Ciudad de México, 17 oct (Sputnik).- La Compañía de Jesús en México rechazó este lunes el seguimiento del que es objeto su Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) y que se le califique como un “grupo de presión”, como revelan documentos militares recién publicados.
“Lamentamos que las declaraciones públicas de los integrantes del Centro sean objeto de monitoreo intensivo, lo mismo que las declaraciones de las víctimas a las que acompañan”, dice la congregación jesuita en un comunicado.
Después del hackeo de miles de documentos de comunicaciones internas de las Fuerzas Armadas, se publicaron en la prensa documentos que hacen referencia a la labor del centro Centro Prodh fundado hace 34 años.
“Rechazamos que, en documentos castrenses, se le clasifique como ‘grupo de presión’; recordamos que el trabajo civil de defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas es fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la Democracia en nuestro país”, dice el posicionamiento de los jesuitas en México.
La congregación católica a la que pertenece el papa Francisco reafirma su exigencia de “paz y justicia”, y defiende como una “labor legitima” la obra social que encabeza.
“El Centro Prodh ha contribuido, como invita el papa Francisco, ‘con coraje y determinación’ en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos”, subraya el texto de provincia mexicana de los jesuitas.
Asimismo, reafirma que continuará haciendo oír su voz, “siempre tan respetuosa como firme, para impulsar la reconciliación del país”.
JESUITAS ASESINADOS
El documento expresa “indignación” por el contenido de los documentos militares que se han hecho públicos, relacionados con el asesinatos de dos sacerdotes jesuitas el 20 de junio pasado en la localidad de Cerocahui en la Sierra Tarahumara
“El Estado mexicano identificó, con antelación, las actividades delictivas en la sierra Tarahumara de quien a la postre perpetraría el homicidio de nuestros hermanos Joaquín Mora y Javier Campos, mismo que a más de cien días sigue impune”, de acuerdo con la información difundida, dice la denuncia.
Los dos sacerdotes jesuitas que vivieron durante décadas en la remota zona indígena fueron asesinados por delincuentes al mando del líder criminal José Noriel Portillo, apodado “El Chueco”, prófugo hasta la fecha.
“De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado”, dice el texto de la congregación.
Hasta el momento han sido detenidos 12 sospechosos que habrían ayudado al asesino a lanzar los cuerpos a una barranca.
“Expresamos nuestra preocupación porque en los documentos militares emitidos en los días posteriores a los lamentables sucesos, se especifican instrucciones para monitorear las declaraciones públicas de las autoridades eclesiásticas presentes en la zona, con el fin de evaluar si eran críticas contra el actual Gobierno”, expresan los jesuitas.
Finalmente consideran que es “muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos”, que continúa prófugo, y en cambio se dedicó a monitorear los pronunciamientos públicos de los sacerdotes.
El hackeo masivo de correos electrónicos de las Fuerzas Armadas fue efectuado por el grupo activista autodenominado “Guacamaya”, que también vulneró comunicaciones de los ejércitos y policías de Chile, Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador.(Sputnik)