Hasta hace unos 40 años, en México habíamos aprendido a sobrevivir en un capitalismo cruel donde el patrón y la empresa apenas tenían contrapesos con un sindicalismo corrupto y extorsionador. Si bien resultaba útil para mantener las condiciones de trabajo a su conveniencia, serias dificultades se fueron presentando en este sistema cerrado, donde el mercado interno disminuía cada vez más. En México y a escala global apareció otro sistema para intentar resolver este problema mundial, como política pública: el neoliberalismo. Expansión global de mercado, menor intervención del Estado en las relaciones económicas y más Estado para blindar esta nueva forma de liberar el comercio y mantener una disciplina férrea, imponiendo una gran limitación de los derechos de los trabajadores.

Fue en el Consenso de Washington donde organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, establecieron normas muy concretas para implementar políticas públicas que facilitaran la circulación global de mercancías y abaratar su costo sin mermar la generación de plusvalía en el proceso de trabajo.

Es de esta manera en que aparecen formas inéditas de traspasar costos de producción y circulación de las mercancías a los consumidores. ¿Quién no ha pagado por un objeto sin construir o ensamblar, con sólo piezas sueltas y un instructivo para armar escritorios, sillas y hasta computadoras? Pagamos para hacer el trabajo nosotros mismos.

Lo mismo sucede en los servicios: subsidiamos al patrón pagando el salario de meseros, gasolineros, empacadores y recamaristas por medio de propinas, asumimos la responsabilidad del patrón, apenas sin darnos cuenta. Si no lo hacemos así, no llega el “chivo” a casa del trabajador.

Entre las formas más crueles de transferir al cliente los costos y evadir responsabilidades laborales está el de los más de 244 mil trabajadores de reparto por aplicación (Didi, Uber, Rappi, entre otras) en México.

Dentro de las condiciones de trabajo lo esencial para las empresas es desconocer la relación laboral con sus empleados, simulando una relación de “socios”, intentando de esta forma evadir su responsabilidad social y económica.

Las condiciones de trabajo son leoninas: los trabajadores financian a las empresas de cada aplicación, a pesar de que de que al menos una de ellas es una entidad financiera (Rappi). Las empresas definen unilateralmente gastos, costos y ganancias del repartidor, imponen deudas y quitas, sin derecho a apelar y con el riesgo de ser dado de baja.

Cuando se tiene que pagar en el sitio de entrega y el cliente canceló el pedido o no se encuentra en la dirección de entrega, el costo va por cuenta del repartidor, quien tuvo que pagar con su dinero en el momento de recibir el encargo de entrega en el local correspondiente.

Las empresas pueden desactivar en cualquier momento la aplicación a cualquier repartidor, impidiéndole laborar.

Los repartidores aportan su propio vehículo, los gastos que éste genere, incluyendo refacciones y combustible.

Son obligados a registrarse en el SAT como si su trabajo subordinado fuera actividad empresarial, con obligaciones fiscales propias de una empresa.

Ganan aproximadamente 2 mil 85 pesos por 46 horas de trabajo a la semana. Celular, mochila y wifi propios.

Cuando están activos reciben llamado de entrega al mismo tiempo que sus compañeros, obligándolos a competir en velocidad de aceptación, aun sin conocer las condiciones de entrega, terminando en una feroz competencia entre ellos.

No obstante, existen rasgos solidarios entre ellos, pues se apoyan con los gastos de comida que obligatoriamente pagan y se tienen que quedar repartiéndosela entre quienes no han comido, o intercambiando con otros que estén en la misma condición.

No sobra insistir en que no cuentan con seguro médico, vacaciones pagadas, aguinaldo, reparto de utilidades, estabilidad laboral, ahorro para el retiro, contrato colectivo de trabajo, ni derecho a Infonavit para adquirir una vivienda.

Tienen que vivir registrados en varias aplicaciones y se mueven conforme las condiciones de mejor pago y demanda de servicio. Esto, en lugar de subir el pago, ha hecho que aumente la demanda de trabajo y que el ingreso por entrega disminuya.

Esta modalidad lleva implementada en México un poco más de 10 años y, si no hay resistencia activa de los propios trabajadores, no dudo que pronto llegue una práctica ya usada en otros países: la de poner en subasta una entrega y la plataforma la otorgue a quien cobre menos por realizar el servicio.

No sólo urge regular las actividades de las empresas y sus apps, además de reconocer el derecho de agruparse sindicalmente a los trabajadores, sino que es inaplazable reconsiderar la figura fiscal a la que están sometidos. Necesitan seguro contra asaltos y salud, requieren establecer condiciones laborales pactadas entre ellos y las empresas, tenemos que dignificar este oficio.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA