El Salvador | Repartidores solicitan seguros de vida a las empresas

Los repartidores externaron sus necesidades laborales este martes ante representantes de la empresa Pedidos Ya y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), entre las peticiones se destaca la exigencia de implementar seguros de vida y contra accidentes.

El MTPS aseguró que en la reunión se externó la necesidad de mochilas, cascos, guantes y rodilleras proporcionadas de forma gratuita, y la entrega total de las propinas.

“Si un cliente decide dar un dólar o más como propina, esta debe ser dada a los trabajadores de delivery de manera completa sin importar el método de pago”, indicó el ministro Rolando Castro en un comunicado compartido por el MTPS.

La institución no brindó detalles sobre qué acuerdos se concretaron durante el encuentro. No obstante, Eduardo Santos, repartidor que participó en la reunión, indicó que se han previsto otros encuentros donde esperan alcanzar más beneficios.

“Nos sentimos bien porque nos han escuchado. No se llegó lo que queríamos, pero vamos parte por parte hasta lograr nuestro objetivo, que es tener mejores incentivos y estar mejor en la empresa”, dijo Santos.

La semana pasada, una comitiva de repartidores se reunió con el MTPS. En ese momento, Castro indicó que se buscaba reducir accidentes, lesiones y fatalidades entre los repartidores en motocicleta.

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El desafío de regular un nuevo modelo de trabajo en las plataformas digitales

Cómo y desde qué enfoque se debe regular el nuevo modelo de trabajo que se realiza a través de las plataformas digitales es una de las grandes discusiones que hoy se tienen en torno a la economía colaborativa (o gig economy).

Para Marcelo Manzano, académico de la Universidad del estado de Campinas, Brasil, el modelo de negocios de las plataformas de transporte y entrega de productos y mercancías a domicilio basa su valor en la posibilidad de extraer datos de las interacciones sociales.

Si bien no hay total consenso sobre su significado, la economía colaborativa generalmente se define como un nuevo paradigma económico, social y laboral que forma parte de la Cuarta Revolución Industrial.

En este nuevo paradigma, se da un intercambio de actividades, bienes y servicios por parte de diferentes actores a través de las plataformas digitales. Dichos bienes y servicios no se transfieren de propiedad sino que sólo se ponen a disposición de forma temporal.

Por ejemplo, si una persona necesita realizar un viaje puede solicitarlo a través de una aplicación. Esta opción le permite no tener que adquirir un automóvil para sus traslados, sino que el servicio le será facilitado por medio de las aplicaciones que existen en el mercado.

En un seminario virtual organizado por El Colegio de México y Retpal, Marcelo Manzano dijo que, para disminuir los costos de transacción, este nuevo modelo de negocios detenta una forma de trabajo en la que considera a los colaboradores como independientes. Sin embargo, en su opinión esto sólo hace que los riesgos de las transacciones se trasladen a repartidores y conductores, de forma inequilibrada.

Precisamente, en este punto se centra el debate global sobre la regulación del trabajo en las economías colaborativas. Algunos gobiernos de América Latina están avanzando en la discusión, con el fin de diseñar marcos normativos que garanticen un piso de seguridad social a las personas que se unen a las aplicaciones para generar ingresos.

Como el académico brasileño, hay quienes sostienen que el nuevo modelo de trabajo a través de las plataformas debe ser regulado para proteger a repartidores y conductores, y descartan que exista autonomía e independencia en la forma de ejercer las actividades.

Fernando Urrea Giraldo, académico de la Universidad del Valle de Colombia, señaló que en la economía de las plataformas se construye una nueva categoría de trabajador digital con una alta rotación y diferentes modalidades de tiempo, cuya adhesión a las aplicaciones se da por medio de algoritmos.

La jornada de trabajo como tradicionalmente se le conoce queda fragmentada y ya no transcurre en un horario continuo y definido, lo cual supone retos para su regulación mediante un marco normativo laboral.

En Colombia, detalló, las propuestas de reforma laboral del presidente Gustavo Petro han buscado abordar esta problemática. Urrea-Giraldo consideró que el actual gobierno ha dejado sus intentos por regular en una zona gris sin tomar realmente una postura.

Mientras tanto, en el caso de México, Gustavo Vega Canovas, investigador de El Colegio de México, comentó que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado signos de querer intervenir en la materia. Y si su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, se mantiene en el poder es probable que eso suceda.

Por otro lado, las plataformas digitales de la gig economy defienden que el modelo de generación de ingresos que han habilitado es muy diferente al formato de trabajo tradicional, por lo que pretender sujetarlo a este podría generar efectos adversos para repartidores, conductores y usuarios.

Lo cierto es que aún no hay consenso sobre este tema. El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce que la seguridad social como se conoce hasta ahora está asociada con el trabajo tradicional ligado a un solo empleador.

Pero con las plataformas de la gig economy este panorama cambia. Por ejemplo, en la actualidad, una sola persona puede estar inscrita en diversas aplicaciones, lo cual supone desafíos y nuevas aristas para una posible regulación.

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Los olvidados del capítulo laboral del tratado de América del Norte

Lidia evalúa su trabajo en la administración de un hotel entre claroscuros. Por un lado, valora que obtiene un salario adecuado pero, por otro, lamenta situaciones negativas cotidianas y de calado más estructural.

“Son jornadas largas, a veces el trato no es tan bueno, hay que aguantar regaños por los huéspedes, a veces el trabajo es excesivo y también hay quejas por el reparto de utilidades”, relató a IPS esta trabajadora de 31 años que por seguridad pidió no revelar su apellido.

Está empleada en el área de administración de un hotel de la llamada Riviera Maya, en Quintana Roo. La instalación recibe visitantes mexicanos y extranjeros.

“A veces ni siquiera hay inspecciones, tampoco sabemos qué pasa con las quejas, porque no hay clausuras o sanciones”, señaló Lidia, quien lamentó la tardanza y la disfuncionalidad de instancias para el trámite de las quejas en su puesto de trabajo y en general en la hotelería.

El sector hotelero  ocupa un sitial importante en la actividad económica de México, al aportar 8 % del producto interno bruto (PIB). Al sector va 75 % de las inversión turística y aglutina a más de 25 mil establecimientos y 867 mil habitaciones, cada una de las cuales genera 1.5 empleos, según cifras de la Secretaría de Turismo.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020 y que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, establece sectores estratégicos, como la industria automotriz, farmacéutica y tecnológica.

Pero soslaya a otros también importantes como el propio turismo y a aquellos vinculados con pequeñas y medianas empresas (pymes), vinculadas al circuito regional y de notable importancia económica en México.

A diferencia de su predecesor, el T-MEC incluye un capítulo laboral dentro del acuerdo. El mecanismo permite a Canadá y Estados Unidos presentar controversias sobre violaciones laborales en empresas y sectores productivos  mexicanos, pero no al revés.

Además de las solicitudes en virtud del capítulo laboral, el tratado incluye el innovador Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para instalaciones específicas, para emprender acciones inmediatas contra fábricas privadas acusadas de denegar a los trabajadores los derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, incluyendo sanciones.

El apartado establece la existencia en México del Comité Laboral Intersecretarial, responsable del monitoreo del cumplimiento del T-MEC y de recepción de denuncias.

Adicionalmente, estipula el contenido de valor laboral, por el cual al menos 40 % de los gastos laborales deben provenir de empleados con salarios de al menos 16 dólares por hora en 2023.

Álex Covarrubias, investigador del público y académico El Colegio de Sonora, analizó para IPS la dualidad del capítulo.

“En general el capítulo ha sido positivo, porque ha creado un ambiente laboral que en México no existía. Eso ha posibilitado un mayor respeto a los derechos laborales. Esto es válido para sectores estratégicos contemplados en el T-MEC”, dijo desde Hermosillo.

Pero advirtió que el acuerdo no ha superado este primer círculo concéntrico y ha dejado relegados a otros sectores que también son importantes dentro del acuerdo de libre comercio.

“El mundo del trabajo en México es mucho más extenso y particularmente hay pymes que no están en ese radar y allí las cosas pueden ser diferentes. Eso implica un riesgo de violaciones laborales. No llegan mecanismos de inspección laboral, en muchos casos no sabemos qué pasa allí”, puntualizó.

México vendió a Estados Unidos 472 mil millones de dólares en 2022 y 240 mil millones en el primer semestre de 2023, para convertirse en su principal socio comercial.

De ese monto, las pymes representan entre 15 % y 20 %, según el fondo privado estadounidense Drip Capital.

El problema de la solución al problema

Estados Unidos pone sobre todo la mira laboral a las fábricas que envían bienes a su mercado, después que el propio esquema de libre comercio generó un flujo de inversión extranjera directa y el traslado de la manufactura de suelo estadounidense al mexicano, por los costos menores y regulaciones laborales y ambientales más laxas.

Este fenómeno se ha conjuntado con prácticas nocivas en México, como los contratos  de protección laboral –aquellos de carácter colectivo suscritos sin conocimiento de los propios empleados-; impedimentos para la formación de uniones gremiales y la simulación de elecciones sindicales.

Frente a esto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social empujó la reforma laboral de 2019, que garantiza derechos laborales, libertad sindical y el fin de la subcontratación de terceros, conocida como externalización (outsourcing, en inglés).

En México, un país con 129 millones de habitantes y 60 millones de población económicamente activa, existen más de 3 mil sindicatos, de los que 30 % se consideran plenamente independientes. Los ramos textil, alimenticio, químico-farmacéutico son los que cuentan con mayor número de uniones gremiales, según datos oficiales.

Pero los mecanismos del T-MEC se han concentrado en los sectores de interés de Estados Unidos, a los que también se ha plegado Canadá.

Desde 2021, las autoridades laborales estadounidenses han recurrido en al menos 16 casos por violaciones al capítulo laboral, de los cuales 10 han procedido.

Los segundones

Un caso representativo de la falta de la relegación de sectores importantes para México es el del esquema de trabajo migratorio temporal, mediante el cual trabajadores rurales de México laboran en los campos estadounidenses y que está cubierto por el capítulo laboral del T-MEC.

Creada en los años 40 del siglo pasado para trabajadores extranjeros temporales sin calificación, las visas H-2 (A para empleados del campo y B, para tareas como jardinería, construcción y hotelería) han aumentado desde 2020 por la demanda estadounidense.

Ese año el gobierno estadounidense autorizó 201 123 visas H-2A, una alta cifra empujada por la pandemia de covid-19, y que creció 22 % en 2021, al llegar a 246 mil 738. El flujo decreció 20 %, a 196 mil 218 trabajadores, en 2022. En julio de este año, el acumulado sumó 202 mil 685 visas, el doble del mismo periodo en el año anterior.

Estados Unidos y México han idealizado el programa H-2A, pues resuelve falta de empleo en zonas rurales, fomenta el envío de remesas que le dan oxígeno financiero a esas áreas y atiende una demanda vital en centros productores de alimentos que proveen a los hogares estadounidenses.

Pero las personas padecen explotación laboral, retención de salarios, malas condiciones de trabajo y cobros indebidos.

A causa de la discriminación de género, las mexicanas Adareli Ponce y Maritza Pérez, empleadas bajo el esquema H-2, y una coalición binacional de organizaciones de la sociedad civil presentaron en 2021 una queja laboral en contra de Estados Unidos por irrespeto a la ley.

Aunque la demanda sigue irresuelta, Estados Unidos y México acordaron en enero la prohibición de la discriminación en la contratación, la transparencia de los datos relacionados al género, el mejoramiento del acceso a la justicia para las personas trabajadoras migrantes y educación sobre sus derechos, en lo que ha sido calificado como una decisión histórica para los migrantes temporales.

Previamente, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos dispuso medidas para el apoyo a víctimas y testigos de violaciones laborales que afectan a los trabajadores con visa H-2.

De vuelta al ramo hotelero, México es el séptimo destino turístico mundial. En el primer semestre de 2023, 1.58 millones de estadounidenses ingresaron vía aérea, 1 % menos que en ese mismo lapso de 2022. Pero las visitas canadienses saltaron de 859 mil 580 a 1.38 millones, un acrecentamiento de 61 %.

Se trata de una actividad que está bajo sospecha desde hace tiempo. A raíz de la pandemia, el no gubernamental Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos inquirió a siete hoteles sobre alegatos de despidos injustificados, vacaciones forzadas y la reducción de salarios en México. Solo dos cadenas contestaron.

El reto radica en la integración de otros sectores a la dinámica laboral del T-MEC. Así como el caso Ponce-Pérez pone a prueba el tratado, una queja procedente de otros segmentos puede movilizar el aparato laboral de los tres países involucrados.

Pero Lidia no sabía de la existencia del capítulo laboral, un desconocimiento generalizado entre miles de trabajadores de México.

“Necesitamos información sobre esos mecanismos, para acceder a ellos y que nuestros derechos sean respetados. Hay un sindicato, pero dudamos de su actuación”, dijo la trabajadora, en alusión al Sindicato Nacional de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes y Clubs Deportivos.

Para el académico Covarrubias, se necesita de mayores recursos, capacitación, formación y coordinación trilateral.

“No hay una respuesta simple, no es una tarea sencilla, hay que hacer una cantidad de cosas muy grandes. No ha habido continuidad de planes (gubernamentales) ni han llegado al grueso de la población. Hay esfuerzos, pero son gotas que caen en el mar, muy localizadas”, sostuvo.

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La OIT celebra el apoyo del G20 a las medidas para una transición justa

El Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, ha apreciado el apoyo de los líderes del G20 al Acelerador Mundial de las Naciones Unidas para el Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas .

En su Declaración final , los líderes del G20 se comprometieron a “apoyar los avances en la aplicación” del Acelerador Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa de la ONU dirigida por la OIT que pretende reunir a los Estados Miembros de la ONU y a una amplia gama de socios de los sectores público y privado para ayudar a crear 400 millones de empleos decentes y ampliar la cobertura de la protección social a los cuatro mil millones de personas actualmente excluidas.

Los dirigentes acordaron crear un nuevo Grupo de Trabajo para el Empoderamiento de la Mujer. Reafirmaron la importancia de la igualdad de género y la promoción de “la participación plena, igualitaria, efectiva y significativa de las mujeres en la economía como responsables de la toma de decisiones”, añadiendo que dicha inversión “tiene un efecto multiplicador en la implementación de la Agenda 2030”.

“Acojo con gran satisfacción el respaldo del G20 al Acelerador Mundial y su potencial para generar cambios y mejorar la vida laboral de cientos de millones de personas. La creación del grupo de trabajo para el empoderamiento de la mujer es también un avance histórico”, afirmó Houngbo. “Los líderes del G20 han avanzado en algunas de las cuestiones más cruciales del futuro del trabajo a las que nos enfrentamos si queremos construir un futuro sostenible y equitativo. Debemos aprovechar este impulso, especialmente en la Cumbre de la ONU sobre los ODS que se celebrará a finales de este mes.”

Tras dos días de debates, los líderes se comprometieron a promover un empleo sostenible, de calidad, saludable, seguro y remunerado, a abordar las brechas de competencias y a garantizar políticas de protección social inclusivas, adecuadas y financiadas de forma sostenible. Aprobaron una serie de prioridades políticas para “una protección social adecuada y sostenible y un trabajo decente para los trabajadores esporádicos y de plataformas digitales”

La Declaración también incluyó compromisos para promover una migración bien gestionada, aumentar los esfuerzos para eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de valor mundiales, apoyar el empleo juvenil y fomentar las capacidades para un desarrollo económico sostenible e integrador, incluida la ampliación de la cobertura de las bases de datos de Competencias para el Empleo de la OIT y la OCDE a los países del G20.

En su intervención en la Cumbre , Houngbo subrayó que las respuestas políticas eficaces al cambio climático deben cumplir tanto los objetivos climáticos como la creación de empleo decente. “Si no reconocemos estas cuestiones, una reacción social podría dificultar aún más la transición. Es esencial que logremos una transición justa…. que transforme la economía de una manera justa e inclusiva y que no deje a nadie atrás”, dijo, añadiendo que esto requeriría tres cosas: un diálogo social efectivo e inclusivo, nuevas estrategias de financiación para la protección social y la creación de empleos decentes. “El Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas puede desempeñar un papel fundamental en este sentido.

En referencia a la inclusión de la Unión Africana como miembro del G20, Houngbo señaló que “da voz en el G20 a 1.400 millones de personas de una región profundamente afectada por los retos económicos, sociales y medioambientales mundiales. Espero con interés ver el papel dinámico que desempeñará la Unión”.

Houngbo también abordó la cuestión del impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral. “La IA aumenta la necesidad de invertir en la cualificación de las personas”, afirmó. “Y también aumenta la necesidad de reforzar la protección y el empleo de los trabajadores de la economía de plataformas digitales. Las ganancias en productividad de la IA tendrán que ser compartidas por todos, para promover el desarrollo de la sociedad en la dirección de una mayor justicia social.”

La Cumbre de Líderes del G20 se celebró en Nueva Delhi (India) los días 9 y 10 de septiembre, bajo el lema “Una tierra, una familia, un futuro “. En 2024 la Presidencia rotatoria del G20 pasará a Brasil, que también acogerá la primera reunión del Grupo de Trabajo para el Empoderamiento de la Mujer.

CON INFORMACIÓN VÍA OIT/ILO

Día Internacional de la Juventud_ Capacitar a los jóvenes para un futuro sostenible

En el Día Internacional de la Juventud, el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, afirma que es necesario dotar a los jóvenes de competencias para la economía verde, a fin de que puedan encontrar empleos decentes y hacer del mundo un lugar mejor para las personas y el planeta.

En el Día Internacional de la Juventud, me uno a la comunidad mundial para celebrar el compromiso y las acciones de los jóvenes que intentan hacer del mundo un lugar mejor tanto para las personas como para el planeta.

Muchos jóvenes aspiran a carreras que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y fomenten la justicia social.

A medida que el mundo avanza hacia una economía con bajas emisiones de carbono, la aplicación de políticas de transición justa podría crear más de ocho millones de puestos de trabajo adicionales para los jóvenes de aquí a 2030.

Dotarles de competencias para la economía verde, incluidas las competencias digitales, les preparará para estos empleos.

La Iniciativa Mundial sobre Empleo Decente para los Jóvenes, dirigida por la OIT, trabaja con y para los jóvenes, de modo que podamos hacer que esto suceda.

Reúne los recursos y la experiencia de múltiples socios comprometidos con la ampliación de las acciones que aumentarán el empleo juvenil.

Únete a nosotros en la construcción de un futuro más sostenible para las generaciones futuras.

CON INFORMACIÓN VÍA ILO/OIT

TENDENCIAS_ Grupos de prensa exigen a pioneros de IA respetar propiedad intelectual

Las empresas pioneras en el campo de la inteligencia artificial (IA) deben respetar la propiedad intelectual de los medios de comunicación, y no utilizar indiscriminadamente su material, según una carta abierta publicada por grupos de prensa este miércoles.

La declaración, firmada entre otros por la Afp, Getty Images y la agencia de prensa estadunidense Associated Press, reconoce que “la inteligencia artificial (…) puede aportar beneficios significativos a la humanidad”.

“Históricamente el sector de los medios de comunicación ha acogido positivamente las nuevas tecnologías”, empezando por la imprenta, recuerda el texto.

Pero el ritmo actual de desarrollo de la IA “sobrepasa ampliamente todos los grandes saltos tecnológicos anteriores, potencialmente en perjuicio de los derechos de propiedad intelectual”, añade el texto.

Los robos conversacionales como ChatGPT, o generadores de imágenes como DALL-E 2, han sido desarrollados mediante una masiva utilización de datos provenientes de internet, de forma indiscriminada.

“La IA generativa y los modelos de lenguaje permiten a cualquier actor, sea cual sea su intención, producir y distribuir contenido sintético a una escala nunca vista”, advierten los firmantes.

Además de los problemas de propiedad intelectual, esos robots pueden producir noticias o imágenes falsas a partir de material periodístico verídico.

El desarrollo de estas máquinas capaces de interactuar y aprender a partir de las instrucciones de seres humanos exige “transparencia” y la apertura de negociaciones colectivas, según el texto.

Cualquier producto elaborado con la ayuda de la IA debe mencionarlo específicamente, piden los firmantes.

“Apoyamos totalmente los esfuerzos de gobiernos y grupos industriales para crear estándares mundiales coherentes, que puedan ser aplicados al desarrollo y al despliegue de la IA”, añaden.

Las principales empresas de internet, como Google, Meta o Microsoft, han invertido miles de millones de dólares en los robots conversacionales, al mismo tiempo que personalidades del sector como el multimillonario Elon Musk han advertido del grave problema que puede suponer esta nueva herramienta.

