Imaginar marcos regulatorios que aborden el tema del trabajo que se realiza a través de las plataformas digitales de la economía colaborativa, como DiDi, Uber o Beat, requiere pensar fuera de la caja y replantear el paradigma tradicional.
Esto significa comprender que las actividades económicas vinculadas a las aplicaciones tecnológicas presentan una dinámica diferente, en la que los horarios ni los espacios los define un empleador sino los colaboradores, como conductores y repartidores.
Así lo explicó Vicente Roqueñí, director Sénior de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de DiDi para América Latina hispanohablante, en la clausura del Foro sobre Plataformas Digitales y Seguridad Social del Futuro (Pladiss), organizado por la UNAM.
En la actualidad, la seguridad social de los trabajadores en el marco jurídico se define en función de una relación laboral subordinada con una jornada determinada de ocho horas. Sin embargo, los repartidores y conductores no cumplen con una cierta cantidad de horas, pues se conectan cuando lo deciden.
Roqueñí advirtió que reconocer una relación laboral convencional entre plataformas tecnológicas y sus colaboradores significaría todo un cambio en el derecho actual, ya que la seguridad social no se calcula de acuerdo con una cantidad de horas variables trabajadas. Por ello, puntualizó que se trata de una discusión en curso que requiere un amplio diálogo y análisis.
Otro de los desafíos que plantea la regulación del trabajo en este sector tiene que ver con replantear diferentes esquemas de prestaciones sociales, agregó el directivo. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga cinco seguros: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.
Pero los nuevos modelos de ocupación asociados a las plataformas digitales demandan una visión diferente, pues no necesariamente se podrán otorgar todos estos seguros a quienes se dedican de forma temporal, esporádica y complementaria a una actividad.
Además, Vicente Roqueñí señaló que abrir la discusión al respecto no sólo tendrá impacto en las aplicaciones de la economía colaborativa, sino también en otros sectores productivos en los que existen ocupaciones parciales y temporales.
“No hay solución real en torno a cómo debe de regularse en América Latina estos temas, y yo diría incluso en el mundo”; cada país va a una velocidad diferente y no hay un camino totalmente definido, acotó el directivo de DiDi.
El presidente de Alianza In, Daniel López, coincidió en que una normativa sobre el trabajo que se lleva a cabo mediante las plataformas debe respetar la intermediación que hacen entre usuarios finales, establecimientos y conductores y repartidores.
En ese sentido, el presidente de la asociación colombiana de plataformas colaborativas destacó que las normativas se tienen que reestructurar a partir de la independencia y la flexibilidad, y no con la inercia de encajar un nuevo modelo de ocupación en viejos estándares del derecho laboral.
CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS
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