SNTE llevará elecciones seccionales con voto directo

La reforma laboral de 2019 no sólo cambió el modelo de elección y representación sindical en el sector privado; también se incluyó al sector público (Apartado B), en donde sindicatos como el Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) deberán realizar todo su proceso electoral con voto libre, secreto y directo en las 57 secciones del país, para luego dar paso a la elección del Comité Ejecutivo Nacional en donde participarán 2.3 millones de maestros.

Considerado como el mayor reto en un proceso de renovación sindical, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales, platicó con El Economista respecto al desarrollo que tendrán las votaciones.

El SNTE fue un poderío político y económico para quienes estuvieron ahí. Con el proceso de cambio por la reforma laboral (el SNTE) también está llegando a un proceso de democratización sindical y se decidió que primero se realizará el proceso de cambio en los Comités Seccionales, los cuales ya iniciaron en 19”, comentó.

En tanto, el próximo 29 de junio se renovará la Sección 4, de Campeche que tiene 30,000 agremiados; la Sección 50 de Nuevo León, que tiene 76,000 afiliados -son más afiliados e incluso que una empresa-, por ello, explicó el Magistrado, cada ejercicio tiene que hacerse de manera muy organizada.

“Ahí es donde el Tribunal revisa la convocatoria, expedida con 15 días de anticipación, se verifica que ésta se publicite, que se dé registró a todos los que quieran participar, que no se excluya a nadie pensando en un principio de igualdad y que el día de la jornada electoral en las asambleas electorales delegacional y selectivas se vote conforme a una a un padrón que previamente ya publicó el Comité Electoral, también se pueden recibir quejas o los reclamos que pudieran presentarse”.

Cabe señalar que el proceso electoral, es similar al que ocurrió en Pemex, en donde primero se cambiaron los Comités, para luego elegir al secretario general; aunque en el caso del SNTE, explica Morales, “aquí se tratará que se ventile, que se genere movilidad al interior del SNTE, porque hay muchas corrientes que se manifiestan y que tengan el Comité Ejecutivo Nacional que tenga la mayoría”.

Destacó que se espera que la primera parte del proceso concluya en los próximos seis meses, aún faltan 38 secciones y “respetando la autonomía sindical, el SNTE debe llamar a un Congreso Nacional para que modifique sus estatutos y posteriormente y se convoque a elecciones, lo que será el segundo semestre del año de 2023, previo a las elecciones presidenciales de 2024”.

Aseguró que se cumplirá en tiempo, a pesar de que hay secciones complicadas donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es muy competitiva, como es el caso de la sección 21 de Oaxaca; la sección séptima de Chiapas y la 12 en la Ciudad de México.

En ese sentido, dijo que ya se perciben tiempos de democracia sindical; “me ha tocado ir a mí a verificar quizá 10 procesos y uno ve el nivel de participación, la autenticidad de la gente que va a votar, el equilibrio que se da entre las plantillas que compiten, entre ellos tienen sus representantes que vigilan la autenticidad del voto”.

“Por su volumen (el SNTE) es el más complejo, el que más nos toca encauzar, el nivel de participación de plantillas es numeroso, en algunos casos hay seis, en otras cuatro, hay unos en los que sólo son dos; generalmente hay competencia y  discrepancias, hay emoción porque es una elección”, detalló.

Respecto a la votación mediante un sistema electrónico, dijo que se ha pensado para la elección nacional “como el volumen de votantes es tan numeroso, que sería tan costoso hacer la papelería de 2.3 millones de boletas, las casillas, el personal de casillas; sí se está contemplando, pero ya los contendientes tendrán que ponerse de acuerdo en que no vaya a dar motivos de imparcialidad o de duda el sistema de elección”.

Finalmente, destacó que “nosotros esperamos que los trabajadores al Servicio del Estado tengan representaciones más auténticas, que se vaya modificando esa idea de los cacicazgos eternos. El espíritu de la reforma laboral y la democratización sindical que tiene contemplada la cuarta transformación nacional es que haya una legítima representación de los trabajadores”.

CON INFORMACIÓN EL ECONOMISTA

Falta democratizar sindicatos del sector público, sostiene el presidente del TFCA

La reforma laboral tiene que operar también en los 171 sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y garantizar su democratización, “no más votos a mano alzada”, advirtió el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez.

En entrevista con La Jornada, aseveró que por lo menos a una docena de organizaciones gremiales del apartado B (sector público) se les negó la toma de nota, ya que insistieron en elegir a sus dirigentes de manera representativa, es decir a través del voto de delegados.

“La ley es muy expresa, y es causa de nulidad la coacción del sufragio la falta de voto personal, libre, directo y secreto”; debe respetarse el voto de cerca de 5 millones de trabajadores del Estado, como establece el nuevo modelo laboral, subrayó.

En gobiernos anteriores, agregó, el “control del sindicalismo fue clave y se generaron grandes élites”, por lo que las recientes disposiciones de la reforma laboral, como la transparencia, la rendición de cuentas y la libre sindicalización son los ejes para que la democracia se “vaya institucionalizando en el interior de los gremios”.

La norma no incluye legitimación de contratos colectivos en los sindicatos del Estado, sino únicamente convenios sobre las condiciones generales de trabajo, entre otros.

No obstante, estas organizaciones deben adecuar sus estatutos de acuerdo con las reformas de los artículos 69, 72 y 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, a fin de garantizar la libertad y democracia sindical en sus elecciones.

El magistrado Morales Vázquez detalló que del total de gremios de servidores públicos, 116 tienen dirigencia vigente o ya renovada y 29 prórroga por la emergencia sanitaria. No habrá más aplazamientos, “el último fue en mayo y se acabaron las extensiones de periodos”.

En 26 sindicatos, agregó, la dirigencia ya venció, y de las seis federaciones registradas ante el TFCA, en cuatro casos expiró la vigencia de la toma de nota, por lo que sus elecciones deben hacerse con base en los nuevos principios democráticos. Omitió detallar de qué organizaciones se trata, debido a que “son procedimientos activos”.

A diferencia de los sindicatos del apartado A (sector privado) para los que se crearon centros de conciliación laboral, el TFCA es el responsable de impartir justicia, un órgano colegiado donde están representados trabajadores y el gobierno, lo cual “da una mayor certeza a la validación de una elección”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

PERSPECTIVAS_ Apartado B, discriminatorio para trabajadores

“Es importante contextualizar para la sociedad, ¿por qué tanto debate con el apartado A o el apartado B? Nuestro país tiene esos dos principales derroteros laborales constitucionales. El Apartado A, que de hecho es el texto original del Artículo 123 Constitucional, es el régimen general que contempla la libertad y democracia sindical, el derecho a huelga, la negociación colectiva y la estabilidad en el empleo, las reglas mínimas laborales; eso le da una participación muy importante a los trabajadores en sus fuentes de empleo”, consideró el maestro Diego Orlando Carrasco Hinojosa, director de AYCA Corporativo Jurídico.

“Por contrario el Apartado B, en primer término, tiene acotado la huelga, prácticamente señalamos que no hay huelga en el apartado B, porque hay una restricción constitucional, en la que la huelga solo puede ser ejercida si se viola de manera general y sistemática las condiciones de trabajo. Esto al día de hoy no ha paso en nuestro país, es decir ningún ente que se rige por el Aparto B ha logrado legalmente estallar una huelga”.

“En segundo término, la estabilidad en el empleo está acotada bajo dos vertientes: los trabajadores que se consideren como de confianza en el apartado B tienen una restricción constitucional por la cual no tienen estabilidad en el empleo, esto es porque fue creado en un régimen presidencialista, no tienen estabilidad, pueden ser nombrados y removidos libremente”, afirmó Diego Carrasco, de la Facultad de Derecho de la UNAM.

“En el tema de la negociación colectiva, existe una absoluta restricción en el apartado B, porque aquí no hay una negociación propiamente, se establecen condiciones de trabajo, conforme a Ley; son estas establecidas o impuestas, por el titular de la dependencia, con la opinión del sindicato es decir, una imposición unilateral, y el sindicato juega un papel únicamente consultivo, pero no constitutivo de ese acto”, concluyó. 

Por su parte, el abogado Eduardo Díaz Reguera, egresado de la Facultad de Derecho por la UNAM, explicó que “el Apartado B y su Ley de los trabajadores al servicio del Estado es discriminatorio, un régimen de excepción, la huelga y el contrato colectivo es negada, y su estabilidad laboral es delicada”.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Autoriza SCJN cambio de régimen laboral de organismos descentralizados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó abandonar una jurisprudencia que tenía vigente desde hace 25 años, para señalar a partir de ahora que las relaciones laborales en los organismos descentralizados se pueden regir por el apartado B del artículo 123 constitucional, tal y como ocurre con toda la administración pública federal, si bien acordó no dar efectos retroactivos a su decisión.

Este asunto causó movilizaciones por parte de los sindicatos de los 26 Centros Públicos de Investigación financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes incluso hicieron manifestaciones ante la SCJN, advirtiendo que su eventual cambio del apartado A al B implicaría una disminución en sus derechos laborales, entre ellos la libre asociación y la posibilidad de emplazar a huelga.

Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente en el caso, afirmó que la definición de la Corte no afectará los derechos adquiridos por los trabajadores: “la nueva jurisprudencia no podrá modificar situaciones de hecho ni generar afectación a la seguridad jurídica tanto de las instituciones como de sus trabajadores, por lo que los organismos descentralizados federales existentes continuarán rigiendo sus relaciones laborales conforme al régimen previsto en su ley, decreto, acuerdo o instrumento de creación, pero sobre todo, de ninguna manera esta situación afectará derechos de los trabajadores”.

Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek expuso que actualmente 26 organismos descentralizados rigen sus relaciones laborales por el apartado A, y la mayoría, 77, lo hacen por el B.

Apuntó que en lo que va del actual gobierno federal se han constituido tres nuevos organismos descentralizados, todos los cuales establecen en sus decretos de creación que sus relaciones laborales se normarán según el apartado B.

Señaló que la tesis ahora invalidada, registrada con el número 1/96, prácticamente declaraba inconstitucional el crear organismos descentralizados normados por el apartado B, lo cual era contrario a la realidad.

El texto de la nueva tesis será definido en sesión privada del Pleno de Ministros, y tendrá que contener los puntos acordados en esta sesión, respecto a que puede aplicarse el apartado B, que los trabajadores que ya han establecido contratos colectivos bajo el apartado A no verán cambios en su régimen, y que esta sustitución de tesis no tendrá efectos retroactivos.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Trabajadores de diversos institutos, en riesgo de dejar apartado A del artículo 123

El régimen laboral de los trabajadores adscritos a los organismos descentralizados de la administración pública federal, que actualmente se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, podría modificarse, de acuerdo con la resolución a la que llegue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días.

Este cambio de criterio afectaría a los trabajadores de 107 institutos, consejos, colegios, fondos y hospitales de la administración pública.

Se trata de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020 en la que el máximo tribunal analiza modificar un criterio vigente desde 1996, según el cual estos órganos no tienen una dependencia jurídica directa con el Poder Ejecutivo Federal y, por lo tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.

Las ventajas

Esta jurisprudencia ha permitido a los trabajadores de varios organismos descentralizados mantener sus relaciones laborales dentro del apartado A, e incluso organizarse en sindicatos autónomos.

Entre los empleados que figuran en él destacan los del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Casa de Moneda, el Instituto Nacional de Ecología, el de Investigaciones Nucleares, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Servicio Postal Mexicano y el de varios hospitales como el Manuel Gea González, el Juárez o los institutos nacionales de Cardiología y Cancerología.

Trabajadores de varios centros públicos de investigación ya presentaron un recurso amicus curiae, en el que exponen que de resolverse el asunto por modificar la jurisprudencia vigente esto dañaría su vida laboral, académica y afectaría sus derechos.

La segunda sala de la SCJN hizo la solicitud con la finalidad de modificar la jurisprudencia el año pasado y el asunto ya aparece en la lista de expedientes para resolver por el pleno de ministros, por lo cual se espera que este mismo mes se vote el proyecto que elaboró Yasmín Esquivel Mossa y que hasta el momento no se ha hecho público.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA