A través de modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, en el Senado de la República se pretende aplicar un «deja vu» legislativo para, nuevamente, buscar la forma de entregar a las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC) el derecho a exigir un pago a los fabricantes e importadores de dispositivos de almacenamiento digital como computadoras, teléfonos móviles, discos duros, memorias USB, entre otros.
Tal como se planteaba en la fallida iniciativa presentada hace dos años por el entonces diputado Sergio Mayer, los senadores Ricardo Monreal y Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, y Miguel Ángel Mancera, del PRD, proponen reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor para implementar el llamado “Sistema de Remuneración por Copia Privada (SRCP)”.
En noviembre de 2020, en este mismo espacio aseguré que la propuesta del legislador Mayer estaba basada en una peligrosa suposición: la adquisición y uso de smartphones, tablets, pantallas o incluso consolas de juegos con capacidad de almacenamiento, por parte de los usuarios es sí o sí, para realizar copias privadas de diversos tipos de obras.
Es decir, la iniciativa legislativa rayaba en un absurdo tal, como el multar por anticipado al dueño de un auto por los semáforos en rojo que podría pasarse… por si las dudas, pues.
Fue en abril de 2021 cuando diputados de la LXIV Legislatura desecharon las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, propuestas por Sergio Mayer. Entre los argumentos presentados en ese entonces, destacan los realizados por la legisladora Martha Tagle:
“Estos recursos van a ir a sociedades específicas que no dicen cómo van a ayudar a los artistas y creadores; porque es un negocio para ciertas sociedades de gestión colectiva y porque nosotros no podemos venir aquí a legislar a modo de ciertas sociedades de gestión”, argumentó en su momento la diputada.
El pasado 4 de noviembre, las cabezas de grupos parlamentarios presentaron una iniciativa de moche digital “reloaded”, y aunque en esencia plantea otra vez que la obligación de pago por concepto de remuneración compensatoria por reproducción corresponde a los fabricantes e importadores de aparatos, dispositivos y soportes idóneos para la copia, almacenamiento, compactación y reproducción de obras protegidas, tiene cambios dignos de mención.
Y es que, por principio de cuentas, recuerda el mes de abril de 2021 cuando se mandó a la congeladora la citada iniciativa Mayer, y asegura que “de forma engañosa, se logró asociar al pago por reproducción de copias privadas con un supuesto ‘moche digital’ que perjudicaría a la población en general”.
El resultado, añade, fue el rechazo de la reforma y “la preservación del statu quo del que se benefician unos cuantos, a costa de los derechos de los demás”.
Es así que para evitar que el documento se quede nuevamente en el limbo legislativo, los senadores Monreal, Armenta, Osorio Chong y Mancera, colocaron oportunos “candados” como por ejemplo, establecer que el pago de la remuneración compensatoria por reproducción no se podrá trasladar a los consumidores finales y que Profeco verifique que las reformas no se traduzcan en un aumento de precios de los dispositivos durante el primer año de su entrada en vigor.
“Esta iniciativa, además de retomar un tema de justicia social con los autores, también atiende las preocupaciones sociales legítimas que se manifestaron en la discusión del año 2021”, subraya el documento.
Lo cierto es que si bien desde 1996, el Legislativo estableció la remuneración compensatoria por reproducción, quedó un vacío jurídico pues no se menciona quién es el obligado a realizar el pago correspondiente. Esto abre una primera interrogante: Así, sin más, ¿los fabricantes deben perder el volado? “¡Y yo por qué”! dirán del otro lado.
La iniciativa fue presentada apenas el viernes pasado y parece que lleva el camino franco hacia su discusión, escenario que tiene más que contentos a integrantes de grupos como la Sociedad de Autores y Compositores (SACM) y la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas (Somexfon), ¿escucharán también a quienes en su iniciativa llaman “sujetos deudores”.
CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC
STRMnoticias 