PERSPECTIVAS_ Apartado B, discriminatorio para trabajadores

“Es importante contextualizar para la sociedad, ¿por qué tanto debate con el apartado A o el apartado B? Nuestro país tiene esos dos principales derroteros laborales constitucionales. El Apartado A, que de hecho es el texto original del Artículo 123 Constitucional, es el régimen general que contempla la libertad y democracia sindical, el derecho a huelga, la negociación colectiva y la estabilidad en el empleo, las reglas mínimas laborales; eso le da una participación muy importante a los trabajadores en sus fuentes de empleo”, consideró el maestro Diego Orlando Carrasco Hinojosa, director de AYCA Corporativo Jurídico.

“Por contrario el Apartado B, en primer término, tiene acotado la huelga, prácticamente señalamos que no hay huelga en el apartado B, porque hay una restricción constitucional, en la que la huelga solo puede ser ejercida si se viola de manera general y sistemática las condiciones de trabajo. Esto al día de hoy no ha paso en nuestro país, es decir ningún ente que se rige por el Aparto B ha logrado legalmente estallar una huelga”.

“En segundo término, la estabilidad en el empleo está acotada bajo dos vertientes: los trabajadores que se consideren como de confianza en el apartado B tienen una restricción constitucional por la cual no tienen estabilidad en el empleo, esto es porque fue creado en un régimen presidencialista, no tienen estabilidad, pueden ser nombrados y removidos libremente”, afirmó Diego Carrasco, de la Facultad de Derecho de la UNAM.

“En el tema de la negociación colectiva, existe una absoluta restricción en el apartado B, porque aquí no hay una negociación propiamente, se establecen condiciones de trabajo, conforme a Ley; son estas establecidas o impuestas, por el titular de la dependencia, con la opinión del sindicato es decir, una imposición unilateral, y el sindicato juega un papel únicamente consultivo, pero no constitutivo de ese acto”, concluyó. 

Por su parte, el abogado Eduardo Díaz Reguera, egresado de la Facultad de Derecho por la UNAM, explicó que “el Apartado B y su Ley de los trabajadores al servicio del Estado es discriminatorio, un régimen de excepción, la huelga y el contrato colectivo es negada, y su estabilidad laboral es delicada”.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Autoriza SCJN cambio de régimen laboral de organismos descentralizados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó abandonar una jurisprudencia que tenía vigente desde hace 25 años, para señalar a partir de ahora que las relaciones laborales en los organismos descentralizados se pueden regir por el apartado B del artículo 123 constitucional, tal y como ocurre con toda la administración pública federal, si bien acordó no dar efectos retroactivos a su decisión.

Este asunto causó movilizaciones por parte de los sindicatos de los 26 Centros Públicos de Investigación financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes incluso hicieron manifestaciones ante la SCJN, advirtiendo que su eventual cambio del apartado A al B implicaría una disminución en sus derechos laborales, entre ellos la libre asociación y la posibilidad de emplazar a huelga.

Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente en el caso, afirmó que la definición de la Corte no afectará los derechos adquiridos por los trabajadores: “la nueva jurisprudencia no podrá modificar situaciones de hecho ni generar afectación a la seguridad jurídica tanto de las instituciones como de sus trabajadores, por lo que los organismos descentralizados federales existentes continuarán rigiendo sus relaciones laborales conforme al régimen previsto en su ley, decreto, acuerdo o instrumento de creación, pero sobre todo, de ninguna manera esta situación afectará derechos de los trabajadores”.

Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek expuso que actualmente 26 organismos descentralizados rigen sus relaciones laborales por el apartado A, y la mayoría, 77, lo hacen por el B.

Apuntó que en lo que va del actual gobierno federal se han constituido tres nuevos organismos descentralizados, todos los cuales establecen en sus decretos de creación que sus relaciones laborales se normarán según el apartado B.

Señaló que la tesis ahora invalidada, registrada con el número 1/96, prácticamente declaraba inconstitucional el crear organismos descentralizados normados por el apartado B, lo cual era contrario a la realidad.

El texto de la nueva tesis será definido en sesión privada del Pleno de Ministros, y tendrá que contener los puntos acordados en esta sesión, respecto a que puede aplicarse el apartado B, que los trabajadores que ya han establecido contratos colectivos bajo el apartado A no verán cambios en su régimen, y que esta sustitución de tesis no tendrá efectos retroactivos.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Trabajadores de diversos institutos, en riesgo de dejar apartado A del artículo 123

El régimen laboral de los trabajadores adscritos a los organismos descentralizados de la administración pública federal, que actualmente se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, podría modificarse, de acuerdo con la resolución a la que llegue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días.

Este cambio de criterio afectaría a los trabajadores de 107 institutos, consejos, colegios, fondos y hospitales de la administración pública.

Se trata de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020 en la que el máximo tribunal analiza modificar un criterio vigente desde 1996, según el cual estos órganos no tienen una dependencia jurídica directa con el Poder Ejecutivo Federal y, por lo tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.

Las ventajas

Esta jurisprudencia ha permitido a los trabajadores de varios organismos descentralizados mantener sus relaciones laborales dentro del apartado A, e incluso organizarse en sindicatos autónomos.

Entre los empleados que figuran en él destacan los del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Casa de Moneda, el Instituto Nacional de Ecología, el de Investigaciones Nucleares, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Servicio Postal Mexicano y el de varios hospitales como el Manuel Gea González, el Juárez o los institutos nacionales de Cardiología y Cancerología.

Trabajadores de varios centros públicos de investigación ya presentaron un recurso amicus curiae, en el que exponen que de resolverse el asunto por modificar la jurisprudencia vigente esto dañaría su vida laboral, académica y afectaría sus derechos.

La segunda sala de la SCJN hizo la solicitud con la finalidad de modificar la jurisprudencia el año pasado y el asunto ya aparece en la lista de expedientes para resolver por el pleno de ministros, por lo cual se espera que este mismo mes se vote el proyecto que elaboró Yasmín Esquivel Mossa y que hasta el momento no se ha hecho público.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA