Despegue del mercado de banda ancha por satélite

La demanda de conectividad de banda ancha a través de redes fijas y móviles está aumentando considerablemente. Sin embargo, a pesar de las ampliaciones y optimizaciones de las infraestructuras, actualmente sólo la mitad de los hogares de todo el mundo tienen a acceso a servicios de banda ancha fija. Este panorama puede cambiar con la implementación de otros avances venidos del cielo, concretamente con el despliegue de constelaciones de órbita terrestre baja (LEO, del inglés Low Earth Orbit), una franja orbital situada entre los 160 y los 2.000 kilómetros de altura la emplearán miles de satélites en los próximos años para ofrecer Internet desde el espacio a cualquier lugar del planeta.

Según ABI Researchel mercado de banda ancha por satélite alcanzará los 3,5 millones de suscriptores en 2021crecerá a un ritmo del 8% para alcanzar los 5,2 millones de usuarios en 2026 y generará ingresos por servicios de 4.100 millones de dólares.

Los ingresos de banda ancha por satélite alcanzarán los 4.100 millones de dólares en 2026

“Los equipos LEO desempeñarán un papel importante en los servicios de banda ancha por satélite en los próximos años. Los sistemas de satélites de alto rendimiento (HTS) pueden soportar velocidad de varios Gbps. Orbitando a unos 800-1.600 km de la superficie de la Tierra, proporcionan una baja latencia de entre 30-50 milisegundos, lo que permite soportar servicios como juegos en línea y transmisión de video en vivo”, explica Khin Sandi Lynn, analista de la consultora.

Los sistemas LEO (Low Earth Orbit) darán conectividad de alta velocidad y baja latencia a usuarios en zonas remotas

Tradicionalmente, los satélites geoestacionarios de órbita terrestre (GEO) se utilizan principalmente para proporcionar servicios de banda ancha a hogares y empresas en zonas remotas o rurales donde el despliegue de conectividad de banda ancha móvil o fija es un auténtico desafío. Aunque los satélites GEO admiten una velocidad viable de más de 100 Mbps, su distancia de la superficie terrestre, de unos 36.000 km, supone un inconveniente respecto a la latencia, un retardo que puede ser de hasta 600 ms, lo que limita el uso de ciertas aplicaciones que requieren una respuesta rápida.

SpaceX lanzó por primera vez sus servicios de banda ancha Starlink a usuarios residenciales en 2020, soportando una velocidad de banda ancha de 100 Mbps con datos ilimitados mensuales. A día de hoy, la empresa aeroespacial de Elon Musk ha lanzado más de 1.000 satélites LEO y tiene como objetivo dar servicioa más de 600.000 hogares y negocios en los Estados Unidos. Además, está trabajando para llegar a algunos mercados de América Latina. Otras compañías como OneWeb y Telesat han lanzado satélites LEO que proporcionan conectividad a negocios. Amazon, que planea lanzar constelaciones de este tipo bajo la iniciativa Kupier, recibió la aprobación de la FCC para su proyecto a mediados de 2020, aunque todavía no está confirmada la fecha de lanzamiento inicial.

Y es que, a medida que la conectividad de banda ancha se está convirtiendo en un servicio esencial en los hogares actuales, los servicios de banda ancha por satélite seguirán siendo una parte importante del mercado broadband. Existe gran competencia en infraestructuras terrestres debido a la mayor implementación de redes fijas y móviles. La expansión de las redes LTE y 5G desafiará a la industria de la banda ancha por satélite mediante el suministro de servicios de acceso inalámbrico fijo (FWA) a los usuarios residenciales. Sin embargo, el coste y el tiempo asociados con las implementaciones de redes terrestres pueden limitar la distribución en áreas remotas. “Los sistemas satelitales seguirán proporcionando servicios de banda ancha a áreas desatendidas y sin reservas”, dice Lynn.

La expansión de las redes LTE y 5G desafiará a la industria de la banda ancha por satélite mediante el suministro de servicios de acceso inalámbrico fijo (FWA) a los usuarios residenciales

La llegada de los sistemas LEO beneficiará a los usuarios en áreas remotas al soportar el servicio de banda ancha de alta velocidad y baja latencia. “El desafío del servicio de banda ancha basado en LEO actualmente es el coste de los terminales, que son relativamente altos en comparación con las plataformas terrestres o satelitales existentes. Los operadores de satélite LEO necesitan encontrar maneras de reducirlos. Los paquetes flexibles podrían hacer que los servicios sean asequibles para los usuarios tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. A pesar de que inicialmente se pueden requerir ayudas para sufragar los costes de hardware, el aumento de las tasas de adopción ayudará al desarrollo de los ecosistemas y eventualmente reducirá el coste del hardware”, concluye Lynn.

CON INFORMACIÓN VÍA REDES & TELECOM

PERSPECTIVAS_Desigualdad informativa

“Primero los pobres” es la frase insignia del movimiento encabezado por el Presidente López Obrador. Sin embargo enfrenta importantes retos para materializarse. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica aparejada, ambas sin precedentes, amenazan por completo el proyecto político del actual Gobierno. No será fácil la recuperación económica. Menos fácil será evitar la caída de ingresos y, por lo tanto, que millones de personas caigan por debajo de la línea de la pobreza. El desafío está en garantizar, más allá del discurso, una acción coherente y articulada que mitigue los riesgos reales para los derechos económicos y sociales de amplios sectores de la población.

En los ámbitos analizados en nuestro informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”, damos cuenta de factores estructurales que entrañan la violación de derechos sociales íntimamente vinculados con el derecho a la información. Primero, observamos cómo la brecha digital está lejos de revertirse. En México aqueja al 55 por ciento de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” y 53 por ciento de la población rural. La propuesta de política pública planteada, al parecer, se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos. Así se mantienen dos Méxicos: uno conectado y otro que no lo está.

De hecho, el nombre del programa “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” es, en los hechos, una aspiración con la cual se ha bautizado una estrategia opaca, poco clara y mal diseñada, que prácticamente repetirá fórmulas de la Estrategia Digital Nacional del expresidente Enrique Peña Nieto. Lo que parecía en 2019 una prometedora política de conectividad, en 2020 se diluyó con la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, encabezada por Salma Jalife. Ella había comenzado a darle a la propuesta del nuevo Gobierno la necesaria prioridad, guía, coherencia y lógica.

Los actuales programas de conectividad refuerzan la verticalidad del poder y del Estadosin tomar en cuenta los procesos locales para generar formas de apropiación tecnológica, y detonar el aprovechamiento de los servicios de telecomunicaciones desde abajo, desde las dinámicas comunitarias interesadas nos solamente en “tener Internet”, sino en desarrollar sus propios esquemas para acceder a él. El Gobierno necesita fomentar el diálogo con los pueblos y las comunidades indígenas mediante esquemas participativos. Dejar de reforzar una visión paternalista y unilateral que cae en el error de considerar que la provisión de infraestructura es el único componente para garantizar la universalidad de internet y la inclusión digital.

Este Gobierno tiene la oportunidad de generar cambios. Dar un rumbo distinto al programa en cuestión cuyo enfoque contempla la cobertura de Internet únicamente para el 7.8 por ciento de las comunidades de menos de 250 habitantes (el 92.2por ciento restante de la cobertura estará a cargo de Altán Redes) para detonar mecanismos institucionales que fortalezcan los procesos locales de conectividad. El programa ha recibido críticas porque hasta la fecha el despliegue de los puntos de conexión, porque se han concentrado en zonas urbanas y donde ya hay conectividad.

La falta de Internet para personas y comunidades históricamente marginadas constituye, además de la violación estructural de un derecho humano, la permanencia de un factor que perpetúa la exclusión y la desigualdad. Ello se profundiza con la imperiosa necesidad, nacida de la emergencia sanitaria, de garantizar el acceso a internet a más hogares para el desarrollo de actividades educativas y laborales, que ahora dependen más de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En íntima relación, la pandemia puso al desnudo las carencias institucionales para garantizar información asequible, pertinente y culturalmente adecuada a las poblaciones indígenas del país. Al igual que la brecha digital, la falta de políticas de transparencia proactiva que permitan llevar información necesaria para un robusto ejercicio de los derechos a la salud y a la educación, nos permite llegar a la dolorosa conclusión de que, pese al discurso, los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidas en los hechos como sujetos de derecho.

Una de las limitaciones de las estrategias de difusión de información sobre la COVID- 19  para las poblaciones indígenas se encuentra en su alta concentración en el ámbito digital, sobre todo en las páginas de Internet de las instancias de Gobierno como la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INPI). Ello dificulta el acceso para muchas comunidades indígenas que no cuentan con Internet (o cuyos costos son altos al tener que pagar por tiempo determinado).  De acuerdo con el Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas 2018, el 82 por ciento de las localidades con presencia de población indígena cuentan con cobertura móvil en la tecnología 3G, pero sólo el 40 por ciento de los sitios tenían acceso a cobertura 4G.

Otra limitante es que no todas las familias indígenas cuentan con televisión o la señal es insuficiente para sintonizar la información difundida en las conferencias brindadas por la Secretaría de Salud, mismas que se encuentran en un lenguaje técnico y no se traducen a lenguas indígenas. En el mismo sentido, sobre todo a nivel local, persiste la medida de publicación de carteles y trípticos. Si bien algunos de estos materiales fueron traducidos a diferentes lenguas originarias, requieren que las personas sepan leer, lo cual pudiera ser más factible entre la población joven. Sin embargo, no lo es para las personas adultas y adultas mayores, menos aún en el caso de las mujeres que padecen condiciones adicionales de discriminación en el acceso a la educación. En suma, la estrategia informativa sobre la pandemia ha sido excluyente.

Por último, pero no menos importante, observamos un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboralCiento cuatro periodistas murieron de COVID-19 hasta el momento de escribir estas líneas. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país.

De noviembre de 2020 a enero de 2021, llevamos a cabo una encuesta dirigida a las y los periodistas que sufrieron ataques vinculados a las coberturas de la pandemia. Esta encuesta muestra que derivado de la contingencia sanitaria, al 62.7 por ciento de las y los periodistas sufrieron reducción a su salario o ingresos económicos vinculados al periodismo.

El incumplimiento de otorgar protección a periodistas por parte de las y los propietarios de los medios de comunicación se refleja en que, de las y los encuestados casi el 34 por ciento declaró no contar con el equipo de protección necesario para hacer coberturas durante la contingencia sanitaria. La falta de protecciones tiene un impacto claro en los contagios de periodistas: 49.3 por ciento afirmó que integrantes de su medio se habían contagiado mientras que casi el 16.4 por ciento dijo haberse ya contagiado de COVID-19.

Esto se vincula con las declaraciones de Zoe Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la conferencia matutina del 15 enero del 2020, Robledo afirmó que “[cerca] de 22 mil periodistas no tienen ningún esquema de seguridad social”. Si bien, Robledo agregó que se estaba “trabajando en un modelo para atender este problema”, ha pasado más de un año y no se tiene información sobre qué hará el Gobierno para dar asistencia y seguridad social a miles de periodistas.

La ausencia de protección, la privación de acceso a la seguridad social y en general las condiciones de precariedad también impactan psicoemocionalmente a la prensa. Del total de periodistas encuestados, sólo el 7.5 por ciento dijo no haber experimentado ningún tipo de impacto psicosocial, mientras que la mayoría (93.2 por ciento) dijo tener estrés, miedo y ansiedad.

Si la violencia material, que derivó en 692 agresiones contra la prensa, es motivo de suma preocupación en México, las carencias laborales se revelan como una circunstancia profunda que contribuye a un mayor estado de vulnerabilidad de los y las periodistas que afectan su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. En ello, convergen las responsabilidades de Estado y de los dueños de los medios de comunicación.

De esta manera -con datos y evidencia- confirmamos que la desigualdad informativa, y las condiciones estructurales que la profundizan, persisten pese al discurso de cambio.

CON INFORMACIÓN VÍA SIN EMBARGO

Demanda de banda ancha en las casas creció con el distanciamiento social

Las palabras de Daniel Hajj, director general de América Móvil durante una llamada con analistas financieros el pasado 10 de octubre fueron contundentes, “vamos a reducir el CapEx (gasto de inversión) respecto de nuestro objetivo establecido a principios de año, básicamente por cuestiones de ejecución”. Días más tarde, el 23 de octubre, Salvi Folch, director general ejecutivo del segmento de cable en Televisa mencionó a otro grupo de analistas que “las medidas de distanciamiento social (impuestas por la pandemia de coronavirus) han incrementado la demanda por servicios de banda ancha, incluyendo mayores anchos de banda por parte de nuestros clientes”. 

Son las dos caras de la crisis de salud en la industria: cambios e incrementos súbitos en la demanda de servicios de telecomunicaciones y al mismo tiempo complicaciones económicas y cambios en gobierno como la disolución de entidades, entre ellas la Subsecretaría de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y una licitación de espectro radioeléctrico no destinada a crear redes inalámbricas de quinta generación, conocidas como 5G

Los confinamientos decretados a partir del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia en marzo del año pasado cambiaron los hábitos de uso de los servicios de telecomunicaciones; datos de la Encuesta Mensual de Servicios del Inegi indican que entre marzo y agosto del año pasado el índice de ingresos de las empresas de telecomunicaciones inalámbricas se contrajo 24 por ciento, aunque a partir de ese mes se fue recuperando paulatinamente hasta alcanzar en noviembre casi el mismo nivel de ingresos de marzo. En cuanto a las telecomunicaciones fijas, el índice se mantuvo con un ligero crecimiento de 2.1 por ciento en los mismos meses del año pasado.

De acuerdo con Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (The CiU), empresa consultora del sector telecomunicaciones, “hubo segmentos como televisión de paga o las telecomunicaciones fijas que crecieron súbitamente al incrementarse la necesidad de conectividad fija y servicios de entretenimiento audiovisual, ya fuese contratando más capacidad de datos o agregando módulos de entretenimiento a paquetes contratados con anterioridad”. Daniel Hajj de América Móvil apuntó en la conferencia con inversionistas del pasado octubre que “vimos, en todos los países donde operamos, el movimiento de personas de las oficinas a sus casas y un mayor consumo en casa de servicios de banda ancha, WiFi y servicios de televisión”. 

En el sector de móviles, el cierre de centros comerciales y tiendas impactó en la venta de equipos terminales el año pasado, lo que aunado a la caída en la actividad económica hizo que de acuerdo con Piedras, el consumo de estos servicios se frenara abruptamente. Además, el parón de la actividad económica en 2021 llegó cuando una empresa relevante del sector estaba en proceso de reducir sus costos, de acuerdo con Jesús Romo de la consultora Telconomía: “Telefónica en México se encuentra en proceso de devolver espectro radioeléctrico al Estado mexicano tras acordar en noviembre de 2019 el uso de la infraestructura y espectro de AT&T para llegar a sus consumidores finales”. Un análisis de Telconomía publicado en diciembre pasado indica que los ingresos del segmento de telecomunicaciones móviles podrían oscilar entre una contracción de 6.7 por ciento a un incremento de 1.1 por ciento. 

Estimaciones preliminares realizadas por The CiU indican que para 2020 todo el sector de telecomunicaciones (que reúne servicios móviles, fijos y servicios de televisión de paga) tuvo ingresos por alrededor de 496 mil millones de pesos (mdp), aproximadamente 0.4 por ciento menos que los ingresos facturados en 2019. Una leve disminución, pero un hito, puesto que sería la primera vez en tiempos modernos donde se registra una contracción en este sector que históricamente ha visto un crecimiento sostenido. 

Bonanza fija 

El sector de telecomunicaciones fijas (internet alámbrico y servicios de televisión restringida) ha vivido un efecto positivo durante 2020. En su reporte de resultados del tercer trimestre de 2020, Megacable (empresa de telecomunicaciones fijas con sede en Guadalajara y más de 3.8 millones de suscriptores) indicó que “la compañía continuó observando un incremento en la demanda de sus servicios del mercado masivo, resultado de las medidas de confinamiento”. 

Otras empresas de telecomunicaciones fijas que registraron cambios positivos son Empresas Cablevisión (operadora de la marca Izzi) que registró un incremento en sus ingresos del orden de 10 por ciento en los primeros nueve meses del año pasado respecto de los nueve primeros meses de 2019 y Total Play, que registró para su tercer trimestre de 2020 un incremento de 39 por ciento en sus ingresos en un período similar. A su vez Telesites, empresa que en México gestiona más de 17 mil 600 torres de telecomunicaciones en el país, reportó para los primeros nueve meses de 2020 un incremento de casi 17 por ciento respecto de un período similar del año previo.

De acuerdo con Jesús Romo, las inversiones en el sector se concentrarán en el segmento de las telecomunicaciones fijas en tanto las condiciones de confinamiento mantienen la necesidad de incrementar la conectividad en casa. Además, Romo indica que es previsible que las empresas de telecomunicaciones fijas expandan su huella de servicio y hagan ajustes en su infraestructura, aunque probablemente lo harán de manera cuidadosa. 

En su llamada con analistas, Salvi Folch de Televisa mencionó que actualizaciones en su infraestructura requerirían incrementar sus tarifas, algo que evaluarían con cuidado, dado que su base de clientes es muy sensible a tales incrementos. 

Al cierre del presente artículo no se han hecho públicos los resultados de las empresas del sector del último trimestre de 2020, ni sus expectativas de inversión, pero el director general de América Móvil proporcionó un adelanto en la conferencia con inversionistas de octubre pasado, al señalar que si bien estimaban cerrar 2020 con inversiones menores a las propuestas inicialmente, para 2021 esperaban tener una mayor inversión. 

2021: política pública en el aire 

Otro factor relevante que determinará la inversión del sector en este año, de acuerdo con Ernesto Piedras, serán los efectos de la decisión del gobierno mexicano de eliminar la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico en agosto pasado, así como de la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. “Teníamos un marco institucional que no era perfecto, pero hoy no existe un interlocutor claro en el Poder Ejecutivo en temas de telecomunicaciones y ahora tenemos a una empresa de la paraestatal de electricidad cuyo impacto visible en el desarrollo de las telecomuni caciones es una incógnita”. 

A esto se añade el hecho de que para este 2021 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizará una licitación de espectro radioeléctrico bautizada como IFT-10, donde se pondrán en el mercado cinco grupos de bloques de espectro radioeléctrico para servicios móviles de telecomunicaciones en las bandas de 800 Megahertz (Mhz), 1.7 Gigahertz (Ghz), 1.9 Ghz, 2.1 Ghz y 2.5 Ghz. 

Según Romo de Telconomía, estas licitaciones representarán la salida al mercado de bloques de espectro que se habían declarado desiertos en licitaciones anteriores o de espacios llamados intersticiales, que sirven para evitar interferencias entre distintos servicios. “El plato fuerte vendrá hacia finales de año cuando comenzarán los trabajos para licitar bandas de espectro para los servicios de telecomunicaciones 5G”. 

De este modo, el reto para la industria será acomodarse a la incertidumbre generada por la pandemia de covid-19, pues “el sector telecomunicaciones junto con toda la sociedad, vivimos una nueva normalidad, donde las decisiones de negocio estarán determinadas en buena medida por los efectos causados por un virus que, al menos un buen rato definirá nuestra forma de vivir y de comunicarnos”.

