OPINIÓN: Preponderancia digital, otra locura

Está de moda intentar regular el ciberespacio y las empresas de Internet (sobre todo las grandotas); ahora se inventan la preponderancia digital.

El diputado Javier Hidalgo (Morena) propone adicionar el artículo 262 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determine la existencia de agentes económicos preponderantes en el sector digital (la preponderancia ya existe desde 2013 en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones).

La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de Ley Federal de Protección al Usuario Digital. El legislador también es autor de la Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital, la cual crea las bases y procedimientos para expedir la Cédula de Identidad Digital como identificación oficial. Pero la preponderancia digital es un resbalón del diputado.

Quiero agradecerle al legislador porque su iniciativa permite reforzar el argumento de que el concepto de preponderancia nunca debió contemplarse para regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión… y que además debería desaparecer. Llama la atención leer comentarios en Twitter de personas que han defendido la preponderancia en esos dos sectores, pero expresan sus dudas en el digital. Qué incongruencia.

Claro, porque la preponderancia es un concepto -hasta antes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones 2013- inexistente en la regulación económica. El concepto correcto es “poder sustancial de mercado” y está claramente previsto en la Ley Federal de Competencia Económica.

Gabriel Contreras, ex presidente del IFT y autor del libro Reforma en materia de telecomunicaciones (FCE, 2018), reconoce que “los ‘agentes económicos preponderantes’ son una figura novedosa en el derecho mexicano. Antes de ésta, la regulación asimétrica derivaba de la existencia de poder sustancial en el mercado, lo que se acredita mediante procedimientos especiales previstos en el marco legal de competencia, como se observa también en el derecho comparado”.

Contreras detalla que “se optó por incluir esta figura desde la propia Constitución, con el objeto de determinar la existencia de estos agentes mediante procedimientos abreviados y bajo el análisis de datos objetivos, que no requieren los análisis específicos de mercados, que suelen hacerse en estos procedimientos”.

Como se reconoce, la preponderancia fue la solución política y económica que encontraron los legisladores para regular de forma inmediata (sin investigación de poder sustancial) a Televisa en radiodifusión (pero excluirla de la televisión de paga donde concentra 64% del mercado) y a América Móvil en telecomunicaciones (que tiene prohibido ofrecer el servicio de TV de paga).

Desde que se conoció la iniciativa de reforma constitucional, y después durante la discusión de la ley secundaria, varios advertimos la incongruencia de definir la preponderancia por sector y no por servicio. A otros les convino la existencia de preponderantes por sector, pero ahora la iniciativa de Hidalgo permite exhibir la inconsistencia conceptual.

No quiero darle ideas, pero al diputado se le olvidó que las características del agente económico preponderante están definidas en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de 2013, es decir, desde la Carta Magna, y que el Congreso dio un plazo de 180 días al IFT para determinar la existencia de preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior no ocurre con la preponderancia digital.

Un agente económico preponderante en el sector digital sería aquel que tenga una participación nacional mayor a 50%, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el IFT.

Ahora llevemos el silogismo y la inconsistencia conceptual de la preponderancia al sector digital. La preponderancia es una situación de superioridad que tiene un hecho o una cosa frente a otra. Si Televisa fue declarada preponderante en el sector de la radiodifusión por concentrar más de 50% de la audiencia y América Móvil en el sector de telecomunicaciones por tener más del 50% de los suscriptores en los servicios móviles y fijos (excepto TV de paga), el regulador la volverá a tener fácil.

El IFT sólo tendrá que seleccionar a la empresa digital más grandota (porque de eso se trata la preponderancia y porque esa es la obsesión del regulador) y declararla como agente económico preponderante en el sector digital. Desde luego, sin precisar el mercado relevante ni el insumo esencial y sin necesidad de iniciar una investigación de poder sustancial de mercado.

Podría ser Google, aprovechando que la Autoridad Investigadora del IFT ya inició de oficio un procedimiento contra una empresa con el perfil del gigante de Internet, para “determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y relacionados”.

El diputado Hidalgo no se percató de que al declarar a un agente económico como preponderante en el sector digital, ya no se puede hacer con ninguna otra empresa. Sólo Televisa lo es en radiodifusión, sólo AMX en telecomunicaciones y ¿sólo Google (o Facebook o Amazon o Twitter o Uber o Netflix o Apple) en el unisector digital? Así de ilógico.

Pero la iniciativa sí podría tener adeptos. El primero de ellos el IFT, que se encuentra en un conflicto competencial con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre la regulación de los mercados digitales. Ya ocurrió en el caso Uber-Cornershop a favor de la Cofece. La propuesta del diputado Hidalgo le asigna al IFT lo que tanto desea: la regulación del sector digital ¡en charola de plata!: preponderancia digital. En cambio, no creo que la iniciativa le guste a la Cofece, que no tiene la atribución para declarar a agentes económicos preponderantes, pero sí para determinar mercados relevantes, poder sustancial e insumos esenciales en los mercados digitales, previa identificación de un problema de competencia o libre concurrencia.

¿Se discutirá y pasará en el Congreso la aberración conceptual de la preponderancia digital? Si es así, quienes han defendido la preponderancia resbalarán en el mucho más complejo sector digital. Y la historia tendrá varias secuelas, la principal: la batalla por el protagonismo regulatorio digital entre IFT vs. Cofece. Gracias, diputado.

Opinión de Jorge Bravo vía El Economista

Jorge Bravo es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Mario Patrón: Austeridad vs organismos autónomos

En días recientes, en el espacio público ha destacado el debate sobre la pertinencia de los organismos constitucionalmente autónomos, a raíz de la intención expresada por el Presidente de eliminar al menos algunos de ellos y que sus funciones sean subsumidas por distintas secretarías de Estado.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se expresa en términos críticos sobre los organismos públicos autónomos. Se ha referido a ellos como espacios cooptados por los grupos que históricamente han detentado el poder en nuestro país y les ha reprochado por aportar poco o nada a la democracia formal. El argumento central que el Presidente ha esgrimido para defender la pertinencia de su desaparición ha sido el imperativo de la austeridad y la correlativa necesidad de recortar el gasto público. A partir de lo dicho por AMLO, los primeros en sufrir la supresión serían el INAI, el IFT, la Cofece, la CRE y la CNH; aunque lo cierto es que desde el diseño del presupuesto para 2021 los primeros damnificados han sido la CNDH y el INE.

Las posiciones absolutistas fijadas por el jefe del Ejecutivo han generado opiniones encontradas y han acentuado el clima de polarización en el debate público, como ocurrió en temas como los fideicomisos públicos o la libertad de expresión. En casos como el que nos ocupa, el Presidente ha recurrido a afirmaciones sin matices que reducen la lectura de la realidad a una polaridad de blancos y negros, de buenos y malos, cuando en honor a la verdad se trata de temas complejos y con una historia de vicisitudes detrás de sí, que son cruciales para nuestra frágil democracia, para cuyo análisis se debería partir de diagnósticos profundos basados en información rigurosa, así como de una discusión pública que conduzca a tomar medidas diferenciadas con cada uno de ellos.

Los organismos constitucionales autónomos surgieron en la institucionalidad mexicana como una apuesta por blindar de injerencias políticas asuntos centrales de la vida nacional; es decir, ante las evidencias de que la división clásica de poderes no era un esquema de pesos y contrapesos suficiente, se apostó por generar órganos que no dependieran de ningún poder y que estuviesen dotados de al menos tres condiciones de autonomía: la técnica, la de gestión y la financiera. Así, casos centrales como política económica, derechos humanos, democracia procedimental, derecho al acceso a la información pública y telecomunicaciones, entre otros, fueron encargados a órganos garantes como la CNDH, Banco de México, INE e INAI.

Es documentadamente cierto que, como lo ha afirmado López Obrador, muchos de estos organismos autónomos, se pervirtieron, se politizaron e incluso adoptaron como práctica cotidiana el despilfarro y la gestión de intereses grupales, en contradicción con su vocación. Sin embargo, hoy una discusión de fondo sobre dichos organismos no puede reducirse a la primacía sin más del ahorro presupuestal, pues ello supone simplificar la discusión sobre el futuro que deseamos para México. Es preciso partir de diagnósticos institucionales particulares y discutirlos desde una perspectiva sistémica, puesto que el criterio central es el papel que están llamados a jugar como dispositivos democráticos tan eficientes como eficaces para evitar las injerencias facciosas y para ser contrapesos calificados y efectivos en materia de decisiones públicas.

El argumento de los ahorros presupuestales es insuficiente. La naturaleza teleológica del ejercicio de la autonomía institucional busca acotar poderes desmedidos, particularmente del Ejecutivo, y someterlos a controles democráticos. Más aún, cuando varios de estos organismos autónomos nacieron como consecuencia de luchas de reivindicación de diversos derechos reconocidos en la Constitución como de los que son garantes INE, CNDH e INAI.

La medida anunciada por AMLO apunta en el sentido contrario, al señalar que serían las secretarías de Estado las que subsumirían dichas funciones, lo cual las coloca en una situación incompatible de juez y parte. Con ello, el Presidente no hace sino fortalecer los argumentos de quienes lo acusan de estar movido por tentaciones centralizadoras y de acumulación de poder.

Si bien es cierto que en la historia reciente de México ha existido lo que algunos han denominado una fiebre autonomista que llevó a recurrir de manera desmedida a la figura de los órganos constitucionalmente autónomos, no todos los casos obedecen a esa dinámica. Fue en 1994 que se declaró la autonomía del Banco de México para blindar la política monetaria, y en 1996 se le dio plena autonomía al IFE –hoy INE– para salvaguardar la democracia formal y otorgar mayor independencia y legitimidad a los procesos electorales. Luego, en 1999 se dota de autonomía a la CNDH para crear un sistema de protección de los derechos fundamentales y en 2008 se declara la autonomía del Inegi; sin embargo, es a partir del sexenio de Peña Nieto cuando se crean un sinfín de organismos autónomos como el IFT, la Cofece, CNH, INAI, INEE y la CRE.

Así, parece prudente plantear un debate que se abra paso entre dos polos: la tentación centralizadora del poder, hoy argumentada en torno del ideal de la austeridad republicana y, una febril propensión autonomista. Una elemental conclusión preliminar nos dice que la solución no radica en la eliminación a rajatabla de los organismos públicos, sino en actualizar la perspectiva que dio nacimiento a la figura de la autonomía para evaluar y juzgar cada caso, y adecuar los organismos autónomos a las necesidades y condiciones que se viven, a partir de un reconocimiento de la inmadurez e insuficiencia de nuestra democracia.

Con información vía La Jornada

OPINIÓN: ¿Deben desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos?

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

Una nueva discusión se ha puesto sobre la mesa: la desaparición o no de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), esto derivado del alto costo y el nulo beneficio social que estos organismos estarían obligados a otorgar. Así mismo, las denuncias del presidente López Obrador contra los llamados OCAs, han sido puntuales y duras, esto durante el marco de las conferencias matutinas que él mismo encabeza.

La aparición de estos organismos prolifero con las reformas constitucionales llevadas a cabo durante la administración federal anterior. La transformación del IFE a INE, la creación de la CRE, la COFECE y el IFT, así como la reestructura del INAI y otros institutos más. Cada órgano tiene funciones administrativas o técnicas, dependiendo de la ley y la intención de su creación, es decir, los administrativos, por ejemplo, son el INE, el INAI y el INEGI, por otro lado, tenemos a los reguladores-técnicos como la COFECE o el IFT.

La intención de generar organismos autónomos es una idea completamente derivada del neoliberalismo, esto con la finalidad de dejar al estado fuera de decisiones y sin rectoría de sectores estratégicos y de gran calado, tal y como lo son las telecomunicaciones o el energético, mismos que siempre han estado en la mira de las privatizaciones.

La regulación económica en nuestro país pretende privilegiar exclusivamente a la competencia económica y no es que la competencia sea mala; sin embargo, cuando la regulación se basa en una lógica política y no técnica, es cuando tenemos una serie de favoritismos y los institutos encargados de regular los mercados de sectores definidos terminan siendo cooptados por los privados, que a su vez terminan buscando beneficios competitivos en el mercado.

Los recursos económicos que absorben estos institutos resultan ser bastante onerosos, para ejemplo, tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues en el presupuesto federal del año 2020, el funcionamiento del IFT costo al erario 1,500 millones de pesos.

La regulación es una herramienta económica que supone la necesidad de una autoridad que modere la competencia en los mercados, que exista la libre concurrencia y competencia en sectores definidos. La lógica neoliberal piensa que la regulación es una forma de eliminar la participación del gobierno en los mercados y busca aumentar la participación de competidores, implementando estructuras legislativas, jurídicas y técnicas, haciendo ver que el estado no cuenta con la capacidad suficiente para administrar, decidir y deliberar sobre los posibles conflictos derivados de practicas anticompetitivas en el mercado, como las que posiblemente pudiesen llevar a cabo monopolios, ya sean privados o estatales, pero sobre todo, la visión radica en eliminar la participación del estado en actividades productivas.

Se supone que la competencia debe abaratar servicios y productos, que mientras más competencia exista, los costos de producción se abaraten y con ello, el costo al consumidor final sea el menor posible con una variedad de opciones para elegir la contratación de un servicio o la compra de un producto en especifico. La formula falla cuando los reguladores deciden llevar a cabo decisiones que suponen asimetrías a falta de un mercado sano, es decir, los reguladores pretenden hacer uso de herramientas económicas como economías de escalas o estudios de mercado que les ayuden a tomar decisiones que, a su vez, defina la capacidad competitiva de los participantes del sector o en su defecto, que los participantes de los mercados no hagan uso de prácticas anticompetitivas.

 La cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones el IFT ejerce su autoridad regulatoria por medio de una regulación exante, que se manifiesta cuando un mercado como es el de las telecomunicaciones, de un alto dinamismo y costo en inversiones se prevé como falta de operadores. El regulador ha supuesto que como Telmex ya era un monopolio natural, ya que, venía de una privatización, contaba con todos los insumos de red, así como infraestructura y recursos laborales y económicos, por lo que, con su lógica de regulación exante, da la oportunidad a los operadores entrantes de contar con privilegios competitivos y un subsidio directo del operador incumbente, que en México fue llamado “preponderante”, al mismo tiempo en que el IFT impuso reglas asimétricas al llamado Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones, por lo que hoy en día, tenemos un mercado de bajo rendimiento, pérdidas económica y mucha desinversión, pues el regulador tomo decisiones políticas y no técnicas.

En nuestro país, los OCAs se han considerado a sí mismos como contrapesos al gobierno, esto queda claro en una respuesta que el INAI hace de conocimiento público al presidente López Obrador, esto después de que el presidente dijera en su conferencia matutina del pasado lunes 4 de enero de este año que inicia, que las funciones del INAI las pudiese ejecutar la Secretaría de la Función Pública, ya que dichas funciones son sobre la transparencia e información pública y que lo que hace el IFT, lo ejecute la SCT, según el presidente esto se traduciría en millones de pesos en ahorros e implícitamente, le retornaría al estado la rectoría de sectores estratégicos.

Sin duda alguna, la creación en 2013 de estos organismos dio la oportunidad al gobierno que encabezaba Peña Nieto, la posibilidad de mantener aliados políticos en puestos transexenales, tal y como lo podemos observar en el caso del Instituto Nacional Electoral con su consejero presidente Lorenzo Córdova, que en lugar de actuar como arbitro electoral, parece un actor político más de la oposición.

La función de estos institutos ha sido llevada a un campo político, dejando de lado su pertenencia a la estructura del estado, que, si bien es cierto que cuentan con calidad de autónomos, no son independientes del presupuesto público emanado de la federación, ni son exentos de acatar la constitución y leyes emanadas de ella, sin embargo y como ya lo he mencionado anteriormente, se ven a sí mismos como contrapesos políticos al ejecutivo federal, aspecto que en ninguna parte de la constitución está contemplada en sus funciones.

Con la excusa de la construcción de un estado de derecho, el gobierno anterior modificó la constitución con reformas de gran calado, que beneficiaban directamente a ciertos actores, sobre todo, empresas privadas que deseaban una participación con mayor libertad y con mayores beneficios económicos, tal fue el caso de Pemex, que fue desmantelada de forma brutal y negocios productivos y redituables, se le otorgaron a empresas como Odebrecht o en su defecto, el tema de las telecomunicaciones, donde la soberanía digital fue prácticamente desaparecida por ley y la industria nacional del sector se ha visto seriamente afectada, generando una fuerte desinversión en el sector, al punto en que operadores como Telefónica Movistar han retornado espectro radioeléctrico al regulador, argumentando que no les conviene pagar por el mismo, así como el dejar de invertir en infraestructura y empleos.

La realidad es que las funciones que desempeñan varios Órganos Constitucionales Autónomos pueden ser ejecutadas sin problemas por las secretarias de estado, ya que fueron creadas para que el estado pudiese decidir, ingerir y llevar una rectoría social, política y económica en beneficio de la sociedad y no solamente de las empresas privadas y de una clase política que fue consumida por la corrupción, generando negocios a partir de las empresas productivas del estado o en su defecto, de dar beneficios directos a ciertos participantes de los mercados. ¿Deben o no desaparecer los OCAs? Esa será una decisión que se tomé a partir de una visión y voluntad política que comprenda que para llevar a cabo esta tarea, la constitución debe reformarse nuevamente.

A un año de la llegada de la Covid-19

A un año de la aparición de la Covid-19 en la lejana y hasta entonces, desconocida ciudad de Whuhan en China, no hemos podido descifrar en su totalidad lo que ha significado la aparición de este virus y las repercusiones que ha largo plazo impondrá en los ejes sociales, económicos y políticos a nivel mundial.

El mercado que presumía de poder regular casi cualquier cosa o transacción con eficacia ha demostrado con creces su incapacidad de enfrentar con solvencia los efectos causados por el confinamiento, por ello es natural que el neoliberalismo se note desgastado y confundido, ya que su voracidad y locura por la privatización de servicios básicos que el Estado debiera de otorgar a sus ciudadanos, tales como la salud, han generado una catástrofe humanitaria y económica. Al no contar con un servicio de salud eficiente, los estados que privatizaron estos tuvieron que gastar el doble para poder atender de manera tardía a los contagiados por el nuevo coronavirus.

Lo anterior es solamente una parte del dramatismo que se vivió durante el pasado 2020, ahora con vacunas en puerta, la sociedad deberá aprender a tener paciencia con los programas de vacunación que se han generado por los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y planificar una nueva normalidad que se debe de comenzar a vivir, debemos aprender a mantener medidas sanitarias, sin caer en el pánico que puede generar un repunte de contagios, ya que esto es causado básicamente por dos razones: el descuido social y la ignorancia o negación de los ciudadanos hacia con la Covid-19.

La Covid-19 no solamente fue la enfermedad en sí misma, sino que, se tradujo en una serie de situaciones que ahora tendremos que enfrentar de forma conjunta. Desde el incremento de la desigualdad social, las condiciones laborales que resultan ser más excluyentes y la reincorporación económica de sectores desvencijados, serán retos que deberemos afrontar con una estrategia distinta, queda claro que las políticas neoliberales y privatizadoras en las que el mercado permite el gobierno del dinero y demerita a la política como gobierno, se debe dejar atrás, esto con el fin de recomponer un mundo post-covid.

Es innegable la incapacidad del mercado ante la crisis que arrasó con el sistema de forma imparable por medio de un virus y que por ello, atestiguamos y vivimos en carne propia el “efecto mariposa”: alguien del otro lado del planeta se come un animal extraño y tres meses después la mitad de los habitantes del mundo nos encontramos en cuarentena, una palabra tan ajena al siglo XXI, un concepto tan ajeno a la era de la globalización, que por cierto, fue una clara causante de la mayor efectividad en la propagación de los contagios, así como la falta clara de protocolos eficientes por parte de los estados para prevenir una pandemia.

Ante tal decisión política de confinar a los ciudadanos para reducir los contagios, algunos afirmaron que el contar con la infraestructura más robusta en telecomunicaciones y digitalización, la humanidad pudo enfrentar los estragos de la Covid, sin embargo, la digitalización también ha sido un factor de desigualdad, ya que aquellos que no cuenten con conectividad, ya sea por falta de infraestructura en el sitio en el que habita o falta de recursos para contratar servicios de telecomunicaciones han sido completamente excluidos de actividades educativas, culturales, sociales y hasta de servicios de salud a distancia, así como de información necesaria para enfrentar con efectividad la pandemia.

Ciertamente, las telecomunicaciones han sido un factor determinante para mantener cierto dinamismo económico, social y político; sin embargo, no se ha determinado una política pública efectiva que genere condiciones de conectividad universal. Para llegar a las peculiaridades importantes en nuestro país, la falta de una estrategia digital congruente con la urgencia que ha significado todo este proceso pandémico, no hay una respuesta clara de parte del gobierno hacia la digitalización y conectividad universal, siguen imperando los intereses de las transnacionales y magnates privados en el sector, esto va más allá del discurso presidencial, ya que el sector es regulado por un órgano constitucional autónomo emanado del neoliberalismo más salvaje y reformista de la pasada administración federal.

Como en lo anterior, nuestro país cuenta con una larga lista de disyuntivas y paradojas políticas, sociales y económicas que son resultado de políticas neoliberales abusivas y en detrimento de la población, políticas y reformas constitucionales que en ningún momento velaron por los intereses del país y sus habitantes, solamente vieron por el beneficio de una minoría rapaz, que terminó siendo exhibida como una elite acostumbrada a vivir de recursos públicos, ya sean parte del ramo empresarial, como de la clase política, herederos de una dictadura de partido que dejó de lado el nacionalismo revolucionario, por el neoliberalismo reaccionario más voraz.

Las repercusiones de la pandemia en México han sido muy profundas, tal y como ha sido en el resto del planeta, empero aquí ha existido una particularidad y es que, la politización de los acontecimientos derivados de la Covid ha sido brutales. La utilización de la pandemia con fines electorales ha generado una polarización, además de un proceso de infodemia importante en los medios tradicionales (televisión, radio y periódicos), así como en medios digitales.

Los medios han tomado un papel central en lo que refiere a la pandemia, han mantenido posturas de acumulación, a final de cuentas los concesionarios de medios tradicionales se mantienen por medio de un modelo empresarial de capitalismo neoliberal, que pretende vender contenidos para una mayor generación de utilidades, por lo que, la labor informativa se convierte en un producto, que al mismo tiempo mantiene la defensa ideológica y política que más le conviene a los dueños de dichas empresas.

Ante las condiciones que la Covid ha dejado a su paso, es necesario plantearnos una reconfiguración del sistema político, económico y social, de manera en que un sistema de valores y ética pueda ser un eje fundamental para replantear la posibilidad de cambiar a fondo el modelo de país que hasta el momento hemos tenido. En este contexto, la propuesta de cambio que viene desde el gobierno federal es una alternativa, la cuestión de esta propuesta que fue nombrada como la “4T”, necesita ser impulsada desde la sociedad en su conjunto y no, solamente desde la base gubernamental, es un momento importante para lograr aprovechar la coyuntura política e impulsar una transformación de fondo con los movimientos sociales, sindicatos, pueblos originarios y sociedad en general. 

Sin duda, la mal llamada “nueva normalidad” será un proceso complejo, pero en definitiva será definitorio, no sólo para nuestro país, sino para el orbe en toda su complejidad y en todas las instancias geopolíticas y económicas. El reacomodo puede ser un lapso tardado, sin embargo, terminará siendo una realidad que debe ser impulsada desde los pueblos.

México tiene una oportunidad importante para comenzar a consolidar un cambio profundo que realmente consolide luchas que se han venido realizando y construyendo desde el siglo pasado, por lo que, la llegada de la vacuna nos pone sobre la mesa una serie de situaciones que pueden recomponer un modelo de igualdad y el refrendo del Estado hacia con la sociedad, aunque la derecha más reaccionaria considere seguir la pelea por sus privilegios, tal y como los vinieron imponiendo en los regímenes anteriores.

En nuestro país el llamado periodo neoliberal, sin duda alguna dejo como estela una serie de corruptelas y deficiencias sistemáticas de la política, así como una debacle pronunciada de manera intencional en la economía popular, de esta manera el poder del dinero de las corporaciones junto a las privatizaciones de las empresas productivas del estado fueron el caldo de cultivo perfecto para que la clase política estableciera una perversa red de complicidades por medio de los dineros emanados del robo del erario, la corrupción se resume en eso: en un robo directo de las arcas del estado.

Por lo anterior, la transformación del sistema es necesaria, pero se trata de un proceso de reconstrucción lento para que sea efectivo. Derivado de esto, el sistema educativo, de salud y demás servicios que están a cargo del estado tienen el atraso que ahora resulta, la oposición que otrora fuera la clase en el poder reclama, por ello, es necesario señalar esa postura hipócrita de la clase política tradicional y que de sus rezagos al interior del sistema, vemos que hay directivos del sistema de salud que saltan la fila y vacunan a sus familiares antes de que les toque según lo planteado por el gobierno federal en un programa de vacunación contra la Covid-19, restos de corrupción que deben de ser erradicados o no servirá de nada un proceso de transformación tan complejo y doloroso como el que se está planteando.

El neoliberalismo y la Covid fueron la muestra perfecta de la necesidad de cambio global y obviamente, nuestro país no puede ser excepción. La erradicación de la corrupción es una tarea social, no solo gubernamental y el titular del ejecutivo debe entender esta parte, de otra manera, seguiremos en una constante confrontación política infructuosa.

Israel Quiñones – @IsraelQDigital

PERSPECTIVA: Acuérdense de conectar a los indígenas

Terminé de leer Cuando Moctezuma conoció a Cortés, de Matthew Restall (Taurus, 2019). El libro cuyo subtítulo es “La verdad del encuentro que cambió la historia”, recalca con crudeza lo que ya se sabe pero siempre se minimiza: pueblos enteros de indígenas fueron masacrados, quienes sobrevivieron fueron esclavizados y las mujeres fueron forzadas a la servidumbre sexual por los conquistadores. El 8 de noviembre de 2019 se recordarán 500 años de ese encuentro. A cinco siglos de distancia los pueblos originarios siguen siendo los damnificados de la traumática historia de México, ahora en derechos digitales, de conectividad y acceso a los servicios de telecomunicaciones.

El 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En México, la población indígena es de 11.1 millones de personas (9.9% de la población del país), la cual cuenta con 88% de cobertura móvil en al menos una tecnología (2G, 3G o 4G). Este porcentaje es 11% superior al 77% de cobertura en 2017, según los diagnósticos de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Un dato más preciso señala que 82% del total de las localidades con presencia de población indígena cuenta con cobertura móvil 3G; pero sólo 40% de esas localidades tiene acceso a redes 4G. Si bien existe cobertura móvil, no significa que los indígenas estén suscritos o tengan acceso efectivo al servicio y sus beneficios. Además, carecer de redes 4G implica no tener Internet veloz ni acceso a aplicaciones, contenidos y servicios relevantes para sus comunidades.

Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), 53.9% de las viviendas donde el jefe o jefa es hablante de lengua indígena cuenta con teléfono fijo o celular. Por cierto, es un mito que las viviendas de indígenas no tienen electricidad, pues 98% de ellas cuenta con el servicio.

Estas cifras indican que los operadores de telecomunicaciones han hecho su trabajo al desplegar e instalar redes en pueblos y comunidades indígenas. Pero falta el acceso efectivo a Tecnologías de la Información y la Comunicación como smartphones, a servicios de voz y datos, a redes Wi-Fi terrestres y satelitales, a programas de alfabetización digital y a servicios digitales de educación, salud, gobierno electrónico y proyectos de emprendimiento comunitario impulsados por las TIC.

Por eso llama la atención la demagogia de las instituciones en estudios que abordan el elemento indígena. El diagnóstico del IFT-INPI reconoce la “riqueza histórica y cultural que da sentido de pertenencia e identidad a la Nación”. Otros documentos de instancias nacionales e internacionales expresan ideas semejantes, pero las acciones han sido muy lentas para que los indígenas salgan de la pobreza y se sumen al desarrollo y la economía nacionales, que hoy tienen a Internet como su habilitador.

El reciente Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del Coneval revela que 71.9% de la población indígena (8.3 millones de personas) se encontraban en situación de pobreza hasta 2016. Además, 85.1% de las mujeres indígenas en zonas rurales se encuentran en esa situación, así como 56.5% de jóvenes indígenas (12-29 años) en zonas rurales y 40.6% en zonas urbanas.

En cuanto a carencias sociales, 31.6% de la población indígena tiene rezago educativo, 15.1% no tiene acceso a servicios de salud y 77.6% carece de seguridad social. Además, 23.2% de los hablantes de lenguas indígenas son analfabetas; este porcentaje se eleva a 29.5% si son mujeres. ¿Por qué no utilizar las TIC para aliviar esos rezagos?

El Coneval recomienda “implementar políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas que contribuyan a mejorar sus capacidades para que compitan en el mercado laboral y así, además de impulsar el empleo de calidad, puedan acceder a la seguridad social”.

En materia de salud, el Coneval refiere: “implementar y escalar esquemas de atención que permitan reducir los obstáculos en el acceso a los servicios médicos con el objetivo de disminuir los rezagos en la satisfacción del derecho a la salud. Estos esquemas pueden considerar (…) tecnología de apoyo para el desarrollo de telemedicina”. ¿Por qué los “estrategas y planificadores digitales” no atienden las recomendaciones del Coneval?

Coincide que los estados con más pobreza, que a su vez tienen mayor población indígena, son los menos conectados. Oaxaca y Chiapas tienen un porcentaje de pobreza de 70.4 y 77.1%, su porcentaje de población indígena es de 65.7 y 36.1%, el de hablantes de lenguas indígenas de 32.2 y 27.9% y la penetración de telefonía móvil de apenas 70 y 65%, respectivamente.

El INPI cuenta con un Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. El objetivo es que “los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento”.

El INPI podría modificar las bases del programa y firmar acuerdos interinstitucionales para incorporar las telecomunicaciones móviles y de banda ancha como infraestructura básica. ¿Qué mejor servicio que las comunicaciones inalámbricas y el Internet móvil para superar el aislamiento? No sólo para la vida cotidiana, también para situaciones de emergencia y desastres naturales.

Los indígenas han demostrado habilidades innatas que no justifican su aislamiento y discriminación. Por ejemplo, son culturas orales; este simple hecho podría suponer que el tráfico de voz se incremente en dichas comunidades. La proliferación de teléfonos celulares en Finlandia hizo que sociedades tradicionalmente silenciosas se soltaran a hablar. En México, 7.3 millones de personas de tres años o más son hablantes de alguna lengua indígena, o sea, 6.5% de la población. Lo interesante es que de ese total, 7.1 millones también habla español, es decir, 81% de los indígenas son bilingües y otro tanto trilingües cuando emigran a Estados Unidos. Además son creativos y emprendedores, aunque actualmente sus negocios sean de supervivencia.

500 años de pisotear los derechos de quienes eran los legítimos dueños de estas tierras hoy mexicanas ya es más que suficiente. Desde 2013 además tienen el derecho de acceso a las TIC y la banda ancha. ¿También les vamos a arrebatar ese derecho?

Con información de Jorge Bravo vía El Economista

OPINIÓN: Se debe reconsiderar la fuerza del movimiento unitario del sindicalismo

POR ISRAEL QUIÑONES GONZÁLEZ (@IsraelQDigital)

Los sindicatos han dado una batalla ejemplar y con intención o sin ella, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha tomado y abanderado exigencias añejas e históricas del movimiento obrero, como la modificación o desaparición del “Outsourcing” o “subcontratación”, esto con miras a beneficiar a miles de trabajadores en nuestro país.

La discusión de este asunto ha generado una polarización política, ya que, el sector empresarial se opone rotundamente a modificar o regularizar la subcontratación, mucho menos, están dispuestos a enfrentar la desaparición de este modelo abusivo.

La realidad de todo este tema radica en los beneficios laborales, fiscales y económicos que este modelo representa para empresas de gran tamaño. La no generación de derechos laborales como la antigüedad de los trabajadores o el desvío de recursos fiscales, como el registrar a un trabajador con menores ingresos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y las Afores. Esto significa para los empresarios “ahorros”, pero, realmente estamos hablando de un sistema de abusos en contra de los trabajadores, a los que tampoco se les permite organizarse en sindicatos libres, autónomos y democráticos.

El apoyo significativo e histórico que los sindicatos democráticos y los otrora oficiales, han aportado de manera conjunta al Presidente en su iniciativa para reformar la subcontratación, ha sido determinante para enfrentar obstáculos que la rama conservadora de la élite empresarial le han interpuesto al gobierno federal, a pesar de ello, hace una semana se consiguió firmar un acuerdo histórico tripartito en Palacio Nacional.

Sí bien es cierto que la discusión legislativa se recorrió hasta febrero de 2021, también es cierto que los trabajadores por medio de sus representantes sindicales tendremos un lugar en la mesa de discusión, esto con el fin de plantear demandas históricas y realmente tener una influencia directa en el desarrollo de la legislación sobre un tema que afecta a los trabajadores mismos, no solamente al empresariado, quienes habían tomado la negociación como propia, sin embargo, la política y estrategia sindical rindió frutos claros y esto se ve reflejado en la participación del movimiento obrero de la firma de un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos (tripartismo).

Ahora, la cuestión se basa en el proyecto que la unificación del movimiento obrero mexicano pueda mantener. La influencia de las fuerzas sindicales es mayor cuando este movimiento social de los trabajadores va en una demanda unificada y no solamente, se recarga en la parte oficial del mismo, sino que, requiere de una visión amplia y progresista, que realmente recoja el sentir de los trabajadores.

La proliferación que se tuvo en el régimen anterior del favoritismo neoliberal a los acumuladores del capital fue causa constante de daños tan severos como la caída del salario y, por ende, del poder adquisitivo del mismo. Además de una pérdida en los derechos laborales adquiridos, colectivos e individuales. Pocas fueron las organizaciones y centrales sindicales que se mantuvieron firmes y que realmente realizaron revisiones salariales y contractuales reales, tal y como fue el caso de la UNT y los sindicatos que forman parte de esta central.

Se requiere de una planeación que fortalezca el posicionamiento unitario del movimiento obrero para enfrentar lo que viene para este 2021. En definitiva, un gran avance que han tenido los liderazgos del sindicalismo mexicano, ha sido el de impulsar un movimiento unitario que recoja las demandas históricas del sindicalismo, al mismo tiempo que, el sindicalismo se abre camino para encontrar un lugar en la mesa de discusión, a pesar de las problemáticas que cada organización enfrenta y que se han recrudecido a partir de la crisis económica y social derivada de la Covid-19, sin embargo, la posibilidad de mejoramiento de los derechos laborales y un crecimiento en la organización de los trabajadores beneficiados con la regularización y desaparición del Outsourcing abusivo. La batalla por el mejoramiento de los derechos laborales colectivos, a penas va comenzando. Es necesario entender que la reconsideración de objetivos comunes, será la base de logros trascendentales para los trabajadores, por ello, el movimiento unitario de los sindicatos es solamente el principio para alcanzar metas derivadas de exigencias y demandas históricas con una perspectiva progresista del sindicalismo mexicano.

OPINIÓN: Más dañino que el ‘outsourcing

La seguridad social en México es muy injusta. Resolver esas injusticias debe ser la principal agenda de López Obrador. Al momento, no lo es, ya sea por miedo, desconocimiento o por falta de capital político. Es momento de tomar el asunto laboral por los cuernos y transformarlo de raíz.

Eliminar el outsourcing como pretende López Obrador es un paso en la dirección correcta. Su existencia, se estima, afecta a 2.9 millones de trabajadores al año (STPS 2020).

Hay, sin embargo, un problema laboral aún más grave y que afecta a siete veces más trabajadores formales en México, es decir, afecta a la totalidad de los 20 millones de puestos laborales que existen (IMSS 2020). Este problema es la forma en la que funciona nuestra seguridad social.Learn more

La seguridad social en México es injusta por tres razones.

Primero, porque reduce los salarios. En papel, las cuotas patronales para la seguridad social son beneficios que se cobran a los patrones para dar al trabajador. En la realidad, existe evidencia de que los patrones bajan los salarios para pagar las cuotas (Levy et al. 2012). De hecho, la gran mayoría de las cuotas (el 67%, se estima) es indirectamente pagada por los empleados, porque se les ofrecen salarios más bajos (Levy 2019).

Es decir, el sistema de seguridad social pretende ser redistributivo, pero en realidad crea incentivos a los salarios bajos.

Segundo, la seguridad social tal cual existe en México es injusta porque crea mexicanos de primera y de segunda. Los servicios públicos en México se ofrecen como si fueran boletos de avión.

En primera clase se encuentran los trabajadores formales, los que cotizan en el IMSS, el ISSSTE o en algunas otras empresas del Estado (aplican también sus familias directas y algunos afiliados voluntarios). La primera clase es pequeña y casi nadie dura ahí mucho tiempo.

En segunda clase están los que logran ser atendidos por el Insabi. Digo “logran” porque las filas son largas y en ocasiones, aun si se es atendido, hay que pagar por material de curación e insumos médicos. No todos pueden pagar eso, aun si logran un asiento de segunda clase.

La seguridad social, entonces, se vuelve muy regresiva porque solo las personas que tienen la capacidad para trabajar (educación, productividad, tiempo) pueden acceder a la primera clase. Más aún, como dije en el primer punto, para hacerlo deben reducir en promedio en 65% su salario.

Tercero, la seguridad social como existe es injusta porque favorece a las empresas grandes a costa de las chicas. La empresa más grande y la más chica de México pagan exactamente el mismo impuesto corporativo (30%) y lo mismo por seguridad social.

Esto es un problema pues en México la desigualdad entre empresas es enorme. De hecho, 22 de cada 100 pesos de utilidad se concentran en tan solo el 0.1% de las empresas (SAT 2015).

Pagar el impuesto a la seguridad social, por tanto, es un inconveniente menor para los empresarios más ricos y un verdadero problema para el resto. Es por eso que el grueso de la evasión fiscal burda (no la elusión fiscal sofisticada, sino la evasión pura) sucede en empresas medianas y chicas, que tienen ingresos de menos de 8 millones al año. No sucede entre el 1% de las empresas más ricas, porque para ellas el impuesto hasta es poco.

Estas tres injusticias están detrás de muchos problemas de la economía mexicana pues hacen que los salarios sean bajos y los servicios de salud desiguales, y dejan demasiado cómodas a las empresas ultragrandes.

Es por ello que esta columna es un llamado a que López Obrador no solo elimine el outsourcing, sino a que elimine por completo la seguridad social como la conocemos. Las cuotas de seguridad social deben convertirse en impuestos progresivos a la riqueza y al ingreso. Con ello se debe financiar un único sistema de salud sin clases. Los impuestos los deben pagar los más, más ricos, y no el trabajador por medio de reducciones salariales, o el microempresario.

No habría un mayor éxito en materia laboral que refundar la seguridad social como un derecho, en vez de como un privilegio de un puñado de trabajadores.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

Opinión de Viridiana Ríos vía Expansión Política

OPINIÓN: Relaciones sin compromisos….la tendencia en las telecomunicaciones

Si hay algo que los seres humanos hemos aprendido a raíz del surgimiento de la era digital, es el valor que ponemos en la libertad. La libertad entendida como la posibilidad de viajar, conocer, explorar, probar, cambiar, decidir, cambiar de opinión, expresarnos, escoger y ultimadamente estar abiertos a nuevas posibilidades. Esta tendencia a no atar cabos, es en parte consecuencia de la enormidad de posibilidades que se nos abrieron para explorar con el advenimiento del Internet.

Paradójicamente, en el mundo de las telecomunicaciones, la misma regla aplica. Digo paradójicamente ya que hace algunos años, la norma al adquirir una suscripción a las compañías de cable, telefonía u otros servicios relacionados, era a través de contratos que obligaban a los usuarios a tiempos, tarifas y contrataciones poco atractivas.

Esta semana una nota de Gonzalo Rojón de CIU hablaba sobre la tendencia en el desbloqueo de teléfonos móviles y en la cual comenta que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los usuarios tienen derecho a solicitar y obtener el desbloqueo del dispositivo móvil cuando concluya la vigencia del contrato, en el caso de dispositivos adquiridos a través de pagos diferidos en la modalidad pospago o al liquidar el costo del teléfono móvil en cualquier circunstancia. Según Rojón, la NOM-184 establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como los proveedores de equipo terminal de telecomunicaciones deberán contar con un mecanismo que les permita proporcionar al consumidor la información requerida para realizar el desbloqueo de su equipo en un máximo de 24 horas.

Como vemos, a pesar de que se han logrado enormes avances en pro de la flexibilidad en este tema para los usuarios, la realidad es que desbloquear un teléfono móvil en México sigue siendo un trámite difícil.

Un dato interesante al respecto es que , en el Reino Unido, el OFCOM (organismo regulador de las telcos), anunció que, a partir de diciembre de 2021, no se podrán vender dispositivos bloqueados pues esto actúa como un desincentivo para cambiarse de operador. Uno de los argumentos más fuertes para que este decreto se aprobara fue el hecho que 35% de las personas que tenían la intención de cambiarse de proveedor de telefonía no lo hicieron, por el candado impuesto a través del bloqueo de celulares.

Una vez más, los acuerdos en estos temas entre autoridades y empresas es crucial para lograr un beneficio que sea justo tanto para usuarios como para proveedores de servicios.

Opinión de Antonio Ajá vía El Economista

Ante un mundo cambiante, ganó Biden, Trump también

Se acerca el final del muy largo y complejo proceso electoral norteamericano. Aunque algunos quisieran ya acabado y se adelantan a reconocer el triunfo del candidato Joe Biden, el perdedor sigue sin aceptar su derrota, lo que nos lleva a tener que esperar un tiempo que podría alcanzar el final de este año o principios del próximo. En esta espera resalta el hecho de un curioso consenso: un buen número de analistas han terminado por afirmar que se va Trump pero el trumpismo permanece. En realidad, en esto se resume el proceso electoral norteamericano 2020. Todos los esfuerzos mundiales para quitar a un personaje no sólo del panorama norteamericano, fracasaron, básicamente porque no se entendió qué fue lo que lo llevó a ese proyecto a la presidencia de EUA.

La era de Trump no ha terminado como muchos quisieran y se apresuran a festejar y esto es más cierto aún cuando se analiza que la estrategia que se utilizó para impedir la reelección, fue más que nada de desprestigio en base a adjetivos calificativos sin una propuesta contrastante real y el cómo piensan sobrellevar el post-trumpismo. La estrategia mediática mundial se centró difundir profusamente el resultado de las encuestas que nos decían que el apoyo popular a Joe Biden era mayoritario, por lo que se le daba un amplio margen de ganancia. Cosa que no sucedió, pues al final se encontraron una votación que hacía una diferencia mínima, pensaron que el fenómeno Trump era pasajero y, por tanto, fácilmente superado con mensajes mediáticos. Se equivocaron

La realidad es que nos encontramos con un nuevo sujeto político norteamericano al igual que como está apareciendo en varias partes del mundo —México sin ir más lejos— que es plural y termina dividido en dos bandos o más claramente definidos. Mafesolli ha insistido en afirmar que estamos frente a una organización de la sociedad en tribus. Lo que antes era marginal se ha vuelto central. Había un cuerpo social absolutamente homogéneo ‑—la República, única e indivisible—, hoy nos encontramos con una especie de fragmentación, con una constelación de grupos. Lo político está adquiriendo una nueva imagen y es necesario hallar otras formas de hacer política. Así que, aunque no lo reconozcan lo que diseñaron esta estrategia mediática anti-trump, fue ella misma la que contribuyó a la inesperada gran votación en contra e incluso se podría decir que la elección no debió haber sido tan cerrada si no es porque insistieron mucho en que el mal se llamaba Donald.

Ante esa victoria pírrica, el cambio anunciado y esperado se complica más aún si observamos cómo quieren atacar la Covid-19, que, por donde quera que se le vea, restringe la movilidad económica; ya no se trata sólo de tener menos muertes y hacer más pruebas, de usar mascarilla o no, o de crear un comité de científicos y darles a ellos la conducción del ataque a la enfermedad. Esa etapa ya está claramente superada, fue necesaria por ahí de marzo o abril de 2020, ahora estamos en el momento de la vacuna y de cómo solucionar una economía mundial en recesión que ya cumple varios años, que se aceleró con la Covid-19 y que exige respuestas y desafíos muy diferentes a los anteriores a 2015 cuando Trump tomó el poder, cuando, supuestamente, destruyó la economía americana como se cansaron de repetir. Podrán hablar ahora de una agenda verde, de impulsar energías alternativas, pero el problema básico es la economía en recesión que es anterior a la Covid-19 y a Trump.

Los mas serios analistas hablan de la propuesta de Biden es poco alentadora. Nos dicen que para la economía norteamericana será difícil una recuperación en V o incluso en de U y aseguran que sí hubiera una recuperación ésta sería de forma de raíz cuadrada. Pero lo más criticable es que la propuesta de Biden para una inversión pública, abarca un período diez años. En concreto, proponen concentrarse en infraestructura, incluyendo desde luego I+D, energía, educación, salud y seguridad social y utilizar un total de 6.8 billones de dólares. Esos mismos analistas, aseguran que cuando mucho esa cifra alcanzará el 50% de lo prometido y que la inversión del sector capitalista fundamental para cualquier economía, será menor a la necesaria, obligada porque la rentabilidad empresarial estadunidense, al igual que en todo el mundo capitalista, está en mínimos; alertan de que no debemos dejarnos engañar por las grandes cifras de ganancia que manejan las empresas tecnológicas y de la contratación de deuda tal como lo recomienda el FMI para apoyar la demanda.

Todo esto nos lleva al problema de fondo que muy pocos se han atrevido a tocar. La división social existente es una realidad mundial, no únicamente norteamericana. Las elecciones estadunidenses del 2020 confirmaron, más allá de la crisis electoral producto de su propio y anquilosado sistema, que la verdadera crisis de ese país y el resto del mundo es la crisis estructural del capital y la pérdida de la hegemonía mundial de ese país. Recordemos que, en el último informe de Obama sobre el estado de la nación, fue particularmente enfático en la necesidad de recuperar la hegemonía de ese país del norte de América. Claro está que cuando fue presidente para lograr ese objetivo utilizó la fuerza de las armas y del ejército. Biden afirma que, como país, se debe probar ante el mundo que estamos preparados para ser líderes mundiales nuevamente, a lo que agrega, que eso lo harán con el poder del ejemplo no con el ejemplo de nuestro poder. Buena retórica, pero como vicepresidente aceptó usar la fuerza antes que la razón y, por tanto, es de esperarse que se desarrolle una politica imperialista tradicional, como considerar a América Latina como su patio trasero.

El trumpismo republicano también partió del hacer a EUA grande otra vez, de recuperar la hegemonía perdida, pero desde una visión diferente. Lo que vio fue que el neoliberalismo globalizador estaba agudizando la disparidad social en su país y que había que voltear hacia en interior para recupera la hegemonía con una política proteccionista. El mercado abierto, la globalización, vistos desde esa estrategia, ofrecía más beneficios a las transnacionales norteamericanas que operan totalmente fuera de su país y menos a las industrias tradicionales dentro de su país, con la consecuente disminución de creación de empleos.

Para llegar al poder presidencial se apoyó en la realidad económica de las clases medias bajas abiertamente afectadas por la globalización, impulsó el regreso de inversiones, la creación de empleos internos para incentivar el consumo. Con esa realidad y una retórica sin máscaras, sin ocultamientos y, por tanto, muy de confrontación, se formó el trumpismo. El mundo “civilizado” se sintió ofendido por la crudeza de su discurso y lo criticó acremente. No es su forma de hacer política.

Lo que hay que entender es Trump lo hizo no porque fuera un gran hombre, un gran estadista o un ideólogo, sino porque es un capitalista que ve en riesgo sus inversiones dada la crisis del capital y la crisis norteamericana y como buen capitalista busca salidas.

Después de que los estudios de Piketty fueron publicados y entendidos, el mundo capitalista se movilizó buscando alternativas a la aguda concentración del ingreso. Desde luego que la crisis estructural del capital no fue lo más visible, pero sabemos que estuvo en el fondo del análisis. El Foro Económico Mundial dedicó bastante tiempo a discutir el qué hacer. Lo que evidenció esta discusión es había un conflicto intra e inter capitalista de cómo solucionarlo. El Trumpismo y el Brexit surgen en ese contexto. Podríamos sintetizarlo diciendo, proteccionismo frente a libre mercado, distribución del ingreso frente a una alta concentración del mismo en pocas manos. En ese punto apareció la Covid-19 que detuvo la economía mundial y agudizó la recesión económica y los grandes capitales mundiales financieros, tecnológicos y mediáticos se reagruparon para encausar con un político mediano el libre mercado y el liderazgo norteamericano.

Habrá que decir que las crisis periódicas del capitalismo aceleran los cambios en los procesos de acumulación y, al mismo tiempo, en la correlación de fuerzas políticas. Giovanni Arrighi, desde el siglo pasado había advertido que estaba sucediendo un desplazamiento del hegemón hacia Asia, algunos agregarían tiempo después que era más propio hablar de Eurasia. Arrighi analizó y concluyó que China pudo haber sido potencia mundial antes de Inglaterra lo fuera y que la historia, las condiciones mismas de China de un pueblo atrasado, tercermundista y muchas veces sojuzgado, le dan ahora condiciones diferentes para ser potencia mundial, con características diferentes a la de los imperios anteriores. Wolgang Streeck de la escuela de Frankfurt lo llamaría capitalismo no occidental.

El mundo se enfrenta pues a una modificación histórica de la correlación de fuerzas internacionales, que repercuten directamente sobre nuestro vecino del norte y que ponen a China y Rusia en el centro del escenario. El hegemón norteamericano emergió a principios del siglo XX, se consolidó después de la segunda gran guerra y llegó a su cúspide en la época de Clinton al quitar al capital financiero todas las barreras que se había autoimpuesto como imperio. Así se alcanza con toda amplitud lo que hoy conocemos como globalización y, sin quererlo, el paso a un mundo multipolar. Justo al término del gobierno de Clinton y del inicio del de Bush hijo, los análisis reportan el principio de la caída del poder hegemónico norteamericano. Justo en medio del 11 de septiembre de 2001y la caída de las torres gemelas, la National Security Strategy de 2002 y el Eje del Mal. Esta dura política neoconservadora afectó su esquema hegemónico pues incrementó los costos económicos, políticos y sociales. El punto de quiebre fue la crisis financiera de 2008 y 2009. El fin de la historia nunca fue, vivimos en un sistema en transición, que está lejos aún de constituir un tablero de juego claro y estable. Según la revista inglesa The Economist debemos despedirnos de la mayor era de la globalización y preocuparnos por lo que va a ocupar su lugar.

 El motor industrial, como lo previó Arrighi se desplazó de EUA a China. La industria norteamericana crece, pero no crea empleo, las grandes inversiones o una parte de ellas acontece fuera de ese país y las nuevas tecnologías desplazan mano de obra y crean grandes monopolios. Lo más crítico y que reiteradamente han negado, es que durante todo este proceso se está confirmando lo que Marx llamó la Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que es en esencia misma la crisis del capital. Aún así, no podemos negar que todavía se mantiene la hegemonía norteamericana y sus aliados europeos. No ha muerto todavía, pero está en crisis. Controla el mundo con el aparato militar, financiero, tecnológico y mediático, pero cada día es más frágil y lo vimos en este noviembre de 2020 cuestionado por una gran parte de propia gente.

Así que las elecciones norteamericanas del 2020, más allá de si se reconoce el triunfo de uno de los candidatos como cortesía diplomática, más allá de que ante la división existente se exhorte a la población comportarse como un pueblo unido y aquí en nuestro país se critique a AMLO por promover la división, más allá de calificativos de fascismo por un lado o de socialismo por el otro lado, de que Trump sea calificado impredecible y Biden de un político tradicional y gris. Más allá de todo ello, las elecciones no enseñan más de los que los renombrados analistas y reconocidos mundialmente medios de comunicación nos dicen.

Biden parece estar obsesionado con la idea de regresar a EUA a la era antes de Trump, como si nada hubiera pasado. La clase política mexicana tradicional y su ejército de intelectuales orgánicos y periodistas pagados, pierden su tiempo al crear un conflicto con el candidato ganador y acusar a Trump de haber polarizado a los norteamericanos, cuando lo que él realmente hizo fue hacer visible es polarización. Así pues, el trumpismo no ha muerto porque el mundo está cambiando y los sorprendió porque no quieren entender o no estan capacitado para comprender ese cambio. Lo menos beneficiados de la globalización nos dicen que también existen y el próximo hegemón euroasiático está de plácemes. Nuestro país continúa en su proyecto para dolor de los conservadores neoliberales mexicanos.

Eduardo Torres Arroyo

Los reguladores contra Google

Google se ha convertido en el villano favorito de los reguladores de competencia en el mundo. Es fácil iniciar una investigación contra el gigante global de Internet porque no hay usuario de la red que no haya utilizado alguno de sus servicios y aplicaciones digitales “gratuitos”. Sin embargo, lo que está detrás del éxito y crecimiento de esa empresa es la innovación.

La Comisión Europea ya le ha impuesto a Google tres sanciones en el mismo número de años que suman 8,250 millones de euros (mde). Primero fueron porque abusó de su dominio como motor de búsqueda al destacar y dar ventajas a Shooping, su servicio de comparación de precios, y degradar a los rivales en sus resultados de búsqueda.

Un año después (julio de 2018) impuso la más cuantiosa multa aplicada por la CE a una compañía por por utilizar Android para consolidar su dominio en las búsquedas en Internet ante el incremento del tráfico móvil. Google obligaba a los fabricantes de smartphones a preinstalar la app Google Search y el navegador Chrome como condición para conceder la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.

El tercer castigo ocurrió en mde por restringir artificialmente la posibilidad de que otras páginas web puedan desplegar publicidad de competidores de Google. Mediante la plataforma AdSense, proporciona anuncios de búsqueda a los propietarios de sitios web editores. Google es un intermediario o agente publicitario entre anunciantes y propietarios de portales que desean rentabilizar sus espacios.

La verdugo europea de Google, la comisionada Margrethe Vestager, ha reconocido que “Google ha creado muchos productos y servicios innovadores que han marcado una diferencia en nuestras vidas. Eso es algo bueno.” Pero la estrategia de Google lo ha hecho abusar de su dominio como motor de búsqueda. Esa conducta negó a otras empresas locales la oportunidad de competir por méritos propios e innovar, e impidió a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios.

Detrás de esas sanciones a Google se esconde el resentimiento europeo de no ser un líder de Internet. Spotify es el único campeón digital del viejo continente. Los competidores de Google en los mercados de comparación de precios son muy locales y sus contrincantes en sistemas operativos móviles, buscadores, navegadores y aplicaciones son otros gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Apple.

Google hizo algo revolucionario que no había ocurrido ni hecho nadie a escala global. La empresa obtiene la mayoría de sus ganancias no de las grandes empresas anunciantes (como ocurre con la televisión comercial), sino de las pequeñas. Eliminó los costos de comprar y vender publicidad. Todos los negocios tienen la posibilidad de anunciarse en Internet, lo cual no ocurre con los medios tradicionales. Su modelo no se sustenta en anuncios sino en palabras clave. Google hizo rentable encontrar todo en Internet. Buscamos hasta con faltas de ortografía y lo encontramos.

El algoritmo y la Inteligencia Artificial de Google permiten explotar los conocimientos de los usuarios y consumidores y lo traduce en resultados de búsqueda y recomendaciones. La ventaja son las millones de personas que hacen búsquedas en Google y navegan por Internet en Chrome. Cada 60 segundos Google conduce 4.5 millones de búsquedas.

Si bien las sanciones contra Google son muy cuantiosas y sí han hecho mella en los también abultados ingresos de la compañía (162.8 mil mdd en 2019), en realidad no han afectado su dominio porque la economía del siglo XXI está apoyada sobre la base de datos de empresas como Google. Los terabytes de información sobre el comportamiento de billones de usuarios pasan por los servicios de las empresas de Internet y eso mueve la economía mundial.

El ADN de Google consiste en ordenar el caos de la web, predecir lo que va a ocurrir con la conducta de los usuarios y estar allí cuando eso ocurra. Las capacidades de establecer conexiones y medir el conocimiento colectivo no las puede frenar ninguna sanción de competencia económica.

En junio de 2019, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició una investigación bipartidista sobre el estado de la competencia en línea para examinar el dominio y las prácticas comerciales de Google, Amazon, Facebook y Apple y determinar cómo su poder afecta la economía y la democracia.

Durante la comparecencia en julio de 2020 ante el Subcomité de Derecho Antimonopolio, el CEO de Google, Sundar Pichai, se defendió diciendo que su compañía enfrenta competencia en la búsqueda de información en Internet y de publicidad digital.

Pichai aseguró que las inversiones de Google permitirán a Estados Unidos mantener su liderazgo global. “Estamos entre los mayores inversores mundiales en investigación y desarrollo. Hemos invertido más de 90 mil mdd en los últimos 5 años. Con estas inversiones estamos ayudando a EE. UU. a consolidar su posición como líder mundial en tecnologías como Inteligencia Artificial, automóviles autónomos y computación cuántica”.

La investigación del Comité Judicial incluye los mercados de búsquedas en línea, tiendas de aplicaciones y sistemas operativos móviles, publicidad digital, navegadores web, asistentes de voz, computación en la nube y mapas digitales que tocan directamente los negocios de Google. El Comité asegura que “Google es omnipresente en la economía digital y actúa como infraestructura para los productos y servicios principales en línea. Ha crecido y mantenido su dominio de los motores de búsqueda, de modo que ‘googlear’ es sinónimo de búsqueda en línea”.

El 20 de octubre, el Departamento de Justicia y 11 estados de la Unión Americana demandaron a Google por prácticas anticompetitivas y exclusión en los mercados de búsqueda y publicidad “en un caso monumental”.

Finalmente, la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones también inició de oficio (es importante recalcar) un procedimiento contra una empresa a la cual no menciona pero que tiene el perfil de Google. El regulador busca “determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y relacionados”.

El Subcomité en EU también realizó una revisión de las leyes antimonopolio, las políticas de competencia y los niveles de aplicación para evaluar si son adecuadas para abordar los mercados digitales. En México no está ocurriendo eso. Casos como Google tienen mucha notoriedad pública y enormes componentes políticos. Es evidente que el IFT quiere un caso digital grande y notorio, obsesionado como lo está por el tamaño de las empresas. También es evidente que la regulación de preponderancia está dejando de ser atractiva. Es muy tentador dejar a un lado al grandote de las telecomunicaciones para enfocarse en el gigante de Internet. Veremos si la regulación de competencia en México soporta un análisis de lo que más ha cambiado las reglas de todo: la Internet.

Opinión de Jorge Bravo vía El Economista