Desconectados, 15 millones de mexicanos por espectro caro: Digital Policy & Law Group

En México cada año, cerca de 5 millones de personas no pueden acceder a un servicio en la red y de telecomunicaciones debido al elevado costo del espectro radioeléctrico, indicó Jorge Fernando Negrete Pacheco, socio presidente y fundador de Digital Policy & Law Group.

“Si México hubiera bajado los precios del espectro radioeléctrico al promedio de América Latina, hubiéramos conectado a 5 millones de mexicanos cada año; es decir, a los tres años de este gobierno ya hubiéramos tenidos 15 millones de mexicanos conectados”, comentó en entrevista con MILENIO.

Mencionó que, si el precio del espectro bajara, existiría una mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones, una mayor participación de agentes económicos, infraestructura en zonas donde actualmente no existe y un crecimiento mayor de la economía digital.

“Si el Congreso, específicamente, decide bajar el precio del espectro veríamos un momento estelar de inversiones en el sector de telecomunicaciones; si esto no sucede, evidentemente las inversiones se van donde hay estímulos”, añadió el especialista.

En el país, las cuotas anuales de derechos son 5.8 veces mayores para la banda de 850 MHz, 9.9 veces más para la banda de 600 MHz y tres veces mayor en la de 3.5 GHz, todas en comparación con el resto de las naciones miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Comentó que; por ejemplo, Brasil está preparando la licitación para la red de tecnología de quinta generación 5G más importante de América Latina, en donde el espectro en esta nación es de la más baja en toda la región, lo que para los inversionistas y operadores les resulta “muy atractivo”.

A finales del año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hizo un llamado al Senado de la República para que analizara una reducción en los costos de los derechos de uso de espectro radioeléctrico para el despliegue de servicios de internet y telefonía móvil de quinta generación (5G).

Sin embargo, tras darse a conocer el Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manifestó que el cobro de derechos de este espectro se mantendrá con las tarifas vigentes.

“Se mantendrán el mismo tratamiento, como en años anteriores, respecto al uso, aprovechamiento y desarrollo del espectro radioeléctrico en México, por lo que no habrá cambios en los costos de este bien”, refirió Hacienda dentro del presupuesto del próximo año.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Altán Redes enfrenta problemas para reducir brecha digital en México

Han transcurrido tres años desde que Altán Redes encendió la primera antena de la Red Compartida con la que el gobierno federal esperaba conectar a 92.2% de los mexicanos en 2024. Pero los problemas financieros que actualmente atraviesa la empresa ponen en riesgo el proyecto de conectividad en el país, además de que podría afectar los planes de cobertura de varios Operadores Móviles Virtuales (OMV) “colgados” de este sistema. 

Sin recursos económicos suficientes para cumplir con los compromisos de cobertura social y los objetivos comerciales, será difícil terminar con la brecha digital en el país en tres años como se había planeado, señala Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes, por lo que la empresa de telecomunicaciones pidió una extensión de cuatro años, hasta 2028, para concretar la meta de cobertura. 

De acuerdo con los especialistas consultados, el problema serio de Altán Redes está en cumplir con la meta en el tiempo pactado, ya que los impactos de la pandemia en el sector telecomunicaciones, la economía que se recuperará 6% este año y la posibilidad de que no se agreguen nuevos contratos a los 83 existentes, alejarían cada vez más el objetivo de la empresa. 

Los analistas se cuestionan también si es buen momento de que México replantee la Red Compartida, ya que su fracaso será un golpe a la Reforma de Telecomunicaciones de 2013 y al plan de conectividad del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Para Jorge Bravo, analista senior de Digital Policy & Lay, empresa especia- lizada en la estrategia de telecomunicaciones, señala que más que autorizar y extender (los plazos de cobertura) tendría que analizarse la viabilidad del proyecto en su totalidad. “Tuvo debilidades desde su concepción, principalmente porque su modelo híbrido no es rentable”. 

Problemas de origen 

La empresa público-privada nació durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con una vocación social, pero con identidad comercial. Elena Estavillo, directora del Centro-i para la Sociedad del Futuro, explica que a la compañía se le asignaron obligaciones de cobertura en áreas que no son rentables, lo que implica una carga financiera importante. 

“Se trata de un modelo híbrido muy difícil de armar, con muchísimos requisitos por cumplir. El problema de Altán es que se está convirtiendo en un parche y no en una solución real. La empresa ya emitió una señal de alarma para que le ayuden a generar ingresos, esto es un riesgo para sus objetivos sociales, al final quien va a pagar es el usuario”, dice Estavillo. 

La empresa ya emitió una señal de alarma para que le ayuden a generar ingresos, esto es un riesgo para sus objetivos sociales, al final quien va a pagar es el usuario”, dice Estavillo. 

Los problemas financieros de Altán Redes no extrañan a los especialistas. “Ya podíamos anticiparlo. Desde hace algunos años, la empresa había estado batallando para mantener el ritmo con el que inició, quizá la señal más evidente de esta caída fue cuando hace algunos meses solicitó ampliar sus tiempos en la cobertura”, refiere Michel Hernández, director general del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel). 

Y sostiene que los problemas de administración en la empresa, el abandono en políticas de digitalización y conectividad del país, y la falta de certidumbre para las inversiones, aunado a la crisis sanitaria, profundizaron los problemas de la firma. 

De acuerdo con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), la empresa registra una cobertura de 61.1% de la población, que equivale a 68.7 millones de personas. El restante 30.54%, que representa a 34.9 millones dehabitantes tendrían cobertura dentro de siete años con la propuesta que el consorcio presentó en abril. 

El nuevo plan contempla mantener una cobertura de 70% entre 2021 y 2025 para después incrementarla a 85% en 2026 y a 92.2% para enero de 2028. Altán calcula llegar a 5.2 millones de usuarios este año; sin embargo, el proyecto original consideraba dar servicio a 19 millones de personas en 2021. 

El ajuste es por el retraso comercial, que deja un hueco de 25,267 millones de pesos (mdp) en el financiamiento. Hoy, la empresa mexicana brinda servicio a más de 3.1 millones de clientes mensuales a través de 83 OMV, que utilizan la infraestructura 4.5G LTE bajo el espectro de 700 MHz, una banda que Altán tiene concesionada para su explotación por 20 años y que es una de las mejores para ampliar coberturas por su naturaleza de alcance. 

“Siempre dije que el proyecto era una mala idea”, afirma Bravo, también presidente de la Asociación de Derecho a la Información (Amedi), y señala que la falla principal es que nunca tomó en cuenta que la naturaleza de la industria de las telecomunicaciones es intensiva en capital. 

Además, se apropió una banda muy valiosa, la de 700MHz, para un solo proyecto. “Hoy está subutilizada, por lo tanto no ha cumplido su objetivo social, que es cerrar la brecha digital”, dice. El analista explica que esta banda pudo haber sido utilizada por los operadores de telecomunicaciones que hay en el mercado (AT&T, Telcel y Movistar), quienes se opusieron a que se le entregara al proyecto de la Red Compartida sin licitación. 

“De haber dado un bloque a cada uno de ellos, hoy tendríamos mejor conectividad”, asegura. Por su parte, Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado en The CIU, dice que “es el espectro más importante que tenemos, sobre el cual 5G correrá de forma adecuada. Por eso, el hecho de que Altán tenga estos problemas representa un golpe para todos en general”. 

Los afectados 

La decisión de ampliar cuatro años la meta de cobertura de Altán afectará los objetivos de cobertura de OMV como Izzi Móvil, Bait, YoTeleco+, entre otros, que son clientes de la Red Compartida. Actualmente 83 OMV están con Altán Redes, los cuales tendrían que modificar su plan de inversión, así como su expansión de servicios, ya que su modelo de negocio e incremento de servicios se ciñen a la cobertura de la Red Compartida. 

“El riesgo es a futuro, y sin duda lo hay, porque se subieron (los OMV) pensando en los compromisos que tiene Altán de despliegue, mismos que se verán retrasados y eso afecta tanto al modelo de negocio de la propia Red como a los de los Operadores Móviles Virtuales”, dice Jorge Bravo, de Amedi. 

Por su parte, Michel Hernández, de Observatel, asevera que el aplazamiento de cobertura de la red de banda ancha móvil mayorista afectará a las localidades desconectadas, principalmente los Pueblos Mágicos, en un momento en donde la integración a las TICs es prioritaria. 

Además, podría afectar a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, ya que el presidente, Andrés Manuel López Obrador se apoya de la Red Compartida para lograr su objetivo de cerrar la brecha digital. 

“CFE Telecom no tiene las condiciones para cubrir zonas en las que Altán no está, y si Altán no las cubre, mucho menos lo va a hacer CFE con las condiciones que tenemos hoy. Me parece que se retrasará muchísimo cualquier objetivo”, asegura el directivo de Observatel. 

A esto hay que añadirle los factores externos como la incertidumbre para las inversiones en el sector y la falta de rumbo claro en materia de política digital, que terminaron por abatir a la compañía. La semana pasada, el consorcio obtuvo la autorización del Juzgado Civil de la Ciudad de México para iniciar el proceso de concurso mercantil que busca la renegociación de la deuda de Altán con sus acreedores ante la falta de liquidez y garantizar la continuidad del proyecto. 

“Hemos solicitado el concurso mercantil por dos razones: para poder fondear la compañía, pues ya se había aprobado un aumento de capital hace dos meses (70 millones de dólares más para este año) que todavía no hemos podido materializar; y la segunda, con el fin garantizar la continuidad de la operación y el despliegue de cobertura social”, explica Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes. 

De acuerdo con Álvarez, la deuda asciende a los 17,000 mdp con varios grupos de acreedores, como la banca de desarrollo mexicana y extranjera y proveedores de tecnología directamente vinculados al despliegue de la red, entre otros. 

Actualmente, el director de Altán Redes emana confianza. Aunque sabe que es difícil predecir cuánto tiempo le tomará salir a la compañía del estado en el que se encuentra y admite que eso dependerá de su capacidad para llegar a acuerdos con los acreedores. 

Por ahora, la empresa tiene que seguir generando ingresos para asegurar su recuperación, por lo que no puede cancelar ningún contrato y, de alguna forma, mantiene a los OMV vigentes en el mercado. 

Con información de Milenio

Por una justicia digital democrática tras la pandemia

A raíz de la suspensión de actividades que impuso la pandemia debido al COVID-19 surgió una nueva realidad: la justicia digital, una estrategia para la modernización del sistema de justicia en el país, teniendo como eje rector las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Por ello, es posible promover una demanda de amparo e interponer recursos, consultar expedientes, celebrar audiencias, comparecencias, recibir notificaciones digitales, preservando la calidad jurídica mediante la implementación de la firma electrónica y el expediente electrónico.

Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa explica que, aunque exista una justicia digital democrática, existe el reto de romper la brecha digital, hacer efectivo el derecho de acceso universal equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y a los servicios de internet.

“Es fundamental que todo abogado utilice los sistemas de información y digitalización porque a través de ellos puede estar enterado, en comunicación y actualizado en todos los temas”, detalló en conferencia.

La justicia en la sombra durante la pandemia

Otro de los temas relevantes pronunciados fue acerca de los efectos devastadores que ha tenido para las mujeres el encierro por la contingencia, ya que el confinamiento confirmó que el “hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y sus hijos”.

La cifra de hechos de violencia que afectaron a las mujeres, a niñas, niños y adolescentes en el país llegó a cerca de 253 mil presuntos delitos, según el reporte al 30 de octubre del 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Esto habla de la otra pandemia, “la pandemia en la sombra”, que ha cobrado un importante y lamentable número de víctimas.

La ministra Esquivel explicó que a raíz de la pandemia surgieron juicios como: violencia familiar, divorcios, conflictos laborales, causas penales y despidos, entre otros

“Juzgar con perspectiva de género no implica darle la razón a la mujer, implica ver las circunstancias de la mujer o de la persona que acude a exigir justicia que puede pertenecer a un grupo vulnerable también”, expresó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que entre enero y septiembre del 2020, nueve por ciento de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar, advirtiendo un repunte en los meses de junio y agosto, lo cual sugiere que los efectos del confinamiento acentuaron la violencia dentro de los hogares.

Esquivel dijo que las cifras permiten ver que la violencia contra la mujer subsiste, que se ha instalado en la sociedad como el peor de los flagelos que pueden atacar a una comunidad.

“Es un reflejo de las estructuras mentales que venimos arrastrando desde siglos atrás, que justifican y aceptan conductas machistas. Cada vez se presenta en una menor medida y es lo que justifica una perspectiva de género, sustentada en principios de igualdad y no discriminación y que a la postre convoque y provoque un cambio cultural, de ahí nuestra insistencia en introducir la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional”.

CON INFORMACIÓN VÍA REPORTE ÍNDIGO

La falta de conectividad a internet en México atrae a las empresas de servicios satelitales

Aproximadamente 40 millones de personas en México no tienen acceso a internet. Esto se debe a que en sus localidades no llegan los servicios fijos o desplegar redes de telecomunicaciones móviles es muy costoso y los consumidores serán pocos. Pero para las empresas de servicios satelitales esto no es impedimento.

Por su tipo de tecnología, la señal de un satélite puede “bañar” grandes regiones sin problema. De hecho, varias empresas están interesadas en seguir incrementando la cobertura de esta tecnología en México. Tal es el caso de Hughes y SES.

Por ejemplo, el servicio HughesNet se especializa en llevar conectividad a zonas donde los servicios fijos no llegan. Ahora, la empresa suma 350 localidades donde lleva servicio de internet vía WiFi que recibe señal de una antena direccionada a su satélite.

Este servicio ya conecta a más de 100,000 personas en el territorio nacional, según explicó en el evento de 50 aniversario de la empresa Marcos Duarte, director de operaciones de HughesNet México.

Faltan 40 millones de mexicanos de conectar a internet

Aunque el acceso a las telecomunicaciones es un derecho constitucional —que llegó con la reforma a la ley del sector en 2013— todavía se trabaja en que todos los mexicanos estén conectados a internet. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, 72% de la población es usuaria de internet.

“Por las características de la industria satelital y el tipo de servicios que prestan, hay que entender que son complementarios de las redes inalámbricas que pueden contribuir a cerrar la brecha digital”, dijo a Business Insider México Jorge Bravo, director de Digital Policy & Law.

En Latinoamérica y otras regiones también se necesita más conectividad, especialmente en zonas apartadas. Por ello, SES, empresa de conectividad satelital, anunció la firma de acuerdos con proveedores de servicios de infraestructura de todo el mundo.

Sin embargo, la capacidad satelital que tiene el gobierno mexicano se subutiliza e incluso se pierde por esa falta de explotación. «Las capacidades satelitales van en dos sentidos: los privados que pueden dotar de conectividad donde no llegan las redes fijas (de telecomunicaciones) y la capacidad estatal; que está dedicada a servicios de seguridad y emergencia. Esta capacidad del Estado también se contempló en el programa México Conectado (del sexenio anterior), pero ese programa ya no continúo. Por eso, los operadores están tomando la iniciativa de llevar la conectividad a esos sitios (apartados)», señaló Radamés Camargo, coordinador de análisis en The Competitive Intelligence Unit.

SES y Hughes preparan los lanzamientos de sus satélites

Con ellos construye ocho estaciones terrestres satelitales para el sistema de comunicación O3b mPower. La compañía indicó en un comunicado que esos sitios permitirán la gestión de la constelación satelital de SES. 

De estas estaciones terrestres, la más cercana a México estará en Texas, Estados Unidos. Mientras que en Sudamérica una estación se ubicará en Chile; esto facilitará el acceso a servicios de alto rendimiento para clientes en la región, indicó la empresa en un comunicado.

Tanto los satélites de Hughes como los de SES para fines de conectividad a internet tienen una órbita más baja que otros aparatos. Esto sirve para dar una respuesta más veloz.

De acuerdo con Duarte, el precio promedio de la construcción y puesta en órbita de un satélite es de alrededor de 1,000 millones de dólares (mdd). Para el próximo año, Hughes pondrá en órbita su satélite Júpiter 3; mientras que SES lanzará seis aparatos entre lo que queda de este año y el primer trimestre de 2022.

CON INFORMACIÓN VIA BUSINESS INSIDER MÉXICO

A falta de digitalización nos quedo la desigualdad_ Israel Quiñones

El sureste mexicano se ha distinguido siempre por ser el territorio olvidado del país. Generalmente el desarrollo tarda más en llegar a estas tierras con una mayoría de población indígena y de bajos recursos, por lo que la lógica del mercado no contempla su de inmediato su inserción al desarrollo tecnológico, económico y laboral, siempre son dejados hasta el final o simplemente, estos estados (Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca) no son contemplados en los planes importantes en materia de infraestructura, empleo y mucho menos tecnológicos.

EL sábado 15 de mayo en el estado de Chiapas, un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Mactzumactzá, salieron a protestar tomando casetas de cobro en la carretera que conduce a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La razón de esta movilización era que los estudiantes solicitaban la realización de exámenes de admisión a la normal de forma precencial, puesto que, las autoridades educativas estatales habían hecho la convocatoria vía digital; sin embargo, los estudiantes ya habían hecho del conocimiento de la autoridad que la vía digital era excluyente, pues la mayoría de los aspirantes a ingresar a esta normal rural no cuenta con conexión a internet, mucho menos con los dispositivos tecnológicos necesario para realizar dicho examen.

El resultado de estas protestas fue la detención arbitraria de 95 jóvenes, de los cuales, 74 eran mujeres, mismas que han realizado denuncias por abuso sexual y vejaciones propias de una fuerza policiaca autoritaria y sin la capacitación suficiente… Simplemente, este tema se convirtió en una violación flagrante a los derechos humanos de los muchachos que simplemente piden una educación digna y oportunidades para servir a la nación por medio de la enseñanza.

Los derechos fundamentales y humanos de los jóvenes no solamente se violaron con una represión policiaca excesiva, fueron violados desde antes con el hecho de no contar con un acceso a las tecnologías de la información y la comunicación tal y como lo marca el artículo sexto de nuestra carta magna, pero una regulación intrusiva, confiscatoria y en favor de las transnacionales y las televisoras ha provocado la desinversión en los lugares donde la digitalización y el acceso a una conectividad digna transformarían la realidad de millones de jóvenes mexicanos.

Con un entorno económico adverso y postcovid, la inversión en el sector de las telecomunicaciones sería un factor determinante, sobre todo en zonas geográficas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde la conectividad es paupérrima y muy limitada a los pocos centros urbanos y turísticos de estos estados, dejando a la mayor parte de estos territorios desconectados del desarrollo digital y dejando a la población en una especie de impasse tecnológico, aumentando la brecha de desigualdad.

Si realmente la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión del 2013 impulsada por el “Pacto por México” hubiera funcionado, los jóvenes chiapanecos no hubiesen tenido la necesidad de protestar por exámenes presenciales, no hubiese existido represión, no estaríamos en medio de este embrollo creado por darle la razón al mercado neoliberal y se estaría pensando o ejecutando una agenda digital con perspectiva social y de desarrollo sustentable de la digitalización nacional.

Con un mercado deprimido y una regulación que no contempla mayor alternativa que las perspectivas de los operadores, es imposible que se pueda contemplar una sociedad digital, mucho menos en la implementación de nuevas tecnologías como el 5G si ni siquiera tenemos conectadas poblaciones que necesitan de una transformación de fondo. El tema de la normal rural de Mactzumactzá, nos muestra la terrible realidad de la falta de cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en el artículo sexto constitucional y que, sin una política digital efectiva, no se puede contemplar una inclusión social a la era de la economía del conocimiento, mucho menos al bienestar digital que elimine la brecha de desigualdad y la precariedad educativa o laboral.

No podemos, ni debemos seguir el camino de una propuesta neoliberal de la digitalización. Mientras las grandes ciudades del país están hiperconectadas hasta por la “Red Compartida de Altán” que ahora se ha apropiado CFE Telecom e internet para todos, tenemos estados completos en un aislamiento digital, donde un servicio básico y de interés general como lo es el internet, es solamente para un grupo pequeño de ciudadanos privilegiados, mientras que donde se pudiese generar un cambio de fondo, tenemos una situación apremiante y delicada debido a que los operadores no ven negocio y no invierten y el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones ve una mayor implementación de asimetría en el caso de entrar a esas comunidades que tanto necesitan el servicio de telecomunicaciones y la conectividad.

Si los derechos fundamentales de los mexicanos fueran respetados nos tendríamos que estar señalando la brecha digital que ensombrece a los estados más pobres del país, la digitalización sería en realidad un punto de apoyo para el desarrollo laboral en infraestructura, en educación, innovación, simplemente este asunto no hubiera ocurrido. Por ello, es necesario resaltar dos cosas fundamentales: los derechos humanos y la libertad de expresión no son negociables y dos, es necesario que se tomen cartas en el asunto para crear una agenda digital con prospectiva social ya, pues el tiempo es un lujo que a estas alturas ya no se tiene.

PERSPECTIVAS_Desigualdad informativa

“Primero los pobres” es la frase insignia del movimiento encabezado por el Presidente López Obrador. Sin embargo enfrenta importantes retos para materializarse. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica aparejada, ambas sin precedentes, amenazan por completo el proyecto político del actual Gobierno. No será fácil la recuperación económica. Menos fácil será evitar la caída de ingresos y, por lo tanto, que millones de personas caigan por debajo de la línea de la pobreza. El desafío está en garantizar, más allá del discurso, una acción coherente y articulada que mitigue los riesgos reales para los derechos económicos y sociales de amplios sectores de la población.

En los ámbitos analizados en nuestro informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”, damos cuenta de factores estructurales que entrañan la violación de derechos sociales íntimamente vinculados con el derecho a la información. Primero, observamos cómo la brecha digital está lejos de revertirse. En México aqueja al 55 por ciento de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” y 53 por ciento de la población rural. La propuesta de política pública planteada, al parecer, se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos. Así se mantienen dos Méxicos: uno conectado y otro que no lo está.

De hecho, el nombre del programa “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” es, en los hechos, una aspiración con la cual se ha bautizado una estrategia opaca, poco clara y mal diseñada, que prácticamente repetirá fórmulas de la Estrategia Digital Nacional del expresidente Enrique Peña Nieto. Lo que parecía en 2019 una prometedora política de conectividad, en 2020 se diluyó con la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, encabezada por Salma Jalife. Ella había comenzado a darle a la propuesta del nuevo Gobierno la necesaria prioridad, guía, coherencia y lógica.

Los actuales programas de conectividad refuerzan la verticalidad del poder y del Estadosin tomar en cuenta los procesos locales para generar formas de apropiación tecnológica, y detonar el aprovechamiento de los servicios de telecomunicaciones desde abajo, desde las dinámicas comunitarias interesadas nos solamente en “tener Internet”, sino en desarrollar sus propios esquemas para acceder a él. El Gobierno necesita fomentar el diálogo con los pueblos y las comunidades indígenas mediante esquemas participativos. Dejar de reforzar una visión paternalista y unilateral que cae en el error de considerar que la provisión de infraestructura es el único componente para garantizar la universalidad de internet y la inclusión digital.

Este Gobierno tiene la oportunidad de generar cambios. Dar un rumbo distinto al programa en cuestión cuyo enfoque contempla la cobertura de Internet únicamente para el 7.8 por ciento de las comunidades de menos de 250 habitantes (el 92.2por ciento restante de la cobertura estará a cargo de Altán Redes) para detonar mecanismos institucionales que fortalezcan los procesos locales de conectividad. El programa ha recibido críticas porque hasta la fecha el despliegue de los puntos de conexión, porque se han concentrado en zonas urbanas y donde ya hay conectividad.

La falta de Internet para personas y comunidades históricamente marginadas constituye, además de la violación estructural de un derecho humano, la permanencia de un factor que perpetúa la exclusión y la desigualdad. Ello se profundiza con la imperiosa necesidad, nacida de la emergencia sanitaria, de garantizar el acceso a internet a más hogares para el desarrollo de actividades educativas y laborales, que ahora dependen más de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En íntima relación, la pandemia puso al desnudo las carencias institucionales para garantizar información asequible, pertinente y culturalmente adecuada a las poblaciones indígenas del país. Al igual que la brecha digital, la falta de políticas de transparencia proactiva que permitan llevar información necesaria para un robusto ejercicio de los derechos a la salud y a la educación, nos permite llegar a la dolorosa conclusión de que, pese al discurso, los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidas en los hechos como sujetos de derecho.

Una de las limitaciones de las estrategias de difusión de información sobre la COVID- 19  para las poblaciones indígenas se encuentra en su alta concentración en el ámbito digital, sobre todo en las páginas de Internet de las instancias de Gobierno como la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INPI). Ello dificulta el acceso para muchas comunidades indígenas que no cuentan con Internet (o cuyos costos son altos al tener que pagar por tiempo determinado).  De acuerdo con el Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas 2018, el 82 por ciento de las localidades con presencia de población indígena cuentan con cobertura móvil en la tecnología 3G, pero sólo el 40 por ciento de los sitios tenían acceso a cobertura 4G.

Otra limitante es que no todas las familias indígenas cuentan con televisión o la señal es insuficiente para sintonizar la información difundida en las conferencias brindadas por la Secretaría de Salud, mismas que se encuentran en un lenguaje técnico y no se traducen a lenguas indígenas. En el mismo sentido, sobre todo a nivel local, persiste la medida de publicación de carteles y trípticos. Si bien algunos de estos materiales fueron traducidos a diferentes lenguas originarias, requieren que las personas sepan leer, lo cual pudiera ser más factible entre la población joven. Sin embargo, no lo es para las personas adultas y adultas mayores, menos aún en el caso de las mujeres que padecen condiciones adicionales de discriminación en el acceso a la educación. En suma, la estrategia informativa sobre la pandemia ha sido excluyente.

Por último, pero no menos importante, observamos un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboralCiento cuatro periodistas murieron de COVID-19 hasta el momento de escribir estas líneas. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país.

De noviembre de 2020 a enero de 2021, llevamos a cabo una encuesta dirigida a las y los periodistas que sufrieron ataques vinculados a las coberturas de la pandemia. Esta encuesta muestra que derivado de la contingencia sanitaria, al 62.7 por ciento de las y los periodistas sufrieron reducción a su salario o ingresos económicos vinculados al periodismo.

El incumplimiento de otorgar protección a periodistas por parte de las y los propietarios de los medios de comunicación se refleja en que, de las y los encuestados casi el 34 por ciento declaró no contar con el equipo de protección necesario para hacer coberturas durante la contingencia sanitaria. La falta de protecciones tiene un impacto claro en los contagios de periodistas: 49.3 por ciento afirmó que integrantes de su medio se habían contagiado mientras que casi el 16.4 por ciento dijo haberse ya contagiado de COVID-19.

Esto se vincula con las declaraciones de Zoe Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la conferencia matutina del 15 enero del 2020, Robledo afirmó que “[cerca] de 22 mil periodistas no tienen ningún esquema de seguridad social”. Si bien, Robledo agregó que se estaba “trabajando en un modelo para atender este problema”, ha pasado más de un año y no se tiene información sobre qué hará el Gobierno para dar asistencia y seguridad social a miles de periodistas.

La ausencia de protección, la privación de acceso a la seguridad social y en general las condiciones de precariedad también impactan psicoemocionalmente a la prensa. Del total de periodistas encuestados, sólo el 7.5 por ciento dijo no haber experimentado ningún tipo de impacto psicosocial, mientras que la mayoría (93.2 por ciento) dijo tener estrés, miedo y ansiedad.

Si la violencia material, que derivó en 692 agresiones contra la prensa, es motivo de suma preocupación en México, las carencias laborales se revelan como una circunstancia profunda que contribuye a un mayor estado de vulnerabilidad de los y las periodistas que afectan su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. En ello, convergen las responsabilidades de Estado y de los dueños de los medios de comunicación.

De esta manera -con datos y evidencia- confirmamos que la desigualdad informativa, y las condiciones estructurales que la profundizan, persisten pese al discurso de cambio.

CON INFORMACIÓN VÍA SIN EMBARGO

“Divisiones no ayudan” para acortar brechas

Empresarios y gobierno deben de trabajar juntos por acortar la brecha social, sin embargo, hay riesgos en las medidas que se están tomando tanto para la inversión como para que las empresas evalúen su viabilidad en el país.m{1272962}

El gobierno tiene que permitir crear alternativas a favor de las familias, las empresas, y del país. “El trabajar juntos, queremos lo mejor para México, y acortar la brecha social, y las divisiones no ayudan a nadie”, señaló Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), que reúne a las 50 principales empresas multinacionales en México que aportan alrededor de 10 por ciento del PIB.

“Hoy, los mensajes definitivamente no son los adecuados para una inversión de largo plazo. Las Empresas Globales seguiremos con un compromiso con México, pero queremos traer más inversión y más empleo, y urge que juntos demos este mensaje de compromiso”.

En entrevista con MILENIO, la titular del organismo comentó que ven con mucha preocupación, los diversos impactos negativos y transversales, que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica traerá a México, particularmente en la economía, aunado a la incertidumbre que dejará para atraer inversiones al país.

Explicó que con esta reforma las empresas extranjeras que ya están en México, y las que buscan nuevas zonas para colocar sus inversiones, analizarán la viabilidad de operar en nuestro territorio ante el cambio de reglas.

Jañez comentó que cambiar las reglas tiene riesgos pues al tener contratos vigentes firmados, compromisos entre particulares y con el sector público.m{1272963}

“Al final creemos que inhibe la competencia y la libre concurrencia, y la ley como está planteada, además de hacer imposible competir contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hace que nuevos participantes no ingresen al mercado. Eso nos preocupa desde el punto de vista de los usuarios, sobre todo las empresas”, aseguró.

Destacó que una modificación de esta magnitud es una trasgresión a los acuerdos internacionales de México, así como a los compromisos ambientales que se deben cumplir a cabalidad.

“Hoy sí estamos viendo un freno a nuevas inversiones, tal vez las que ya tenemos en el país se queden, pero México necesita más inversión privada”, dijo la CEO de DuPont en México.

Refirió que la reforma también daña la competitividad y la percepción de México, “sobre todo está vulnerando ya un reconocimiento de la comunidad internacional hacia México con el estado de derecho”.

Con información vía MILENIO

TENDENCIAS. A4AI y Web Foundation medirán el costo de la exclusión digital de las mujeres

La Alianza para Internet Asequible (A4AI) y Web Foundation anunciaron que realizarán un estudio para evaluar cuál es el costo de la brecha digital de género y el impacto económico de que las mujeres estén excluidas de la economía digital.

El nuevo informe será posible gracias a que las organizaciones ganaron una subvención de la Fundación Internet Society por casi 200 mil dólares, como parte de su programa para impulsar proyectos que aborden el futuro de Internet.

“Nuestro objetivo es aportar pruebas contundentes de los impactos a macroescala, económicos y sociales, que provienen del legado de décadas de formulación de políticas de banda ancha que ha ignorado la brecha de género digital y ha dejado atrás a mujeres y niñas”, explicaron.

Las organizaciones enfocarán su investigación en África subsahariana y el sur de Asia, debido a que estas dos regiones presentan una problemática crítica en el rezago de las mujeres en el entorno digital.

A4AI y Web Foundation publicarán un informe emblemático este año y dos más centrados en cada una de las regiones. El proyecto contempla examinar, mediante un modelo económico, cuál es el costo de excluir a las mujeres del desarrollo digital, no sólo en el PIB sino en industrias enteras. Además, se realizarán entrevistas y grupos focales a mujeres de bajos y medianos ingresos en Nigeria e India.

Después de completar el estudio, el objetivo será que los datos y los hallazgos sirvan de base para impulsar reformas en las políticas públicas, con el fin de que estas sean más efectivas para abatir la brecha digital de género.

Con información vía DPL NEWS

PERSPECTIVA. Éstas son las brechas del comercio electrónico en México, según Salesforce

Aunque las estadísticas pronosticaban que el crecimiento del comercio electrónico en México sería el mayor del mundo en 2020, al parecer la pandemia de Covid-19 cambió esta situación para colocar al ecommerce mexicano en el lugar 17, según el cálculo que realizó eMarketer, que coloca en los primeros lugares a Argentina, España, Singapur, Brasil y Reino Unido, aunque excluye boletos de viaje y eventos, pagos de servicios y transferencias y servicios de alimentación y bebidas. 

No hay un consenso sobre cuánto creció el comercio electrónico mexicano en 2020. eMarketer estima que lo hizo 27%, mientras que Statista calcula que lo hizo 31.8 por ciento. Ambas casas de estudio de mercado coinciden en colocar a México como el mercado de ventas digitales en la posición 16 o 17 del mundo, de acuerdo con el crecimiento del mercado y con su valor.    

Además de los retos más evidentes para el comercio electrónico en México, es decir aquellos que tienen que ver con la infraestructura digital ─51.2% de los hogares tienen acceso a internet y 37.6% tienen una computadora, aunque 87.5% tiene acceso a un dispositivo móvil, según los datos del Censo 2020 del Inegi─, la compañía de servicios Salesforce detecta en el comercio electrónico mexicano tres brechas:

  1. La brecha entre los diferentes canales de atención al cliente. 
  2. Carecer de información histórica de los clientes.
  3. Un seguimiento adecuado de todos los procesos del servicio.  

De acuerdo con José Luis Varela, vicepresidente senior de Ingeniería de Soluciones para Salesforce Latinoamérica, lo primero que hizo el 2020 y la llegada de la pandemia de Covid-19, fue crear una concientización en todos los niveles de las organización sobre la importancia de la transformación digital, que es básicamente el apalancamiento de herramientas tecnológicas para beneficiar al cliente.

“Tener la posibilidad de anticipar el comportamiento del cliente”

De acuerdo con el directivo de esta compañía estadounidense dedicada proveer servicios y estrategias de atención al cliente en la nube, nueve de cada 10 equipos de servicio al cliente creen que 2020 cambió la forma de relacionamiento con sus clientes, lo que evidentemente haya una mayor necesidad de identificar los puntos de contacto con el cliente, lo que hace se cuente con información cada vez más relevante del cliente.

“Cuando hablamos de información relevante del cliente, no sólo se trata de contar con un histórico de compras o con un perfil sino de tener la posibilidad de anticipar comportamiento del cliente”, dijo y agregó que esto supone ver esta anticipación implementada en los procesos operativos del día a día, mediante componentes de tecnología como la Inteligencia Artificial. De lo contrario, la satisfacción y retención de clientes a través de canales digitales se rompe cuando el cliente no recibe la promesa que se le hizo.

“La regla de oro en el canal digital es que tú entregues lo que estás ofreciendo. Si entras a un portal de comercio electrónico, a través de WhatsApp o si quieres hacer un pago, que esa promesa se cumpla”, dijo. 

Varela aseguró que a esta necesidad de unificar la percepción del cliente y de contar con información del mismo se suma la necesidad de redefinir los cronogramas de distribución y en la forma en la que manejan la demanda. “Lo importante es tener más conocimiento de la relación entre el cliente y los procesos de la propia empresa, eso hace que las cadenas logísticas tengan mucha más flexibilidad”. 

Con información vía El Economista

CFE Telecomunicaciones anuncia inversión para cerrar brecha digital

La empresa paraestatal mexicana CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) invertirá 11 mil millones de pesos entre 2020 y 2024, reveló la propia compañía tras una reunión de su Consejo de Administración que preside Manuel Bartlett.

Dicha cifra forma parte del Plan de Negocios de CFE TEIT que, entre sus objetivos principales, tiene el de habilitar alrededor de 200 mil puntos de acceso gratuitos en toda la república mexicana.

Dicho plan, presentado por Raymundo Artis Espriú, director General de CFE TEIT, establece que otorgarán atención con servicios de Internet y banda ancha en todo el territorio nacional a cerca de 130 mil localidades.

Asimismo, asegura que realizarán un despliegue e iluminación de fibra óptica y adecuación de infraestructura para generar capacidad de transporte de datos, en cinco fases, que cubren todo el territorio nacional.

“En este sentido, el objetivo de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos es aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para contribuir con la disminución de la desigualdad, es decir, propiciar el uso igualitario y equitativo de las TIC como derecho humano, dando prioridad a los sectores más vulnerables para hacer posible la inclusión digital y llevar los programas de bienestar social a las poblaciones más vulnerables.

“En este contexto, se instalará Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios; con ello se cerrará la brecha digital entre la población más vulnerable”, señaló CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos a través de un comunicado en el que no dieron mayores detalles.

Con información vía DPL News