Nómadas digitales de EU, mercado con valor de hasta mil mdd en Latinoamérica: Skift

Tras la pandemia, el home office vino para quedarse en varias empresas de Estados Unidos, permitiendo que sus empleados puedan trabajar desde cualquier parte del mundo, haciendo que en la región de Latinoamérica y el Caribe estos “nómadas digitales” sean un mercado con valor de hasta mil millones de dólares, de acuerdo Seth Borko, director del departamento de investigación de Skift.

En su presentación durante el congreso All Green, Borko señaló que actualmentecasi 90 por ciento de los empleos estadunidenses tienen algún tipo de flexibilidad remota o híbrida.

«Tal vez sea un día al mes o algo así, pero todavía hay algún tipo de flexibilidad y eso permite que las personas cambien la forma en que trabajan, viven y viajan para combinar esas cosas”, comentó.

Sin embargo, destacó que no todos pueden acceder a un trabajo como un “nómada digital”.

“No todas las empresas van a ofrecer ese tipo de flexibilidad, se vuelve muy aspiracional, habría gente que tal vez no pueda hacerlo a tiempo completo, pero están interesados en ese estilo de vida y tal vez lo incorporen en varias semanas o meses de su año”, comentó.

Así mismo, Borko señaló que ante la llegada de los nómadas digitales, los cinco aeropuertos en América Latina y el Caribe que están registrado un mayor crecimiento. En primer lugar está Cancún, con el crecimiento más rápido y que está medido por aviones entrantes.

En segundo lugar se encuentra Tijuana, seguido del aeropuerto de Río de Janeiro, Buenos Aires y Guadalajara en México.

“Estas tres grandes economías, México, Brasil y Argentina, están creciendo muy rápido y muy fuerte; y si nos fijamos en Cancún y Tijuana, asumimos que también hay una gran cantidad de turistas estadunidenses y canadienses entrantes”, explicó Seth Borko.

Resaltó que América Latina es prácticamente la región con más rápido crecimiento y por ende tiene la recuperación más rápida.

“Además hasta el día de hoy, es la región más recuperada a nivel mundial en términos de la industria de viajes”, finalizó.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

PENSIONES_ Pensiones perderán 52% de su valor en AL con cambios demográficos

En América Latina, los cambios demográficos equivaldrá a una caída de 52 por ciento del valor de las pensiones en los próximos 30 años, esto como consecuencia del acelerado envejecimiento de la población, menores tasas de natalidad y altos niveles de informalidad, reveló una publicación elaborada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Unión Europea.

La revisión de políticas destacó el caso de Chile, México y Perú, países en donde más de dos tercios de los planes de pensiones corresponden a la rentabilidad, mientras que sólo un tercio a las cotizaciones de los trabajadores.

En México, las pensiones representan un lastre para las finanzas públicas. De acuerdo con el Paquete Económico de la Secretaría de Hacienda, para este año el monto destinado al pago de pensiones alcanzará un récord de 1.7 billones de pesos, que representa 20.4 por ciento del total del presupuesto gubernamental y un aumento de 14.3 por ciento respecto a 2022.

“Los países deben desarrollar políticas de protección social que consideren su capacidad técnica y financiera para aplicarlas. Deben analizar diferentes opciones de financiamiento, tanto contributivas como no contributivas, obligatorias y voluntarias, como una combinación adecuada que fomente la sostenibilidad”, expusieron.

Por otra parte, la informalidad es el principal obstáculo para eliminar la brecha de cobertura. La economía formal es la fuente principal de financiamiento de la protección social, “por ello es necesario aumentar el espacio fiscal y permitir que se siga avanzando hacia la cobertura universal”.

El organismo agregó que el impacto demográfico es significativamente más bajo en sistemas financiados de forma individual, como es el modelo de las Administradoras de fondos para el retiro (Afore) en México, dado que no dependen del número de nacimientos por mujer en edad fértil.

De esta forma indicó, aumentar la cobertura y mejorar los sistemas de protección social puede fomentar la inclusión, la productividad y el desarrollo económico.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

OIT_ Informalidad y pobreza laboral lastran a mercados de trabajo en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe enfrenta en 2023 un mercado de trabajo “altamente complejo y cargado de incertidumbre” a causa de una conjunción de múltiples crisis que impactan los mercados de trabajo y hacen necesaria la aplicación de políticas para crear empleo formal, dijo hoy la Oficina Regional de la OIT al presentar una nueva edición de su informe Panorama Laboral.

“En este momento es urgente la implementación y fortalecimiento de diferentes tipos de políticas que contribuyan a la creación de empleo formal y al sostenimiento de los ingresos laborales”, destacó la Directora Regional a.i. de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts, al presentar el análisis sobre la situación del empleo, que se elabora anualmente desde hace 30 años.

La tasa de desocupación regional promedio estimada a fines de 2022, de 7,2 por ciento “es significativamente menor” que la de 2019, antes de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, cuando registró un nivel de 8 por ciento.

El informe destaca que esta baja en la tasa de desocupación fue impulsada por la creación de empleo (tasa de ocupación) que en el tercer trimestre de 2022 había recuperado los niveles prepandemia, sumado a una recuperación aún incompleta de los niveles de la tasa de participación laboral, que siguen siendo levemente inferiores a los de 2019.

El informe destaca que la recuperación del empleo en 2022 fue más intensa entre mujeres que entre hombres, y entre jóvenes que entre los adultos. En ambos casos se trata de grupos que habían sido ferozmente impactados en la crisis laboral por COVID-19. Por otra parte, las brechas estructurales por género y por edad siguen presentes en los mercados laborales.

La baja de la desocupación “es una noticia positiva en especial tras la crisis de grandes dimensiones que provocó la pandemia”, consideró Coenjaerts.

Pero al mismo tiempo dijo que este año esos progresos podrían estancarse. “El escaso dinamismo de la economía pronosticado para 2023 afectará negativamente la generación de nuevos empleos y eso hará que en 2023 la desocupación registre variaciones”, llegando a niveles de entre 7,2 y 7,5 por ciento.

El informe de la OIT también plantea que más allá de los promedios regionales es importante considerar las situaciones de los países individualmente. En 9 de 15 países la tasa de ocupación aún era inferior al registrado tres años antes, mientras que solo en 2 de 15 países la tasa de participación superaba niveles prepandemia. La tasa de desocupación bajó en 10 de 15 países al tercer trimestre de 2022.

El Panorama Laboral destaca que la región es afectada por la conjunción de múltiples crisis a nivel global, como la persistencia de la pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania, y al mismo tiempo enfrenta la perspectiva de un crecimiento económico bajo, las secuelas de una elevada inflación, limitado espacio fiscal y altos niveles de endeudamiento.

Coenjaerts dijo que “en este escenario económico el problema laboral más urgente para la región es el de la calidad del empleo y los insuficientes ingresos laborales y totales generados por los trabajadores y sus familias”.

El informe destaca que la recuperación laboral ha sido fuertemente traccionada por el aumento de las ocupaciones informales, que representaron entre 40 y 80 por ciento de los empleos generados. Aunque en los últimos meses esta tendencia se atenuó a favor de empleos formales, la tasa de informalidad regional ya llegó a 50 por ciento como era antes de la pandemia, aunque en algunos países es mucho mayor.

“La realidad es que una de cada dos personas trabajan en la informalidad, que suele estar acompañada inestabilidad laboral, bajos ingresos, sin protección social”, dijo Coenjaerts.

La Directora Regional explicó que según estimaciones de OIT “los trabajadores informales tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales, a la vez que explican entre 70 y 90 por ciento de la pobreza laboral total”.

Adicionalmente, el informe advierte que los ingresos reales de personas trabajadoras en la región están siendo afectados por una tasa de inflación regional que se habría ubicado por encima del 8 por ciento en 2022 y que causó una pérdida del poder adquisitivo de los salarios medios y los salarios mínimos.

En el caso de los salarios mínimos, por ejemplo, en 9 de los 17 países analizados el valor real era inferior al de antes de la pandemia.

“El impacto de la informalidad, sumado al de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, es fundamental para entender por qué debemos estar alertas al ‘fenómeno del trabajador pobre’, es decir de aquellas personas que aún teniendo un empleo, incluso un empleo formal, pueden encontrarse en situación de pobreza”, explicó Roxana Maurizio, economista laboral de la Oficina Regional de la OIT y coordinadora de esta edición del Panorama Laboral.

Maurizio explicó que en la región “los ingresos laborales representan 80 por ciento de los ingresos de las familias”, y por eso son esenciales para entender las entradas y salidas de personas en situación de pobreza.

Para enfrentar esta situación “son necesarias las políticas de sostenimiento y creación de más y mejores empleos, especialmente de empleos formales”, agregó.

El informe de OIT plantea que también se requiere de políticas para ofrecer garantías de ingresos para quienes están más afectados por la pérdida del poder adquisitivo, en lo posible en vinculación con políticas activas para acceder al mercado laboral.

Por otra parte, los mecanismos de negociación salarial surgen como una necesidad imperiosa en un contexto de alta inflación que, además, demanda el reforzamiento de las instituciones laborales, especialmente el salario mínimo y la negociación colectiva.

“Si queremos avanzar hacía una región con mayor justicia social y menor desigualdad, será necesario adoptar medidas contundentes para generar más y mejores empleos”, concluyó Coenjaerts.

CON INFORMACIÓN VÍA OIT/ILO

OIT: 34,5% de personas mayores de 65 años no tienen ingresos en América Latina y el Caribe

La OIT alertó hoy sobre un deterioro de la cobertura de protección social en la vejez que deja a 34,5 por ciento de los mayores de 65 años sin ningún tipo de ingreso laboral ni pensiones, una situación de vulnerabilidad e inseguridad económica que se ha agravado por el impacto de la pandemia por COVID-19. “La proporción de personas mayores sin ingreso laboral ni pensión aumentó de 31,9 por ciento en 2019 a 34,6 por ciento en 2020 y 34,5 por ciento en 2021. Esta brecha de cobertura es la más alta de toda la serie disponible desde el año 2012”, destaca una nueva nota técnica publicada por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

A nivel regional se observa que un 46,8 por ciento de los mayores de 65 años recibe solamente pensión, un 5,1 por ciento recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6 por ciento reporta solo ingreso laboral. En total, solamente 51,9 por ciento reciben una pensión.

El “Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe”, analiza las tendencias de la seguridad social en la región, en especial el caso de los sistemas de pensiones y la seguridad económica de las personas mayores, que fueron puestos a prueba durante la crisis social y económica detonada por la pandemia.“La pandemia visibilizó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el conjunto de políticas y programas que garanticen una cobertura integral frente a los distintos riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida”, advierte este análisis de la OIT. “La protección social es fundamental para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades sociales, especialmente en un contexto marcado por una crisis que ha afectado con mayor fuerza a los sectores más vulnerables”. “Ante la falta de recursos como ahorros u otras fuentes privadas y la disminución de la capacidad para generar ingresos laborales en edades avanzadas, puede llevar a situaciones de pobreza en la vejez”. agrega.

La OIT recuerda en este documento que el desempeño de los sistemas de protección social y sus desafíos se relacionan con una “tríada de objetivos”: cobertura, suficiencia y sostenibilidad.

La cobertura refiere a la cantidad de población alcanzada por la protección de riesgos sociales y acceso efectivo a prestaciones.
La suficiencia refiere al nivel o cuantía de las prestaciones monetarias o en especie.
La sostenibilidad es entendida como la capacidad relativa de una economía para afrontar los costos presentes y futuros de un sistema de protección social para garantizar la cobertura y la suficiencia de prestaciones.

La nota técnica de la OIT destaca que los sistemas contributivos de pensiones permiten asegurar una continuidad en los ingresos, en la medida que se cumpla con los requisitos de edad y años de cotización requeridos (o de ahorros previsionales) para la obtención del beneficio lo que depende, entre otras cosas, de trayectorias laborales formales. En todo caso, se registra que la cobertura contributiva se redujo 0,4 puntos porcentuales entre 2019 y 2021, pasando del 47,4 por ciento al 47,0 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada. La caída en el nivel de cotizantes para el año 2020 representa un retroceso de 7 años y, pese a la recuperación, los niveles de 2021 son similares a los del 2018.

Por su parte, los programas de pensiones no contributivos constituyen la respuesta para cerrar las brechas de seguridad económica en la vejez garantizando un piso de protección social en pensiones. En la región se registran 19 programas pensión no contributiva. El análisis de la OIT dice que las dificultades para alcanzar los objetivos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones se han agudizado, en un contexto de post – pandemia, con mayores incertidumbres sobre la capacidad de retomar el crecimiento económico, con menores espacios fiscales, aumento de las presiones inflacionarias e incremento del costo del crédito, entre otros.

A lo anterior, se agregan los factores estructurales tradicionales como la alta informalidad, que presionan a los sistemas de pensiones, disrupciones en la organización de la producción y el trabajo; el envejecimiento de la población y el incremento en las tasas de dependencia; y la incidencia de desastres naturales, entre otros.

El nuevo documento de la Oficina Regional de la OIT incluye los “10 desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor” en América Latina y el Caribe:

Recuperar el crecimiento económico
Aumentar el empleo formal
Aumentar y consolidar el espacio fiscal
Consolidar regímenes contributivos que aseguren prestaciones suficientes y sostenibles
Afianzar regímenes no contributivos financiados con recursos de rentas generales
Establecer adecuados mecanismos de actualización del valor de las prestaciones en respuesta a la inflación de cada país
Incorporar mecanismos de financiamiento solidarios para atender la situación especial de los regímenes semicontributivos
Lograr la cobertura universal mediante la sumatoria de los regímenes contributivos, semicontributivos y no contributivos que considere las brechas de género y por rangos de ingresos, promoviendo el fortalecimiento de la gobernanza y coordinación del sistema como un todo.
Asegurar la protección de riesgos de la salud para la población mayor, con independencia de su situación de ingresos.
Explicitar los posibles efectos y requisitos institucionales para afrontar los efectos en los períodos de transición entre políticas.

CON INFORMACIÓN VÍA OIT/ILO

PERSPECTIVAS_ Creciente adopción de tecnologías emergentes en AL

Aumentar la productividad y competitividad de América Latina y el Caribe, a través del uso de nuevas tecnologías que impulsen el desarrollo económico en la región, será posible con la creciente adopción de tecnologías emergentes, una tendencia ante la cual los líderes de las organizaciones se están mostrando cada vez más abiertos.

Estas tecnologías emergentes incluyen Inteligencia Artificial (IA), Metaverso, Blockchain, 5G, Biométrica, Computación frontera, Robótica avanzada, Gemelos digitales, Computación cuántica, Impresión 3D y Realidad Virtual/Aumentada, destaca el documento “Impulsar la adopción de tecnologías emergentes en América Latina”, de Harvard Business Review Analytic Services, patrocinado por NTT DATA.

Se destaca que el 90 por ciento de los ejecutivos afirma que las tecnologías emergentes son extremadamente o muy importantes para el éxito futuro de una organización; 87 por ciento, admitió aprovechado extremadamente bien o muy bien estas tecnologías en los últimos dos años; aunque 73 por ciento consideró que la escasez de talento y los déficits de habilidades están impidiendo una adopción efectiva.

Rafael Heringer, director de Tecnología de Itaú Unibanco, una compañía de servicios financieros con sede en Brasil que utiliza la computación cuántica, aseguró que aunque la implementación de tecnologías emergentes es un fenómeno relativamente nuevo para las organizaciones de Latinoamérica, la situación ahora es diferente y los ejecutivos están más abiertos al cambio.

“En el pasado los líderes de la región esperaban que se probara una tecnología antes de invertir el tiempo y los recursos necesarios… Eso está cambiando, a medida que la transformación digital genera una afluencia de capital de inversionistas y un próspero ecosistema de compañías emergentes alientan a los ejecutivos a abrir sus ojos al potencial comercial de implementar soluciones innovadoras”.

Entre los beneficios que obtienen las organizaciones, destacan la productividad, la eficiencia y la rapidez factores que encabezan la lista. El 50 por ciento, mayor productividad de los empleados/menores costos de mano de obra; 46 por ciento mayor eficiencia de fabricación/producción; 40 por ciento, mejores procesos comerciales/mayor rapidez de toma de decisiones, mejor reputación de la marca y mayor crecimiento de ingresos/rentabilidad.

“Hay señales de que las organizaciones de América Latina están cada vez más dispuestas a experimentar con tecnologías menos probadas… Al experimentar con soluciones más innovadoras, las organizaciones de Latinoamérica están obteniendo beneficios que se extienden más allá de las mejoras de la infraestructura de TI y las mejoras de seguridad”, subraya el documento.

La Encuesta de servicios analíticos de Harvard Business Review, de mayo de 2022, señala que la computación frontera o en el borde es la tecnología emergente más utilizada entre las organizaciones de la región, citada por el 65 por ciento de los encuestados.

En tanto que 63 por ciento dijeron estár utilizando soluciones biométricas, como el reconocimiento de voz y el escaneo de huellas digitales, probablemente con la intención de acelerar la autenticación de identidad y la precisión en el desafiante panorama de seguridad actual.

Un 55 por ciento indicó que planea aprovechar la robótica avanzada, máquinas inteligentes que pueden proporcionar a las industrias, procesos de fabricación, fuerza laboral virtual de un mercado cada vez más reducido, y otras tecnologías que son consideradas son la IA y la transmisión de datos 5G, mencionadas entre el 52 por ciento; el metaverso, 51 por ciento; la computación cuántica, 47 por ciento y los gemelos digitales, 44 por ciento.

“Vale la pena explorar varias tendencias tecnológicas de alto potencial para las compañías latinoamericanas. Pero aprovechar estas tendencias significa que los líderes comerciales deben inspirar e implementar con éxito transformaciones en sus compañías”, enfatizó Alberto Otero Partner, Head of Digital Technology Americas de NTT DATA Europa y LATAM.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Inversión en tecnología sigue como prioridad de bancos en América Latina

Las transacciones bancarias digitales siguen en ascenso y la oferta de productos como billeteras digitales de parte de jugadores no bancarios, no para. Ante ello, los bancos de la región de América Latina no sólo siguen con importantes inversiones en tecnología, sino que éstas crecen año tras año.

El tercer Estudio Latinoamericano de Banca Digital realizado por la firma Infocorp, que incluye información proporcionada por 140 ejecutivos con alto poder de decisión de 75 bancos en 20 países de la región, revela que en el 2022, 65% de las instituciones encuestadas incrementó sus inversiones en tecnología, y 70% estima que crecerán aún más en el 2023.

Sólo 3% de los bancos, consideró la posibilidad de disminuir la inversión en tecnología para el próximo año.

El reporte menciona que el principal objetivo de los bancos en relación con los canales digitales, es seguir renovándolos para una experiencia cada vez más moderna e intuitiva, le siguió ampliar las funcionalidades de la banca digital actual, y en tercer lugar de prioridad se ubicó ser un banco 100% digital.

Aunado a ello, 10% de los entrevistados percibe ya un impacto negativo en el negocio por el ingreso de jugadores no bancarios; mientras que 42% lo está evaluando y 37% percibe un impacto mínimo ante esta situación.

En este sentido, señala, 43% de los bancos en la región se encuentra en este momento actualizando sus canales digitales como la web o app; y como siguiente prioridad está el desarrollar nuevos canales digitales de atención directa como chatbot o videollamadas.

Apertura de cuentas, principal transacción digital

Hoy, de acuerdo con los resultados del estudio de Infocorp, la apertura de cuentas se encuentra como la principal transacción digital de la banca con 45% de las instituciones, seguida de la solicitud de tarjetas de débito/crédito con 39%, y de préstamos al consumo con 34 por ciento.

De acuerdo con lo expresado por las entidades, en 46% se duplicó o más la cantidad de nuevos clientes digitales, mientras que 10% señaló que se triplicó o más.

Para acelerar la adopción digital, los bancos se enfocan principalmente en campañas publicitarias multimedia para promover su uso; además de incorporar procesos digitales para apertura de cuentas y campañas digitales de descarga de la app.

Aumento en operaciones digitales

El documento refiere que durante el 2022, en 60% de los bancos de la región, las transacciones digitales crecieron entre 1 y 50%; en 15% aumentaron entre 50 y 75%, y en 9% entre 75 y 100 por ciento.

Agrega que en 21% de las entidades, entre 40 y 60% de las transacciones se realizan por la app; en 16% entre 20 y 40%, y en 19% hasta 20% de las operaciones a través de este canal.

De esta manera, 73% de los bancos sostuvo que la experiencia con la app es fundamental para la imagen del banco, pero sólo 7% está extremadamente satisfecho con su aplicación.

Sin duda, las apps siguen siendo cada vez más protagonistas en los bancos, sin embargo, aún son muchos los desafíos (…) también hay un deber en cuanto a la personalización de la experiencia, ya que sólo 4% declara que es extremadamente personalizada”, enfatiza.

Estrategias en la nube

Finalmente, el informe destaca que una gran novedad, es que el 70% de los bancos está adoptando estrategias Cloud, lo que implica que es una tendencia que llegó para quedarse.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

DIGITALISMO_ ¿Cuáles son tus derechos como persona digital?

La pandemia de Covid-19 nos obligó a trasladar nuestra vida cada vez más hacia el mundo digital. Tan sólo en México más del 70 por ciento de la población es usuaria de Internet, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Sin embargo, en el país aún existe una brecha alarmante de conectividad y de acceso a dispositivos entre las personas que viven en ciudades (78.3%) y las que residen en zonas rurales (50.4%).

Esta situación se repite alrededor del mundo, ya que existen desigualdades en cuanto al ámbito digital. Para enfrentar este desafío, países como España, el bloque de la Unión Europea y Francia han avanzado en la regulación y creación de leyes que establecen un catálogo de derechos digitales para proteger los mismos derechos del mundo físico en los espacios de Internet.

En México ya hay avances en el reconocimiento de los derechos digitales, como el derecho al acceso a Internet o al teletrabajo; sin embargo, tanto a nivel nacional como en América Latina aún no existe una carta o reglamento que reconozca dichos derechos.

Primero es necesario entender qué es una persona digital. Se puede explicar como “aquel ser humano que utiliza las TICs y participa en la comunidad digital con un rol social”.

Esta persona interactúa con otras personas a través de un entorno digital y de esta interacción se crea un perfil digital. El perfil conforma toda la información vinculada a una persona, que se genera tanto pública como anónimamente en Internet. Este rastro incluye diversos datos personales como imágenes, comentarios, enlaces, perfiles de redes sociales, contenidos, contactos, direcciones de correo electrónico y mensajería instantánea y más.

Con esta definición, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) elaboró una carta que tiene como objetivo difundir los derechos que tiene cualquier persona usuaria de Internet para ayudar a los entes públicos y organizaciones civiles en la creación de políticas públicas y leyes que tengan como finalidad proteger la convivencia armónica en los entornos digitales.

De acuerdo con esta carta, algunos de los principios mínimos que deben regir en los entornos digitales es la universalidad o el reconocimiento de todos los derechos humanos, accesibilidad asegurando el acceso a personas con discapacidad, diseño universal, equidad, igualdad de género y de oportunidades, entre otros.

En cuanto a los derechos digitales, se dividen en ocho apartados y cada uno establece varios derechos que se deben garantizar a las personas:

Igualdad digital: incluye el derecho al acceso universal a Internet, la no discriminación, acceso a contenidos educativos y el derecho a la neutralidad de Internet.
Libertades en el entorno digital: incluye el derecho a la identidad, a la pseudonimidad que establece la intimidad, derecho a no ser localizados o perfilados, libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la herencia digital y al ocio en el ciberespacio; además del derecho al uso de las redes sociales.
Seguridad y protección de datos personales: incluye el derecho a la privacidad, a la transmisión, recepción y tratamiento seguro de la información, a la ciberseguridad y a la portabilidad.
Participación, democracia y buen gobierno digital: derecho a recibir información veraz, participación ciudadana por medios digitales, derechos digitales frente a la administración pública, derecho a reunión, asociación y participación.
Derechos laborales: que incluye el derecho al teletrabajo, a la desconexión digital y la privacidad en el uso de cámaras de vigilancia.
Derechos a personas en situación de vulnerabilidad y de atención prioritaria: que incluye derechos a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y pueblos originarios.

Neuroderechos: que abarca el derecho a la preservación de la identidad personal, privacidad de datos neuronales, no interferencia en la libertad de decisión y equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral.
Defensa de las víctimas del delito cibernético y violencia digital: que incluye el derecho a contar con un recurso efectivo para su defensa y acceso a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

LABORAL_ Sistema de cuidados permitiría la creación de 6.5 millones de nuevos empleos en México: OIT

La OIT realizó una simulación en siete países de América Latina, incluido México, para calcular el impacto que tendría en el mercado laboral la implementación de licencias y políticas integrales de cuidado, lo que impulsaría la participación de muchas mujeres.

Si el gobierno y las empresas de México tuvieran políticas y programas integrales de cuidado para la población, se podrían crear cerca de 6.5 millones de nuevos empleos en el país, según una estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De estos puestos, 82% los ocuparían mujeres.

De acuerdo con una simulación realizada por el organismo en América Latina, si México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú destinan recursos para universalizar las licencias y servicios de cuidado de la infancia y personas adultas, generarían cerca de 25.8 millones de empleos directos e indirectos, nueve de cada 10 serían formales y el 80% los ocuparían las mujeres.

Esta semana el organismo publicó el reporte Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo, en el cual presenta la situación para la región. México no aparece muy bien evaluado, pues los permisos de maternidad son aún cortos y los de paternidad son raquíticos. Además, las trabajadoras del hogar, personas que laboran de manera independiente o en la informalidad, carecen de este piso mínimo de derechos.

En este país, sólo el 10% de mujeres que dan a luz cuenta con prestaciones monetarias de maternidad. Con ese porcentaje, México ocupa el quinto lugar de los que menos cobertura le otorgan a las madres trabajadoras. Ecuador (6.8%), Jamaica (7%), Paraguay (8%) y Perú (9%) son los primeros cuatro.

Del otro lado de la balanza, el 100% de las mamás trabajadoras en Uruguay cuenta con licencias pagadas. San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño del continente, es el segundo con mayor cobertura (78%). Le siguen Bolivia (59%), Brasil (48%) y Chile (47%).

Licencias maternas y paternas a medias

La inolvidable pandemia de covid-19 dejó más claro que lo cuidados son centrales “para la vida y para el funcionamiento de las economías y las sociedades”, señala el reporte. Sin embargo, al mismo tiempo esta crisis profundizó las brechas en la distribución de ese trabajo no remunerado recargándolo más sobre las mujeres.

Y entre todas las regiones del mundo, las mujeres de América Latina y el Caribe fueron “las más afectadas por la crisis en los mercados laborales”. La pandemia afectó su economía “por dos vías: el incremento en la carga de trabajo no remunerado, que reduce su participación laboral, y la enorme contracción del empleo”.

En México, las mujeres realizan el 73% del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado y los hombres se hacen cargo del 27%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además de que en este sector de la población recae esa inmensidad de tareas, las condiciones en las que las lleva a cabo les implican todavía más esfuerzo, tiempo y pérdida de oportunidades laborales.

Por ejemplo, todos los países latinoamericanos que analizó la investigadora de la OIT Larraitz Lexartza reconocen el derecho a la licencia de maternidad, el problema es cuántos días les otorgan. El organismo internacional recomienda que lo mínimo deben ser 18 semanas pagadas.

En 17 países la duración de las licencias es de menos de 14 semanas, México entre ellos. De hecho, este país está en el grupo menos avanzado, con apenas 12 semanas de permiso de maternidad, así como Bahamas, Barbados, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua.

Ahora, sobre las licencias de paternidad, 12 países aún no reconocen ese derecho. Entre los que sí cuentan con dicho permiso pagado, en 10 éste tiene una duración de cinco días o menos, que es el caso de nuestro país. Las Islas Vírgenes Británicas otorga 30 días, pero sin remuneración.

El país que tiene la mejor política en este tipo de permisos es Venezuela, que otorga 14 días y el financiamiento corre a cargo de la seguridad social. En México, los cinco días de permiso con goce de sueldo son con cargo a la empresa.

Estamos cerca, pero estamos varados

Uruguay es un referente para diferentes políticas públicas en la materia, en este caso fue el primero en la región en crear un sistema nacional de cuidados. Éste fue aprobado en 2015, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, pero fue diseñado e impulsado en el periodo del presidente José Mujica.

En su primera etapa priorizó la cobertura de los servicios de cuidado infantil de 0 a 3 años. “Para 2021 se proyectaba una cobertura cercana al 52%, siendo el país de la región con un mayor alcance para este grupo de edad”, dice el informe de la OIT.

México está a un paso de tener un sistema nacional de cuidados, pero no lo ha dado. Desde 2020 la Cámara de Diputados aprobó una reforma que pone las bases para su creación, pero la legislación sigue atorada en el Senado.

Si bien el país cuenta con diferentes instancias de cuidado infantil, “las jornadas de atención van desde las 8 hasta las 12 horas, en función del programa y centro”. Esto es un problema, dichos horarios no responden a las necesidades de las familias pues no se ajustan a la jornada laboral.

El reporte señala que 18 países de la región cuentan, por ley, con servicios de cuidados de larga duración para personas adultas. México no está entre ellos. Acá también está pendiente una reforma para crear casas de día para esta población, lo cual ayudaría a que muchas personas pudieran buscar un empleo mientras su familiar recibe cuidado.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

TENDENCIAS_ Ola progresista de reformas tributarias germina en AL

Una ola de reformas tributarias toma forma en la región más desigual del mundo, impulsada por gobiernos que emergieron de las urnas durante los últimos doce meses bajo banderas progresistas. Chile y Colombia se encuentran en el proceso y discusión de modificar sus sistemas tributarios para abordar, al menos de manera simbólica, la anquilosada concentración de la riqueza en América Latina.

Más allá de las particularidades de cada reforma, los impuestos a la riqueza y el gravamen progresivo sobre los ingresos son la parte más importante de ambas iniciativas, explican especialistas. A diferencia de Argentina que con la pandemia de covid-19 llamó a un impuesto “solidario” de emergencia sobre las grandes fortunas, Chile y Colombia pretenden fijar en sus leyes, a mayor plazo, este tipo de contribuciones.

“La valía de ambas reformas está en lo general, porque enfrentan fuertes problemas que no son políticos. En sí mismas se ven presionadas para salir adelante, tanto por tiempos como por expectativas, dado que los motores de crecimiento en ambas economías no alcanzan para impulsar las modificaciones”, explica Raúl Porras, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

En el caso de Colombia, la propuesta inicial ha tenido algunas modificaciones, al grado que se ha reducido a 20 billones de pesos colombianos (79 mil 404 millones de pesos mexicanos) su capacidad de recaudación. Se ha desprendido de los gravámenes a las pensiones; se han ajustado las sobretasas en impuesto sobre la renta (ISR) al sector de hidrocarburos –que estará atado al precio internacional de las materias primas–, mientras se mantiene la prohibición de deducir las regalías.

“La reforma tiene más que todo un objetivo recaudatorio, no busca promover la producción”, explicó Enrique Daza, director del Centro de Estudios del Trabajo de Colombia. En entrevista, detalló que la propuesta promueve un aumento en impuestos directos, especialmente a las personas naturales (físicas), así como a las pequeñas y medianas empresas.

Por ejemplo, la tasa efectiva de ISR a las pequeñas empresas puede llegar a 35 por ciento, pero para las grandes puede ser menor porque se mantienen varios beneficios tributarios para sectores como el turismo, amplió Daza. También contiene un incremento en el impuesto al valor agregado (IVA) sobre alimentos ultraprocesados, que si bien se presentan como impuestos saludables, “finalmente los termina pagando la población” de menores ingresos.

En el caso de Chile, se busca recaudar el equivalente a 4.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en los próximos cuatro años. Entre las piezas angulares de la reforma se encuentran un aumento a las contribuciones que paga 3 por ciento de la población con mayores ingresos, el impuesto a la riqueza, así como una baja en la carga tributaria de las empresas, de 27 a 25 por ciento, si se comprueba que invierten en infraestructura y maquinaria para la producción.

Otro de los principales puntos en la discusión chilena es el royalty minero. Hasta ahora la minería, una de las principales actividades económicas del país, se grava con ISR sobre su utilidad de operación, las modificaciones proponen mantener ese impuesto y agregar un cobro sobre el valor de las ventas del mineral (el cobre es la principal extracción del suelo chileno, pero en muchas es líder a nivel mundial), es decir, que también se incorpore el precio internacional de la materia prima.

Sobre los impuestos al patrimonio o a la riqueza, en Chile alcanzarían a 6 mil 300 personas en un país de casi 20 millones; se prevé una tasa progresiva de 1 a 1.8 por ciento en patrimonios por arriba de los 5 millones de dólares (alrededor de 99.5 millones de psesos mexicanos). Mientras en Colombia, se busca gravar con tasas progresivas de 0.5 a 1.5 a los patrimonios por arriba de los 3 mil millones de pesos colombianos (alrededor 11 millones 800 mil mexicanos), así como duplicar a 20 por ciento la tasa sobre dividendos o participaciones en trasnacionales.

“Los gravámenes al ingreso y a la riqueza (en las propuestas impulsadas por los gobiernos de Gustavo Petro, Colombia, y Gabriel Boric, Chile) son importantes por ser las primeras propuestas de este tipo en América Latina y con carácter progresivo (…) lo cual puede llegar a ser más equitativo en términos fiscales que aplicar de manera generalizada el IVA al consumo”, consideró Porras.

No obstante, hay una parte medular del sistema económico predominante que sigue sin ser tocada, agregó. “Si bien estas reformas pretenden gravar al que más tiene, en la práctica se orientan al sector de bienes y servicios, dejan de lado, o al menos no se especifica, al sector financiero, que es el principal responsable de impulsar el modelo económico ortodoxo”, dijo el investigador de la UNAM.

Luis Moreno, coordinador de justicia fiscal de Latindadd (Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social), explicó que se requiere modificar la estructura de regalías e ingresos al gran capital, y en ello avanzan ambas iniciativas, pero se enfrentan a la reticencia de las corporaciones cuyos privilegios fiscales han sido blindados con los tratados de libre comercio.

“En el caso de Colombia, ya empresas de grandes gremios empresariales norteamericanos han enviado una carta para pedir que esta reforma no se aplique y que de no ser así van a ir a tribunales de justicia para judicializar los casos a nivel internacional, sobre todo en el sector minero y petrolero”, ejemplificó.

El investigador de Latindadd consideró que “en Chile y Colombia las manifestaciones del pueblo han puesto en realce las necesidades de avanzar en el financiamiento de los sistemas de protección social, salud, educación, vivienda, desde antes de la pandemia”, pero en general, toda América Latina y El Caribe “arrastra la necesidad de reformas tributarias progresivas”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

TENDENCIAS_ «Renuncia silenciosa», un preocupante fenómeno social

En América Latina, 56 por ciento de las personas trabajadoras planea quedarse en su empleo actual y no cambiaría de fuente laboral si pudiera; sin embargo, la región no es ajena a un fenómeno que cada vez más preocupante: la renuncia silenciosa o “quiet quitting”.

Para algunos especialistas, esta actitud laboral que implica hacer lo justo e indispensable en el trabajo y el mínimo esfuerzo para no ser despedido, es una forma de afrontar el estrés y el agotamiento cuando no se está conforme y renunciar no es una opción o no se encuentran alternativas atractivas.

Según datos de la Encuesta Global de Actitudes de Beneficios – América Latina, realizada por la consultora WTW entre fines de 2021 y principios de 2022, un 45 por ciento de las personas empleadas a nivel regional que fueron consultadas, aseguró estar abiertas a nuevas propuestas o que planean marcharse.

En este gráfico y análisis de Statista, se muestra que los principales motivos que encuentra este grupo para buscar nuevos rumbos son el salario, mencionado por 59 por ciento de las personas entrevistadas; avanzar en la carrera (40 por ciento) y obtener seguridad en el empleo (38 por ciento).

Infografía: ¿Están conformes los latinoamericanos con su trabajo? | Statista

De acuerdo con el estudio, las y los trabajadores que están abiertos a ofertas son más propensos a sentir agotamiento (un 63 por ciento) y experimentar ansiedad o depresión (un 57 por ciento). Los empleados con problemas de bienestar están menos comprometidos, pierden más días de trabajo y se sienten más cansados.

A principios del 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el síndrome de burnout o “síndrome de desgaste ocupacional” como padecimiento profesional, incluyéndolo entre los problemas principales de salud mental en su Clasificación Internacional de Enfermedades.

Algunos de los síntomas del estrés laboral crónico pueden ser: agotamiento físico y mental, falta de concentración, dolores de cabeza, sentimiento de frustración y problemas de comunicación con los jefes o compañeros.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC