Lidia evalúa su trabajo en la administración de un hotel entre claroscuros. Por un lado, valora que obtiene un salario adecuado pero, por otro, lamenta situaciones negativas cotidianas y de calado más estructural.

“Son jornadas largas, a veces el trato no es tan bueno, hay que aguantar regaños por los huéspedes, a veces el trabajo es excesivo y también hay quejas por el reparto de utilidades”, relató a IPS esta trabajadora de 31 años que por seguridad pidió no revelar su apellido.

Está empleada en el área de administración de un hotel de la llamada Riviera Maya, en Quintana Roo. La instalación recibe visitantes mexicanos y extranjeros.

“A veces ni siquiera hay inspecciones, tampoco sabemos qué pasa con las quejas, porque no hay clausuras o sanciones”, señaló Lidia, quien lamentó la tardanza y la disfuncionalidad de instancias para el trámite de las quejas en su puesto de trabajo y en general en la hotelería.

El sector hotelero  ocupa un sitial importante en la actividad económica de México, al aportar 8 % del producto interno bruto (PIB). Al sector va 75 % de las inversión turística y aglutina a más de 25 mil establecimientos y 867 mil habitaciones, cada una de las cuales genera 1.5 empleos, según cifras de la Secretaría de Turismo.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020 y que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, establece sectores estratégicos, como la industria automotriz, farmacéutica y tecnológica.

Pero soslaya a otros también importantes como el propio turismo y a aquellos vinculados con pequeñas y medianas empresas (pymes), vinculadas al circuito regional y de notable importancia económica en México.

A diferencia de su predecesor, el T-MEC incluye un capítulo laboral dentro del acuerdo. El mecanismo permite a Canadá y Estados Unidos presentar controversias sobre violaciones laborales en empresas y sectores productivos  mexicanos, pero no al revés.

Además de las solicitudes en virtud del capítulo laboral, el tratado incluye el innovador Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para instalaciones específicas, para emprender acciones inmediatas contra fábricas privadas acusadas de denegar a los trabajadores los derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, incluyendo sanciones.

El apartado establece la existencia en México del Comité Laboral Intersecretarial, responsable del monitoreo del cumplimiento del T-MEC y de recepción de denuncias.

Adicionalmente, estipula el contenido de valor laboral, por el cual al menos 40 % de los gastos laborales deben provenir de empleados con salarios de al menos 16 dólares por hora en 2023.

Álex Covarrubias, investigador del público y académico El Colegio de Sonora, analizó para IPS la dualidad del capítulo.

“En general el capítulo ha sido positivo, porque ha creado un ambiente laboral que en México no existía. Eso ha posibilitado un mayor respeto a los derechos laborales. Esto es válido para sectores estratégicos contemplados en el T-MEC”, dijo desde Hermosillo.

Pero advirtió que el acuerdo no ha superado este primer círculo concéntrico y ha dejado relegados a otros sectores que también son importantes dentro del acuerdo de libre comercio.

“El mundo del trabajo en México es mucho más extenso y particularmente hay pymes que no están en ese radar y allí las cosas pueden ser diferentes. Eso implica un riesgo de violaciones laborales. No llegan mecanismos de inspección laboral, en muchos casos no sabemos qué pasa allí”, puntualizó.

México vendió a Estados Unidos 472 mil millones de dólares en 2022 y 240 mil millones en el primer semestre de 2023, para convertirse en su principal socio comercial.

De ese monto, las pymes representan entre 15 % y 20 %, según el fondo privado estadounidense Drip Capital.

El problema de la solución al problema

Estados Unidos pone sobre todo la mira laboral a las fábricas que envían bienes a su mercado, después que el propio esquema de libre comercio generó un flujo de inversión extranjera directa y el traslado de la manufactura de suelo estadounidense al mexicano, por los costos menores y regulaciones laborales y ambientales más laxas.

Este fenómeno se ha conjuntado con prácticas nocivas en México, como los contratos  de protección laboral –aquellos de carácter colectivo suscritos sin conocimiento de los propios empleados-; impedimentos para la formación de uniones gremiales y la simulación de elecciones sindicales.

Frente a esto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social empujó la reforma laboral de 2019, que garantiza derechos laborales, libertad sindical y el fin de la subcontratación de terceros, conocida como externalización (outsourcing, en inglés).

En México, un país con 129 millones de habitantes y 60 millones de población económicamente activa, existen más de 3 mil sindicatos, de los que 30 % se consideran plenamente independientes. Los ramos textil, alimenticio, químico-farmacéutico son los que cuentan con mayor número de uniones gremiales, según datos oficiales.

Pero los mecanismos del T-MEC se han concentrado en los sectores de interés de Estados Unidos, a los que también se ha plegado Canadá.

Desde 2021, las autoridades laborales estadounidenses han recurrido en al menos 16 casos por violaciones al capítulo laboral, de los cuales 10 han procedido.

Los segundones

Un caso representativo de la falta de la relegación de sectores importantes para México es el del esquema de trabajo migratorio temporal, mediante el cual trabajadores rurales de México laboran en los campos estadounidenses y que está cubierto por el capítulo laboral del T-MEC.

Creada en los años 40 del siglo pasado para trabajadores extranjeros temporales sin calificación, las visas H-2 (A para empleados del campo y B, para tareas como jardinería, construcción y hotelería) han aumentado desde 2020 por la demanda estadounidense.

Ese año el gobierno estadounidense autorizó 201 123 visas H-2A, una alta cifra empujada por la pandemia de covid-19, y que creció 22 % en 2021, al llegar a 246 mil 738. El flujo decreció 20 %, a 196 mil 218 trabajadores, en 2022. En julio de este año, el acumulado sumó 202 mil 685 visas, el doble del mismo periodo en el año anterior.

Estados Unidos y México han idealizado el programa H-2A, pues resuelve falta de empleo en zonas rurales, fomenta el envío de remesas que le dan oxígeno financiero a esas áreas y atiende una demanda vital en centros productores de alimentos que proveen a los hogares estadounidenses.

Pero las personas padecen explotación laboral, retención de salarios, malas condiciones de trabajo y cobros indebidos.

A causa de la discriminación de género, las mexicanas Adareli Ponce y Maritza Pérez, empleadas bajo el esquema H-2, y una coalición binacional de organizaciones de la sociedad civil presentaron en 2021 una queja laboral en contra de Estados Unidos por irrespeto a la ley.

Aunque la demanda sigue irresuelta, Estados Unidos y México acordaron en enero la prohibición de la discriminación en la contratación, la transparencia de los datos relacionados al género, el mejoramiento del acceso a la justicia para las personas trabajadoras migrantes y educación sobre sus derechos, en lo que ha sido calificado como una decisión histórica para los migrantes temporales.

Previamente, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos dispuso medidas para el apoyo a víctimas y testigos de violaciones laborales que afectan a los trabajadores con visa H-2.

De vuelta al ramo hotelero, México es el séptimo destino turístico mundial. En el primer semestre de 2023, 1.58 millones de estadounidenses ingresaron vía aérea, 1 % menos que en ese mismo lapso de 2022. Pero las visitas canadienses saltaron de 859 mil 580 a 1.38 millones, un acrecentamiento de 61 %.

Se trata de una actividad que está bajo sospecha desde hace tiempo. A raíz de la pandemia, el no gubernamental Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos inquirió a siete hoteles sobre alegatos de despidos injustificados, vacaciones forzadas y la reducción de salarios en México. Solo dos cadenas contestaron.

El reto radica en la integración de otros sectores a la dinámica laboral del T-MEC. Así como el caso Ponce-Pérez pone a prueba el tratado, una queja procedente de otros segmentos puede movilizar el aparato laboral de los tres países involucrados.

Pero Lidia no sabía de la existencia del capítulo laboral, un desconocimiento generalizado entre miles de trabajadores de México.

“Necesitamos información sobre esos mecanismos, para acceder a ellos y que nuestros derechos sean respetados. Hay un sindicato, pero dudamos de su actuación”, dijo la trabajadora, en alusión al Sindicato Nacional de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes y Clubs Deportivos.

Para el académico Covarrubias, se necesita de mayores recursos, capacitación, formación y coordinación trilateral.

“No hay una respuesta simple, no es una tarea sencilla, hay que hacer una cantidad de cosas muy grandes. No ha habido continuidad de planes (gubernamentales) ni han llegado al grueso de la población. Hay esfuerzos, pero son gotas que caen en el mar, muy localizadas”, sostuvo.

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