Con información vía MILENIO

PERSPECTIVAS. Estos son los países con la banda ancha fija más barata de América Latina

Un nuevo estudio comparativo de Cable.co.uk revela que los tres países con los planes de banda ancha fija más baratos de América Latina son Argentina, donde el costo promedio es de 19.49 dólares al mes, Colombia con 24.63 dólares, y Brasil con 24.79 dólares.

Si bien la nación argentina tiene el paquete más económico, según la investigación de la consultora con datos hasta diciembre de 2020, la tarifa subió 5.79 dólares en comparación con un año atrás. En cambio, Brasil y Colombia reportaron una disminución del costo de 3.45 y 0.42 dólares, respectivamente.

A estos tres mercados les siguen República Dominicana (26.78 dólares), Suriname (28.61), México (29.01), Chile (33.55), Paraguay (33.57), El Salvador (38), Uruguay (38.59), Perú (39.87), Ecuador (40.38), Guatemala (40.85), Costa Rica (42.43), Bolivia (45.96) y Puerto Rico (46.49).

Por el contrario, un servicio de banda ancha fija rebasa los 50 dólares mensuales y es más caro en Nicaragua (52.50), Guyana (53.79), Honduras (57.50), Belice (57.58), Guyana Francesa (59.45) y Panamá (66.05).

La firma de análisis explicó que el precio promedio de los paquetes de banda ancha en general no bajaron durante el 2020, un año marcado por la pandemia de Covid-19, como se esperaba observar en el panorama global. Pero hay algunos casos en los que los costos cayeron, especialmente donde los servicios antes ya eran más caros.

Al mismo tiempo, se ha advertido un aumento de alrededor de 20 por ciento en las velocidades del servicio fijo a nivel mundial. De acuerdo con el informe, normalmente en los países donde la banda ancha es más cara también es lenta y poco fiable, y viceversa.

En el horizonte global, la consultora señaló que la banda ancha en Ucrania es la más barata (6.41 dólares al mes) y rápida, pero hasta ahora sólo la mitad de la población tiene acceso al servicio. En segundo lugar, Siria ofrece paquetes muy económicos, pero en parte se debe al colapso de la moneda local.

Rusia también destaca por tener una conexión fija barata y veloz, pues cuenta con tecnología de fibra y ADSL en las principales ciudades, y los usuarios reciben una rapidez de hasta 700 Mbps por alrededor de 7.50 dólares al mes. En contraparte, la banda ancha es más cara en naciones en desarrollo e insulares, como Ghana, Macao y las Islas Vírgenes Británicas.

Con información vía DPL News

TENDENCIAS: Advierten que demanda de ancho de banda de internet será de 63% en 2023

Tras la pandemia por Covid-19, la demanda de ancho de banda de internet será 63% más en 2023 de lo que se requiere actualmente, dijo Gustavo García, arquitecto de Soluciones Globales para América Latina de Equinix.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que antes de este 63% la estimación era de un crecimiento de 44%.

Por otra parte, Amet Novillo, director general de Equinix México, explicó que el Índice de Interconexión Global (GXI) indica que México será una de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en el mundo para el crecimiento del ancho de banda de interconexión con una tasa de crecimiento anual compuesta anticipada del 53% entre 2019 y 2023.

“Este crecimiento en la interconexión, o el intercambio directo de tráfico entre socios comerciales clave, significa la aceleración de la transformación digital en todo México a medida que los proveedores de servicios regionales y multinacionales y las empresas construyen e interconectan infraestructuras digitales”.

En enero pasado, Equinix adquirió tres centros de datos de Axtel por 175 millones de dólares y, a pesar de la pandemia, Novillo dijo que ha sido un proceso transparente gracias a los procesos establecidos por la empresa.

“Lo que hicimos fue subir a los tres centros de datos a los procesos de Equinix”, subrayó.

Por lo que en mayo ya se habían integrado los procesos de los centros de datos de Axtel a Equinix.

Con información vía El Universal