La ratificación que hizo México del Convenio 190 de la OIT, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo el pasado 15 de marzo, obliga a reformar la Ley Federal del Trabajo y hacer varios ajustes que permitan su mejor aplicación; ya que dicho Convenio entrará en vigor el 15 de marzo de 2023 y en marzo de 2024 nuestro país estará obligado a presentar el primer informe con los avances de su aplicación.
En ese sentido, se presentó la propuesta y análisis con aspectos que encamina los cambios a la legislación laboral en materia de discriminación y no violencia contra las mujeres trabajadoras, a través de la Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert, quienes hicieron entrega del informa Alejandro Encinas Nájera, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Con la iniciativa se busca eliminar la discriminación en razón de género y la atención a la violencia y el acoso contra las mujeres en los centros de trabajo. “Se trata de una ruta que ayudará a garantizar la materialización de los derechos de las mujeres. Además de que se busca que se regule la distribución de responsabilidades y obligaciones de todos los actores del ámbito laboral, mediante mecanismos de seguimiento y evaluación, para generar condiciones laborales libres de violencia”, comentó Aleida Hernández, autora de la iniciativa.
Así, parte del contenido que debe armonizarse en la legislación tiene como eje los conceptos de violencia y acoso, en los términos que están reconocidos en el Convenio 190 de la OIT; define cómo y en dónde se configura un acto o varios actos de violencia laboral de género contra las mujeres; establece que la obligación de eliminar la violencia y la discriminación es de las autoridades laborales, las personas empleadoras, las personas trabajadoras y los sindicatos; la obligación de crear programas y procedimientos adecuados por parte de estos, en sus respectivas competencias; además de establecer los procedimientos internos e instancias específicas para prevenir, sancionar y reparar la discriminación y la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.
En su momento, Alejandro Encinas Nájera dijo que hay claroscuros en la inclusión de la mujer en el mercado laboral; si bien la tendencia es positiva, “hoy en México hay 22 millones de mujeres que trabajan, lo que representa cerca del 40% de la población activa; de ellas, 66% están en edad reproductiva”, la desigualdad salarial se dispara cuando ellas deciden ser madres, porque algunas ya no regresan a laborar y otras recortan sus turnos laborales. Agregó que “uno de los factores que más afecta la permanencia en los espacios laborales, es la violencia a la que se enfrentan las mujeres, es inadmisible que 1 de cada 4 mujeres, haya reportado un caso de violencia”, comentó.
Destacó que ahora corresponde ir por la implementación que representa un desafío, pero hay que tener claro que no recae responsabilidad en un sólo actor; “todos somos corresponsables. No se trata de cargarle la mano al patrón, pero tampoco la STPS no puede ir de manera unilateral, o los sindicatos quienes tengan que impulsarlo; sino de trabajar con todos los involucrados”.
CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA
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