Derechos por uso del espectro y Nobel de Economía 2020

Se ha vertido mucha tinta y ocupó un continuo espacio en los medios los efectos negativos del incremento propuesto por la Secretaría de Hacienda (SHCP) el monto de derechos por el uso del espectro concesionado en la iniciativa de ingresos de la federación 2021. 

Como algunos dicen, la SHCP “recapacitó” y sólo aplicó un aumento de 3.5 por ciento (inflación esperada para evitar deterioro en términos reales) a los derechos aplicables a las frecuencias en las bandas de 800 y 850 MHz, en lugar de 48 por ciento propuesto originalmente para ellas.

En cambio, los montos de los derechos para las frecuencias en las bandas con potencial uso para los servicios móviles de 5G (bandas de 600 MHz, “L” y 3.3 a 3.6 GHz) permanecieron en niveles de 186 por ciento mayores a los propuestos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Dichas bandas se señalan en los montos de los derechos contenidos en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la iniciativa y ahora en el dictamen aprobado a la Ley Federal de Derechos.

Los derechos aplicables al uso del espectro son revisables anualmente y cada año forman parte de la iniciativa del paquete económico que se presenta al Congreso. 

El sector de las telecomunicaciones móviles no puede estar permanentemente reactivo esperando a que se determinen cuáles serán los cambios discrecionales a los montos en los derechos de referencia que la SHCP considere, dada la situación coyuntural de las finanzas públicas. 

Son faltos de visión quienes sólo claman por una “disminución” o “baja” de los derechos, que tal vez es igualmente discrecional que los aumentos que se propusieron o se propongan en el futuro, aunque se argumente un benchmark internacional con los pagos recurrentes en países donde existan.

Lo que se requiere es una reforma a la Ley Federal de Derechos para que los montos por derechos para el uso del espectro que se apliquen anualmente, como contraprestación por un bien cuya propiedad es originariamente de la nación, provengan de un mecanismo no discrecional y que otorgue certidumbre en su trayectoria en el tiempo. 

Los montos deben resultar de la información propia del sector de las telecomunicaciones móviles en México y de un mecanismo de mercado. Todo ello se puede realizar para las futuras concesiones que se asignen en frecuencias actualmente prospectivas para el cambio tecnológico en el ecosistema digital como lo son los servicios 5G. 

Es fundamental para sectores intensivos en capital y de proyectos con retornos de la inversión de largo plazo o larga vida útil dar certidumbre a las variables tanto regulatorias como tributarias, lo cual se puede obtener por medio de los mecanismos de licitaciones como los que se han utilizado en la asignación del espectro llevadas a cabo por el IFT.

El IFT tiene la capacidad técnica para diseñar licitaciones que incluyan tanto el monto inicial (el denominado coloquialmente “guante” desde las cuestionables licitaciones del calderonato) como los montos anuales de derechos a favor del Estado. Este monto se transforma en las pujas o posturas que signifiquen la representación del valor presente de ambos componentes, incluso estableciendo en las bases de licitación las actualizaciones de los derechos anuales durante la vigencia de la concesión. De esta manera el flujo de los derechos al menos permanece constante en términos reales, así como las consecuencias de no honrar los términos y condiciones de pago de tales derechos establecidos, producto del mismo evento de licitación. 

El IFT ha organizado licitaciones de formato múltiple ascendente y combinatoria de reloj conforme a los principios ideados por los premios Nobel de economía 2020.

Qué mejor coincidencia que discutir el monto relativo de los derechos por espectro para diferentes frecuencias y sus incrementos que con la fecha que fue otorgado el Nobel de economía 2020 a Paul Milgrom y Robert Wilson. Ellos mejoraron la teoría de las subastas e inventaron nuevos formatos de subastas que han revolucionado los mecanismos de asignación de recursos entre agentes económicos, obteniendo beneficios para ambas partes en una subasta (v. gr. licitador y licitantes en una asignación de frecuencias de espectro).

Incluir la determinación de los derechos en las licitaciones de espectro puede mejorar no sólo los montos a cubrir anualmente (sin que afecten las inversiones necesarias para el despliegue de redes 5G), también el esquema de derechos como un todo. Lo anterior porque los montos no son sólo diferentes por bandas de frecuencias sino diferentes dependiendo de las regiones donde se divide el territorio nacional, siendo siempre el de mayor monto la región centro del país. 

Cabe preguntar si las diferencias del monto entre regiones pueden ser establecidas de una mejor manera. Para ello, sería mucho mejor incorporar el flujo de derechos en las posturas de las licitaciones que cualquier benchmark o formulación para determinarlas. Será cuestión de análisis ex post determinar qué información fue la relevante para determinar los diferenciales entre regiones que resulten.

Los futuros concesionarios de frecuencias para 5G, como en licitaciones anteriores, tienen lo que se denomina en la teoría de las subastas “valores privados y comunes”. En particular, el valor para cada concesionario de una frecuencia en determinada región depende si tiene o puede tener frecuencias en regiones colindantes, con el objeto de evitar extracciones de rentas entre participantes que, con posterioridad, aprovecharán las complementariedades por proximidad geográfica en transacciones en el mercado secundario de espectro.

Milgrom, Wilson y perfeccionado por McAfee, innovaron el formato de subasta múltiple ascendente, en la cual se ofrecen todas las frecuencias a ser asignadas en diferentes áreas geográficas en forma simultánea, permitiendo pujas en diferentes “rondas” sucesivas en el tiempo. Lo anterior es para que la incertidumbre de rangos del monto de las posturas (el valor relativo a las complementariedades entre regiones y el riesgo de haber pujado en un monto en demasía) sea minimizado y resulten en una asignación de mayor eficiencia, es decir, procurando que sea maximizado el valor social del uso de tales frecuencias.

Otro formato de licitación o subasta en telecomunicaciones móviles es la “combinatoria de reloj”. En ella los futuros concesionarios pujan por “paquetes” de frecuencias, es decir, se tienen dos variables en cada postura: el “paquete” de frecuencias y el monto ofrecido por éste. Lo anterior requiere un extenso algoritmo, toda vez que el conjunto de posibles paquetes puede ser extenso y para cada paquete le corresponde una postura determinada.

Dada toda esta experiencia del IFT en aplicar ambos tipos de formato, y las inminentes y necesarias futuras licitaciones de frecuencias para servicios 5G, ¿por qué no incluir en estos diseños de licitación el flujo anual de derechos a pagar por los concesionarios durante su concesión? 

Así se terminaría con la discrecionalidad, el riesgo anual de incrementos en derechos cuyo solo objeto es recaudatorio en favor de las necesidades de las finanzas públicas en situaciones coyunturales. 

De continuar la circunstancia actual, es de esperarse que la situación de las finanzas públicas siga al menos igualmente presionada, por lo que sería naïve pensar que en la iniciativa de ingresos de 2022 no vuelva a incluir un incremento de derechos por uso de espectro,[1] incluso de mayor magnitud que las propuestas para 2021. Tal vez en esa ocasión no se vaya a “reconsiderar”.

Cabe señalar que si se realizan licitaciones de espectro en 2021 antes de conocer si habrá o no cambios a los derechos establecidos para 2022, una vez asignadas las frecuencias el valor presente de las inversiones recibirá un daño irreversible. Por lo anterior, debería la industria promover como precondición para licitaciones de nuevas frecuencias para servicios móviles la certidumbre del monto de derechos en los años de vigencia de las nuevas concesiones.

Para el suscrito el efecto de mayores y crecientes montos de derechos por el uso del espectro es el desincentivo o postergación a la inversión, en lugar de un posible efecto en los precios de los servicios. 

De la microeconomía básica sabemos que si la demanda residual que cada concesionario enfrenta es lo suficientemente elástica, la incidencia de un incremento exógeno en su estructura de costos fijos por el incremento en derechos, es mayor sobre el oferente (concesionario) que la incidencia sobre el usuario, es decir, lo que pueda ser trasladado en mayores precios. 

La competencia efectiva en servicios de telecomunicaciones móvil existe, es evidente excepto para algunos, por lo que la incidencia será sobre los operadores en forma de una menor rentabilidad del capital invertido. Por lo tanto, existe un incentivo a disminuir la inversión o a postergarla por un plazo tal vez indefinido. 

Para aquellos cuya brújula es solo el tamaño de los concesionarios, si suponemos una competencia en cantidades (tipo Cournot para los iniciados) y los costos fijos aumentan para toda la industria (por el incremento en derechos), además de una demanda en el mejor de los casos constante o en contracción por la caída en el ingreso, producto de una paupérrima tasa de crecimiento desde 2019, agravada por el advenimiento de la Covid 19 y un escenario incierto de recuperación al nivel previo de la pandemia, el efecto indubitable es una tendencia a la concentración del sector como forma de mantener la viabilidad del sector. 

Lo anterior no necesariamente significa una disminución en la competencia efectiva, toda vez que no hay una relación estricta que sea positiva entre concentración y precios, lo cual todavía a algunos les cuesta trabajo entender. Ahí se los dejo de tarea.

Lo indubitable es que ante las circunstancias actuales de las finanzas públicas, por recursos escasos y otros proyectos prioritarios, y con un muy probable escenario de estancamiento en el crecimiento, lo cual significa no alcanzar los niveles de 2019 en los próximos años, lo que se requiere para las inversiones en telecomunicaciones es mayor certidumbre posible. 

Uno de estos factores el es monto esperado de derechos por el uso del espectro e incentivos a la inversión, empezando por desmantelar las regulaciones impuestas en forma asimétrica y que ahora resultan redundantes, promover la coinversión entre competidores y no seguir alimentado desde la regulación una polarización entre preponderante y no preponderantes, que luego se torne en contra del propio sector de telecomunicaciones como un todo.


[1] Como lo dice Gerardo Flores Ramírez en su opinión publicada en El Economista el 20 de octubre pasado: “Arturo Herrera prefirió solo replegar sus velas ahora para reintentar su estrategia irracional para el próximo año, por eso optaron por dejar desde ahora en la ley la estructura de artículos que ya traían en mente para 2021. Van a necear pues.”

Opinión de Ramiro Tovar Landa vía DPL News

Ante alza en precio, AT&T devuelve espectro

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detalló a EL UNIVERSAL que AT&T “devolvió espectro que tenía en la banda de 800 MHz, en las regiones celulares 5 a 9 del país el año pasado; sin embargo, mantiene su tenencia espectral de las regiones 1 a 4 en esa banda”.

AT&T fue consultada sobre la devolución del espectro, pero no hizo comentarios.

En 2019, Telefónica México comenzó a devolver el espectro que tiene y el proceso terminará en 2022.

Para dar servicio en el país, la empresa de origen español firmó un convenio con AT&T para usar su red.

Costo elevado

En la opinión enviada al IFT relacionada con la consulta pública sobre la licitación de espectro IFT-10, el operador señaló que el aumento en el cobro anual por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico hará que a AT&T le cueste 242% más que Telcel por cada usuario en el país.

Indicó que esto desplazaría a AT&T frente a Telcel, lo que empeora la tendencia de América Móvil en los últimos trimestres, en el que consolidó su preponderancia en telefonía e internet móviles.

“Este aumento en derechos tendría efectos negativos en la próxima licitación No. IFT-10 al crear barreras de entrada a nuevos competidores y desplazar a los existentes, como AT&T, con riesgo de que el único participante ganador fuera Telcel”, añadió.

A septiembre de este año, AT&T cuenta con 18.4 millones de usuarios mientras Telcel tiene 76.5 millones.

La firma estadounidense destacó que ve “una estructura de costos asimétrica entre operadores que deteriora la competitividad de los más pequeños respecto al agente económico preponderante”.

El año pasado, el pago por derechos del espectro como porcentaje de los ingresos totales representó para Telefónica 14.7%; AT&T, 11.5%, y para América Móvil, 3.1%.

Del debate en el Congreso respecto a estos montos, destacó que esta incertidumbre “pone en riesgo la competencia, el despliegue de infraestructura, las inversiones para introducción de nuevos servicios, limitan las mejoras y, podrían impactar en precios para los usuarios finales”.

Con información de Carla Martínez vía DPL News

Aerolíneas low cost impulsan recuperación de la industria aérea

Las operaciones domésticas lideradas por el modelo de ultra bajo costo de Volaris y VivaAerobus impulsan la recuperación de la industria aérea, que registró una afectación sin precedente por la pandemia del Covid-19.

Durante septiembre, quinto mes de repunte de actividades, las aerolíneas nacionales e internacionales que operan en México transportaron a tres millones 283,162 pasajeros en vuelos regulares, lo que representó una baja de 54.5%, respecto a igual mes de 2019, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En comparaciones anuales, durante agosto la caída fue de 65.1%, en julio de 74.5% y en junio de 86.2 por ciento.

Dentro del país, las nueve empresas vigentes movilizaron a dos millones 317,729 personas, 44.6% menos que en septiembre del año pasado, de ellas, las cinco que también tuvieron operaciones internacionales sumaron 297,244 clientes, cifra 75.7% inferior en su comparación anual (Interjet sumó seis meses sin atender destinos internacionales), mientras que las extranjeras sumaron 668,189 usuarios, lo que tradujo en una disminución de 63.4 por ciento.

En el acumulado enero-septiembre, la industria transportó en total a 34 millones 181,257 personas, 54.7% menos que igual periodo del 2019, misma variación que en los atendidos entre enero y agosto.

Durante los nueve meses, los vuelos locales recuperaron el 48.5% de los pasajeros del año pasado (sumaron 19 millones 181,257), mientras que en los internacionales, las empresas nacionales que vuelan fuera del país el 36.6% (alcanzaron los cuatro millones 497,016) y las extranjeras el 56.8% (con 10 millones 220,796), según refieren las cifras de la SCT.

Vuela el bajo costo

Debido a que las operaciones de Volaris y VivaAerobus son primordialmente domésticas (caso contrario con Aeroméxico, que tiene vuelos intercontinentales y el cierre de fronteras en diversos países causó mayores estragos), se ha convertido en el motor en el regreso de actividades.

El director de Volaris, Enrique Beltranena, ha dicho que en septiembre alcanzaron una capacidad operativa del 84% en comparación con el año anterior con un factor de ocupación reservado del 74%, que lo ubica en la recuperación más rápida del mercado mexicano.

“Ahora que estamos fuera del impacto más profundo de la pandemia, la principal prioridad de la empresa es devolver el valor a su acción. Continuaremos con una cuidadosa preservación de efectivo y de costos y aumento de los ingresos totales por asiento reservado, además de priorizar la seguridad de nuestros pasajeros y nuestros embajadores”, comentó.

Por su parte, el director de VivaAerobus, Juan Carlos Zuazua, asegura estar preparado para la progresiva recuperación, que al cierre de septiembre operaron por encima del 80% de su capacidad, una oferta de 95 rutas y que para octubre ha sumado dos y 20 más ya se anunciaron.

Con información de El Economista

Los reguladores contra Google

Google se ha convertido en el villano favorito de los reguladores de competencia en el mundo. Es fácil iniciar una investigación contra el gigante global de Internet porque no hay usuario de la red que no haya utilizado alguno de sus servicios y aplicaciones digitales “gratuitos”. Sin embargo, lo que está detrás del éxito y crecimiento de esa empresa es la innovación.

La Comisión Europea ya le ha impuesto a Google tres sanciones en el mismo número de años que suman 8,250 millones de euros (mde). Primero fueron porque abusó de su dominio como motor de búsqueda al destacar y dar ventajas a Shooping, su servicio de comparación de precios, y degradar a los rivales en sus resultados de búsqueda.

Un año después (julio de 2018) impuso la más cuantiosa multa aplicada por la CE a una compañía por por utilizar Android para consolidar su dominio en las búsquedas en Internet ante el incremento del tráfico móvil. Google obligaba a los fabricantes de smartphones a preinstalar la app Google Search y el navegador Chrome como condición para conceder la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.

El tercer castigo ocurrió en mde por restringir artificialmente la posibilidad de que otras páginas web puedan desplegar publicidad de competidores de Google. Mediante la plataforma AdSense, proporciona anuncios de búsqueda a los propietarios de sitios web editores. Google es un intermediario o agente publicitario entre anunciantes y propietarios de portales que desean rentabilizar sus espacios.

La verdugo europea de Google, la comisionada Margrethe Vestager, ha reconocido que “Google ha creado muchos productos y servicios innovadores que han marcado una diferencia en nuestras vidas. Eso es algo bueno.” Pero la estrategia de Google lo ha hecho abusar de su dominio como motor de búsqueda. Esa conducta negó a otras empresas locales la oportunidad de competir por méritos propios e innovar, e impidió a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios.

Detrás de esas sanciones a Google se esconde el resentimiento europeo de no ser un líder de Internet. Spotify es el único campeón digital del viejo continente. Los competidores de Google en los mercados de comparación de precios son muy locales y sus contrincantes en sistemas operativos móviles, buscadores, navegadores y aplicaciones son otros gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Apple.

Google hizo algo revolucionario que no había ocurrido ni hecho nadie a escala global. La empresa obtiene la mayoría de sus ganancias no de las grandes empresas anunciantes (como ocurre con la televisión comercial), sino de las pequeñas. Eliminó los costos de comprar y vender publicidad. Todos los negocios tienen la posibilidad de anunciarse en Internet, lo cual no ocurre con los medios tradicionales. Su modelo no se sustenta en anuncios sino en palabras clave. Google hizo rentable encontrar todo en Internet. Buscamos hasta con faltas de ortografía y lo encontramos.

El algoritmo y la Inteligencia Artificial de Google permiten explotar los conocimientos de los usuarios y consumidores y lo traduce en resultados de búsqueda y recomendaciones. La ventaja son las millones de personas que hacen búsquedas en Google y navegan por Internet en Chrome. Cada 60 segundos Google conduce 4.5 millones de búsquedas.

Si bien las sanciones contra Google son muy cuantiosas y sí han hecho mella en los también abultados ingresos de la compañía (162.8 mil mdd en 2019), en realidad no han afectado su dominio porque la economía del siglo XXI está apoyada sobre la base de datos de empresas como Google. Los terabytes de información sobre el comportamiento de billones de usuarios pasan por los servicios de las empresas de Internet y eso mueve la economía mundial.

El ADN de Google consiste en ordenar el caos de la web, predecir lo que va a ocurrir con la conducta de los usuarios y estar allí cuando eso ocurra. Las capacidades de establecer conexiones y medir el conocimiento colectivo no las puede frenar ninguna sanción de competencia económica.

En junio de 2019, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició una investigación bipartidista sobre el estado de la competencia en línea para examinar el dominio y las prácticas comerciales de Google, Amazon, Facebook y Apple y determinar cómo su poder afecta la economía y la democracia.

Durante la comparecencia en julio de 2020 ante el Subcomité de Derecho Antimonopolio, el CEO de Google, Sundar Pichai, se defendió diciendo que su compañía enfrenta competencia en la búsqueda de información en Internet y de publicidad digital.

Pichai aseguró que las inversiones de Google permitirán a Estados Unidos mantener su liderazgo global. “Estamos entre los mayores inversores mundiales en investigación y desarrollo. Hemos invertido más de 90 mil mdd en los últimos 5 años. Con estas inversiones estamos ayudando a EE. UU. a consolidar su posición como líder mundial en tecnologías como Inteligencia Artificial, automóviles autónomos y computación cuántica”.

La investigación del Comité Judicial incluye los mercados de búsquedas en línea, tiendas de aplicaciones y sistemas operativos móviles, publicidad digital, navegadores web, asistentes de voz, computación en la nube y mapas digitales que tocan directamente los negocios de Google. El Comité asegura que “Google es omnipresente en la economía digital y actúa como infraestructura para los productos y servicios principales en línea. Ha crecido y mantenido su dominio de los motores de búsqueda, de modo que ‘googlear’ es sinónimo de búsqueda en línea”.

El 20 de octubre, el Departamento de Justicia y 11 estados de la Unión Americana demandaron a Google por prácticas anticompetitivas y exclusión en los mercados de búsqueda y publicidad “en un caso monumental”.

Finalmente, la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones también inició de oficio (es importante recalcar) un procedimiento contra una empresa a la cual no menciona pero que tiene el perfil de Google. El regulador busca “determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y relacionados”.

El Subcomité en EU también realizó una revisión de las leyes antimonopolio, las políticas de competencia y los niveles de aplicación para evaluar si son adecuadas para abordar los mercados digitales. En México no está ocurriendo eso. Casos como Google tienen mucha notoriedad pública y enormes componentes políticos. Es evidente que el IFT quiere un caso digital grande y notorio, obsesionado como lo está por el tamaño de las empresas. También es evidente que la regulación de preponderancia está dejando de ser atractiva. Es muy tentador dejar a un lado al grandote de las telecomunicaciones para enfocarse en el gigante de Internet. Veremos si la regulación de competencia en México soporta un análisis de lo que más ha cambiado las reglas de todo: la Internet.

Opinión de Jorge Bravo vía El Economista

Afectar a las telecomunicaciones es un daño al ciclo económico y desarrollo a futuro: IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pidió al Senado de la República que reduzca los montos de los derechos referentes a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, previstas para el despliegue de servicios de internet y telefonía móvil de quinta generación 5G, mismas que este órgano regulador planea licitar en los próximos años.

Esto debido a que las tecnologías de quinta generación facilitarán el acceso del país a una Economía Digital integral que beneficie a todos los mexicanos, sin embargo, los legisladores aseguran que los costos referentes al espectro están por debajo de los costos internacionales, algo que es falso de acuerdo a la postura del IFT.

Así lo afirmó Adolfo Cuevas, presidente interino del IFT, durante una entrevista con Mario Maldonado para el programa matutino “Bitácora de negocios”.

Además, aseguró que las telecomunicaciones son esenciales, no sólo para la comunicación, sino para la inclusión en la economía de las empresas, pues tras la pandemia 2 de cada 10 que usan internet lo hicieron en la cuarentena.

5G no puede llegar a México sin infraestructura

Además, en su conversación con El Heraldo Radio, el especialista destacó que es indispensable que Telecom apueste verdaderamente por comenzar a invertir en la infraestructura referente a la nueva señal.

“El problema es que si el espectro llega a México hará un retraso al no tener la infraestructura básica de Telecom que ahora se requiere para cualquier plan de desarrollo como nación (…) Afectar a las telecomunicaciones es un daño al ciclo económico y desarrollo a futuro”, enfatizó”

Con información de DPL News

De vuelta al estatismo mediático

El miércoles pasado se publicó el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2021 (PABF 2021) por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es un documento relevante debido a que permite visualizar que licitaciones de frecuencias comerciales habrá en un futuro y que frecuencias se asignaran en forma directa a medios públicos y concesionarios sociales.

Se insiste en que más allá de que el IFT considere las meras solicitudes de que haya más estaciones de radiodifusión, se debe valorar si el mercado permite la viabilidad de estas a través de estudios de mercado, además de que se debe evitar generar un fenómeno pernicioso de licitar o asignar, sólo por cumplir un mandato legal. El “bandera” de la “sequía” espectral ya paso y dadas las condiciones económicas del país, se debe ser un administrador objetivo del espectro.

Aunado a lo anterior, en el PABF 2021 advertimos una tendencia en asignar un mayor número de frecuencias a las estaciones gubernamentales (51 frecuencias que representan el 54% del total) y a las llamadas estaciones sociales (27 frecuencias correspondiendo el 29%). Y ocurre algo semejante en el PABF del año 2020 donde la balanza se inclina hacia las concesiones públicas y sociales.

Y no sólo se trata de dar más frecuencias, sino que también estamos ante la entrega de mayores recursos públicos, ya que al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 se propone otorgarle 1,014 millones de pesos (mdp), un aumento de 800 mdp respecto del año en curso. ¿En realidad es una prioridad dar más recursos presupuestales a un medio gubernamental en plena crisis económica y sanitaria?

Solo tengamos presente los casos de Venezuela y Bolivia, donde fomentar mediante recursos (espectro y dinero público) a medios afines al Gobierno e incrementar los llamados medios sociales o comunitarios (muchos de ellos con antecedentes como estaciones piratas), va configurando un modelo estatista de comunicación.

Todo indica que se está creando un sistema informativo gubernamental de cara al año electoral, sin dejar de considerar el constante asedio del que se queja la prensa mexicana y la Sociedad Interamericana de Prensa ha reconocido.

Interferencias

En ese mismo tenor, si bien aún se visualiza lejana la Consulta Popular para enjuiciar a los “actores políticos” que será en agosto de 2021, misma que es impulsada por el actual régimen, es predecible que dicho proceso de participación ciudadana vaya a dar pie a requerimientos y sanciones excesivos para la industria de la radio y televisión por parte del Instituto Nacional Electoral respecto de la cobertura noticiosa, aduciendo falta de “imparcialidad” de los medios, o bien que el Gobierno vaya a señalar que se está sesgando la decisión del “Pueblo bueno”.

Lo cierto, es que no hay forma de generar una “discusión informada” como lo dice la Ley de la materia ante una pregunta tan rebuscada, sin duda el año 2021 será difícil para la radiodifusión en cuanto a la cobertura política electoral: comicios y consulta.

Información via DPL News

AMLO: se desviaron $41 mil millones del Conacyt a la IP

Ciudad de México. Ante la polémica contra la desaparición de 109 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó ayer su conferencia con los informes sobre el mal manejo de recursos públicos que en gobiernos pasados se hizo por medio de estos instrumentos, que sólo desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacy) beneficiaron con más de 41 mil millones de pesos a empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, incluidas trasnacionales, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Tras agradecer a los legisladores que avalaron la desaparición de esas figuras, instruyó al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, realizar una amplia auditoría y, en casos de evidencia de corrupción, presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Reiteró que a los auténticos deportistas, investigadores, artistas, escritores y artesanos no les van a faltar recursos, a diferencia de quienes medraban con estos fideicomisos.

En Palacio Nacional, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, detalló lo que ha denunciado desde 2018 respecto de los beneficios que recibió el sector privado en detrimento de apoyos para centros públicos de investigación. Empresas como Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell e IBM recibieron entre 2013 y 2018, 891 millones de pesos, pero también están Monsanto, Bayer y Kimberly Clark, esta última de Claudio X González.

Millonario desfalco con los bebederos escolares

José Antonio Álvarez Lima, director de Canal 11, a partir de datos dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, informó que por un desfalco de 937 millones de pesos en el programa de bebederos escolares, parte del fideicomiso de Escuelas de Excelencia, las empresas Refrigeración Ojeda, Grupo Constructor Carsev y Grupo Master Kong –con operaciones distintas para las que se les contrató– fueron demandadas en 2019. Cada bebedero costó, aseveró, 153 mil 900 pesos y se adquirieron al margen de la ley.

Sostuvo que se desconoce el destino de 868 millones de pesos del Fideicomiso para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de 2014, celebrados en Veracruz. Explicó que recursos federales y estatales se concentraron arbitraria y discrecionalmente en un fondo conocido como la licuadora; la mayoría de las obras de infraestructura se entregaron inconclusas, algunas nunca se utilizaron y muchos atletas, entrenadores e invitados fueron ubicados en hoteles de paso porque no había donde hospedarlos.

En su amplio informe, la titular del Conacyt precisó que por conducto de fideicomisos, entre 2013 y 2018 se transfirieron más de 15 mil millones de pesos a privados y mediante el Programa de Estímulos a la Innovación, 26 mil millones más. Mencionó que entre 2000 y 2018, 10 empresas fueron las más beneficiadas, sobre todo RH México Simulation and Training, filial de una trasnacional alemana, por mil 531.6 millones de pesos.

Entre los fondos sectoriales, enfatizó en los más de 9.4 mil millones de pesos que se entregaron al Instituto Mexicano del Petróleo en periodos asociados a la reforma energética. Habló de costos excesivos, resultados deficientes y transferencia de proyectos a empresas o centros de investigación extranjeros.

Añadió que 2013 a 2018, 80 por ciento de 35 fideicomisos de fondos mixtos se destinaron a obras de infraestructura civil –11 por ciento se cancelaron– y 55 por ciento de los recursos fueron sólo para 10 estados. Hubo proyectos distintos, con sobrecosto, incumplimiento, fallas estructurales, entre otros. También hay 46 elefantes blancos, por 783.7 millones de pesos.

Como ejemplo del uso que se dio a los recursos del Conacyt, destacó la creación por un año del Consorcio Centromet, en Querétaro, con 392.5 millones de pesos del Fordecyt. La gerente general era Ana Díaz Aldret, entonces esposa del ex director general del Conacyt Enrique Cabrero, actualmente investigador del CIDE, uno de los centros públicos de investigación parte de este consorcio.

Dijo que aún analizan los 26 fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación cuyos recursos, a partir de su extinción, les serán devueltos.

Con información de La Jornada

México y EEUU alcanzan un acuerdo en materia de agua de ríos fronterizos

Ciudad de México, 22 oct (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves un acuerdo alcanzado “in extremis” con el Gobierno de EEUU para el cumplimiento de un Tratado Internacional de Aguas que data de 1944, sobre el caudal de ríos fronterizos, que vencía el sábado 24 de octubre próximo.

“Se logró un acuerdo, quiero agradecer al Gobierno de EEUU por su comprensión y por su solidaridad, agradecer al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, el señor (Mike) Pompeo, porque tuvimos muchas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo; sin embargo ellos entendieron la circunstancia especial para la entrega del agua, sobre todo por el conflicto en Chihuahua (noroeste)”, estado mexicano fronterizo donde las autoridades locales se negaban a entregar el agua comprometida, dijo el presidente mexicano en compañía del canciller Marcelo Ebrard.

Según el tratado, México recibe cuatro veces más de agua de las cuencas fronterizas (1.850 millones de metros cúbicos anuales) y aporta 432 millones de metros cúbicos cada año, con flexibilidad de entrega cada 10 años, pero sin posibilidad de prórroga, en este caso el periodo 2010-2020.

El jefe de Estado lamentó “la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua y de otros actores” opositores a su Gobierno.

Para la entrega correspondiente, “para cumplir (el tratado) se tuvo que recurrir a disponer de agua que se asegura para el consumo humano, con el compromiso del Gobierno estadounidense de que, si necesitamos el agua para el consumo humano, ellos van a proporcionarlo”, explicó.

Otra parte del acuerdo alcanzado establece que “si tenemos una situación de sequía severa también ellos nos van a auxiliar, por eso nuestro agradecimiento”, subrayó López Obrador.

Por su parte, Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional de Agua, dijo en conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional que había un adeudo de 325 millones de metros cúbicos del quinquenio 2010-2015, que se acumuló al último lustro.

“Vamos a saldar con una transferencia de las presas internacionales, para cumplir con el tratado, con los 325 millones de metros cúbicos del adeudo en el ciclo de 2015, más lo que corresponde a cinco años más, tuvimos que pagar todo lo que se debía con el río Conchos y otros cinco ríos”, explicó Jiménez.

A lo largo de los casi 3.200 kilómetros de frontera común, el acuerdo internacional de 1944 establece que el principal aporte mexicano proviene del río Conchos, principal caudal de Chihuahua, que entrega 54 por ciento de la cuota mexicana, mientras que el mayor aporte de EEUU proviene del río Colorado, de Arizona, ambos en el oeste de la frontera.

Los otros cinco ríos “tributarios” mexicanos son: Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, que están en otros tres estados de México, en el noroeste, hasta las costas del Golfo de México (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).

Jiménez dijo que “las presas quedan con agua suficiente, de hecho con más del agua que tiene normalmente las otras presas”.

El Gobierno de Chihuahua, que encabeza el gobernador Javier Corral, opositor a López Obrador, esgrime que varios embalses fronterizos sirven para el riego y consumo humano.

El río Conchos nace en las montañas de la Sierra Madre Occidental, es el principal río del gigantesco Chihuahua, estado desértico que se extiende por 247.500 kilómetros cuadrados, más grande que todo el Reino Unido; y es el principal afluente del río Bravo que sirve de frontera común.

Una mujer manifestante murió a balazos de la Guardia nacional el 9 de septiembre, en una protesta de agricultores en la presa La Boquilla de Chihuahua. (Sputnik)

Presidente mexicano celebra que Bolivia resolvió “conflicto por vía democrática”

Ciudad de México, 22 oct (Sputnik).- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó este jueves su satisfacción por el desenlace de las elecciones presidenciales en Bolivia del domingo pasado, y afirmó que el conflicto político se resolvió “por la vía pacífica democrática”, eligiendo a un integrante del Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales (2006-2019).

“Saludamos, abrazamos, felicitamos al pueblo de Bolivia porque supieron enfrentar un conflicto grave por la vía pacífica democrática, y eligieron a un presidente del mismo movimiento que fue desconocido, al que pertenece el expresidente Evo Morales”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa cotidiana.

El mandatario se refirió así al resultado preliminar que favorece a Luis Alberto Arce Catacora, quien encabeza los resultados oficiales, mientras el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aún realiza el conteo de votos.

El gobernante también se refirió a la crisis que estalló en noviembre de 2019, después de otro proceso electoral presidencial en el que participó el líder del MAS.

Morales “fue destituido y enfrentó amenazas, y el Gobierno de México, haciendo valer su tradicional respeto al derecho de asilo, que siempre lo ha caracterizado (…), le otorgó protección y asilo, y se le fue a buscar, fue una labor que encabezó Marcelo Ebrard”, canciller mexicano, reseñó el jefe de Estado.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue enviado a Bolivia para que Morales llegara a México el 12 de noviembre de 2019, como asilado, y después se trasladó a Buenos Aires, Argentina, desde donde enfrenta varios procesos judiciales abiertos por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Ebrard fue quien “operó junto con la Secretaría de la Defensa de que se protegiera a los perseguidos, estaban en riesgo, fue labor de la diplomacia mexicana”, puntualizó López Obrador.

Con el 90 por ciento de las actas computadas el resultado de las elecciones del domingo indica una virtual victoria en primera vuelta del candidato por el MAS, Luis Arce, con el 53,90 por ciento. Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana se coloca como segundo, con el 29,47 por ciento.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia exhortó el miércoles a deponer amenazas y actitudes de violencia, ante las protestas de grupos radicales de derecha contra la confirmación, en el avance del cómputo oficial, de la amplia victoria de Arce.

El miércoles pasado, el vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, denunció al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por hacer un “uso faccioso” de una misión electoral en Bolivia en 2019.

En las elecciones de Bolivia en 2019, “la Secretaría General utilizó de manera facciosa a la Misión de Observación Electoral para denunciar un supuesto fraude, nunca comprobado de manera prematura”, dijo Reyes en un discurso vía electrónica ante la asamblea general del organismo.

“México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para encabezar esta organización”, dijo el responsable de la diplomacia mexicana para la región.

Reyes afirmó que las elecciones del domingo pasado en ese país andino mostraron la misma tendencia electoral que en 2019. (Sputnik)

Inflación en México supera meta de autoridades financieras a 4,09% anual

Ciudad de México, 22 oct (Sputnik).- La inflación en México durante la primera quincena de octubre de 2020 fue de 4,09 por ciento anual, fuera de la meta de las autoridades financieras, que es un rango de 2 a 4 por ciento anual, según el informe periódico publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese primer periodo del mes en curso, “el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0,54 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior (segunda septiembre), así como una inflación anual de 4,09 por ciento”, informa el Inegi.

En el mismo lapso de 2019 las cifras fueron de 0,40 por ciento quincenal y de 3,01 por ciento anual, casi un punto menos al resultado de este año.

El “índice de precios subyacente”, que elimina los productos con precios volátiles a lo largo de las estaciones del año, “mostró un alza de 0,14 por ciento quincenal y de 4.00 por ciento anual”.

Por su parte, el “índice de precios no subyacente”, que abarca todos los productos, incluidos los energéticos y productos agropecuarios, se incrementó 1,80 por ciento quincenal y 4,34 por ciento anual.

La meta de inflación del banco central y de la secretaria federal de Hacienda es de 3,0 por ciento (+/- 1,0 por ciento).

MERCANCÍAS Y SERVICIOS ESTABLES

Al interior del índice de precios subyacente, los costos de las mercancías crecieron en forma marginal, 0,12 por ciento, y los de los servicios 0,17 por ciento quincenal, comparados con la segunda quincena de septiembre.

En tanto, dentro del índice de los “no subyacente”, los precios de los productos agropecuarios subieron 0,90 por ciento quincenal, y los de los energéticos lo hicieron en 2,52 por ciento, “como resultado de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano” que se aplica en 18 grandes ciudades del país, dice el documento.

El presidente del Inegi, Julio Santaella comentó que la inflación fue impulsada por productos de consumo, que quedaron arriba de la inflación general de precios al consumidor, como “los aumentos en bebidas alcohólicas y tabaco (8,02 por ciento), alimentos y bebidas no alcohólicas (7,87), muebles y artículos del hogar (5,49) y salud (4,58)”.

Tanto la inflación anual general del INPC como sus componentes subyacente y no subyacente, aumentaron con relación quincenal “en 4,09, 4,00 y 4,34 por ciento anual, respectivamente”, las tres fuera de la meta oficial, indica el presidente del Inegi.

Santaella señala además que durante la primera quincena de octubre “destacaron por su incidencia los incrementos en los precios de energéticos (3,72 quincenal), frutas y verduras (2,77)”.

La Junta de Gobierno del banco central, organismo autónomo encargado de la política monetaria, acordó por unanimidad, el 24 de septiembre pasado, reducir la tasa de interés de referencia de 4,50 por ciento anterior a 4,25 por ciento, gracias al control de la inflación.

Con esa decisión la colocó en su nivel más bajo de los últimos cuatro años, registrada en septiembre de 2016.

Esa fue la onceava reducción consecutiva de las tasas de interés desde agosto de 2019, cuando el indicador bancario de referencia estaba en 8,25 por ciento. (Sputnik)