PERSPECTIVAS_ Conectando a América Latina con infraestructura pasiva

En el marco de la pandemia, millones de personas tuvieron que adaptarse para continuar con sus actividades haciendo uso de tecnología, siendo clave el Internet. No obstante, esta situación dejó en evidencia los rezagos tecnológicos, la falta de infraestructura digital y las brechas digitales de acceso y uso de Internet en las zonas más vulnerables de la región. Dificultando así el acceso a servicios y derechos fundamentales como la educación y el trabajo.

De acuerdo con un estudio de SmC+ Digital Policy, menos de la mitad de la población de América Latina y el Caribe cuenta con conectividad de banda ancha fija, lo cual es primordial para acceder a medios digitales para estudiar y trabajar desde el hogar.

Esta brecha se acentúa en las viviendas rurales, pues sólo 33 por ciento de ellas tienen acceso a Internet, a diferencia del área urbana que goza de 65 por ciento de viviendas conectadas. Lo que es más preocupante aún, pese al menor o mayor acceso, es que existe población tanto en áreas urbanas como rurales que tienden a no hacer uso del Internet por no saber utilizarlo.

En América Latina menos de 40 por ciento de la población posee conocimientos básicos de informática, como copiar un archivo o enviar un correo electrónico con un archivo.[1]

Por su parte, en Chile, Argentina y Costa Rica 12, 14 y 19 por ciento de la población, respectivamente, no es usuaria de Internet. Lo mismo sucede en Perú, Colombia y Paraguay, donde 35, 30 y 26 por ciento reporta no usar Internet.[2]

Justo así se encuentran los grandes retos de las brechas de acceso y uso, donde los gobiernos y las empresas tienen que colaborar para enfrentarlas de manera simultánea.

Para avanzar en el cierre de la brecha de acceso, la infraestructura pasiva cobra un papel vital, pues es la primera capa del ecosistema de telecomunicaciones para conectar a personas e industrias.

Si bien el despliegue de este tipo de infraestructura se ha venido desarrollando, aún queda camino por recorrer. Según el estudio de SmC+ Digital Policy, para 2030 se espera un despliegue de más de 550 mil sitios en toda América Latina y una inversión estimada de 17 mil millones de dólares sólo en despliegue de infraestructura.

No obstante, la principal barrera que enfrentan muchos países de la región es la falta de una regulación unificada que permita un despliegue integral de torres de telecomunicaciones y fibra óptica.

Un ejemplo de ello es la situación que atraviesa Colombia, donde cada municipio establece su propia normativa respecto de este tipo de infraestructura, generando desigualdades a nivel de conectividad por municipios.

Otro caso es el de Paraguay, donde se ha realizado una propuesta para regular la expansión de infraestructura para telecomunicaciones; sin embargo, a la fecha la misma no ha sido tratada ni promulgada como ley.

La otra cara de la moneda la tenemos en Perú, el cual destaca por tener una normativa sobre infraestructura de alcance nacional, la Ley 29022, un marco ejemplar en la región y que ha hecho posible un acelerado avance en el despliegue de infraestructura en la última década.

Otra situación vemos en el caso de Costa Rica, país que viene trabajando en la reglamentación de un procedimiento simplificado como el de Perú. Si bien tanto la Ley 29022 (Perú) como la Ley 10216 (Costa Rica) son un gran paso, estos son el primero de muchos más que deben seguir incentivando la inversión, evitando así la gestión desigual.

Es urgente superar estas barreras, pues de mantenerse pueden dificultar e incluso impedir la llegada de nuevos servicios y tecnologías como lo es la red 5G, la cual requerirá hasta cuatro veces más infraestructura de la que actualmente existe en América Latina.

Por otro lado, la brecha de uso de Internet sólo puede superarse con la educación y capacitación de habilidades digitales para aquellos grupos que no son usuarios de Internet, pues ello incrementará la igualdad y el bienestar de las personas.

Está comprobado que el desarrollo de Internet, la conectividad y la digitalización representan beneficios a todo nivel: para las personas abre oportunidades para que puedan acceder a empleos de calidad, incrementa la bancarización y el acceso a servicios básicos como la educación y la salud; a las industrias les significa mejoras en la productividad y el acceso a los mercados nacionales e internacionales; y a las administraciones públicas las debería potenciar como organizaciones modernas, flexibles y ágiles, que favorezcan el crecimiento de las economías.

Los impactos de la pandemia, en definitiva, han dejado en evidencia la importancia de la conectividad y la digitalización como herramientas que contribuyen con el desarrollo económico y social de las personas que tienen acceso a esto.

Hoy más que nunca es necesario que tanto el sector público como privado nos pongamos a trabajar por seguir llevando conectividad a los lugares más desfavorecidos, para lo cual es necesario contar con reglas claras que impulsen el despliegue de este tipo de infraestructura de manera equitativa.

De igual manera, es importante que los países de América Latina sigan realizando un mayor esfuerzo por eliminar las brechas digitales y garantizar la conectividad y el desarrollo de habilidades y competencias.


[1] Informe sobre los principales indicadores de adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe de la Cepal

[2] Datos del Banco Mundial, 2020.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Conectar a todo México requiere colaboración del sector público y privado: CFE Telecom

Ninguna empresa por sí sola logrará cerrar la brecha digital; se requiere de la colaboración del sector público y privado para conectar a Internet a toda la población del país, especialmente las zonas rurales, reconoció el Director General de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Pantoja Meléndez.

A menos de un mes de haber sido nombrado para dirigir la empresa estatal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Pantoja afirmó que el Estado mexicano está participando de manera mucho más activa para resolver los desafíos de conectividad que representa llegar a las comunidades más alejadas del país.

En el marco del LATAM ICT Congress 2022, organizado por Huawei, el directivo también consideró que la reciente intervención del gobierno federal en la Red Compartida, operada por Altán Redes, al inyectar recursos para ayudarla a sortear sus problemas financieros, ayudará a “emparejar el piso” y alcanzar el objetivo de cerrar la brecha digital.

Pantoja Martínez identificó dos vertientes en las que se deben enfocar los esfuerzos por expandir la conectividad en México: por un lado, incrementar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones como la banda ancha; por otro, reducir las brechas relacionadas con el acceso, pues una parte de la población no se conecta a Internet aunque habita en zonas con redes móviles o fijas.

Algunas de las limitantes que obstaculizan el acceso a Internet son la falta de asequibilidad de los servicios en relación con los ingresos de las familias, o la carencia de habilidades digitales.

Durante el Congreso, Sóstenes Díaz González, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), expuso las principales acciones que el órgano regulador está implementando para promover el desarrollo del sector y el acceso a las TIC.

Uno de los ejes en los que el IFT está trabajando es en la reducción de barreras al despliegue de infraestructura, pues a nivel local, en los municipios y estados, los operadores suelen encontrar trabajar para expandir las redes de telecomunicaciones, pese a que es necesaria para entregar más y mejores servicios digitales a la población.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

PERSPECTIVAS: Transformarse para transformar, reto del sector telecom.

Aunque en los últimos dos años, la acelerada digitalización demostró la capacidad resiliente de muchos sectores, es necesario reconocer que no es suficiente, sino que se requiere un nuevo modelo de desarrollo basado en un cambio cultural corporativo de todas las organizaciones, en especial las que participan en el sector de telecomunicaciones pues «tiene que transformarse para poder transformar».

“Necesitamos un sector, un país, que siga un nuevo modelo de desarrollo pero con inclusión y para eso se necesitan políticas y estrategias deliberadamente creadas para cerrar las brechas… Esto nos hace más resilientes, flexibles, más adaptables, para que los avances puedan ser sostenibles y permanentes”, aseguró María Elena Estavillo.

La directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro reconoció la importancia de aprovechar las experiencias que ha dejado la pandemia, para impulsar nuevas prácticas que contribuyan a revertir la exclusión digital, que no es un tema aislado, sino que se suma a otras brechas existentes, como la económica, de género, de acceso a salud y al empleo.

“El cierre de brechas, de la brecha digital no deben verse como un resultado colateral, como un buen impacto, deseado en los planes de reactivación económica, sino como uno de sus motores centrales, es un insumo central de cualquier estrategia empresarial, sectorial”.

Al presentar su ponencia “Impulsando transformación sí o sí”, en el contexto del foro Conecta México, la especialista subrayó el enorme reto que tienen tanto el sector de las telecomunicaciones como el país, de no regresar a un escenario prepandemia, aunque la socialización sea una parte importante para complementar lo que se ha podido realizar de manera remota mediante plataformas tecnológicas.

“En los países donde estaban más desconectados, la pandemia generó mayores costos, causó más retrasos y por eso hay que estar conscientes, retomar el camino, volver a la normalidad, pero no a la misma sino a una nueva normalidad… la brecha digital genera otras brechas… Si regresamos a hacer las cosas exactamente como se hacían antes, no vamos a estar cerrando brechas”.

La inclusión y el cierre de brechas, destacó la experta en competencia, regulación, ecosistema digital y género, tienen que incorporarse en todas las actividades de las organizaciones, tienen que estar entre las prioridades del sector.

En este sentido, la transformación digital corporativa, abundó, tiene que ver con empresas que sean eficientes e innovadoras hacia afuera y hacia adentro, pero esto va más allá de la adopción de tecnología, implica un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas.

Esta innovación nos ayuda a ampliar las fronteras del mercado; la flexibilidad a tener mayor diversidad en la composición de las organizaciones y en los espacios de toma de decisiones; ser adaptables para contar con esquemas de teletrabajo.

Asimismo, mediante acciones concretas se pueden eliminar sesgos, ambientes hostiles, discriminación y la brecha salarial, porque no es suficiente sólo tener buenas intenciones, sino definir cómo hacerlo, fijar objetivos, medir avances, corregir sobre el camino.

“Todo esto genera un círculo virtuoso de una nueva cultura corporativa, al tener mayor diversidad, inclusión, trabajo ético, nos va a ayudar a generar tecnología, servicios, aplicaciones que también sean innovadoras, éticas e incluyentes.. este sector tiene que transformarse para poder transformar”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Desconectados, 15 millones de mexicanos por espectro caro: Digital Policy & Law Group

En México cada año, cerca de 5 millones de personas no pueden acceder a un servicio en la red y de telecomunicaciones debido al elevado costo del espectro radioeléctrico, indicó Jorge Fernando Negrete Pacheco, socio presidente y fundador de Digital Policy & Law Group.

“Si México hubiera bajado los precios del espectro radioeléctrico al promedio de América Latina, hubiéramos conectado a 5 millones de mexicanos cada año; es decir, a los tres años de este gobierno ya hubiéramos tenidos 15 millones de mexicanos conectados”, comentó en entrevista con MILENIO.

Mencionó que, si el precio del espectro bajara, existiría una mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones, una mayor participación de agentes económicos, infraestructura en zonas donde actualmente no existe y un crecimiento mayor de la economía digital.

“Si el Congreso, específicamente, decide bajar el precio del espectro veríamos un momento estelar de inversiones en el sector de telecomunicaciones; si esto no sucede, evidentemente las inversiones se van donde hay estímulos”, añadió el especialista.

En el país, las cuotas anuales de derechos son 5.8 veces mayores para la banda de 850 MHz, 9.9 veces más para la banda de 600 MHz y tres veces mayor en la de 3.5 GHz, todas en comparación con el resto de las naciones miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Comentó que; por ejemplo, Brasil está preparando la licitación para la red de tecnología de quinta generación 5G más importante de América Latina, en donde el espectro en esta nación es de la más baja en toda la región, lo que para los inversionistas y operadores les resulta “muy atractivo”.

A finales del año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hizo un llamado al Senado de la República para que analizara una reducción en los costos de los derechos de uso de espectro radioeléctrico para el despliegue de servicios de internet y telefonía móvil de quinta generación (5G).

Sin embargo, tras darse a conocer el Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manifestó que el cobro de derechos de este espectro se mantendrá con las tarifas vigentes.

“Se mantendrán el mismo tratamiento, como en años anteriores, respecto al uso, aprovechamiento y desarrollo del espectro radioeléctrico en México, por lo que no habrá cambios en los costos de este bien”, refirió Hacienda dentro del presupuesto del próximo año.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Altán Redes enfrenta problemas para reducir brecha digital en México

Han transcurrido tres años desde que Altán Redes encendió la primera antena de la Red Compartida con la que el gobierno federal esperaba conectar a 92.2% de los mexicanos en 2024. Pero los problemas financieros que actualmente atraviesa la empresa ponen en riesgo el proyecto de conectividad en el país, además de que podría afectar los planes de cobertura de varios Operadores Móviles Virtuales (OMV) “colgados” de este sistema. 

Sin recursos económicos suficientes para cumplir con los compromisos de cobertura social y los objetivos comerciales, será difícil terminar con la brecha digital en el país en tres años como se había planeado, señala Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes, por lo que la empresa de telecomunicaciones pidió una extensión de cuatro años, hasta 2028, para concretar la meta de cobertura. 

De acuerdo con los especialistas consultados, el problema serio de Altán Redes está en cumplir con la meta en el tiempo pactado, ya que los impactos de la pandemia en el sector telecomunicaciones, la economía que se recuperará 6% este año y la posibilidad de que no se agreguen nuevos contratos a los 83 existentes, alejarían cada vez más el objetivo de la empresa. 

Los analistas se cuestionan también si es buen momento de que México replantee la Red Compartida, ya que su fracaso será un golpe a la Reforma de Telecomunicaciones de 2013 y al plan de conectividad del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Para Jorge Bravo, analista senior de Digital Policy & Lay, empresa especia- lizada en la estrategia de telecomunicaciones, señala que más que autorizar y extender (los plazos de cobertura) tendría que analizarse la viabilidad del proyecto en su totalidad. “Tuvo debilidades desde su concepción, principalmente porque su modelo híbrido no es rentable”. 

Problemas de origen 

La empresa público-privada nació durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con una vocación social, pero con identidad comercial. Elena Estavillo, directora del Centro-i para la Sociedad del Futuro, explica que a la compañía se le asignaron obligaciones de cobertura en áreas que no son rentables, lo que implica una carga financiera importante. 

“Se trata de un modelo híbrido muy difícil de armar, con muchísimos requisitos por cumplir. El problema de Altán es que se está convirtiendo en un parche y no en una solución real. La empresa ya emitió una señal de alarma para que le ayuden a generar ingresos, esto es un riesgo para sus objetivos sociales, al final quien va a pagar es el usuario”, dice Estavillo. 

La empresa ya emitió una señal de alarma para que le ayuden a generar ingresos, esto es un riesgo para sus objetivos sociales, al final quien va a pagar es el usuario”, dice Estavillo. 

Los problemas financieros de Altán Redes no extrañan a los especialistas. “Ya podíamos anticiparlo. Desde hace algunos años, la empresa había estado batallando para mantener el ritmo con el que inició, quizá la señal más evidente de esta caída fue cuando hace algunos meses solicitó ampliar sus tiempos en la cobertura”, refiere Michel Hernández, director general del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel). 

Y sostiene que los problemas de administración en la empresa, el abandono en políticas de digitalización y conectividad del país, y la falta de certidumbre para las inversiones, aunado a la crisis sanitaria, profundizaron los problemas de la firma. 

De acuerdo con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), la empresa registra una cobertura de 61.1% de la población, que equivale a 68.7 millones de personas. El restante 30.54%, que representa a 34.9 millones dehabitantes tendrían cobertura dentro de siete años con la propuesta que el consorcio presentó en abril. 

El nuevo plan contempla mantener una cobertura de 70% entre 2021 y 2025 para después incrementarla a 85% en 2026 y a 92.2% para enero de 2028. Altán calcula llegar a 5.2 millones de usuarios este año; sin embargo, el proyecto original consideraba dar servicio a 19 millones de personas en 2021. 

El ajuste es por el retraso comercial, que deja un hueco de 25,267 millones de pesos (mdp) en el financiamiento. Hoy, la empresa mexicana brinda servicio a más de 3.1 millones de clientes mensuales a través de 83 OMV, que utilizan la infraestructura 4.5G LTE bajo el espectro de 700 MHz, una banda que Altán tiene concesionada para su explotación por 20 años y que es una de las mejores para ampliar coberturas por su naturaleza de alcance. 

“Siempre dije que el proyecto era una mala idea”, afirma Bravo, también presidente de la Asociación de Derecho a la Información (Amedi), y señala que la falla principal es que nunca tomó en cuenta que la naturaleza de la industria de las telecomunicaciones es intensiva en capital. 

Además, se apropió una banda muy valiosa, la de 700MHz, para un solo proyecto. “Hoy está subutilizada, por lo tanto no ha cumplido su objetivo social, que es cerrar la brecha digital”, dice. El analista explica que esta banda pudo haber sido utilizada por los operadores de telecomunicaciones que hay en el mercado (AT&T, Telcel y Movistar), quienes se opusieron a que se le entregara al proyecto de la Red Compartida sin licitación. 

“De haber dado un bloque a cada uno de ellos, hoy tendríamos mejor conectividad”, asegura. Por su parte, Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado en The CIU, dice que “es el espectro más importante que tenemos, sobre el cual 5G correrá de forma adecuada. Por eso, el hecho de que Altán tenga estos problemas representa un golpe para todos en general”. 

Los afectados 

La decisión de ampliar cuatro años la meta de cobertura de Altán afectará los objetivos de cobertura de OMV como Izzi Móvil, Bait, YoTeleco+, entre otros, que son clientes de la Red Compartida. Actualmente 83 OMV están con Altán Redes, los cuales tendrían que modificar su plan de inversión, así como su expansión de servicios, ya que su modelo de negocio e incremento de servicios se ciñen a la cobertura de la Red Compartida. 

“El riesgo es a futuro, y sin duda lo hay, porque se subieron (los OMV) pensando en los compromisos que tiene Altán de despliegue, mismos que se verán retrasados y eso afecta tanto al modelo de negocio de la propia Red como a los de los Operadores Móviles Virtuales”, dice Jorge Bravo, de Amedi. 

Por su parte, Michel Hernández, de Observatel, asevera que el aplazamiento de cobertura de la red de banda ancha móvil mayorista afectará a las localidades desconectadas, principalmente los Pueblos Mágicos, en un momento en donde la integración a las TICs es prioritaria. 

Además, podría afectar a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, ya que el presidente, Andrés Manuel López Obrador se apoya de la Red Compartida para lograr su objetivo de cerrar la brecha digital. 

“CFE Telecom no tiene las condiciones para cubrir zonas en las que Altán no está, y si Altán no las cubre, mucho menos lo va a hacer CFE con las condiciones que tenemos hoy. Me parece que se retrasará muchísimo cualquier objetivo”, asegura el directivo de Observatel. 

A esto hay que añadirle los factores externos como la incertidumbre para las inversiones en el sector y la falta de rumbo claro en materia de política digital, que terminaron por abatir a la compañía. La semana pasada, el consorcio obtuvo la autorización del Juzgado Civil de la Ciudad de México para iniciar el proceso de concurso mercantil que busca la renegociación de la deuda de Altán con sus acreedores ante la falta de liquidez y garantizar la continuidad del proyecto. 

“Hemos solicitado el concurso mercantil por dos razones: para poder fondear la compañía, pues ya se había aprobado un aumento de capital hace dos meses (70 millones de dólares más para este año) que todavía no hemos podido materializar; y la segunda, con el fin garantizar la continuidad de la operación y el despliegue de cobertura social”, explica Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes. 

De acuerdo con Álvarez, la deuda asciende a los 17,000 mdp con varios grupos de acreedores, como la banca de desarrollo mexicana y extranjera y proveedores de tecnología directamente vinculados al despliegue de la red, entre otros. 

Actualmente, el director de Altán Redes emana confianza. Aunque sabe que es difícil predecir cuánto tiempo le tomará salir a la compañía del estado en el que se encuentra y admite que eso dependerá de su capacidad para llegar a acuerdos con los acreedores. 

Por ahora, la empresa tiene que seguir generando ingresos para asegurar su recuperación, por lo que no puede cancelar ningún contrato y, de alguna forma, mantiene a los OMV vigentes en el mercado. 

Con información de Milenio

Por una justicia digital democrática tras la pandemia

A raíz de la suspensión de actividades que impuso la pandemia debido al COVID-19 surgió una nueva realidad: la justicia digital, una estrategia para la modernización del sistema de justicia en el país, teniendo como eje rector las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Por ello, es posible promover una demanda de amparo e interponer recursos, consultar expedientes, celebrar audiencias, comparecencias, recibir notificaciones digitales, preservando la calidad jurídica mediante la implementación de la firma electrónica y el expediente electrónico.

Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa explica que, aunque exista una justicia digital democrática, existe el reto de romper la brecha digital, hacer efectivo el derecho de acceso universal equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y a los servicios de internet.

“Es fundamental que todo abogado utilice los sistemas de información y digitalización porque a través de ellos puede estar enterado, en comunicación y actualizado en todos los temas”, detalló en conferencia.

La justicia en la sombra durante la pandemia

Otro de los temas relevantes pronunciados fue acerca de los efectos devastadores que ha tenido para las mujeres el encierro por la contingencia, ya que el confinamiento confirmó que el “hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y sus hijos”.

La cifra de hechos de violencia que afectaron a las mujeres, a niñas, niños y adolescentes en el país llegó a cerca de 253 mil presuntos delitos, según el reporte al 30 de octubre del 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Esto habla de la otra pandemia, “la pandemia en la sombra”, que ha cobrado un importante y lamentable número de víctimas.

La ministra Esquivel explicó que a raíz de la pandemia surgieron juicios como: violencia familiar, divorcios, conflictos laborales, causas penales y despidos, entre otros

“Juzgar con perspectiva de género no implica darle la razón a la mujer, implica ver las circunstancias de la mujer o de la persona que acude a exigir justicia que puede pertenecer a un grupo vulnerable también”, expresó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que entre enero y septiembre del 2020, nueve por ciento de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar, advirtiendo un repunte en los meses de junio y agosto, lo cual sugiere que los efectos del confinamiento acentuaron la violencia dentro de los hogares.

Esquivel dijo que las cifras permiten ver que la violencia contra la mujer subsiste, que se ha instalado en la sociedad como el peor de los flagelos que pueden atacar a una comunidad.

“Es un reflejo de las estructuras mentales que venimos arrastrando desde siglos atrás, que justifican y aceptan conductas machistas. Cada vez se presenta en una menor medida y es lo que justifica una perspectiva de género, sustentada en principios de igualdad y no discriminación y que a la postre convoque y provoque un cambio cultural, de ahí nuestra insistencia en introducir la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional”.

CON INFORMACIÓN VÍA REPORTE ÍNDIGO

La falta de conectividad a internet en México atrae a las empresas de servicios satelitales

Aproximadamente 40 millones de personas en México no tienen acceso a internet. Esto se debe a que en sus localidades no llegan los servicios fijos o desplegar redes de telecomunicaciones móviles es muy costoso y los consumidores serán pocos. Pero para las empresas de servicios satelitales esto no es impedimento.

Por su tipo de tecnología, la señal de un satélite puede “bañar” grandes regiones sin problema. De hecho, varias empresas están interesadas en seguir incrementando la cobertura de esta tecnología en México. Tal es el caso de Hughes y SES.

Por ejemplo, el servicio HughesNet se especializa en llevar conectividad a zonas donde los servicios fijos no llegan. Ahora, la empresa suma 350 localidades donde lleva servicio de internet vía WiFi que recibe señal de una antena direccionada a su satélite.

Este servicio ya conecta a más de 100,000 personas en el territorio nacional, según explicó en el evento de 50 aniversario de la empresa Marcos Duarte, director de operaciones de HughesNet México.

Faltan 40 millones de mexicanos de conectar a internet

Aunque el acceso a las telecomunicaciones es un derecho constitucional —que llegó con la reforma a la ley del sector en 2013— todavía se trabaja en que todos los mexicanos estén conectados a internet. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, 72% de la población es usuaria de internet.

“Por las características de la industria satelital y el tipo de servicios que prestan, hay que entender que son complementarios de las redes inalámbricas que pueden contribuir a cerrar la brecha digital”, dijo a Business Insider México Jorge Bravo, director de Digital Policy & Law.

En Latinoamérica y otras regiones también se necesita más conectividad, especialmente en zonas apartadas. Por ello, SES, empresa de conectividad satelital, anunció la firma de acuerdos con proveedores de servicios de infraestructura de todo el mundo.

Sin embargo, la capacidad satelital que tiene el gobierno mexicano se subutiliza e incluso se pierde por esa falta de explotación. «Las capacidades satelitales van en dos sentidos: los privados que pueden dotar de conectividad donde no llegan las redes fijas (de telecomunicaciones) y la capacidad estatal; que está dedicada a servicios de seguridad y emergencia. Esta capacidad del Estado también se contempló en el programa México Conectado (del sexenio anterior), pero ese programa ya no continúo. Por eso, los operadores están tomando la iniciativa de llevar la conectividad a esos sitios (apartados)», señaló Radamés Camargo, coordinador de análisis en The Competitive Intelligence Unit.

SES y Hughes preparan los lanzamientos de sus satélites

Con ellos construye ocho estaciones terrestres satelitales para el sistema de comunicación O3b mPower. La compañía indicó en un comunicado que esos sitios permitirán la gestión de la constelación satelital de SES. 

De estas estaciones terrestres, la más cercana a México estará en Texas, Estados Unidos. Mientras que en Sudamérica una estación se ubicará en Chile; esto facilitará el acceso a servicios de alto rendimiento para clientes en la región, indicó la empresa en un comunicado.

Tanto los satélites de Hughes como los de SES para fines de conectividad a internet tienen una órbita más baja que otros aparatos. Esto sirve para dar una respuesta más veloz.

De acuerdo con Duarte, el precio promedio de la construcción y puesta en órbita de un satélite es de alrededor de 1,000 millones de dólares (mdd). Para el próximo año, Hughes pondrá en órbita su satélite Júpiter 3; mientras que SES lanzará seis aparatos entre lo que queda de este año y el primer trimestre de 2022.

CON INFORMACIÓN VIA BUSINESS INSIDER MÉXICO

A falta de digitalización nos quedo la desigualdad_ Israel Quiñones

El sureste mexicano se ha distinguido siempre por ser el territorio olvidado del país. Generalmente el desarrollo tarda más en llegar a estas tierras con una mayoría de población indígena y de bajos recursos, por lo que la lógica del mercado no contempla su de inmediato su inserción al desarrollo tecnológico, económico y laboral, siempre son dejados hasta el final o simplemente, estos estados (Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca) no son contemplados en los planes importantes en materia de infraestructura, empleo y mucho menos tecnológicos.

EL sábado 15 de mayo en el estado de Chiapas, un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Mactzumactzá, salieron a protestar tomando casetas de cobro en la carretera que conduce a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La razón de esta movilización era que los estudiantes solicitaban la realización de exámenes de admisión a la normal de forma precencial, puesto que, las autoridades educativas estatales habían hecho la convocatoria vía digital; sin embargo, los estudiantes ya habían hecho del conocimiento de la autoridad que la vía digital era excluyente, pues la mayoría de los aspirantes a ingresar a esta normal rural no cuenta con conexión a internet, mucho menos con los dispositivos tecnológicos necesario para realizar dicho examen.

El resultado de estas protestas fue la detención arbitraria de 95 jóvenes, de los cuales, 74 eran mujeres, mismas que han realizado denuncias por abuso sexual y vejaciones propias de una fuerza policiaca autoritaria y sin la capacitación suficiente… Simplemente, este tema se convirtió en una violación flagrante a los derechos humanos de los muchachos que simplemente piden una educación digna y oportunidades para servir a la nación por medio de la enseñanza.

Los derechos fundamentales y humanos de los jóvenes no solamente se violaron con una represión policiaca excesiva, fueron violados desde antes con el hecho de no contar con un acceso a las tecnologías de la información y la comunicación tal y como lo marca el artículo sexto de nuestra carta magna, pero una regulación intrusiva, confiscatoria y en favor de las transnacionales y las televisoras ha provocado la desinversión en los lugares donde la digitalización y el acceso a una conectividad digna transformarían la realidad de millones de jóvenes mexicanos.

Con un entorno económico adverso y postcovid, la inversión en el sector de las telecomunicaciones sería un factor determinante, sobre todo en zonas geográficas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde la conectividad es paupérrima y muy limitada a los pocos centros urbanos y turísticos de estos estados, dejando a la mayor parte de estos territorios desconectados del desarrollo digital y dejando a la población en una especie de impasse tecnológico, aumentando la brecha de desigualdad.

Si realmente la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión del 2013 impulsada por el “Pacto por México” hubiera funcionado, los jóvenes chiapanecos no hubiesen tenido la necesidad de protestar por exámenes presenciales, no hubiese existido represión, no estaríamos en medio de este embrollo creado por darle la razón al mercado neoliberal y se estaría pensando o ejecutando una agenda digital con perspectiva social y de desarrollo sustentable de la digitalización nacional.

Con un mercado deprimido y una regulación que no contempla mayor alternativa que las perspectivas de los operadores, es imposible que se pueda contemplar una sociedad digital, mucho menos en la implementación de nuevas tecnologías como el 5G si ni siquiera tenemos conectadas poblaciones que necesitan de una transformación de fondo. El tema de la normal rural de Mactzumactzá, nos muestra la terrible realidad de la falta de cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en el artículo sexto constitucional y que, sin una política digital efectiva, no se puede contemplar una inclusión social a la era de la economía del conocimiento, mucho menos al bienestar digital que elimine la brecha de desigualdad y la precariedad educativa o laboral.

No podemos, ni debemos seguir el camino de una propuesta neoliberal de la digitalización. Mientras las grandes ciudades del país están hiperconectadas hasta por la “Red Compartida de Altán” que ahora se ha apropiado CFE Telecom e internet para todos, tenemos estados completos en un aislamiento digital, donde un servicio básico y de interés general como lo es el internet, es solamente para un grupo pequeño de ciudadanos privilegiados, mientras que donde se pudiese generar un cambio de fondo, tenemos una situación apremiante y delicada debido a que los operadores no ven negocio y no invierten y el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones ve una mayor implementación de asimetría en el caso de entrar a esas comunidades que tanto necesitan el servicio de telecomunicaciones y la conectividad.

Si los derechos fundamentales de los mexicanos fueran respetados nos tendríamos que estar señalando la brecha digital que ensombrece a los estados más pobres del país, la digitalización sería en realidad un punto de apoyo para el desarrollo laboral en infraestructura, en educación, innovación, simplemente este asunto no hubiera ocurrido. Por ello, es necesario resaltar dos cosas fundamentales: los derechos humanos y la libertad de expresión no son negociables y dos, es necesario que se tomen cartas en el asunto para crear una agenda digital con prospectiva social ya, pues el tiempo es un lujo que a estas alturas ya no se tiene.

PERSPECTIVAS_Desigualdad informativa

“Primero los pobres” es la frase insignia del movimiento encabezado por el Presidente López Obrador. Sin embargo enfrenta importantes retos para materializarse. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica aparejada, ambas sin precedentes, amenazan por completo el proyecto político del actual Gobierno. No será fácil la recuperación económica. Menos fácil será evitar la caída de ingresos y, por lo tanto, que millones de personas caigan por debajo de la línea de la pobreza. El desafío está en garantizar, más allá del discurso, una acción coherente y articulada que mitigue los riesgos reales para los derechos económicos y sociales de amplios sectores de la población.

En los ámbitos analizados en nuestro informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”, damos cuenta de factores estructurales que entrañan la violación de derechos sociales íntimamente vinculados con el derecho a la información. Primero, observamos cómo la brecha digital está lejos de revertirse. En México aqueja al 55 por ciento de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” y 53 por ciento de la población rural. La propuesta de política pública planteada, al parecer, se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos. Así se mantienen dos Méxicos: uno conectado y otro que no lo está.

De hecho, el nombre del programa “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” es, en los hechos, una aspiración con la cual se ha bautizado una estrategia opaca, poco clara y mal diseñada, que prácticamente repetirá fórmulas de la Estrategia Digital Nacional del expresidente Enrique Peña Nieto. Lo que parecía en 2019 una prometedora política de conectividad, en 2020 se diluyó con la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, encabezada por Salma Jalife. Ella había comenzado a darle a la propuesta del nuevo Gobierno la necesaria prioridad, guía, coherencia y lógica.

Los actuales programas de conectividad refuerzan la verticalidad del poder y del Estadosin tomar en cuenta los procesos locales para generar formas de apropiación tecnológica, y detonar el aprovechamiento de los servicios de telecomunicaciones desde abajo, desde las dinámicas comunitarias interesadas nos solamente en “tener Internet”, sino en desarrollar sus propios esquemas para acceder a él. El Gobierno necesita fomentar el diálogo con los pueblos y las comunidades indígenas mediante esquemas participativos. Dejar de reforzar una visión paternalista y unilateral que cae en el error de considerar que la provisión de infraestructura es el único componente para garantizar la universalidad de internet y la inclusión digital.

Este Gobierno tiene la oportunidad de generar cambios. Dar un rumbo distinto al programa en cuestión cuyo enfoque contempla la cobertura de Internet únicamente para el 7.8 por ciento de las comunidades de menos de 250 habitantes (el 92.2por ciento restante de la cobertura estará a cargo de Altán Redes) para detonar mecanismos institucionales que fortalezcan los procesos locales de conectividad. El programa ha recibido críticas porque hasta la fecha el despliegue de los puntos de conexión, porque se han concentrado en zonas urbanas y donde ya hay conectividad.

La falta de Internet para personas y comunidades históricamente marginadas constituye, además de la violación estructural de un derecho humano, la permanencia de un factor que perpetúa la exclusión y la desigualdad. Ello se profundiza con la imperiosa necesidad, nacida de la emergencia sanitaria, de garantizar el acceso a internet a más hogares para el desarrollo de actividades educativas y laborales, que ahora dependen más de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En íntima relación, la pandemia puso al desnudo las carencias institucionales para garantizar información asequible, pertinente y culturalmente adecuada a las poblaciones indígenas del país. Al igual que la brecha digital, la falta de políticas de transparencia proactiva que permitan llevar información necesaria para un robusto ejercicio de los derechos a la salud y a la educación, nos permite llegar a la dolorosa conclusión de que, pese al discurso, los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidas en los hechos como sujetos de derecho.

Una de las limitaciones de las estrategias de difusión de información sobre la COVID- 19  para las poblaciones indígenas se encuentra en su alta concentración en el ámbito digital, sobre todo en las páginas de Internet de las instancias de Gobierno como la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INPI). Ello dificulta el acceso para muchas comunidades indígenas que no cuentan con Internet (o cuyos costos son altos al tener que pagar por tiempo determinado).  De acuerdo con el Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas 2018, el 82 por ciento de las localidades con presencia de población indígena cuentan con cobertura móvil en la tecnología 3G, pero sólo el 40 por ciento de los sitios tenían acceso a cobertura 4G.

Otra limitante es que no todas las familias indígenas cuentan con televisión o la señal es insuficiente para sintonizar la información difundida en las conferencias brindadas por la Secretaría de Salud, mismas que se encuentran en un lenguaje técnico y no se traducen a lenguas indígenas. En el mismo sentido, sobre todo a nivel local, persiste la medida de publicación de carteles y trípticos. Si bien algunos de estos materiales fueron traducidos a diferentes lenguas originarias, requieren que las personas sepan leer, lo cual pudiera ser más factible entre la población joven. Sin embargo, no lo es para las personas adultas y adultas mayores, menos aún en el caso de las mujeres que padecen condiciones adicionales de discriminación en el acceso a la educación. En suma, la estrategia informativa sobre la pandemia ha sido excluyente.

Por último, pero no menos importante, observamos un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboralCiento cuatro periodistas murieron de COVID-19 hasta el momento de escribir estas líneas. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país.

De noviembre de 2020 a enero de 2021, llevamos a cabo una encuesta dirigida a las y los periodistas que sufrieron ataques vinculados a las coberturas de la pandemia. Esta encuesta muestra que derivado de la contingencia sanitaria, al 62.7 por ciento de las y los periodistas sufrieron reducción a su salario o ingresos económicos vinculados al periodismo.

El incumplimiento de otorgar protección a periodistas por parte de las y los propietarios de los medios de comunicación se refleja en que, de las y los encuestados casi el 34 por ciento declaró no contar con el equipo de protección necesario para hacer coberturas durante la contingencia sanitaria. La falta de protecciones tiene un impacto claro en los contagios de periodistas: 49.3 por ciento afirmó que integrantes de su medio se habían contagiado mientras que casi el 16.4 por ciento dijo haberse ya contagiado de COVID-19.

Esto se vincula con las declaraciones de Zoe Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la conferencia matutina del 15 enero del 2020, Robledo afirmó que “[cerca] de 22 mil periodistas no tienen ningún esquema de seguridad social”. Si bien, Robledo agregó que se estaba “trabajando en un modelo para atender este problema”, ha pasado más de un año y no se tiene información sobre qué hará el Gobierno para dar asistencia y seguridad social a miles de periodistas.

La ausencia de protección, la privación de acceso a la seguridad social y en general las condiciones de precariedad también impactan psicoemocionalmente a la prensa. Del total de periodistas encuestados, sólo el 7.5 por ciento dijo no haber experimentado ningún tipo de impacto psicosocial, mientras que la mayoría (93.2 por ciento) dijo tener estrés, miedo y ansiedad.

Si la violencia material, que derivó en 692 agresiones contra la prensa, es motivo de suma preocupación en México, las carencias laborales se revelan como una circunstancia profunda que contribuye a un mayor estado de vulnerabilidad de los y las periodistas que afectan su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. En ello, convergen las responsabilidades de Estado y de los dueños de los medios de comunicación.

De esta manera -con datos y evidencia- confirmamos que la desigualdad informativa, y las condiciones estructurales que la profundizan, persisten pese al discurso de cambio.

CON INFORMACIÓN VÍA SIN EMBARGO

“Divisiones no ayudan” para acortar brechas

Empresarios y gobierno deben de trabajar juntos por acortar la brecha social, sin embargo, hay riesgos en las medidas que se están tomando tanto para la inversión como para que las empresas evalúen su viabilidad en el país.m{1272962}

El gobierno tiene que permitir crear alternativas a favor de las familias, las empresas, y del país. “El trabajar juntos, queremos lo mejor para México, y acortar la brecha social, y las divisiones no ayudan a nadie”, señaló Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), que reúne a las 50 principales empresas multinacionales en México que aportan alrededor de 10 por ciento del PIB.

“Hoy, los mensajes definitivamente no son los adecuados para una inversión de largo plazo. Las Empresas Globales seguiremos con un compromiso con México, pero queremos traer más inversión y más empleo, y urge que juntos demos este mensaje de compromiso”.

En entrevista con MILENIO, la titular del organismo comentó que ven con mucha preocupación, los diversos impactos negativos y transversales, que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica traerá a México, particularmente en la economía, aunado a la incertidumbre que dejará para atraer inversiones al país.

Explicó que con esta reforma las empresas extranjeras que ya están en México, y las que buscan nuevas zonas para colocar sus inversiones, analizarán la viabilidad de operar en nuestro territorio ante el cambio de reglas.

Jañez comentó que cambiar las reglas tiene riesgos pues al tener contratos vigentes firmados, compromisos entre particulares y con el sector público.m{1272963}

“Al final creemos que inhibe la competencia y la libre concurrencia, y la ley como está planteada, además de hacer imposible competir contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hace que nuevos participantes no ingresen al mercado. Eso nos preocupa desde el punto de vista de los usuarios, sobre todo las empresas”, aseguró.

Destacó que una modificación de esta magnitud es una trasgresión a los acuerdos internacionales de México, así como a los compromisos ambientales que se deben cumplir a cabalidad.

“Hoy sí estamos viendo un freno a nuevas inversiones, tal vez las que ya tenemos en el país se queden, pero México necesita más inversión privada”, dijo la CEO de DuPont en México.

Refirió que la reforma también daña la competitividad y la percepción de México, “sobre todo está vulnerando ya un reconocimiento de la comunidad internacional hacia México con el estado de derecho”.

Con información vía MILENIO