En el marco de la pandemia, millones de personas tuvieron que adaptarse para continuar con sus actividades haciendo uso de tecnología, siendo clave el Internet. No obstante, esta situación dejó en evidencia los rezagos tecnológicos, la falta de infraestructura digital y las brechas digitales de acceso y uso de Internet en las zonas más vulnerables de la región. Dificultando así el acceso a servicios y derechos fundamentales como la educación y el trabajo.
De acuerdo con un estudio de SmC+ Digital Policy, menos de la mitad de la población de América Latina y el Caribe cuenta con conectividad de banda ancha fija, lo cual es primordial para acceder a medios digitales para estudiar y trabajar desde el hogar.
Esta brecha se acentúa en las viviendas rurales, pues sólo 33 por ciento de ellas tienen acceso a Internet, a diferencia del área urbana que goza de 65 por ciento de viviendas conectadas. Lo que es más preocupante aún, pese al menor o mayor acceso, es que existe población tanto en áreas urbanas como rurales que tienden a no hacer uso del Internet por no saber utilizarlo.
En América Latina menos de 40 por ciento de la población posee conocimientos básicos de informática, como copiar un archivo o enviar un correo electrónico con un archivo.[1]
Por su parte, en Chile, Argentina y Costa Rica 12, 14 y 19 por ciento de la población, respectivamente, no es usuaria de Internet. Lo mismo sucede en Perú, Colombia y Paraguay, donde 35, 30 y 26 por ciento reporta no usar Internet.[2]
Justo así se encuentran los grandes retos de las brechas de acceso y uso, donde los gobiernos y las empresas tienen que colaborar para enfrentarlas de manera simultánea.
Para avanzar en el cierre de la brecha de acceso, la infraestructura pasiva cobra un papel vital, pues es la primera capa del ecosistema de telecomunicaciones para conectar a personas e industrias.
Si bien el despliegue de este tipo de infraestructura se ha venido desarrollando, aún queda camino por recorrer. Según el estudio de SmC+ Digital Policy, para 2030 se espera un despliegue de más de 550 mil sitios en toda América Latina y una inversión estimada de 17 mil millones de dólares sólo en despliegue de infraestructura.
No obstante, la principal barrera que enfrentan muchos países de la región es la falta de una regulación unificada que permita un despliegue integral de torres de telecomunicaciones y fibra óptica.
Un ejemplo de ello es la situación que atraviesa Colombia, donde cada municipio establece su propia normativa respecto de este tipo de infraestructura, generando desigualdades a nivel de conectividad por municipios.
Otro caso es el de Paraguay, donde se ha realizado una propuesta para regular la expansión de infraestructura para telecomunicaciones; sin embargo, a la fecha la misma no ha sido tratada ni promulgada como ley.
La otra cara de la moneda la tenemos en Perú, el cual destaca por tener una normativa sobre infraestructura de alcance nacional, la Ley 29022, un marco ejemplar en la región y que ha hecho posible un acelerado avance en el despliegue de infraestructura en la última década.
Otra situación vemos en el caso de Costa Rica, país que viene trabajando en la reglamentación de un procedimiento simplificado como el de Perú. Si bien tanto la Ley 29022 (Perú) como la Ley 10216 (Costa Rica) son un gran paso, estos son el primero de muchos más que deben seguir incentivando la inversión, evitando así la gestión desigual.
Es urgente superar estas barreras, pues de mantenerse pueden dificultar e incluso impedir la llegada de nuevos servicios y tecnologías como lo es la red 5G, la cual requerirá hasta cuatro veces más infraestructura de la que actualmente existe en América Latina.
Por otro lado, la brecha de uso de Internet sólo puede superarse con la educación y capacitación de habilidades digitales para aquellos grupos que no son usuarios de Internet, pues ello incrementará la igualdad y el bienestar de las personas.
Está comprobado que el desarrollo de Internet, la conectividad y la digitalización representan beneficios a todo nivel: para las personas abre oportunidades para que puedan acceder a empleos de calidad, incrementa la bancarización y el acceso a servicios básicos como la educación y la salud; a las industrias les significa mejoras en la productividad y el acceso a los mercados nacionales e internacionales; y a las administraciones públicas las debería potenciar como organizaciones modernas, flexibles y ágiles, que favorezcan el crecimiento de las economías.
Los impactos de la pandemia, en definitiva, han dejado en evidencia la importancia de la conectividad y la digitalización como herramientas que contribuyen con el desarrollo económico y social de las personas que tienen acceso a esto.
Hoy más que nunca es necesario que tanto el sector público como privado nos pongamos a trabajar por seguir llevando conectividad a los lugares más desfavorecidos, para lo cual es necesario contar con reglas claras que impulsen el despliegue de este tipo de infraestructura de manera equitativa.
De igual manera, es importante que los países de América Latina sigan realizando un mayor esfuerzo por eliminar las brechas digitales y garantizar la conectividad y el desarrollo de habilidades y competencias.
[1] Informe sobre los principales indicadores de adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe de la Cepal
[2] Datos del Banco Mundial, 2020.
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