se ha convertido en un obstáculo para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, no podemos dejar de lado la falta de inversión y la falta de incentivos regulatorios, debido a que el uso de la red de Telmex como red troncal de los competidores, ha promovido que los operadores perezosos no continúen con el crecimiento de la red, al igual que Telmex ha reducido sus niveles de inversión por la misma regulación.
Aunado a lo anterior, el conflicto obrero patronal entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, se ha convertido en un tema que afecta la calidad en el servicio, puesto que la falta de personal es causante de ineficiencia en la atención, ya que la empresa se ha recostado en una actitud de necedad y sin mostrar argumentos claros al no reconocer 1,942 vacantes ya negociadas con anterioridad, asunto que demuestra y subraya la política antisindical con la que se rige América Móvil en todo el continente.
Es una realidad que la inseguridad se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo y despliegue de nueva infraestructura de telecomunicaciones, pero tampoco se trata de negar razones de fondo que han sido las mayores causales de la falta de conectividad, además de que los operadores perezosos no cuentan en sus concesiones ningún compromiso u obligación para generar mayor conectividad, tal y como sucede en el caso de Telmex en su concesión, además de que el Agente Económico Preponderante no cuenta con una concesión convergente que sea un incentivo para impulsar la inversión y pueda competir en igualdad de circunstancias, además de bajar los precios en el mercado de Televisión de paga.
Definitivamente el ramo de la seguridad pública es una exigencia social justa y necesaria, por lo que en el caso del sector de las telecomunicaciones es necesario, indudablemente, sobre todo para mantener la integridad personal de los trabajadores que realizan los trabajos necesarios para conectar al país, pero sin la inversión suficiente y con una regulación que trunca el desarrollo va a seguir siendo muy complicado.
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