En julio esas empresas se comprometieron a utilizar filigranas digitales para marcar el contenido de productos elaborados con IA.

Con información vía LA JORNADA

El Círculo Rojo. Un verano de huelgas en Estados Unidos

Estados Unidos vive un verano con varias olas, una es la de calor, la otra más refrescante es la de huelgas en reclamo por derechos laborales.

Unos programas atrás Celeste nos contó sobre la huelga en Hollywood, que por primera vez desde 1960, ve como guionistas, actores y actrices hacen huelga de forma simultánea. (ver Info)

Pero a estos se suman las huelgas entre los repartidores, maestros, trabajadores de hoteles y otros sectores.

Sumemos que la tendencia a tener representación sindical se mantiene. La última noticia la dieron los artistas de efectos visuales que trabajan para Marvel Studios votaron a favor de su sindicalización.

Varios medios señalan a los trabajadores de Starbucks como los que comenzaron esta ola de huelgas. La compañía se negó a negociar un primer contrato y se declararon en huelga en más de 150 bares en todo el país a principios del verano.

Luego fueron a la huelga los conductores de Amazon, el personal de hoteles en California, trabajadores de la salud y docentes. Sumemos la posibilidad de una huelga del sindicato United Auto Workers por los contratos laborales en los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses.

Es interesante también tener en cuenta las huelgas que finalmente no se hicieron, como la de los trabajadores de UPS, una empresa clave en el sector de distribución. La compañía finalmente aceptó varios pedidos de los trabajadores para evitar una huelga que podía tener un impacto nacional.

Según el sitio Bloomberg Law en lo que va del 2023 se han producido 177 paros. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos durante las décadas de 1980-90 la sindicalización cayó producto de la ofensiva neoliberal.

El apoyo público a los sindicatos se encuentra en su nivel más alto desde 1965, según la encuestadora Gallup. Muchas personas que nunca habían oído hablar de los sindicatos ahora los conocen. “Todo el mundo sabe cuándo Brad Pitt está en huelga”.

La mayoría de las huelgas se dan por mejoras salariales y mejores condiciones laborales. No se trata solo de tener un mejor sueldo, también hay una pelea por recuperar beneficios sociales.

En un artículo que leí, el director de estudios laborales en la Escuela ILR de la Universidad de Cornell, resumía el estado de ánimo: “Si los multimillonarios tienen suficiente dinero para volar al espacio y vos no podes pagar el alquiler, no tienes simpatía por la empresa”.

Hay algo que resume el momento. Se lo dijo la presidenta del sindicato de actores, Fran Drescher, a las grandes empresas de cine y televisión “Compartan la riqueza porque no pueden existir sin nosotros”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA IZQUIERDA DIARIO

Gana sindicato independiente representación legal de Goodyear en SLP

El sindicato independiente de Goodyear en San Luis Potosí ganó el decidir la administración del contrato de ley de la empresa hulera en lugar de un Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México(CTM).

En conferencia de prensa la Federación de Sindicatos Independientes de la Industria Automotriz de Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FEESSIIAAAN) anunció que con esta decisión entre el 7 y 8 de agosto, el sindicato independiente de la empresa ganó a través de una votación de 900 a favor y el 96 por ciento de los votos fueron considerados.
Los representantes sindicales señalaron que entre los beneficios que obtendrán más de mil 140 trabajadores y sus familias son más de 40 días de aguinaldo, una jornada de 40 horas a la semana, tendrán más fondo de ahorro, más prima vacacional, entre otros.

Beneficios que deberán iniciar formalmente antes de enero de 2024 en la planta.

Además de un pago retroactivo antes del 19 de octubre

Los representantes sindicales señalaron que a pesar de que aún observan diversas desigualdades, ven esto como un avance para hacer valer los derechos de los trabajadores en el país y que se terminen los sindicatos “charros”.

Por lo que pidieron al gobierno mexicano seguir trabajando para que más casos como el suyo se resuelvan, ya que afirmaron que aún hay empresas que manejan contratos colectivos ilegales en el país.

“Sería una gran oportunidad para que las personas de esas empresas se organicen de manera auténtica (…) cualquiera que quiera luchar por un sindicato independiente, son bienvenidos”, resaltaron los líderes sindicales.

Recordaron que el proceso de los trabajadores de Goodyear inició en 2018, después de que un grupo de trabajadores se enteraron que estaban bajo un contrato de ley, pero a ellos los tenían en un contrato grupal.

Aseguran que tras eso grupo de ellos fue despedido y muchos más acosados, hasta que el caso llegó hasta una de las peticiones de Estados Unidos a México por el respeto a los derechos de los trabajadores.

Fue el 18 de julio de este año que tanto el gobierno de México como Estados Unidos firmaron un plan de remediación bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado de Libre Comercio(T-MEC).

La STPS no tiene “lista negra” de empresas por outsourcing, pero sí más inspecciones

Las inspecciones extraordinarias para verificar el cumplimiento del nuevo régimen de subcontratación en las empresas son cada vez más comunes, coincidieron abogados laboralistas, y esta tendencia no se espera que se revierta en el corto plazo.

“Estamos bajo la lupa internacional en temas laborales”, señaló Hugo Hernández-Ojeda Alvírez, socio líder de la práctica de Laboral, Pensiones y Seguridad Social de Hogan Lovells. A decir del especialista, las inspecciones de las autoridades para verificar el cumplimiento de la reforma de outsourcing han crecido y no se espera que disminuyan en el corto plazo.

“Las inspecciones extraordinarias son cada vez más comunes y esto no va a parar y seguirá por todos los compromisos internacionales que tenemos como país, ya sea a través de los tratados comerciales y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, indicó el especialista.

Este escenario plantea la importancia de que las empresas revisen sus niveles de cumplimiento en torno a las nuevas reglas de subcontratación de servicios especializados que se establecieron en 2021dijo el abobado laboralista durante su ponencia en el foro A 2 años de la reforma de subcontratación de personal organizado por la firma Kelly.

“No hay manera de evitar estas inspecciones. Deben atenderse y proveer a los inspectores la información que solicitan. Si no se cuenta con la información, es bueno mencionarlo; la idea es cumplir al 100% de las reglas laborales. Siempre es más barato para un patrón cumplir con esas reglas que estar después impugnando”, puntualizó.

Para este año, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene proyectadas 42,000 inspecciones a empresas, el 71.5% serán extraordinarias, es decir, se desahogarán sin previo aviso y en cuanto el inspector se presente al centro de trabajo. De acuerdo con el programa de inspección 2023, el régimen de subcontratación es el noveno incumplimiento más recurrente identificado por la autoridad en las visitas de verificación.Sin embargo, Hugo Hernández-Ojeda subrayó que la STPS no tiene una lista negra de empresas por el tema del outsourcing y las inspecciones por la contratación de servicios especializados es por el cruce de información y por la presentación de denuncias. “Creo que las reclamaciones vienen desde adentro y pueden ser los sindicatos, los trabajadores o hasta la competencia”.

Por otra parte, en su participación en el foro, Rosario Lombera, socia de la Práctica Laboral de Baker McKenzie, reconoció que después de dos años de vigencia de las nuevas reglas de subcontratación, las empresas tienen más claridad en las disposiciones y los criterios de la autoridad.“Existe la certeza jurídica suficiente para poder contratar empresas que siempre han prestado servicios especializados a aquellas que han logrado reconvertirse, siempre que los servicios no estén incluidos en el objeto social o actividad principal y, con ello, las empresas que subcontratan un servicio podrán pasar de manera exitosa una inspección. Sabemos que lo único adicional que nos van a solicitar si estamos subcontratando servicios, es nuestra acta constitutiva, objetos sociales, procesos productivos, actividad económica, el nombre del proveedor, su registro ante el IMSS, el número de empleados asignados, su Repse”, apuntó la especialista.En este sentido, agregó la abogada, la información que solicitan las autoridades para verificar el cumplimiento del régimen de subcontratación de servicios especializados no es de difícil acceso. “No existe motivo para no poderla guardar y archivar para el momento en el que se presente una inspección”.

¿Cómo reaccionar ante una inspección?

Desde la perspectiva de Hugo Hernández-Ojeda, las inspecciones tienen un aspecto positivo para las empresas, incluso pueden convertirse en una herramienta para identificar el nivel de cumplimiento y los puntos regulatorios que deben reforzarse.

Para atender una inspección, el especialista les recomendó a las empresas:

  • Contar con un archivo con los principales documentos que solicitan los inspectores
  • Atender la visita con personal de Recursos Humanos y el área legal
  • Permitir la libre interacción del inspector con trabajadores y empleadores
  • No percibir al inspector como un enemigo
  • Avisar al área legal externa sobre la visita

Pero el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, opinó, no debe hacerse sólo para evitar inspecciones. “Debe ser algo del día a día. Los patrones deben estar conscientes del cumplimiento de sus obligaciones con sus trabajadores, porque eso genera trabajo digno, mayor productividad y una mejor relación”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

El 80% de los contratos colectivos pasó a la historia, la mayoría eran de protección

Más 100,000 contratos colectivos no pasaron la prueba de fuego tras concluir la última fecha del proceso de legitimación establecido en la legislación. La mayoría de estos acuerdos tenía condiciones negociadas entre sindicatos y empresas, sin la participación de los trabajadores.

El último plazo de la reforma laboral de 2019 llegó. El 31 de julio fue el último día para que los sindicatos realizaran las consultas a sus agremiados para legitimar los contratos colectivos de trabajo (CCT) y con ello, oficialmente desaparecieron más de 100,000 contratos, la mayoría de ellos de protección patronal.El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que luego del último plazo para realizar las consultas a los trabajadores, 27,336 CCT fueron legitimados, de un universo de 139,000 contratos. Aunque hay 3,855 procesos de consulta pendientes de dictaminarse, hasta ahora el 19.6% de estos documentos obtuvieron el respaldo de los empleados sindicalizados.

La legitimación de contratos colectivos fue una disposición establecida con la reforma laboral de 2019 que tuvo entre sus ejes las nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva. El objetivo de este procedimiento fue obtener el respaldo de los trabajadores mediante el voto libre, personal, directo y secreto de las condiciones laborales que los protegían.

“Este proceso histórico significa terminar con la simulación que prevalecía en materia de contratación colectiva, al quedar vigentes solo aquellos contratos que cuentan con el respaldo de sus trabajadores, por lo que ahora se tienen sindicatos con mayor representatividad y se colocan los cimientos para la recuperación de la negociación colectiva auténtica”, señaló el CFCRL en un comunicado.El objetivo de este proceso fue además depurar los acuerdos firmados entre sindicatos y empresas que no contaban con el apoyo de los trabajadores y contenían las prestaciones mínimas de ley; es decir, una simulación de negociación colectiva conocida como contratos de protección patronal.

La desaparición de los CCT que no fueron legitimados no significa la pérdida de las prestaciones que estos contenían. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 2019 contempló que las condiciones laborales quedaran protegidas en contratos individuales al dejar de existir los acuerdos que no contaron con el respaldo de los agremiados o que ni siquiera fueron sometidos a consulta.

De hecho, el CFCRL indicó que hasta ahora 596 contratos colectivos no obtuvieron el respaldo de los trabajadores y se declararon terminados, casi el 2% de todos los acuerdos sometidos a consulta. De este universo, algunos contratos han sido rechazados pese a contar con prestaciones superiores.

“El tema es interesante. Esto ha pasado con algunos sindicatos con contratos colectivos más o menos estándar y que tienen participación de trabajadores. Incluso hay revisiones contractuales en los que los trabajadores votan en contra de la revisión, pero por la forma en la que el sindicato ha proceso la negociación. No es el qué, sino el cómo.

“En otros casos, aunque hay sindicatos que consiguen buenas prestaciones, son sindicatos que no hacen asambleas o con líderes que no son cercanos. En estos casos, la gente no vota en contra del contrato, sino de quienes lo administran”, reconoció Alfredo Domínguez Marrufo, director general del CFCRL, en rueda de prensa.

La posibilidad de conservar las prestaciones, salarios y beneficios en contratos individuales, apuntó el funcionario federal, ha abonado a que algunos trabajadores voten en contra del contenido de los acuerdos colectivos, pero como una muestra de rechazo a la dirigencia sindical. “Los trabajadores no se quedan desprotegidos donde se terminaron los contratos colectivos que no se sometieron a consulta”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA