T-MEC, uno de los mayores logros de México: secretarías de Estado, empresarios y senadores

Secretarias de Estado, empresarios y senadores coincidieron que el T-MEC es uno de los mayores logros de México en materia de acuerdos comerciales y de inversión, porque permite la convergencia de intereses entre tres países para potenciar y consolidar la competitividad de manera autónoma, pero también como miembros de la región de América del Norte.

En el marco de la inauguración del foro Dos años del T-MEC: retos y oportunidades hacia una América del Norte más integrada, que se llevó a cabo en la antigua casona de Xicoténcatl, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, afirmó que el tratado ya tiene estándares muy elevados y una muestra de ello es el tema laboral, porque “hemos sido capaces no solamente de poner a México a la altura de las circunstancias previas al acuerdo comercial”.

Aseguró que uno de los temas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador es mejorar las circunstancias laborales y “emparejar el piso”, en términos democráticos, para los sindicatos. “El T-MEC viene a reforzar esto y reconozco que en unos días más estará la implementación total de la reforma laboral”, adelantó.

Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, resaltó que el T-MEC a diferencia del TLCAN tiene un elemento laboral de respeto y derechos laborales que forma parte de sus pilares fundamentales.

Esto es crucial y cambia la perspectiva de qué pretendemos con un acuerdo de esta naturaleza.

Explicó que el TLCAN era un acuerdo exclusivamente comercial, que no contenía mecanismos normativos que permitieran el cumplimiento de los derechos laborales, llegaron inversiones, industrias, pero eso no necesariamente se veía reflejado en el bienestar de los mexicanos, en los salarios, en el respeto a sus derechos, como sucede hoy.

En su oportunidad, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que en sólo un par de décadas México se convirtió en un exportador de manufacturas de autopartes y productos agrícolas, lo cual ha generado millones de empleos y ha dotado de solidez a la macroeconomía mexicana.

“Ninguno de los socios del tratado podía darse el lujo de prescindir de los otros dos. En este sentido, todos los sectores trabajamos de la mano y emprendimos una estrategia conjunta por un interés común: Crear un nuevo tratado comercial que no sólo protegiese a las inversiones y al comercio regional, sino que modernizara el acuerdo para reflejarse en las necesidades actuales”.

Por su parte, Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI y presidente de la Comisión para Dar Seguimiento a la Implementación del T-MEC, dijo que para hablar del tratado no sólo es necesario referir los resultados favorables para nuestro país, sino también destacar las áreas de oportunidad donde México todavía no tiene presencia, pero tiene la voluntad y las posibilidades de cambiar esto, pues al resolverlas cumpliría con lo pactado en el tratado y se actualizaría en otros compromisos igual de relevantes.

Advirtió que estamos ante un contexto global adverso y en constante cambio.

Destacó que la pandemia por covid-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania hicieron más marcadas las desigualdades entre las economías, pues la escasez de suministros básicos y el aumento de precios en combustibles y alimentos, cambiaron los flujos de las cadenas de valor y orillaron a los inversionistas a buscar zonas nuevas y menos problemáticas.

Dijo que “el trabajo en política interior y exterior no es excluyente, sino complementario, y a mayor certidumbre entre quienes participan, laboran y producen en nuestro territorio, mayores son las posibilidades de continuar fortaleciendo los compromisos internacionales que México suscribe y de abrir oportunidades a nuevos mercados”.

Señaló que el T-MEC, desde su implementación, ha exigido una actualización permanente en temas como el contenido regional, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y el comercio electrónico, entre otros.

“En tiempos recientes, nos pide entenderlo con una visión de Estado, que esté por encima de diferencias en el mundo de las ideas, las coyunturas políticas o las agendas particulares”, declaró.

Ruiz Massieu expuso que durante estos dos días que dura este foro, se buscarán en las cinco mesas temáticas de trabajo, identificar áreas de oportunidad de las que México no ha podido sacar provecho y que resulten necesarias para mantener su vigencia como un socio en la construcción de las mejores condiciones para el desarrollo sustentable de largo aliento.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Reforma Laboral no debe rebasar el derecho de la autonomía sindical

En el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC y dentro del plazo de 45 días naturales que establece, concluyó exitosamente la quinta solicitud de revisión en el caso de Manufacturas VU, de Piedras NegrasCoahuila, que se notificó por el gobierno de Estados Unidos, el pasado 21 de julio.

En comunicado conjunto, las Secretarías del Trabajo Previsión Social y de Economía, informan que gracias a las nuevas disposiciones de la Reforma Laboral de 2019, se garantizó el cumplimiento de los compromisos laborales de México al amparo del T-MEC, particularmente en este caso.

Se detalla que la petición de revisión involucró el análisis de una denegación de derechos colectivos de trabajo.

Como parte de la remediación, el 31 de agosto se llevó a cabo una consulta para la Constancia de Representatividad, que se desarrolló en condiciones pacíficas y de certidumbre, a través del voto personallibre, directo y secreto.

Y garantizando el derecho de las personas trabajadoras a decidir por el sindicato que mejor representara sus intereses en la contratación colectiva.

Con esta consulta, los hechos materia de la investigación conforme al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida quedaron solventados, dentro del plazo de 45 días naturales que establece el Tratado para la investigación interna por parte del gobierno de México.

Y a través del Centro Federal de Conciliación Registro Laboral, el gobierno de México dará seguimiento al debido cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la consulta, a fin de garantizar los derechos de las personas trabajadoras.

También se informa que las acciones implementadas en tiempo y forma por parte de la STPS, permitieron a México cumplir con los compromisos internacionales y salvaguardar sobre todo, los intereses de los trabajadores en la instalación de Manufacturas VU.

Señala el comunicado conjunto que el gobierno de México atiende debidamente todas las solicitudes de revisión en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Esto ha evitado recurrir a un panel arbitral y la imposición de sanciones comerciales.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

México | Altán puede rentar espectro a Telcel y AT&T, si AMLO e IFT modifican el contrato APP: Fernando Borjón

Altán Redes, concesionario de la Red Compartida de servicios mayoristas, se encuentra en concurso mercantil por impagos a proveedores e ingresos bajos. Una posibilidad para atraer recursos es fraccionar en bloques nacionales la banda de los 700 MHz que explota y rentarlos a compañías celulares como AT&T o Telcel, necesitadas de ese espectro por su poder de cobertura y capacidad, y porque Altán ya tiene montadas antenas con tecnología 5G en dicha banda radioeléctrica.

Fernando Borjón Figueroa, ingeniero con especialidad en temas de espectro radioeléctrico, fue durante dos años comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la primera generación de esa autoridad reguladora. En ese periodo, Borjón participó en las regulación de complicados asuntos como la portabilidad numérica, la transición de la televisión analógica a la digital; la construcción de la primera licitación de cadenas de televisión que se dio en el país y la denominación a Televisa como agente con poder sustancial.

Su conocimiento fue aprovechado después por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), allí como director general de esa entidad a la que se le entregó la concesión de los 90 Megahertz de frecuencias que componen la banda de los 700 MHz y que hoy utiliza Altán Redes para comercializar sus servicios mayoristas de telefonía e Internet en la llamada Red Compartida; por ello es que Fernando Borjón conoce, como muy pocos exfuncionarios en México, a la Red Compartida desde que se pensó como posibilidad un día del año 2007 y cómo es que ahora dicho proyecto no halla la viabilidad financiera.

Borjón Figueroa, adusto de rostro, pero animado en sus respuestas —su cuenta de Twitter lo desvela—, es recordado en el IFT y Promtel por ser un personaje dispuesto siempre a la conciliación y al convencimiento con argumentos; y lo habrán visto varias veces con papel y lapicero en mano para escribir ideas; estudiarlas y para proponer después. Por eso este ingeniero que estudió en la Universidad de Brunel del Reino Unido y Universidad Iberoamericana propone en esta entrevista una alternativa para que Altán Redes y la Red Compartida generen ingresos sin faltar a los preceptos de la Constitución y la reforma sectorial de telecomunicaciones del año 2013-2014.

El ingreso del Estado como accionista en Altán Redes es visto como una vulneración de la neutralidad competitiva, pero también como certidumbre y menor riesgo para los acreedores… ¿Hay un punto medio para usted?

—La entrada del Estado en Altán es muy lógica. No es que ahorita el gobierno quiera estar. La banca de desarrollo financiaba aproximadamente una tercera parte del proyecto desde su inicio, pero entraba en términos de capital puro. Es decir, con un financiamiento sin injerencia ni control de la empresa. Desde ese punto de vista, Altán era absolutamente una empresa privada.

La banca de desarrollo no dio dinero a fondo perdido. No es un proyecto en que la Secretaría de Hacienda llegó y dio dinero a fondo perdido. La banca de desarrollo tiene la misión de recuperar esos préstamos.

La Red Compartida nunca estuvo bajo el control del Estado, más que lo que tocaba a la banca de desarrollo con lo prestado. El que la banca de desarrollo haya entrado ahora con una medida de inyección de capital, es también para intentar recuperar en el tiempo una inversión que fue del Estado y que me parece una acción lógica en cuanto la parte financiera.

La Red Compartida siempre se calificó como un proyecto riesgoso y hubo, incluso, quien lo calificó como el “Fobaproa de las telecomunicaciones”… ¿Cree que se pueda hacer algo todavía?

Cuando en 2019 se hicieron algunas nuevas proyecciones, éstas eran muy bajas. Eso nos estaba hablando ya desde entonces que la Red Compartida no estaba teniendo el impacto financiero, ni consiguiendo el beneficio para encontrar su punto de equilibrio. Este siempre fue un proyecto de riesgo como otros que pudieran tener su propia novedad, donde además lo que se esperaba era que el mercado fuera resolviendo las cosas y pues como vemos, no fue así. El mercado mismo habló: los dos mayores operadores, Telcel y AT&T, tampoco entraron a comprar capacidad a la Red Compartida de Altán.

Ante ese escenario y ante la falta de financiamiento de los propios inversionistas y la falta de financiamiento recurrente por los ingresos que no se estaban teniendo, se estaba buscando una nueva manera de poder sacar adelante el proyecto, hasta que los alcanzó el concurso mercantil. Pero todo ello no quiere decir que la Red Compartida no puede tener una segunda oportunidad, aunque signifique también cambios o impactos a la operación.

Como otra oportunidad, el nuevo director general de Altán Redes ha advertido que es posible el ingreso de ese operador mayorista al mercado minorista celular, al menos allí donde ningún operador ha llegado con cobertura…


—El servicio concesionado que tiene autorizado Altán Redes es claramente mayorista, entonces no hay mucha discusión. Si no lo permite la ley y no lo permite la Constitución, no puede. Si el Estado quiere ir a más zonas rurales, tiene otras posiciones con otras empresas.

Tras fracasar con su iniciativa de reforma al sector eléctrico, difícilmente el Ejecutivo federal irá otra vez al Congreso para buscar una mini-reforma para la Red Compartida de Altán, ¿no lo cree?

—Si Altán quiere dar el servicio al usuario final, sí necesita pasar por una reforma constitucional. Pero, ¿el Estado buscaría una reforma para eso? Entendemos que el nuevo director quiera encontrar la manera de generar los ingresos a la mayor velocidad para la Red Compartida y varios lo acompañamos en eso.

La pregunta es si el Estado se lanzaría al intento de una reforma constitucional en esta materia y para esto. A como está conformado el Congreso y para quitar o cambiar exclusivamente eso, ¿cuánto capital político está dispuesto a invertir el Estado? El Estado perdió en el Congreso con la reforma eléctrica; seria mucho desgaste hacer ahora eso. El Estado ya tiene otras formas de poder dar el servicio al menudeo… CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos… Telecomunicaciones de México… Y hasta un WISP podría comprar capacidad a Altán y ofrecer el servicio en las zonas rurales.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

T-MEC_ Canadá insta a México para fortalecer las cadenas de suministro bilaterales

Canadá instó a México a fortalecer las cadenas de suministro bilaterales y en América del Norte para enfrentar con mayor resiliencia los desafíos globales.

“Las cadenas de suministro globales están compitiendo más en forma regional”, dijo el ministro de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, en el lanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Canadá, realizado de manera virtual.

Ya estados Unidos y Canadá trabajan en el Grupo de Trabajo sobre la Cadena de Suministro entre ambos países, que se centra en mejorar la cooperación en áreas clave, con el objetivo de alcanzar una mayor alineación, permitir la oportunidad de identificar posibles vulnerabilidades y mejorar la resistencia de la cadena de suministro a nivel nacional e internacional.

Este Grupo ha iniciado un análisis económico conjunto para analizar las cadenas de suministro y prestar la debida atención a cuestiones transversales como el desarrollo de capacidades y la cooperación en materia de reglamentación.

Vamos a ver nuevas formas en las cuales nosotros (México y Canadá) podamos fomentar más entornos colaborativos de negocios para tener mejores ecosistemas”, añadió Champagne este lunes.

La globalización ha abierto oportunidades económicas, pero también ha provocado problemas como la deslocalización de elementos importantes de las cadenas de suministro, sobre todo en el sector manufacturero.

Acontecimientos imprevistos como el Covid-19, las condiciones meteorológicas extremas y las interrupciones del transporte han puesto de relieve las vulnerabilidades preexistentes y han ejercido aún más presión sobre las principales cadenas de suministro.

“El panorama del comercio mundial tiene alteraciones no vistas antes, causadas por la invasión ilegal de Rusia a Ucrania que ha llevado a precios muy altos en alimentos, gas, petróleo y otros insumos esenciales que han causado dificultades a las personas en todo el mundo, inclusive en nuestro continente”, dijo la ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, Mary Ng, en el mismo evento.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Presentan quinta queja laboral contra México en el T-MEC; empresa busca imponer sindicato

Es la quinta queja que se interpone mediante el Mecanismo de Respuesta Rápida, en el marco del TMEC, bajo el argumento de que la empresa VU Manufacturing busca imponer un sindicato favorable en su planta en Piedras NegrasCoahuila.

“Nosotros como organización sindical no buscamos contratos. Somos un sindicato de servicio que apoya y atiende las demandas de los trabajadores. Ellos se acercaron a nosotros y de esa manera es como el Sindicato de la Industria Maquiladora (SIM), apoya a los trabajadores de la empresa VU Manufacturing”.

Así lo refiere Leocadio Hernández Torres, dirigente de Federación Regional de Trabajadores del Norte del Estado de Coahuila (FRTNECOAHCTM).

En entrevista con El Sol de México, el líder de trabajadores explica el trasfondo de ese caso: “Hay grupos, asociaciones civiles que financiados por sindicatos de Estados Unidos buscan generar ruido y desestabiliza empresas, sobre todo estadounidenses y muy particularmente las que pertenecen a la industria automotriz”.

“Aquí hay una persona, Julia Quiñones, que manejan los norteamericanos, que le dan dinero desde hace décadas para generar problemas. Hoy con esta situación y que los sindicatos tiene presencia importante a través del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC esas son las consecuencias. Aprovechan este tipo de situaciones para generar estas quejas”, puntualizó.

Respecto a la planta de VU, comentó: “Los trabajadores de esa planta que tiene cerca de dos décadas de trabajar en Piedras Negras, se acercaron a nosotros, desde hace tres, cuatro años, con fines de afiliarse al SIM, pero no hubo nada formal. Fue en noviembre de 2021, que otros trabajadores de la misma empresa, nos buscaron con el mismo fin”.

Se les explicó que tenían que hablar con sus compañeros en sus casas y que firmaran quienes aceptaban afiliarse y adjuntaran sus recibos de trabajo, como constancia para verificar su empleo.

Así lo hicieron ese fin de año. La planta de la VU Manufacturing cierra en Navidad y a principios de este 2022, mandé un escrito a la empresa con esa relación de trabajadores que quieren sindicalizarse libremente y se evite un emplazamiento de huelga.

Luego hablé con el gerente de Recursos HumanosMarcos Salinas, quien me dijo que el dueño de la empresa, un inversionista de Estados Unidos, no quería ningún sindicato; “pero me prometió que hablaría con él y le plantearía el asunto”.

En junio de este año, con la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, “estaba muy ocupado en esa tarea y no recordé lo de la panta de VU. Y por mediados de año me llama el licenciado Marcos Salinas, me dice que el inversionista americano, propietario de la empresa VU Manufacturing, estaba de acuerdo con que los trabajadores se sindicalizaran y hacer proselitismo”.

También confió que le dijo al gerente de Recursos Humanos, programarse para hablar con los trabajadores que invitaron a la CTM a representarlos.

“Ese fue el procedimiento de sindicalización y fue cuando me dí cuenta de la existencia de otro organismo gremial, la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM), interesada en conformar un sindicato más en la misma empresa.

Luego nos enteramos de la queja ante el Mecanismo de Respuesta Rápida. Considera que ¡es excesiva, sí se toma en cuenta que la Ley Federal del Trabajo (LFT), contempla que en el caso de que existan dos sindicatos se debe realizar un recuento de votos”.

Grupos que buscan generar ruido

Denunció que hay grupos, asociaciones civiles que financiadas por sindicatos de Estados Unidos buscan generar ruido y desestabilizar las empresas sobre todo las norteamericanas y muy particularmente las que pertenecen a la industria automotriz.

¿Son sindicatos de EU los que interpusieron esta queja?

-No, son gente de México que las utilizan; pero son financiados por sindicatos estadounidenses.

¿Y en este caso, la Liga Sindical Obrero Mexicana, la que la interpuso?

-Es correcto. Usaron a trabajadores que ignoran todo lo que hay detrás.

También comentó que previo a que la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM), que presentó la queja ante la autoridad laboral de los Estados Unidos, obtuviera la Constancia de Representación, el Sindicato de la Industria Maquiladora (SIM) ya la tenía.

“Por lo que los trabajadores deberán votar, como lo marca la Ley Federal del Trabajo por la organización gremial que los representará. Los trabajadores van a formar su sindicato ya sea con el Sindicato de la Industria Maquiladora, afiliada a la CTM o con la Liga Sindical Obrero Mexicana. No hay problema”.

Sobre las actividades de esta empresa VU, don Leocadio mencionó que se dedica a coser los asientos y cubreasientos de los vehículos. “Es una planta que tiene de 8 a 10 años de operar en Piedras Negras. Ninguno de sus trabajadores están afiliados a ningún sindicato”, precisa a El Sol de México.

“Son alrededor de 300 trabajadores en esta planta. No ha habido ningún sindicato. La postura de la empresa era la no sindicalización de los trabajadores. Y se acercaron a mi Leocadio Hernández Torres, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Norte del Estado de Coahuila, CTM, donde la gran mayoría de las plantas están afiliadas.

“Representamos alrededor de 20 mil trabajadores en la región norte de CoahuilaQuizás haya dos o tres plantas que no pertenezcan sus sindicatos a la CTM, son de la CROC, pero muy pocas. “Albergamos trabajadores de la industria automotriz y en otros giros también como ensamble de motores, motores para refrigeraciones y gran diversidad de empresas”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Teksid de Stellantis busca resolver en días la queja de EU bajo las normas T-MEC

La unidad en México de la fabricante de autos Stellantis espera resolver en unos días una queja del Gobierno estadounidense presentada bajo los términos del acuerdo comercial T-MEC, dijo la empresa tras aprobar la entrada de un sindicato independiente, una decisión que trabajadores atribuyeron a la presión de Washington.

Teksid Hierro de México, propiedad de Stellantis, dijo que la queja respecto a posibles abusos de derechos en una planta de autopartes en el estado norteño de Coahuila está cerca de resolverse sin la necesidad de acudir a un panel de disputas.

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) está negociando un plan de remediación con el Gobierno de México en el tema bajo los términos del Acuerdo Comercial de Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) de 2020, y proveerá más información en los próximos días, dijo un portavoz de la oficina en respuesta a preguntas de Reuters.

Desde 2014, los trabajadores de la planta han acusado a Teskid de colusión con el poderoso sindicato CTM para bloquear su elección de un sindicato independiente, Los Mineros, y el cierre del caso por los términos del T-MEC marcaría el fin de uno de los conflictos laborales más prolongados de México.

En las últimas semanas, Teksid reconoció a Los Mineros como el sindicato legítimo en la planta y acordó volver a contratar a 36 trabajadores que dijeron que habían sido despedidos en represalia por apoyar al grupo laboral independiente.

La unidad del fabricante de automóviles ítalo-francés se convertiría en la cuarta compañía en resolver una denuncia bajo los términos del TMEC desde el primer caso surgido en una planta de General Motors Co en el estado mexicano de Guanajuato el año pasado.

«Se ha demostrado cumplimiento de los puntos relativos a la queja», dijo Teksid a Reuters el viernes, en referencia a su planta de 1,500 empleados que fabrica partes de hierro para vehículos pesados.

Autoridades laborales de Estados Unidos presentaron una denuncia bajo los términos del T-MEC por presuntos abusos de derechos el 6 de junio, solicitando a las entidades mexicanas que realicen investigaciones.

El 11 de julio, Teksid y Los Mineros llegaron a un acuerdo.

La acción rápida después de ocho años de conflicto ilustró cómo el TMEC -aprobado durante el gobierno del expresidente Donald Trump- ha ayudado a los trabajadores mexicanos a desplazar sindicatos favorables a empresas establecidos desde hace mucho tiempo, en favor de grupos independientes.

Aún así, las victorias dispersas han dejado a los sindicatos dominantes de México, criticados por ser demasiado cómodos con la gerencia, instalados en la mayoría de las fábricas.

Cuando se le preguntó acerca de la denuncia de Estados Unidos, Stellantis dijo que apoya los derechos de negociación colectiva y seguirá las leyes locales. Las Secretarías de Economía y Trabajo de México no respondieron de inmediato a las preguntas sobre la queja.

Con casco azul y uniforme nuevo, Alfonso Torres, de 45 años, ocupó su antiguo lugar en la fábrica el 21 de julio, ocho años después de ser despedido.

A medida que pasaba el tiempo y otras fábricas se negaban a contratarlo, Torres acampó afuera de la planta para exigir que le devolvieran el trabajo. De regreso a su empleo, dijo que sus compañeros más jóvenes le recordaron que la lucha por un mejor sindicato valió la pena.

«¿Creen que les podemos dejar un salario como el que dejó la CTM?, preguntó, en alusión al sindicato Confederación de Trabajadores de México. «Queremos algo justo», añadió.

Torres gana 374 pesos (18 dólares) por día, aproximadamente en línea con los salarios iniciales por hora establecidos para los trabajadores estadounidenses de Stellantis.

El T-MEC tiene como objetivo reducir la gran brecha salarial entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos, y aumentos recientes logrados por sindicatos independientes en General Motors y Panasonic tras denuncias vinculadas al acuerdo demuestran que están alcanzando algunos de sus objetivos.

Aún así, los salarios en otras plantas se han estancado en gran medida, incluso con la inflación disparada, y expertos dicen que los trabajadores automotores locales carecen del tipo de influencia masiva que los sindicatos estadounidenses han brindado durante mucho tiempo a los fabricantes de autos de Detroit.

Imelda Jiménez, una trabajadora de Teksid despedida que ahora es la secretaria de asuntos políticos de Los Mineros, dijo que el sindicato pronto exigirá aumentos de salarios, pero que estaba en guardia para ver cómo actuaría la planta sin el escrutinio de Estados Unidos bajo el T-MEC.

La planta podría haber tenido exportaciones gravadas si se descubriera que violaba el T-MEC, que tiene reglas laborales más estrictas que el acuerdo anterior, el TLCAN.

«Nunca antes se portaron de esta manera», dijo Jiménez.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Teksid y el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida

En México, las violaciones a derechos laborales fundamentales eran algo cotidiano, pues los gobiernos del pasado crearon un entramado de simulaciones en contubernio con empresas y sindicatos de protección patronal implantando una cultura antisindical desde la que se atentaba contra la vida interna y la democracia de los gremios de trabajadores.

Pocas son las organizaciones sindicales que remaron contracorriente y se enfrentaron a este impresionante aparato de destrucción de derechos laborales y un ejemplo de ello es nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, siendo precisamente la sección 327 de Teksid Hierro de México S.A. de C.V. la que a más de 14 años de incansable lucha, hoy triunfa y se consolida en un nuevo modelo de democracia, libertad y justicia laboral.

La empresa Teksid Hierro filial del grupo automovilístico estadunidense Stellantis, con sede en Monclova, Coahuila, cuenta con una plantilla laboral de mil 500 personas. Sin embargo, en 2014 enfrentó una disputa por violación a la democracia sindical y a la libertad de asociación, ya que impidió que trabajadores decidieran democráticamente qué organización debía representarlos.

Desde junio de 2008, las y los compañeros trabajadores de la sección 327 pararon sus labores debido a las deficientes condiciones de trabajo, los bajos salarios, la negativa de la empresa a pagar sus utilidades y de reconocer la titularidad del contrato colectivo de trabajo del Sindicato Nacional de Mineros. No obstante, Teksid se negó rotundamente a reconocer el recuento, despidió injustificadamente a los dirigentes sindicales, los colocó en las llamadas “listas negras” para que no fueran contratados en ningún centro de trabajo de la región, mientras que, a quienes se quedaron trabajando los obligaron a firmar contratos de afiliación a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Frente a estos abusos e injusticias, el Sindicato Nacional de Mineros que represento con gran honor y dignidad, así como las y los trabajadores de la sección 327 enfrentamos una desgastante batalla jurídica y presentamos una queja ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para garantizar el derecho a la libertad sindical.

El cinismo y la indiferencia por parte de Teksid era inaceptable, el gobierno de Estados Unidos presentó cuatro denuncias contra la empresa, solicitando a México una revisión sobre el incumplimiento de estos derechos. En junio de 2022, el gobierno estadunidense envió una nueva queja laboral, a través de la representante comercial especial de la Casa Blanca, Katherine Tai, y el secretario del Trabajo, Marty Walsh, quienes invocaron a la Ley de Implementación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés).

Durante estos ocho años, la empresa se había negado rotundamente a reconocer el resultado del recuento por la titularidad del Contrato Colectivo del Trabajo del Sindicato Nacional de Mineros, el cual fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 2021.

Tras un arduo y largo proceso de negociaciones y pláticas conciliatorias con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) se dejó constancia de que el Sindicato Nacional de Mineros es el único representante legal del contrato colectivo de las y los trabajadores, tal y como lo dejaron plasmado a través del voto libre, directo y secreto en el recuento que se realizó en 2018.

Además, se expresó que nuestro sindicato ha tenido acceso a las instalaciones de la empresa para llevar a cabo la labor sindical, circunstancia que se mantendrá en el futuro, y que también, recibió una oficina dentro de las instalaciones de la empresa para realizar la labor de representación sindical.

Gracias a esta favorable resolución y a la firma del acuerdo conciliatorio, el pasado 15 de julio, Teksid reinstaló a 36 de nuestros compañeros trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, pagándoles el 100 por ciento de sus salarios caídos durante cuatro años y otorgándoles contratos indeterminados. Asimismo, la empresa les otorgó permisos con goce de salario a doce compañeros para desempeñar su representación sindical en el Comité Ejecutivo local, además de dos permisos adicionales para dos representaciones a nivel nacional. Adicionalmente, la filial entregó las cuotas sindicales retenidas a los trabajadores y adeudadas al sindicato desde el 9 de mayo de 2019.

El triunfo inédito en el caso Teksid Hierro le pone fin al antiguo modelo sindical en México, el cual se caracterizaba por anteponer los intereses empresariales, en detrimento de las garantías de las personas trabajadoras. Gracias a la implementación del MLRR del T-MEC, se ha agilizado el proceso de resolución de controversias laborales. Si bien, desde 2021, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de nuestro sindicato y de la libre elección de los trabajadores, no fue hasta 2022 cuando se invocó a este mecanismo y fue posible finalizar el conflicto.

Sin duda, México está transformando el mundo del trabajo hacia la posibilidad de negociar y cooperar colectivamente con diversos aliados nacionales e internacionales para lograr una justicia laboral más efectiva. Estoy convencido de que tendremos más y mejores logros, los cuales no sólo son para nuestro sindicato y para sus trabajadores, sino también para sus familias y las próximas generaciones que merecen mayor bienestar y prosperidad.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Ve EU cuello de botella en legitimaciones de contratos laborales

Las autoridades laborales mexicanas podrían quedar rebasadas en su capacidad de supervisión de las legitimaciones de contratos colectivos, a medida que se acerca la fecha límite para concluir con este proceso según lo comprometido por México en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), advirtieron la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) y el Departamento del Trabajo de ese país, en un reporte.

Antes del primero de mayo del 2023, deben quedar legitimados todos los contratos colectivos del país para mantenerse vigentes, de acuerdo con lo establecido en el T-MEC.

“Existe la preocupación de que el Gobierno de México no tenga la capacidad para adaptarse a un aumento potencial en las solicitudes de legitimación”, dijo en el documento el Comité Laboral Interinstitucional de Seguimiento y Fiscalización (Comité Laboral), que es copresidido por la USTR y el Departamento del Trabajo estadounidense.

El Comité Laboral se constituyó por mandato de la Ley de Implementación del T-MEC con el propósito de monitorear la implementación de la reforma laboral mexicana durante un período de cinco años a partir del 2020.

Tiene la obligación de reportar cada seis meses a los órganos legislativos de Estados Unidos sus hallazgos y el informe en comento abarca el período del 1 de enero al 17 de junio del 2022, tratándose ya del quinto reporte elaborado.

Durante ese lapso, se recoge que se han llevado a cabo 9,866 procesos de votación correspondientes a 4,794 contratos colectivos. De los contratos votados, 43 fueron rechazados y 454 están pendientes de verificación.

De acuerdo con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, las votaciones deben ser validadas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

De acuerdo con el reporte del Comité Laboral el ritmo de realización de procesos de legitimación de contratos se ralentizó durante la primera mitad del 2022.

De acuerdo con el gobierno mexicano, previo a la reforma laboral existían en el país 559,969 contratos colectivos registrados, de los cuales estima que sobrevivirán unos 15,000, pues el resto serían contratos conocidos como “de protección”.

El reporte del Comité Laboral consigna que las autoridades mexicanas prevén un incremento de los procesos de votación en los próximos meses, con lo que podrían contratar a un mayor número de inspectores laborales.

Sin embargo, al tratarse de contrataciones de última hora, existe la preocupación entre las partes interesadas sobre “la falta de capacidad de las autoridades laborales para investigar prácticas laborales injustas prácticas en torno a la legitimación de votos y para establecer sanciones o remedios distintos a un nuevo proceso de votación”.

El Comité Laboral expresa también preocupaciones sobre la escasez de fondos para implementar aspectos de la reforma de la ley laboral, al argumentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con la provisión de fondos que prometió en una carta de 2019 al presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal (D-MA).

El presupuesto de reforma laboral para el 2022 fue de unos 228 millones de dólares, esto es, 97 millones menos que lo prometido.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Obtiene Constancia de Representatividad la Liga Sindical Obrera Mexicana; quinta queja laboral aún en proceso

La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) obtuvo la Constancia de Representatividad sindical, luego contar con el 30% del apoyo de los trabajadores de la empresa VU Manufacturing, misma que otorga el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), con lo que podrá demandar la titularidad del contrato colectivo de trabajo de dicha empresa.

VU Manufacturing, proveedor de molduras blandas para automóviles con sede en Troy, Michigan, con instalaciones de fabricación y soporte en EE. UU. y México; fue denunciada, bajo el mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC por la presunta denegación de derechos laborales, al impedir a los trabajadores elegir a su sindicato de manera libre. La quinta queja interpuesta por el gobierno de Estados Unidos a México, aún está en proceso de análisis.

De tal manera, que la CFCRL-CONSTANCIA-20220718-26581-2483 se tendrá que publicar en la fuente de trabajo del patrón Manufacturas VU, ubicada en Piedras Negras, Coahuila; siendo ésta aplicable a la totalidad de los trabajadores con actividad principal la de fabricación de asientos y accesorios de vehículos automotores.

El Centro Federal Laboral además instruyó a que la Constancia se coloque al interior del centro laboral en los lugares de mayor afluencia a fin de hacerlo del conocimiento a los trabajadores y de cualquier otro sindicato que desee obtener la Constancia de Representatividad.

La queja sigue

Liga Sindical Obrera Mexicana y el Comité Fronterizo de Obreras- alega que VU Manufacturing interfirió con la capacidad de los trabajadores para elegir su sindicato, una violación de sus derechos de asociación y negociación colectiva.

«En consonancia con el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos busca nivelar el campo de juego para los trabajadores y las empresas en ambos lados de la frontera y promover el crecimiento y la estabilidad en la región», dijo en su momento el secretario de Trabajo, Marty Walsh. «Reconocemos los esfuerzos continuos del gobierno mexicano para trabajar con nosotros para resolver las preocupaciones y asegurar que los trabajadores puedan elegir su sindicato libremente y negociar colectivamente».

El gobierno mexicano tiene 10 días para determinar si realiza una revisión y 45 días para investigar las reclamaciones y presentar sus conclusiones.

El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del USMCA permite a los Estados Unidos tomar medidas de ejecución basadas en la situación laboral de una fábrica individual en México si esa instalación no cumple con las leyes nacionales de libertad de asociación y negociación colectiva. La petición de Piedras Negras es la quinta solicitud presentada bajo este mecanismo.

C ON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

México cumple en caso de queja laboral contra Panasonic en el T-MEC

México cumplió con el caso de la queja laboral contra una instalación de la empresa Panasonic en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo (STPS) informaron este jueves que el Gobierno de México ha concluido exitosamente la solicitud de revisión realizada por el gobierno de Estados Unidos el pasado 18 de mayo en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC.

“Una vez más, la estrategia del Gobierno de México garantizó el cumplimiento de los compromisos laborales contenidos en el T-MEC, particularmente en este caso, en la instalación Panasonic Automotive Systems de México (Panasonic), ubicada en Reynosa, Tamaulipas”, dijeron en un comunicado de prensa.

En junio pasado, trabajadores de la planta de autopartes Manufacturas Vu en Piedras Negras, Coahuila, presentaron una queja laboral al amparo del T-MEC. Se trata de la quinta queja laboral contra una empresa establecida en México desde que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2022, todas en la industria automotriz (General Motors, Tridonex, Panasonic, Teksid y Vu).

Sobre Panasonic, ambas Secretarías ampliaron: “Destaca la capacidad de diálogo y compromiso que tuvieron el sindicato y la empresa para conseguir un acuerdo conforme a la legislación laboral mexicana”.

Lo anterior permitió que todas las acciones o hechos que fueron materia de investigación en este Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida quedaran efectivamente solventadas, dentro del plazo de 45 días naturales que establece el Tratado para la investigación interna por parte del gobierno de México.

Con ello, se garantizó el derecho de las personas trabajadoras a decidir por el sindicato que mejor representara sus intereses y de participar en la negociación colectiva a través del voto personal, libre, secreto y directo.

Los resultados de esta negociación emanada de una representación auténtica consiguieron un incremento salarial de 9.5%, la reinstalación de 19 personas trabajadoras con su respectivo pago de salarios caídos, el reembolso de las cuotas sindicales indebidamente descontadas y el de pagos omitidos por su actividad sindical.

La STPS monitoreará que los trabajadores que fueron reinstalados continúen laborando en un ambiente en el que se respete su derecho a la libre asociación.

“El gobierno de México ha atendido debidamente todas las solicitudes de revisión en el marco del MLRR, lo cual ha evitado recurrir a un panel arbitral, la imposición de sanciones comerciales, y en todos los casos se ha logrado el respeto a los derechos de las y los trabajadores, mejorar sus condiciones salariales, a la vez que las empresas siguen gozando de los beneficios comerciales del T-MEC”, dijeron ambas dependencias.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS