A falta de digitalización nos quedo la desigualdad_ Israel Quiñones

El sureste mexicano se ha distinguido siempre por ser el territorio olvidado del país. Generalmente el desarrollo tarda más en llegar a estas tierras con una mayoría de población indígena y de bajos recursos, por lo que la lógica del mercado no contempla su de inmediato su inserción al desarrollo tecnológico, económico y laboral, siempre son dejados hasta el final o simplemente, estos estados (Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca) no son contemplados en los planes importantes en materia de infraestructura, empleo y mucho menos tecnológicos.

EL sábado 15 de mayo en el estado de Chiapas, un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Mactzumactzá, salieron a protestar tomando casetas de cobro en la carretera que conduce a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La razón de esta movilización era que los estudiantes solicitaban la realización de exámenes de admisión a la normal de forma precencial, puesto que, las autoridades educativas estatales habían hecho la convocatoria vía digital; sin embargo, los estudiantes ya habían hecho del conocimiento de la autoridad que la vía digital era excluyente, pues la mayoría de los aspirantes a ingresar a esta normal rural no cuenta con conexión a internet, mucho menos con los dispositivos tecnológicos necesario para realizar dicho examen.

El resultado de estas protestas fue la detención arbitraria de 95 jóvenes, de los cuales, 74 eran mujeres, mismas que han realizado denuncias por abuso sexual y vejaciones propias de una fuerza policiaca autoritaria y sin la capacitación suficiente… Simplemente, este tema se convirtió en una violación flagrante a los derechos humanos de los muchachos que simplemente piden una educación digna y oportunidades para servir a la nación por medio de la enseñanza.

Los derechos fundamentales y humanos de los jóvenes no solamente se violaron con una represión policiaca excesiva, fueron violados desde antes con el hecho de no contar con un acceso a las tecnologías de la información y la comunicación tal y como lo marca el artículo sexto de nuestra carta magna, pero una regulación intrusiva, confiscatoria y en favor de las transnacionales y las televisoras ha provocado la desinversión en los lugares donde la digitalización y el acceso a una conectividad digna transformarían la realidad de millones de jóvenes mexicanos.

Con un entorno económico adverso y postcovid, la inversión en el sector de las telecomunicaciones sería un factor determinante, sobre todo en zonas geográficas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde la conectividad es paupérrima y muy limitada a los pocos centros urbanos y turísticos de estos estados, dejando a la mayor parte de estos territorios desconectados del desarrollo digital y dejando a la población en una especie de impasse tecnológico, aumentando la brecha de desigualdad.

Si realmente la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión del 2013 impulsada por el “Pacto por México” hubiera funcionado, los jóvenes chiapanecos no hubiesen tenido la necesidad de protestar por exámenes presenciales, no hubiese existido represión, no estaríamos en medio de este embrollo creado por darle la razón al mercado neoliberal y se estaría pensando o ejecutando una agenda digital con perspectiva social y de desarrollo sustentable de la digitalización nacional.

Con un mercado deprimido y una regulación que no contempla mayor alternativa que las perspectivas de los operadores, es imposible que se pueda contemplar una sociedad digital, mucho menos en la implementación de nuevas tecnologías como el 5G si ni siquiera tenemos conectadas poblaciones que necesitan de una transformación de fondo. El tema de la normal rural de Mactzumactzá, nos muestra la terrible realidad de la falta de cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en el artículo sexto constitucional y que, sin una política digital efectiva, no se puede contemplar una inclusión social a la era de la economía del conocimiento, mucho menos al bienestar digital que elimine la brecha de desigualdad y la precariedad educativa o laboral.

No podemos, ni debemos seguir el camino de una propuesta neoliberal de la digitalización. Mientras las grandes ciudades del país están hiperconectadas hasta por la “Red Compartida de Altán” que ahora se ha apropiado CFE Telecom e internet para todos, tenemos estados completos en un aislamiento digital, donde un servicio básico y de interés general como lo es el internet, es solamente para un grupo pequeño de ciudadanos privilegiados, mientras que donde se pudiese generar un cambio de fondo, tenemos una situación apremiante y delicada debido a que los operadores no ven negocio y no invierten y el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones ve una mayor implementación de asimetría en el caso de entrar a esas comunidades que tanto necesitan el servicio de telecomunicaciones y la conectividad.

Si los derechos fundamentales de los mexicanos fueran respetados nos tendríamos que estar señalando la brecha digital que ensombrece a los estados más pobres del país, la digitalización sería en realidad un punto de apoyo para el desarrollo laboral en infraestructura, en educación, innovación, simplemente este asunto no hubiera ocurrido. Por ello, es necesario resaltar dos cosas fundamentales: los derechos humanos y la libertad de expresión no son negociables y dos, es necesario que se tomen cartas en el asunto para crear una agenda digital con prospectiva social ya, pues el tiempo es un lujo que a estas alturas ya no se tiene.

PERSPECTIVAS_Desigualdad informativa

“Primero los pobres” es la frase insignia del movimiento encabezado por el Presidente López Obrador. Sin embargo enfrenta importantes retos para materializarse. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica aparejada, ambas sin precedentes, amenazan por completo el proyecto político del actual Gobierno. No será fácil la recuperación económica. Menos fácil será evitar la caída de ingresos y, por lo tanto, que millones de personas caigan por debajo de la línea de la pobreza. El desafío está en garantizar, más allá del discurso, una acción coherente y articulada que mitigue los riesgos reales para los derechos económicos y sociales de amplios sectores de la población.

En los ámbitos analizados en nuestro informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”, damos cuenta de factores estructurales que entrañan la violación de derechos sociales íntimamente vinculados con el derecho a la información. Primero, observamos cómo la brecha digital está lejos de revertirse. En México aqueja al 55 por ciento de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” y 53 por ciento de la población rural. La propuesta de política pública planteada, al parecer, se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos. Así se mantienen dos Méxicos: uno conectado y otro que no lo está.

De hecho, el nombre del programa “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” es, en los hechos, una aspiración con la cual se ha bautizado una estrategia opaca, poco clara y mal diseñada, que prácticamente repetirá fórmulas de la Estrategia Digital Nacional del expresidente Enrique Peña Nieto. Lo que parecía en 2019 una prometedora política de conectividad, en 2020 se diluyó con la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, encabezada por Salma Jalife. Ella había comenzado a darle a la propuesta del nuevo Gobierno la necesaria prioridad, guía, coherencia y lógica.

Los actuales programas de conectividad refuerzan la verticalidad del poder y del Estadosin tomar en cuenta los procesos locales para generar formas de apropiación tecnológica, y detonar el aprovechamiento de los servicios de telecomunicaciones desde abajo, desde las dinámicas comunitarias interesadas nos solamente en “tener Internet”, sino en desarrollar sus propios esquemas para acceder a él. El Gobierno necesita fomentar el diálogo con los pueblos y las comunidades indígenas mediante esquemas participativos. Dejar de reforzar una visión paternalista y unilateral que cae en el error de considerar que la provisión de infraestructura es el único componente para garantizar la universalidad de internet y la inclusión digital.

Este Gobierno tiene la oportunidad de generar cambios. Dar un rumbo distinto al programa en cuestión cuyo enfoque contempla la cobertura de Internet únicamente para el 7.8 por ciento de las comunidades de menos de 250 habitantes (el 92.2por ciento restante de la cobertura estará a cargo de Altán Redes) para detonar mecanismos institucionales que fortalezcan los procesos locales de conectividad. El programa ha recibido críticas porque hasta la fecha el despliegue de los puntos de conexión, porque se han concentrado en zonas urbanas y donde ya hay conectividad.

La falta de Internet para personas y comunidades históricamente marginadas constituye, además de la violación estructural de un derecho humano, la permanencia de un factor que perpetúa la exclusión y la desigualdad. Ello se profundiza con la imperiosa necesidad, nacida de la emergencia sanitaria, de garantizar el acceso a internet a más hogares para el desarrollo de actividades educativas y laborales, que ahora dependen más de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En íntima relación, la pandemia puso al desnudo las carencias institucionales para garantizar información asequible, pertinente y culturalmente adecuada a las poblaciones indígenas del país. Al igual que la brecha digital, la falta de políticas de transparencia proactiva que permitan llevar información necesaria para un robusto ejercicio de los derechos a la salud y a la educación, nos permite llegar a la dolorosa conclusión de que, pese al discurso, los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidas en los hechos como sujetos de derecho.

Una de las limitaciones de las estrategias de difusión de información sobre la COVID- 19  para las poblaciones indígenas se encuentra en su alta concentración en el ámbito digital, sobre todo en las páginas de Internet de las instancias de Gobierno como la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INPI). Ello dificulta el acceso para muchas comunidades indígenas que no cuentan con Internet (o cuyos costos son altos al tener que pagar por tiempo determinado).  De acuerdo con el Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas 2018, el 82 por ciento de las localidades con presencia de población indígena cuentan con cobertura móvil en la tecnología 3G, pero sólo el 40 por ciento de los sitios tenían acceso a cobertura 4G.

Otra limitante es que no todas las familias indígenas cuentan con televisión o la señal es insuficiente para sintonizar la información difundida en las conferencias brindadas por la Secretaría de Salud, mismas que se encuentran en un lenguaje técnico y no se traducen a lenguas indígenas. En el mismo sentido, sobre todo a nivel local, persiste la medida de publicación de carteles y trípticos. Si bien algunos de estos materiales fueron traducidos a diferentes lenguas originarias, requieren que las personas sepan leer, lo cual pudiera ser más factible entre la población joven. Sin embargo, no lo es para las personas adultas y adultas mayores, menos aún en el caso de las mujeres que padecen condiciones adicionales de discriminación en el acceso a la educación. En suma, la estrategia informativa sobre la pandemia ha sido excluyente.

Por último, pero no menos importante, observamos un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboralCiento cuatro periodistas murieron de COVID-19 hasta el momento de escribir estas líneas. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país.

De noviembre de 2020 a enero de 2021, llevamos a cabo una encuesta dirigida a las y los periodistas que sufrieron ataques vinculados a las coberturas de la pandemia. Esta encuesta muestra que derivado de la contingencia sanitaria, al 62.7 por ciento de las y los periodistas sufrieron reducción a su salario o ingresos económicos vinculados al periodismo.

El incumplimiento de otorgar protección a periodistas por parte de las y los propietarios de los medios de comunicación se refleja en que, de las y los encuestados casi el 34 por ciento declaró no contar con el equipo de protección necesario para hacer coberturas durante la contingencia sanitaria. La falta de protecciones tiene un impacto claro en los contagios de periodistas: 49.3 por ciento afirmó que integrantes de su medio se habían contagiado mientras que casi el 16.4 por ciento dijo haberse ya contagiado de COVID-19.

Esto se vincula con las declaraciones de Zoe Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la conferencia matutina del 15 enero del 2020, Robledo afirmó que “[cerca] de 22 mil periodistas no tienen ningún esquema de seguridad social”. Si bien, Robledo agregó que se estaba “trabajando en un modelo para atender este problema”, ha pasado más de un año y no se tiene información sobre qué hará el Gobierno para dar asistencia y seguridad social a miles de periodistas.

La ausencia de protección, la privación de acceso a la seguridad social y en general las condiciones de precariedad también impactan psicoemocionalmente a la prensa. Del total de periodistas encuestados, sólo el 7.5 por ciento dijo no haber experimentado ningún tipo de impacto psicosocial, mientras que la mayoría (93.2 por ciento) dijo tener estrés, miedo y ansiedad.

Si la violencia material, que derivó en 692 agresiones contra la prensa, es motivo de suma preocupación en México, las carencias laborales se revelan como una circunstancia profunda que contribuye a un mayor estado de vulnerabilidad de los y las periodistas que afectan su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. En ello, convergen las responsabilidades de Estado y de los dueños de los medios de comunicación.

De esta manera -con datos y evidencia- confirmamos que la desigualdad informativa, y las condiciones estructurales que la profundizan, persisten pese al discurso de cambio.

CON INFORMACIÓN VÍA SIN EMBARGO

“Divisiones no ayudan” para acortar brechas

Empresarios y gobierno deben de trabajar juntos por acortar la brecha social, sin embargo, hay riesgos en las medidas que se están tomando tanto para la inversión como para que las empresas evalúen su viabilidad en el país.m{1272962}

El gobierno tiene que permitir crear alternativas a favor de las familias, las empresas, y del país. “El trabajar juntos, queremos lo mejor para México, y acortar la brecha social, y las divisiones no ayudan a nadie”, señaló Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), que reúne a las 50 principales empresas multinacionales en México que aportan alrededor de 10 por ciento del PIB.

“Hoy, los mensajes definitivamente no son los adecuados para una inversión de largo plazo. Las Empresas Globales seguiremos con un compromiso con México, pero queremos traer más inversión y más empleo, y urge que juntos demos este mensaje de compromiso”.

En entrevista con MILENIO, la titular del organismo comentó que ven con mucha preocupación, los diversos impactos negativos y transversales, que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica traerá a México, particularmente en la economía, aunado a la incertidumbre que dejará para atraer inversiones al país.

Explicó que con esta reforma las empresas extranjeras que ya están en México, y las que buscan nuevas zonas para colocar sus inversiones, analizarán la viabilidad de operar en nuestro territorio ante el cambio de reglas.

Jañez comentó que cambiar las reglas tiene riesgos pues al tener contratos vigentes firmados, compromisos entre particulares y con el sector público.m{1272963}

“Al final creemos que inhibe la competencia y la libre concurrencia, y la ley como está planteada, además de hacer imposible competir contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hace que nuevos participantes no ingresen al mercado. Eso nos preocupa desde el punto de vista de los usuarios, sobre todo las empresas”, aseguró.

Destacó que una modificación de esta magnitud es una trasgresión a los acuerdos internacionales de México, así como a los compromisos ambientales que se deben cumplir a cabalidad.

“Hoy sí estamos viendo un freno a nuevas inversiones, tal vez las que ya tenemos en el país se queden, pero México necesita más inversión privada”, dijo la CEO de DuPont en México.

Refirió que la reforma también daña la competitividad y la percepción de México, “sobre todo está vulnerando ya un reconocimiento de la comunidad internacional hacia México con el estado de derecho”.

Con información vía MILENIO

TENDENCIAS. A4AI y Web Foundation medirán el costo de la exclusión digital de las mujeres

La Alianza para Internet Asequible (A4AI) y Web Foundation anunciaron que realizarán un estudio para evaluar cuál es el costo de la brecha digital de género y el impacto económico de que las mujeres estén excluidas de la economía digital.

El nuevo informe será posible gracias a que las organizaciones ganaron una subvención de la Fundación Internet Society por casi 200 mil dólares, como parte de su programa para impulsar proyectos que aborden el futuro de Internet.

“Nuestro objetivo es aportar pruebas contundentes de los impactos a macroescala, económicos y sociales, que provienen del legado de décadas de formulación de políticas de banda ancha que ha ignorado la brecha de género digital y ha dejado atrás a mujeres y niñas”, explicaron.

Las organizaciones enfocarán su investigación en África subsahariana y el sur de Asia, debido a que estas dos regiones presentan una problemática crítica en el rezago de las mujeres en el entorno digital.

A4AI y Web Foundation publicarán un informe emblemático este año y dos más centrados en cada una de las regiones. El proyecto contempla examinar, mediante un modelo económico, cuál es el costo de excluir a las mujeres del desarrollo digital, no sólo en el PIB sino en industrias enteras. Además, se realizarán entrevistas y grupos focales a mujeres de bajos y medianos ingresos en Nigeria e India.

Después de completar el estudio, el objetivo será que los datos y los hallazgos sirvan de base para impulsar reformas en las políticas públicas, con el fin de que estas sean más efectivas para abatir la brecha digital de género.

Con información vía DPL NEWS

PERSPECTIVA. Éstas son las brechas del comercio electrónico en México, según Salesforce

Aunque las estadísticas pronosticaban que el crecimiento del comercio electrónico en México sería el mayor del mundo en 2020, al parecer la pandemia de Covid-19 cambió esta situación para colocar al ecommerce mexicano en el lugar 17, según el cálculo que realizó eMarketer, que coloca en los primeros lugares a Argentina, España, Singapur, Brasil y Reino Unido, aunque excluye boletos de viaje y eventos, pagos de servicios y transferencias y servicios de alimentación y bebidas. 

No hay un consenso sobre cuánto creció el comercio electrónico mexicano en 2020. eMarketer estima que lo hizo 27%, mientras que Statista calcula que lo hizo 31.8 por ciento. Ambas casas de estudio de mercado coinciden en colocar a México como el mercado de ventas digitales en la posición 16 o 17 del mundo, de acuerdo con el crecimiento del mercado y con su valor.    

Además de los retos más evidentes para el comercio electrónico en México, es decir aquellos que tienen que ver con la infraestructura digital ─51.2% de los hogares tienen acceso a internet y 37.6% tienen una computadora, aunque 87.5% tiene acceso a un dispositivo móvil, según los datos del Censo 2020 del Inegi─, la compañía de servicios Salesforce detecta en el comercio electrónico mexicano tres brechas:

  1. La brecha entre los diferentes canales de atención al cliente. 
  2. Carecer de información histórica de los clientes.
  3. Un seguimiento adecuado de todos los procesos del servicio.  

De acuerdo con José Luis Varela, vicepresidente senior de Ingeniería de Soluciones para Salesforce Latinoamérica, lo primero que hizo el 2020 y la llegada de la pandemia de Covid-19, fue crear una concientización en todos los niveles de las organización sobre la importancia de la transformación digital, que es básicamente el apalancamiento de herramientas tecnológicas para beneficiar al cliente.

“Tener la posibilidad de anticipar el comportamiento del cliente”

De acuerdo con el directivo de esta compañía estadounidense dedicada proveer servicios y estrategias de atención al cliente en la nube, nueve de cada 10 equipos de servicio al cliente creen que 2020 cambió la forma de relacionamiento con sus clientes, lo que evidentemente haya una mayor necesidad de identificar los puntos de contacto con el cliente, lo que hace se cuente con información cada vez más relevante del cliente.

“Cuando hablamos de información relevante del cliente, no sólo se trata de contar con un histórico de compras o con un perfil sino de tener la posibilidad de anticipar comportamiento del cliente”, dijo y agregó que esto supone ver esta anticipación implementada en los procesos operativos del día a día, mediante componentes de tecnología como la Inteligencia Artificial. De lo contrario, la satisfacción y retención de clientes a través de canales digitales se rompe cuando el cliente no recibe la promesa que se le hizo.

“La regla de oro en el canal digital es que tú entregues lo que estás ofreciendo. Si entras a un portal de comercio electrónico, a través de WhatsApp o si quieres hacer un pago, que esa promesa se cumpla”, dijo. 

Varela aseguró que a esta necesidad de unificar la percepción del cliente y de contar con información del mismo se suma la necesidad de redefinir los cronogramas de distribución y en la forma en la que manejan la demanda. “Lo importante es tener más conocimiento de la relación entre el cliente y los procesos de la propia empresa, eso hace que las cadenas logísticas tengan mucha más flexibilidad”. 

Con información vía El Economista

CFE Telecomunicaciones anuncia inversión para cerrar brecha digital

La empresa paraestatal mexicana CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) invertirá 11 mil millones de pesos entre 2020 y 2024, reveló la propia compañía tras una reunión de su Consejo de Administración que preside Manuel Bartlett.

Dicha cifra forma parte del Plan de Negocios de CFE TEIT que, entre sus objetivos principales, tiene el de habilitar alrededor de 200 mil puntos de acceso gratuitos en toda la república mexicana.

Dicho plan, presentado por Raymundo Artis Espriú, director General de CFE TEIT, establece que otorgarán atención con servicios de Internet y banda ancha en todo el territorio nacional a cerca de 130 mil localidades.

Asimismo, asegura que realizarán un despliegue e iluminación de fibra óptica y adecuación de infraestructura para generar capacidad de transporte de datos, en cinco fases, que cubren todo el territorio nacional.

“En este sentido, el objetivo de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos es aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para contribuir con la disminución de la desigualdad, es decir, propiciar el uso igualitario y equitativo de las TIC como derecho humano, dando prioridad a los sectores más vulnerables para hacer posible la inclusión digital y llevar los programas de bienestar social a las poblaciones más vulnerables.

“En este contexto, se instalará Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios; con ello se cerrará la brecha digital entre la población más vulnerable”, señaló CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos a través de un comunicado en el que no dieron mayores detalles.

Con información vía DPL News

Niños y jóvenes desconectados: dos de cada tres no tienen Internet en casa

Dos tercios de los niños y jóvenes de 25 años de edad o menos no cuentan con acceso a Internet en su hogar, es decir, 2 mil 200 millones en todo el mundo, así lo advierte un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El estudio indica que mil 300 millones del total son niñas y niños entre los 3 y 17 años; en tanto, 768 millones son niños y jóvenes de 15 a 24 años. Todos ellos se encuentran en edad escolar y carecen de acceso al servicio incluso durante la pandemia de Covid-19, que ha obligado a cerrar escuelas en diversos países y a adoptar modelos de aprendizaje a distancia con apoyo de la tecnología.

Además, Unicef y UIT alertaron que el acceso a Internet se hace todavía más bajo al mirar la realidad de las regiones más pobres. Por ejemplo, en África occidental y central, únicamente 5 por ciento de los niños y jóvenes tiene una conexión en casa, en contraste con la media mundial (33%).

La brecha en conectividad también es más profunda según el nivel socioeconómico, la riqueza de las economías y en las zonas rurales. En las naciones de altos ingresos, el 87 por ciento de los niños y jóvenes tienen Internet en el hogar, mientras que sólo 6 por ciento cuenta con el servicio en los países de menores ingresos.

Según el análisis con base en el ámbito de residencia, tres cuartas partes de los niños y jóvenes de las zonas rurales, de 25 años o menos, no tienen Internet, y el 25 por ciento sí disfruta de una conexión. En tanto, en las ciudades 41 por ciento cuenta con el servicio y el resto no.

En América Latina y el Caribe, 73 puntos porcentuales de los niños y jóvenes que habitan en poblados rurales no disponen de acceso a Internet en casa. Por otro lado, el porcentaje de niños o jóvenes que sí tienen el servicio en las ciudades es del 62 por ciento.

Si bien se trata de una problemática que ha persistido por varios años, la falta de conectividad se ha enfatizado durante la propagación del nuevo coronavirus. A lo largo de este año de confinamiento, las tecnologías, incluida Internet, han servido para mantener las actividades educativas, productivas y sociales.

Pero sin acceso a una conexión los niños y jóvenes enfrentan una barrera para continuar su educación, señalan las organizaciones de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, los sistemas educativos tienen otros retos que son anteriores a la pandemia, como que uno de cada cinco niños en edad escolar no asistía a una escuela, o que en las instituciones educativas realmente no estaban aprendiendo.

El informe de Unicef y la UIT hace un llamado a atender esas brechas en la educación y, a su vez, ampliar significativamente el acceso a Internet e impulsar el desarrollo de habilidades digitales que serán necesarias para un futuro sostenible.

Con información vía DPL News

Red 5G enfrenta desafíos más allá del espectro y la brecha digital en México

El objetivo de cerrar por completo la brecha digital para evitar que existan ‘dos Méxicos’ -uno conectado y el otro desconectado-, así como lograr una evolución tecnológica a nivel de redes y usos, amén de la regulación y precio del espectro radioeléctrico, son los principales desafíos para 5G sea un realidad óptima en el país.

Esto, sin dejar de lado la urgencia de generar políticas públicas en materia de ciberseguridad y de atender y detonar habilidades digitales en la población.

México tiene un costo de espectro entre 50% y 60% más caro comparado con otros países a nivel internacional, y a pesar de los intentos por evitarlo, la semana pasada el Senado de la República aprobó un aumento de 7%, lo que para los operadores de telecomunicaciones, dificulta tener en el corto plazo condiciones idóneas para el despliegue.

Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), otro de los desafíos es convencer al Congreso que el espectro 5G debe ponerse a disposición del mercado en las mejores condiciones, pues México compite con otros países para atraer inversiones.

Además, si bien los resultados del despliegue de redes 5G no son inmediatos, el desarrollo sí es constante.

En consecuencia, aunque el costo del espectro no se va a hacer efectivo durante dos o tres años, pues aún falta una licitación y un lapso para que se desarrollen en redes, los valores siguen siendo 187% por encima de lo propuesto por el IFT.

Por ello, la propuesta del IFT para ser atractivos, a decir del comisionado Mario Fromow “es hacer que se pueda invertir en redes, y creo que de esta forma los ingresos del país están comprometidos”, dijo recientemente en un foro sobre las perspectivas de la red 5G.

En ese sentido, señaló que se requiere que el gobierno cuente con suficiencia presupuestal, aunque el enfoque del Instituto es crear un circulo virtuoso donde se conecten mas usuarios y se paguen otro tipo de impuestos, como el IVA. 

No es conveniente tener impuestos especiales para servicios de telecomunicaciones, sin embargo, en el caso de 5G es determinante el beneficio del usuario para el despliegue eficiente de este tipo de redes, lo que permitiría cerrar la brecha a nivel internacional

Mario Fromow, comisionado del IFT

Para Jorge Fernando Negrete, socio presidente de Digital, Policy &Law, el incremento del precio del espectro radioeléctrico de 7% provoca que México sea el primer país en el mundo en generar una política de Exclusión Digital Universal, es decir, una política de Estado que garantiza la desigualdad y marginación digital.

En su opinión, tanto el gobierno como el Congreso generan el primer ataque sistemático a las instituciones económicas, democráticas y de derechos fundamentales del Estado mexicano.

5G, un cambio de paradigma

Una vez que se dé el despliegue de redes de quinta generación habrá más dispositivos que personas conectadas, lo que va a implicar tanto del punto de vista empresarial como regulatorio cambiar muchos paradigmas, aseguró Daniel Bernal, director de Regulación de América Móvil.

En ese sentido, señaló que no es viable que en México se siga regulando con parámetros del pasado a una industria cuyo objetivo es innovar y desarrollar nuevos servicios.

Uno de los mayores retos como industria y reguladores para generar esos incentivos, a decir de Bernal, es el hecho de que se generen espacios de creación y nuevas aplicaciones, a fin de evitar la paradoja que termine limitando el crecimiento.

Para América Móvil, la evolución a 5G es un asunto de fiabilidad, pues considera que las redes de quinta generación serán redes mucho más confiables en transacciones, alta capacidad de almacenamiento, altas latencias, y, sobre todo, alta conectividad de terminales.

En su opinión, para que 5G sea factible se necesitan portadoras de espectro continuas que permitan la construcción de promesa de valor que trae la tecnología.

De nada sirve 5G si no podemos seguir desplegando y no se generan los incentivos en el mercado para desplegar y llevar la fibra óptica a los lugares más apartados del país

Daniel Bernal, director de Regulación de América Móvil

Al respecto agregó que “no queremos dos Méxicos de realidades distintas”, sino que queremos que se generen los incentivos que permitan seguir invirtiendo en fibra óptica para poder conectar las redes 5G que permitan garantizar los niveles de disponibilidad, calidad y velocidad que se requieren.

Acelerar el paso a la digitalización

El COVID-19 ha sido el acicate más grande para la digitalización, y de un espacio físico que se cierra se abre un espacio virtual, y eso ha llevado la importancia a darnos cuenta que necesitamos acelerar el paso, dijo por su parte Miguel Calderón, vicepresidente de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica México.

El operador de origen español busca un régimen fiscal justo que incentive el desarrollo de la infraestructura digital, por lo que se mostró preocupado por el incremento tanto del precio del espectro como del IVA a plataformas digitales.

Ante una nueva realidad, Telefónica propuso un pacto digital a nivel mundial para la recuperación de las sociedades y, para ello, plantea un Plan de 5 pilares:

– Impulsar la digitalización de una economía y sociedad más sostenible

– Abordar las desigulaldades invirtiendo en las competencias digitales

– Construir una conectividad inclusiva y sostenible

– Asegurar una competencia equilibrada

– Mejorar la confianza mediante el uso ético y responsable de la tecnología

Optimizar inversiones, un camino

Si hay mucho espectro, pero no hay fibra óptica, la ecuación está incompleta; por eso, es importante y fundamental buscar la optimización de las inversiones, aseguró Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de AT&T México.

Tener mucho más espectro que no esté a precios competitivos a nivel internacional, es un poco un símil de no tenerlo, porque impacta en la manera en que se diseña este caso de negocio

Asimismo, planteó la posibilidad de esquemas de compartición de infraestructura que funcionen de manera adecuada, lo que en su opinión van a permitir que se lleguen a muchos más lugares, de manera que la propia infraestructura se amortice más eficazmente, lo que a su vez generaría más casos de negocio.

Para AT&T México se necesitan fuertes inversiones para hacer frente al acelerado crecimiento de tráfico, pero, al mismo tiempo, a un mayor número de dispositivos conectados, lo que tiene un impacto en los ingresos, por lo que es necesario más espectro.

Con información de Itzel Castañares vía DPL News