Siguen negociaciones sobre la regulación del outsourcing

La negociación entre el gobierno federal, la iniciativa privada y el sector obrero sobre la subcontratación aún no concluye, pues aún se discute la propuesta de las autoridades de dar un monto de utilidades topado como máximo tres meses del salario del trabajador, lo cual es alto para el empresariado del país.

En entrevista con La Jornada, Raúl Maillard Barquera, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), consideró que una medida así afectará a la industria micro, pequeña y mediana. “Todavía no es un acuerdo como tal, porque falta la venia del Ejecutivo. Pero de entrada están imponiendo al sector patronal ese presupuesto de tres meses”, dijo.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas contraten directamente sin emplear la figura de la subcontratación de personal.

El porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) que actualmente es de 10 por ciento, se mantiene. Los trabajadores recibirían hasta un máximo de tres meses o el promedio de la participación recibida en los tres años anteriores.

Algunos de los subsectores como trabajos especializados para la construcción se verían obligados a pagar más PTU, mientras que los que ya pagan más lo seguirán haciendo.

Maillard Barquera comentó que el pago de utilidades como se propone, sumado a las vacaciones, más la prima vacacional y el aguinaldo, harían que “la carga impositiva de generar empleos en el país sea altísima”.

Con información vía La Jornada

En la IP no hay consenso sobre el outsourcing, afirma Canacintra

En la iniciativa privada no hay un consenso para respaldar la propuesta del gobierno federal en materia de subcontratación; sin embargo, las mesas de diálogo continuarán tanto con el Ejecutivo federal, como con el Legislativo, aseguró la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En conferencia a distancia, el presidente de ese organismo del sector empresarial, Enoch Castellanos Férez, señaló que el planteamiento de topar la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de la empresa o la eliminación del insourcing no goza del apoyo de todas las asociaciones de empresarios.

Hago votos por que el sector empresarial negocie en su conjunto, analizando todos los intereses de quienes estamos representados y que finalmente haya sensatez en el gobierno, subrayó.

Alertó que desaparecerá un millón de empleos durante el proceso de transición a nuevas figuras laborales, pues se tiene que pasar de una razón social a otra en el caso del insourcing, en caso de que se apruebe la desaparición de la subcontratación.

Sostuvo que eliminar la figura del insourcing, es decir, cuando un grupo de empresas crea una filial dentro del mismo para contratar a trabajadores para no tener que pagar el mismo monto de utilidades, tendrá un impacto negativo.

Una tercera parte de los 4 millones 900 mil trabajadores que están en subcontratación pertenecen a pequeñas y medianas empresas (pymes), que no están incorporadas a grandes corporativos y creemos que las dejamos desprotegidas y con el tiro de gracia, dado que perderán competitividad contra sus competidoras y será un factor adicional para la no sobrevivencia, mencionó.

Por otra parte, Canacintra recordó que aún con la reapertura de actividades hay más de 11 mil 500 empresas formales que han cerrado entre abril y octubre, 98 por ciento de ellas son micro, pequeñas y medianas.

Destacó que la recuperación parcial del empleo se ha dado en la economía informal, el subempleo y el autoempleo, mientras en el sector formal, casi la mitad de los trabajos recuperados son eventuales.

Castellanos Férez comentó que pareciera que el gobierno no acaba de dimensionar el tamaño de la situación y sigue actuando como si la economía y la crisis de salud fueran dos cosas distintas.

Agregó que hay una verdadera situación de emergencia que sigue oculta bajo la narrativa de que México salió de lo peor y que no se sostiene frente a los datos duros.

Es indispensable generar un verdadero clima de confianza y certidumbre legal, que permita invertir y fortalecer la actividad de quienes mueven cerca de 80 por ciento de la economía, expresó.

La situación es verdaderamente preocupante. Eso es el sentir de la industria mexicana. Y los datos reflejan esa realidad, indicó.

Con información vía La Jornada