Sindicato analiza nuevo plan de pensiones ofrecido por Telmex

Telmex, la empresa mexicana de telecomunicaciones controlada por la familia del magnate Carlos Slim, envió el miércoles a los trabajadores sindicalizados una nueva propuesta que incluye mejoras en prestaciones de jubilación para nuevo personal.

En un documento de la empresa compartido con los trabajadores sindicalizados y visto por Reuters, los nuevos contratados obtendrían una pensión equivalente a cien por ciento de su salario neto final, determinado por su categoría laboral, y tendrían derecho a pensionarse tras 35 años de trabajo y con 65 años de edad cumplidos.

El paquete se compondría de la pensión pagada bajo el contrato con Telmex más los derechos que tienen los trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala el documento.

Se espera que el Sindicato de Telefonistas de México (STRM) presente una contrapropuesta, según un portavoz del gremio y quien añadió que la oferta global de la empresa carecía de algunos puntos que los trabajadores pretendían abordar.

Telmex dijo más tarde en un comunicado que las partes involucradas, que incluyen a la Secretaría del Trabajo, acordaron continuar las negociaciones el 20 de septiembre.

El sindicato, que representa a 60 mil trabajadores en activo y jubilados, llevó a cabo una huelga de dos días a finales de julio, la primera en cuatro décadas, después de que las conversaciones con Telmex se rompieran por cuestiones relacionadas con aumentos salariales, vacantes no cubiertas y prestaciones para nuevas contrataciones.

La huelga terminó tras la mediación del gobierno cuando Telmex, una unidad de América Móvil, y el sindicato acordaron participar en un comité que tenía 20 días para presentar soluciones al conflicto.

La propuesta de Telmex pretende mejorar las prestaciones, incluso mediante apoyos para que los nuevos contratados adquieran casas a través del Infonavit, el mayor organismo estatal de financiamiento a la vivienda.

La oferta de la empresa no parece abordar otros puntos conflictivos, como los casi 2 mil puestos de trabajo no cubiertos.

Telmex dijo que quería aumentar sus fondos en los próximos 10 años e invertirlos en tecnología y en la creación de nuevos negocios.

“Debemos optimizar nuestros recursos y disminuir nuestros gastos para poder hacer esto posible”, señala la propuesta. “Debemos darle un aire a la empresa”, agregó.

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En dos años, gobierno federal promete instalar 2,800 antenas telecom

Con casi cuatro años de retraso, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos instalará 2,800 antenas para llevar conectividad a zonas alejadas del país.

Durante un encuentro con empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que se aprovechará la infraestructura de Altán Redes pues el gobierno cuenta con el 61% de las acciones de esta empresa.

A la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) le quedan dos años para lograr el despliegue de antenas, que únicamente es una parte del proceso para llevar conectividad a zonas donde no existe pues también es necesario contar con redes, iluminar la fibra óptica de CFE y desplegar fibra en la llamada “última milla” para entregar los servicios en los hogares.

La filial de CFE pretende llevar la conectividad de forma gratuita hasta las comunidades más apartadas del país a través de la instalación de 2,800 antenas de comunicaciones en beneficio de 6.4 millones de personas en 18,364 poblaciones, detalla en un comunicado.

De ese total, corresponde al Estado de México, Michoacán y Guerrero la instalación de 436 antenas, en beneficio de 1 millón 21 mil habitantes de 2,419 poblaciones; y en los estados de Nayarit, Jalisco y Colima la instalación de 148 antenas, en beneficio de 209 mil habitantes de mil 57 poblaciones, para dotar de internet gratuito a escuelas, plazas públicas e instituciones.

“En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en esta ocasión sí se podrá lograr la conectividad de internet en el país”, aunque desde el inicio del sexenio no se trabajo en este proyecto.

El director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Pantoja Meléndez, dijo que la instalación de torres necesita trabajos especializados que los técnicos de la CFE saben realizar, por lo que aseguró que podrán cumplir con las metas en tiempo y forma, se está haciendo un gran despliegue de antenas de telefonía celular, que complementarán las 7 mil antenas instaladas de Altán.

CON INFORMACIÓN VÍA CARLAMTZG.COM (@Carlamtzg)

Se retrasa puesta en marcha de la reforma laboral; falta personal conciliador en Tabasco

Dos años después del inicio de la reforma laboral, la primera de tres etapas no ha podido concluirse debido a que uno de los ocho estados que ya deberían estar resolviendo conflictos laborales sin necesidad de juicios se ha visto rebasado ante la falta de personal conciliador.

El Consejo de Coordinación para el Sistema de Justicia Laboral (Ccirsjl) reconoce esa carencia en el acta de su tercera sesión ordinaria del año –realizada en julio–, en la que señaló que restan poco más de dos meses para poner en marcha la tercera y última etapa de esa reforma en 11 estados del país.

Las autoridades laborales advirtieron que se trata de la fase “más compleja en términos operativos y presupuestales” debido a que se incluye a las entidades que registran más actividad económica e industrial y, por tanto, mayor conflictividad laboral, al concentrar cerca de 60 por ciento de los litigios.

Según los datos reportados por los centros de conciliación locales, Tabasco “sigue siendo un foco rojo de atención” debido al déficit de conciliadores en relación con su carga de trabajo. Ello ha ocasionado que 88.4 por ciento de las conciliaciones se concluyan en más de 45 días.

La Ley Federal del Trabajo señala como plazo máximo 45 días naturales para agotar la etapa de conciliación; de lo contrario, los casos se van a juicio.

Incluso, en lo que respecta a los tribunales laborales locales, Chiapas “es también un foco de atención”, ya que sólo han resuelto 176 de los mil 663 conflictos que se han judicializado, es decir, 89 por ciento de las demandas siguen en trámite, señaló el Ccirsjl.

Ambos estados son parte de la primera etapa de la reforma laboral, que comenzó el 18 de noviembre de 2020.

Al 31 de mayo de 2022, los centros de conciliación locales han admitido 208 mil 827 solicitudes individuales para acuerdos y han concluido 189 mil 380 asuntos (91 por ciento), de los cuales 51 mil 338 concluyeron con un convenio entre las partes, 73 mil 288 fueron ratificaciones de pactos y 36 mil 902 asuntos no finalizaron.

A escala nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral afirmó que se han celebrado 37 mil 700 convenios por un monto de 8 millones 264 mil pesos; 15 mil 513 fueron procedimientos conciliatorios, y 22 mil 187, ratificaciones de convenio. Además, reportó, en el segundo semestre de 2022 se incrementó 44 por ciento la demanda de trámites y servicios y 61 por ciento de las gestiones de registro de contratos colectivos de trabajo, convenios y legitimaciones.

Respecto a la armonización legislativa al nuevo sistema de justicia laboral, el Ccirsjl anotó que sólo Nuevo León tiene pendiente la aprobación de sus iniciativas por el Congreso local.

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Da IFT luz verde a adquisición de Warner Media México

La adquisición de las subsidiarias mexicanas de Warner Media y la distribución directa al consumidor de HBO Max en México, por parte de Warner Bros. Discovery (WBD), fue autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En un comunicado, el órgano regulador y autoridad en materia de competencia económica, detalló que Warner Bros. Discovery ofreció condiciones para mitigar los posibles riesgos en el mercado de provisión y licenciamiento de canales restringidos para la televisión de paga en la categoría de contenido “infantil”.

Refirió que la concentración, inicialmente presentada el 24 de septiembre de 2021, consistía en la adquisición por parte de Discovery, Inc. (Discovery) del Negocio Warner Media propiedad de AT&T, Inc. (AT&T), incluyendo subsidiarias extranjeras y subsidiarias mexicanas, así como la adquisición diluida, por parte de los accionistas de AT&T, de acciones representativas del capital social de Discovery, y el cambio de denominación de Discovery por la de WBD.

El IFT y la Comisión Federal de Competencia (COFECE) se consideraban competentes en diversos mercados digitales involucrados, por lo que el 18 de noviembre de 2021 se inició un conflicto competencial, lo que suspendió el proceso de notificación de concentración.

En abril de 2022 el Segundo Tribunal Colegiado Especializado notificó al IFT la resolución mediante la cual determinó que el IFT es la autoridad en materia de competencia económica para resolver sobre los servicios de producción, adquisición, provisión, licenciamiento y distribución de contenidos audiovisuales que se distribuyen a través de plataformas de internet (OTT, por sus siglas en inglés), así como la venta de tiempos y espacios de publicidad en dichas plataformas.

Ese mismo mes, Discovery y AT&T informaron al IFT sobre el cierre de la adquisición de Warner Media a nivel internacional (Operación Internacional), excluyendo la adquisición de las Subsidiarias Mexicanas de Warner Media y HBO Max DTC (Negocio Mexicano).

Las empresas aclararon que para efectos de la notificación hecha ante el IFT y considerando que la Operación Internacional ya se había cerrado, la operación notificada a este Instituto debía ser considerada como la Operación Mexicana.

“El Pleno del IFT consideró procedente analizar y emitir resolución sobre la Operación Mexicana toda vez que se trata de una operación notificada que no se ha realizado y sobre la que es posible identificar sus efectos de manera separada respecto a los de la Operación Internacional”.

De acuerdo con el análisis realizado por el IFT, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México, WBD y el Negocio Mexicano coinciden en 4 mercados:

1) provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores del servicio de distribución OTT de contenidos audiovisuales;
2) provisión del servicio de distribución OTT de contenidos audiovisuales, por suscripción;
3) provisión y venta de tiempos o espacios para mensajes comerciales o publicidad en Canales Restringidos, y 4) provisión y venta de tiempos o espacios para mensajes comerciales o publicidad en el servicio de distribución OTT de contenidos audiovisuales.

“En estos mercados, los agentes involucrados no tienen participaciones de mercado elevadas, por lo que no se prevé que la operación genere riesgos a la libre concurrencia y competencia económica”.

No obstante, se identificó que WBD participa en el mercado relacionado de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores del servicio de televisión de paga en la categoría programática infantil, a través de los canales de Cartoon Network y Cartoonito (antes propiedad de Warner Media), así como de Discovery Kids (antes propiedad de Discovery), en el cual tiene una participación sustancial medida en términos de audiencia.

Al respecto, las partes, de manera voluntaria, presentaron una propuesta de condiciones enfocada a remediar cualquier riesgo a la competencia en ese mercado relacionado, incluyendo las siguientes:

*El compromiso de atender y negociar todas las solicitudes de acceso a los canales restringidos de WBD que realice cualquier operador del servicio de TV de Paga.
*No atar o empaquetar los Canales Restringidos infantiles que eran propiedad de Warner Media, con el Canal Restringido de Discovery Kids.
*No transferir contenido audiovisual de los Canales Restringidos infantiles que eran propiedad de Warner Media al canal Discovery Kids ni viceversa.

“En este contexto, con el objeto de prevenir cualquier riesgo en materia de competencia en ese mercado relacionado, el Pleno del IFT autorizó llevar a cabo la Operación Mexicana sujeto al cumplimiento de las condiciones presentadas por las Partes”.

El IFT subrayó que considerando que WBD realizó la Operación Internacional, ordenó dar vista a la Autoridad Investigadora sobre esa operación, para los efectos legales conducentes.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Suman trabajadores de plataformas digitales “piso mínimo” para reforma a Ley Federal del Trabajo

A unos días de que se presente la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en el Congreso de la Unión, para regular el trabajo en plataformas -aplicaciones- trabajadores de 25 colectivos de todo el país presentaron a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, el Manifiesto de Piso Mínimo, en el que incluyeron 10 puntos que deben integrarse a la propuesta legislativa.

Reunidos en la explanada de la STPS, un amplio grupo de repartidores y choferes, presentaron el documento en el que destacan, en principio, el acuerdo que tomaron los diversos colectivos, “sumando esfuerzos” para que sean considerados en la iniciativa de ley aspectos como la seguridad social, pero también la denuncias por acoso.

“En México diversas organizaciones tocar el tema de discusión pública y lograr posicionamientos ante un realidad laboral que atenta contra todos los Derechos humanos laborales reunión y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social preparar la propuesta del gobierno de México”, expuso Salvador Godínez, conductor de plataformas y representante electo para dar a conocer los punto de vista de los diversos colectivos.

A su vez, destacó que “en el marco de la búsqueda de una regulación laboral en plataformas digitales diferentes agrupaciones y conforme a la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, han acordado un piso mínimo que garantice su acceso a la justicia laboral y promueva la igualdad de género como principio fundamental, lo cual representa un asunto de justicia social”.

El encargado de recibir el documento fue el titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca, quien les aseguró que estudiarán el Manifiesto.

Salvador Godínez, conductor; Ivette Pichardo, conductora; y Juan Carlos Solís, repartidor, fueron los encargados de leer el contenido del manifiesto ante los medios.

“Las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales se han organizado para socializar sus demandas y defender sus derechos, frente a la precariedad laboral en la que se encuentran por la falta de reconocimiento jurídico de la relación laboral y calidad de trabajador y trabajadora”, señalaron en el documento.

Advirtieron que las mujeres están más expuestas a la violencia por razones de género ya que son sujetas de acoso sexual en el desempeño de su trabajo.

En el manifiesto, se establecen categorías de trabajadores, los cuales son eventuales, de medio salario y salario completo. Esto es con el objetivo de que el trabajador pueda moverse de una a otra y pueda generar antigüedad en su puesto.

Además, propusieron que el salario se fije por día, orden de trabajo, tiempo de conexión, por boletos vendidos, por circuito o kilómetros recorridos. Esto consistirá en una cantidad mínima o en una prima sobre ingresos.

Además, las propinas que reciban, no formarán parte del salario.

Los trabajadores de plataformas también buscan protegerse de accidentes durante la jornada de trabajo. Por ello plantearon que queden amparados durante el tiempo de conexión y hasta el regreso a casa, después de su última orden de trabajo o su desconexión voluntaria.

Los trabajadores de plataformas están agrupados en el colectivo “Conductores por México”, que incluye a diversas organizaciones y sindicatos, con miras a convertirse en una federación.

“Tenemos tiempo organizándonos, las organizaciones de apoyo nacieron por necesidad de seguridad y después vimos las altas comisiones que las plataformas nos aplicaban a nosotros y empezamos a agruparnos y empezamos a tener contacto a nivel nacional, diferentes organizaciones, colectivos, agrupaciones”, señaló Ivette Pichardo, repartidora de Ciudad Juárez y miembro del movimiento “Conductores por México”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Pilotos demandan certidumbre jurídica en el caso Mexicana

A 12 años del cierre de Mexicana de Aviación, que se cumplen hoy (28.08.2022) , la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México aseguró que siguen en la incertidumbre legal más de 7 mil trabajadores, entre ellos 637 integrantes de este gremio. Confiaron “en la voluntad” de las autoridades para concluir el conflicto. “No solicitamos que el gobierno se haga responsable por las deudas de empresarios desleales, sino que, bajo su instrucción, brinde definición jurídica a los trabajadores”.

Mientras, sobrecargos en retiro agrupados en la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam) llamaron a las organizaciones sindicales a aceptar la propuesta de crear una cooperativa y así salvar a la aerolínea.

Mexicana fue declarada en quiebra en abril de 2014, luego de un proceso de cuatro años a partir de que cesó operaciones, en agosto de 2010. En julio pasado se cumplieron 101 años de su creación.

Venta detenida

José Humberto Gual, secretario general de ASPA, indicó que de 2010 a la fecha se han realizado cuatro dispersiones económicas a los trabajadores, la más reciente en 2019. Sin embargo, las demandas sin resolver en Conciliación y Arbitraje y la falta de acuerdos con el grupo de sobrecargos jubilados detienen el proceso de venta de los activos que aún quedan, como el centro de adiestramiento, inmuebles, mobiliario y vehículos.

“El deseo de los pilotos de Mexicana de Aviación y Mexicana Click no es escuchar más promesas vacías, sino concluir este conflicto, y para acercarnos a ese final son necesarias tres cosas: primero, que Conciliación y Arbitraje resuelva los laudos que tiene pendientes desde hace años; segundo, que jurídicamente se concluya la relación laboral, y tercero, que el Poder Judicial autorice la venta de los activos que quedan para dispersarlos entre los trabajadores”, expresó Eduardo Barrera, presidente de la delegación de pilotos de Mexicana de Aviación en ASPA. Agregó que los bienes van perdiendo valor, lo que afecta directamente al monto de indemnización.

La Ajteam, que encabeza Fausto Guerrero, apuntó que ante el “fracaso” de lograr una cooperativa, las mesas de negociación entre sindicatos y sobrecargos en retiro continuaron en 2021 “sin llegar a un acuerdo en virtud de la fórmula inequitativa de repartición propuesta de manera inamovible de los sindicatos. Nosotros propusimos una repartición equitativa de acuerdo con los laudos en ejecución hasta donde alcanzaran los recursos, propuesta rechazada por los sindicatos”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Contratos colectivos, en riesgo de desaparición masiva: expertos

Frente al lento avance en los procesos de legitimación de contratos colectivos de trabajo (CCT), existe el riesgo de una “desaparición masiva” de los mismos y en consecuencia que las empresas fomenten las relaciones individuales de trabajo, sin sindicatos ni contratación colectiva, advirtieron especialistas en la materia.

A nueve meses de que venza la fecha límite que estableció la reforma laboral, de 500 mil CCT sólo 5 mil 980 (1.1 por ciento) han sido avalados por un millón 820 mil trabajadores en el país. Estimaron que hay unos 80 mil CCT activos.

Las organizaciones sindicales deben cumplir con esta obligación, de lo contrario, desaparecerán los CCT vigentes con las empresas, pero los trabajadores conservarán todos los derechos adquiridos, subrayó José González Godínez, coordinador de la Casa Obrera de Querétaro, inaugurada ayer en videoconferencia.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), mencionó que uno de los escenarios es que la libertad sindical se aplique como lo hacen empresas del sur de Estados Unidos –asociadas a bufetes mexicanos–, que es “el derecho a no sindicalizarse, ni que haya contratos colectivos”.

Agregó que ante las bajas tasas de consultas prevalece la posibilidad de que “los sindicatos corruptos” intenten regresar a las empresas a negociar un CCT bajo las nuevas reglas laborales. Sin embargo, otro escenario es que se respete el derecho de los trabajadores a formar gremios y que éstos “negocien auténticos contratos” con mejores condiciones laborales.

De la Cueva consideró que “van a quedar decenas de miles de empresas desiertas sin contrato”, y frente a estos escenarios, a partir del 1º de mayo de 2023 el desenlace es incierto.

Los asesores en la materia resaltaron que la información que ofrecen las autoridades laborales es escasa y carece de calidad, pues “no está desglosada por estado ni existe claridad respecto a una verdadera participación” de los trabajadores en dichos procesos.

En el caso de Querétaro, dieron a conocer que es uno de los estados donde “hay más contratos de protección”, con al menos 600 documentos controlados por “viejos sindicatos corporativos” como la CTM, la CROC y CATEM.

Además, en esta entidad sólo 308 de 610 organizaciones activas cumplieron con la modificación de sus estatutos para ajustarse a las nuevas reglas democráticas del voto personal, directo, libre y secreto, o la representatividad de género.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Desaparición forzada y tortura: vinculan a proceso a Murillo Karam por el caso Ayotzinapa

En audiencia, el ex funcionario federal, a quien se le atribuye la configuración de la llamada verdad histórica en torno a la desaparición de los jóvenes estudiantes, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue vinculado a proceso por obstrucción de la administración de justicia, desaparición forzada y tortura.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a medios de comunicación la determinación judicial contra Murillo Karam, quien fue detenido el 19 de agosto y quien defendió la versión elaborada por la entonces PGR durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

La verdad histórica, presentada por el exfuncionario el mismo 2014, sostenía que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, versión que no solo fue desmentida por expertos forenses independientes tanto de Argentina como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero también por el actual Gobierno de México.

La Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia designada por la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó información contraria a la versión defendida en su momento por Murillo Karam, identificó a un integrante del ejército mexicano infiltrado entre los jóvenes y descartó que los normalistas se encuentren con vida hoy en día.

En audiencia celebrada este 24 de agosto se determinará igualmente si se mantiene la prisión preventiva contra el acusado.

Este mismo 24 de agosto López Obrador le recomendó al extitular de la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), que declare quién le dio la orden de urdir la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los jóvenes.

CON INFORMACIÓN VÍA SPUTNIK NEWS

Informe del caso Ayotzinapa, con datos y conversaciones testadas

Aún cuando en el informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se prometió total transparencia, hay varias cuartillas que están fuertemente censuradas y testadas

En al menos 40 páginas fueron eliminados los nombres, números telefónicos y demás datos de prueba de víctimas, funcionarios públicos e integrantes de guerreros unidos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas.

De las páginas 20 a 23, del informe presentado el jueves 18 de agosto, fueron testados los rostros de diez personas, a las cuales la SEIDO-PGR les intervino sus celulares; sin embargo, quedaron expuestos sus nombres y alias.

En la pagina 21 del mismo reporte, aparece la foto de Julio Cesar Mondragón Fontes, estudiante de la normar rural asesinado. En el texto se sesga la información de su IMEI y los contactos más comunes con los cuales tenía comunicación; sin embargo, quedaron expuestos los apodos de esas personas.

En la hoja 22, se presenta un esquema con un número telefónico que fue intervenido por la SEIDO, entre el 12 de septiembre y el 23 de octubre del 2014, donde se hace referencia a una serie de llamadas entre los involucrados; sin embargo, todos los números fueron borrados.

Mientras que en la página 23, hace referencia al intercambio de mensajes entre Gilberto López Astudillo El Gil, líder del grupo criminal Guerreros Unidos. y un mando de la policía municipal de Iguala, donde supuestamente éste último entregó a los estudiantes al crimen organizado para que fueran preparadas las camas (fosas clandestinas).

El nombre del jefe policiaco fue borrado del reporte, pero se sabe que es Francisco Salgado Valladares, segundo comandante de la policía municipal.

De hecho, dicha conversación fue hecha pública sin testar el 1 de octubre del 2021 por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En la hoja 26, se revela una charla entre David N, encargado de turno de la central de comunicación del grupo Guerreros Unidos con El Choky, presunto jefe de sicarios, quien aseguró que dentro del contingente de normalistas había integrantes de Los Rojos, encabezados por Omar N. Dicho texto es poco legible y esta parcialmente mutilado.

A partir de la página 37, aparecen varias conversaciones a lo largo de 40 hojas, correspondientes a 476 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp recibidos en los teléfonos de cinco actores que permitieron la reconstrucción de 37 conversaciones entre 36 personas distintas, donde se hace referencia a otras 35 personas involucradas en el caso.

El informe presenta un esquema de análisis con los vínculos de los involucrados en el caso; sin embargo, las identidades de dichas personas fueron borradas del documento.

Lo mismo sucede en la página 49, donde se hace referencia a la detención y aseguramiento de los estudiantes por parte de policías municipales de Iguala, donde aparece una conversaciones de WhatsApp que también fue censurada.

Otro mensaje que fue borrado del informe revela la muerte del estudiante Julio César Mondragón El Chilango y la detención Marco Antonio “N”, La Pompi, testigo del crimen y el temor que enfrentan sus cómplices de que los delate.

También aparece censurada por completo la conversión por celular donde líderes de Guerreros Unidos dan la orden de ejecutar a los normalistas. Esto aparece en la página 60 a la 64.

Finalmente, las dos últimas páginas del informe fueron borrados los nombres de los integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y federales señalados en la carpeta de investigación, aparentemente para preservar la presunción de inocencia.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO