Obligar a Larrea a dialogar, exigen mineros tras 15 años de huelgas

Las huelgas en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco cumplen hoy 15 años y sus trabajadores, afiliados al Sindicato Minero que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que finalmente se les haga justicia y para ello se obligue al dueño de Grupo México, Germán Larrea, a sentarse a la mesa del diálogo para resolver los conflictos.

Las huelgas, estalladas el 30 de julio de 2007 por graves fallas en materia de seguridad e higiene, otras violaciones y por respeto a sus contratos colectivos de trabajo y a su sindicato, se han prolongado por tres lustros, debido a la complicidad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con la empresa, “pero es hora de ponerle un alto”, resaltó Nabor Duarte Herrera, secretario general de la sección 65 del Sindicato Minero, en la cual se afilian los mineros de Cananea.

“Por muchos años hemos sido golpeados por esos gobiernos neoliberales que no se tentaron el alma para dañarnos a nosotros y nuestras familias, como usted lo ha dicho, señor presidente López Obrador, es la hora de la reparación de daños. Estamos y seguiremos estando abiertos para alcanzar acuerdos con la empresa en un diálogo de respeto mutuo”, señalan los 657 huelguistas, sus dirigentes y sus familias, en una carta abierta dirigida al Ejecutivo federal.

Le piden que “hoy en su gobierno se nos abran las puertas para el acceso a la justicia y saldar la deuda histórica que se tiene con Cananea”, luego de duros años en los que fueron objeto de agresiones, represión de las fuerzas policiacas, privados de su empleo, discriminados y colocados en “lista negras” para no ser recontratados.

Por separado, las dirigencias de las secciones 17, de Taxco, Guerrero, y 201, de Sombrerete, Zacatecas, reiteraron su exigencia de resolver las huelgas mineras históricas e insistir en que el gobierno federal siente a negociar a Germán Larrea, quien ha mostrado una actitud de intransigencia total.

El mensaje es aguantar

Roberto Hernández Mojica, secretario general local de la sección 17 del Sindicato Minero, en Taxco, comentó que el mensaje a la base trabajadora será el de “aguantar y no dar ni un paso atrás, pues el conflicto está por resolverse”.

Recordó que ese fue el sentido del mensaje que el dirigente nacional Napoleón Gómez Urrutia llevó a los mineros la semana anterior en su visita a la entidad. En la sede sindical de la sección 17, expuso: “Los tres movimientos de huelga que cumplen 15 años han resistido y por eso los mineros nos hemos convertido por la lucha, por la resistencia, en un símbolo, en una esperanza para la clase trabajadora, no sólo de México, sino del mundo entero”.

Hernández Mojica adelantó que darán a conocer un documento que en próximos días harán llegar al presidente López Obrador, en el que insistirán en su intervención directa.

Por su parte, el dirigente de la sección 201, José Núñez Velázquez, subrayó que los trabajadores de la Mina San Martín, ubicada en Sobrerete, piden también el apoyo del Presidente de la República, “para que este conflicto concluya de la mejor manera y se cumpla el estado de derecho”.

Agregó: “Insistiremos en que el gobierno siente a negociar al empresario (Germán Larrea) para que se llegue a un buen acuerdo, porque los únicos perjudicados son los trabajadores y sus familias”.

Ambos dirigentes agradecieron a Gómez Urrutia y a las secciones “hermanas de mineros” del país que les han brindado su apoyo “y no nos han dejado solos” en esta lucha que suma ya tres lustros, una de las de las más largas en la historia laboral del país.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Insiste AMLO en llamar al diálogo en el conflicto de Cananea

El gobierno federal seguirá llamando al diálogo para resolver el conflicto de 15 años en la mina de Cananea entre el sindicato minero encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia y Grupo México, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros buscando eso hemos avanzado para recomponer la relación. Se ha avanzado, pero todavía hay muchos polvos de aquellos lodos. Y no se dejan las partes. Yo voy a seguir llamando al diálogo, a los acuerdos, procurando siempre que se beneficie a los trabajadores”, afirmó durante la conferencia presidencial de esta mañana.

El mandatario fue interrogado sobre la huelga que han sostenido por tres lustros agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), que encabeza Gómez Urrutia, de los que una representación se encuentra en protesta a las afueras de Palacio Nacional en demanda de que se resuelva el conflicto.

Al respecto, López Obrador instruyó a Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana de la Presidencia, para que reciba a los quejosos y dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, seguirá conciliando.

“Hasta ahora hemos avanzando en eso, en que los trabajadores tengan salarios justos, reparto de utilidades, independientemente de las diferencias entre los sindicatos y las empresas, pero lo ideal es buscar la normalización por completo en la relación laboral de todo lo que es el sector minero del país. Entonces tenemos ese pendiente”.

El presidente reconoció a ambas partes: “La verdad es que el senador Napoleón se ha portado muy bien, es una gente que ayuda, que coopera; no puedo hablar tampoco mal de la empresa, ha hecho lo que se le ha planteado, faltan cosas, entonces espero de que sigamos buscando los arreglos, los acuerdos. Sí se ha avanzando pero falta. Y estos trabajadores que están van a ser atendidos y vamos a continuar con el diálogo para llegar al acuerdo”.

Segalmex

En otro orden de ideas, el mandatario se refirió al tema de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) donde se realiza “una investigación de fondo” por las denuncias por corrupción en esa instancia federal.

“Ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República por todo lo que tienen que ver con la compra de alimentos y espero que pronto podamos dar a conocer cómo está la situación en Segalmex, que venga aquí el secretario de la Función Pública (Roberto Salcedo Aquino), que es el encargado de de ver cómo están las cuentas en Segalmex”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

PERSPECTIVAS_ Interminable la lucha de los mineros en Cananea por la seguridad social

José Jesús Calderón León es un extrabajador de la mina de Cananea, que a sus 67 años no cuenta con servicio médico para tratar un viejo padecimiento de próstata que lo aqueja, para quien el futuro luce incierto. 

Hasta el año 2008 Calderón se atendía en el Hospital del Ronquillo subsidiado por Grupo México propietario de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, pero éste fue cerrado para siempre en ese año, dejándolo sin atención médica.

“El seguro social era lo mejor que nos podía haber pasado pero no nos lo dieron”, manifestó. Calderón se refirió al hecho de que la minera nunca lo registró ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el tiempo en que laboró para la compañía. 

Esa falta de seguridad social se agudizó cuando El Hospital del Ronquillo que atendía a mineros retirados como Calderón, cerró sus puertas hace más de 13 años (2008), pues un número indefinido de ellos quedaron en el abandono sin servicio médico y sin la pensión correspondiente.

Para reparar los daños y perjuicios cometidos en contra de extrabajadores de la mina de Cananea, cuya empresa evadió registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno federal anunció un gasto de 300 millones de pesos durante diez años. Desde enero de 2022 se entregó un salario mínimo general mensual equivalente a 5 mil 258 pesos, que se prolongará hasta por una década, a quienes acrediten haber laborado en la minera hasta abril de 2009 en que se extinguió su contrato colectivo de trabajo.

Hasta la fecha hay registrada una cantidad cercana a los mil aspirantes a dicho beneficio a través de la página creada por el Gobierno de México.

Según el “Plan de Justicia para Cananea”, que contempla los apoyos económicos a los ex mineros, a los 300 millones de pesos de la Federación se sumarán 300 millones más de la Mina Buenavista del Cobre para reunir un “Fondo Solidario” de 600 millones de pesos.

Lo anterior tiene justificación social pero no tiene fundamentación y hasta el momento no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto presidencial que avale dicha operación.

Para conocer la postura de la empresa se buscó la versión del Grupo México sin respuesta. Ernesto Arvizu, vocero de la mina Buenavista del Cobre, sugirió entrevistar a los terceros afectados sobre el tema.

De acuerdo a la actual Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1 de julio de 1997, en su artículo 15 fracciones I, los patrones están obligados a registrar e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles.

En el caso de la mina Buenavista del Cobre ésta les otorgó seguro social a sus trabajadores por primera vez en el 2010. Pero desde esa fecha, los mineros retirados y actuales receptores de los apoyos federales, elegidos de un padrón de Grupo México, no tuvieron servicio médico de la mina, tampoco pensión del IMSS, sólo la asistencia de los centros de salud y el Hospital General del Estado.

Pero las omisiones vienen de tiempo atrás, pues pese a que la mina de Cananea y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana firmaron su primer contrato colectivo de trabajo (CC-154/1986-VI-SON) en 1983, a los mineros les debieron haber otorgado IMSS desde 1971 cuando se nacionalizó la empresa.

En 1971 el 51% de las acciones de la minera pasaron a inversionistas mexicanos. En 1982 inició la mexicanización quedando el capital de la empresa 100% mexicano y administrada por el Gobierno Federal.

Hay que precisar que el registro de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la década de 1970 y 1980 no era obligatorio, sino voluntario de acuerdo con la antigua ley. 

En su carácter de paraestatal la empresa se valió del artículo decimoctavo transitorio de la Ley del Seguro Social (1973), que le permitía exentar el registro de sus trabajadores al Instituto en ese tiempo de manera temporal, un estado de excepción del cual se extralimitó.

Al decretarse su quiebra el 11 de octubre de 1989, se acordó a través de un acta única (“Acuerdo Vigésimo Séptimo”) incorporar en adelante a los obreros al Régimen Obligatorio del IMSS, para lo cual se formularía un convenio con el aval del sindicato y la mina. 

Participaron la Sindicatura de la Compañía Minera de Cananea en quiebra, la Coordinación General del Cuerpo de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, de acuerdo a la solicitud de información 330018022002079 realizada al IMSS.

Lo anterior ocurrió en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, en el que cientos de empresas propiedad del Estado como Teléfonos de México, entre otras más, pasaron a manos del sector privado. 

Para darle fuerza al Acuerdo Vigésimo Séptimo este se adhirió al contrato colectivo de trabajo, y en él se estableció el compromiso de crear una comisión entre el sindicato, la empresa y el IMSS para su seguimiento, pero no prosperó.

Incluso a partir de que la mina se privatizó en agosto de 1990, casi un año después del acuerdo referido, ninguna de las partes accionó y así se prorrogó la obligación de la minera de otorgar seguro social a sus trabajadores.

Ahora, con el fondo de 600 millones de pesos de recursos públicos y privados, que hará las veces de pensión para los mineros, se concluye una negociación entre el gobierno federal y Grupo México para sepultar la histórica omisión de la mina de Cananea.

Una falta que ocasionó que un número impreciso de obreros fueran excluidos del seguro social durante las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000, bajo el supuesto de que se tenían más beneficios con la empresa. Se incluye la década de 1970 en esta historia porque fue a partir de esa fecha cuando el gobierno mexicano adquirió el control de la mina al detentar la mayoría de las acciones. Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado en 1943.

Jesús Calderón y su infructuosa batalla laboral

Para José Jesús Calderón León, uno de los beneficiarios del “Plan de Justicia para Cananea”, quien recibirá 5 mil 258 pesos al mes del “Fondo Solidario”, el no tener pensión por no haber cotizado en el IMSS le complicó su existencia debido a sus problemas de salud. 

Además el no tener pensión lo obliga a viajar a Estados Unidos cada año para trabajar por temporadas en donde pueda emplearse.

Calderón culpó de su situación actual a la Minera, al IMSS y al Sindicato Minero de la Sección 65 que se supone estaba para representar, defender y proteger sus derechos laborales.

Él trabajó en la mina del 8 de abril de 1982 al 2007. Fue registrado en nómina pero no cuenta con pensión, pues nunca fue afiliado al Régimen Obligatorio a pesar de otorgarle el número de seguridad social 77975533934 (con fecha de 1997).

Le tocó trabajar en la mina tanto en su carácter de empresa paraestatal como privada; ésta ha tenido diferentes denominaciones, como Minera de Cananea, Mexicana de Cananea, Mexicana de Cobre y Buenavista del Cobre en la actualidad.

“El Seguro Social era lo mejor que podía habernos pasado, pero no nos lo dieron, hubo omisión y corrupción, pues el sindicato (Sección 65) estaba para protegernos… desde cuando lo hubiera exigido”, acusó Calderón al ser entrevistado en Cananea.

De acuerdo al expediente 228/2008, José Jesús Calderón León es uno de los mineros retirados que en 2008, presentó una demanda laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 47 en contra de la mina y el seguro social por las acciones y omisiones que lo situaron en un estado de indefensión al carecer de pensión.

Lo hizo al finiquitar su relación laboral en febrero de 2007. Su denuncia fundamentada en el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social, no prosperó. 

La defensa de Grupo México fue que Calderón renunció a su empleo en forma voluntaria y recibió un pago único a través del convenio (137/97) celebrado el 5 de marzo de 2007 al amparo del contrato colectivo de trabajo. La Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social fueron excluidas en su argumentación.

Como dato adicional, la mina admitió en la contestación de la demanda que el otorgamiento de un número de seguridad social a José Calderón fue de “mero trámite”.

“El hecho de que el actor hubiere tenido un número de seguridad social, para efectos del Infonavit, es exclusivamente para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley…, y para efectos de identificación del trabajador ante dicho Instituto”, alegó la minera en el juicio. 

En el caso particular de la mina de Cananea, sus trabajadores tenían derecho a Infonavit aún sin estar registrados en el Seguro Social.

Por su parte, el IMSS argumentó la improcedencia de la demanda de Calderón contra el Instituto, en términos del artículo 15 fracción I, que establece que los patrones están obligados a registrar e inscribir a sus trabajadores.

“Se desprende que, asegurado es el trabajador inscrito ante el IMSS en términos de Ley… En el presente caso José Jesús Calderón León, no cuenta con el carácter de asegurado y carece de legitimación activa para reclamar sus prestaciones…”, justificó el Instituto en el juicio. 

Finalmente en el laudo dictado el 30 de agosto de 2013, la Junta Federal número 47 de Conciliación y Arbitraje resolvió que Calderón no acreditó la procedencia de sus acciones y absolvió a la empresa y al IMSS de las prestaciones reclamadas.

Inconforme, Calderón interpuso juicio de amparo (1465/2013) ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito en Hermosillo, que el 23 de marzo de 2015 repuso el procedimiento, y dejó sin efecto el laudo del 30 de agosto de 2013 de la Junta Federal de Conciliación número 47.

En el nuevo resolutivo, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo laboral 1465/2013, se absolvió de nuevo a la mina de inscribir a Calderón ante el Seguro Social de manera retroactiva a la fecha de su contratación y darle pensión. Lo mismo ocurrió con el IMSS a quien también la justicia federal libró de responsabilidades. 

Para el abogado Hernán Arturo Moreno Hoyos Abril especialista en pensiones, en el juicio de José Jesús Calderón León se podría haber hecho valer la Jurisprudencia 3/2011, que establece que “procede la inscripción retroactiva de un trabajador al Régimen Obligatorio, aun cuando ya no exista el nexo laboral con el patrón demandado”. 

Moreno Hoyos argumentó que el caso de Calderón se adapta a esta tesis jurisprudencial y puede servir para litigar pensiones, para los mineros retirados que aún viven y para las viudas e hijos de los mineros que ya fallecieron.

Lo anterior con independencia al apoyo que los mineros reciben a partir de este año del Fondo Solidario compuesto con recursos del gobierno federal y de la mina.

“Ellos (mineros retirados, viudas e hijos) pueden reclamar las semanas que la empresa no registró para cotizar, porque se trata de un derecho constitucional. Sobre todo, durante los primeros 20 años (1990 a 2010) en que la hoy Mina Buenavista del Cobre inició operaciones como empresa privada”, ratificó.

Se trata de un derecho constitucional que, como lo expuso y ratificó el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, Humberto Bernal Escalante, en el amparo directo laboral 1465/2013 que interpuso José Calderón, obligaba a la empresa a inscribir a sus trabajadores al régimen del seguro social.

“Ya que por ser este obligatorio y tener origen constitucional, su cumplimiento no se encuentra sujeto a ningún tipo de convenio (“Acuerdo Vigésimo Séptimo”), ni aún con el consentimiento de los trabajadores, ya que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, son nulas las renuncias de derechos de los trabajadores”, concluyó el Magistrado al dar su voto a favor contra dos en contra.

Esta postura aplica también para el contrato colectivo de trabajo del sindicato de la Sección 65, cuyas cláusulas referentes a la seguridad social no podían estar por encima de la Carta Magna, aún cuando se alegara que la mina otorgaba mejores prestaciones que el IMSS en ese sentido.

Calderón no conforme con la negativa del amparo1465/2013, siguió con su lucha laboral, el 8 de mayo de 2015 interpuso el amparo directo en revisión 2362/2015 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero igual, “se topó con pared”, pues la SCJN argumentó que Calderón no planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general o se solicitó la interpretación de algún precepto constitucional.  Es decir, la Suprema Corte declinó entrar en materia y discutir la controversia que le fue turnada.

El abogado especialista en temas laborales, Alejandro López Rosete, al haber sido asesor legal de la mina de Cananea por casi 20 años, quien fue contratado por Calderón para representarlo en el juicio laboral, interpuso un Recurso de Reclamación contra este último fallo de la SCJN dictado el 6 de mayo de 2015. Con dicho recurso se agotaron todas las oportunidades para impugnar violaciones a derechos humanos por parte de autoridades judiciales.

López Rosete argumentó que la SCJN no analizó el artículo 123, Apartado A, en su fracción XXIX, en donde se establece que no puede ni debe permitirse, dejar a elección del patrón inscribir o no a sus trabajadores en el Régimen de Seguridad Social que le impone la Ley del Seguro Social, pues su cumplimiento no está sujeto al convenio o pacto entre particulares (Acuerdo Vigésimo Séptimo).

Con su actuación la Suprema Corte evitó entrar al polémico debate en materia laboral, que podría abrir nuevos derroteros para toda la clase laboral del país si se hubiera ahondado en el tema.

La batalla judicial de Calderón por hacer valer su derecho a la seguridad social, que concluyó con el Recurso de Reclamación ante la Corte, en el que tampoco obtuvo justicia, inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y terminó en el de Enrique Peña Nieto. 

En la actual administración federal es cuando a los mineros retirados se les brindó apoyo a través del “Plan de Justicia para Cananea” para saldar, en lo posible, una deuda pendiente con ellos, sin que exista una investigación abierta para analizar las omisiones de la empresa. 

A Cananea no le ha hecho justicia la Revolución

Cananea parece haberse detenido en el tiempo, aunque perdió el brillo de aquellas épocas de bonanza (décadas de 1970 y 1980) que la convirtieron en un ejemplo de desarrollo económico nacional por la calidad de vida de sus habitantes.

Al viejo mineral conocido como “La Cuna de la Revolución Mexicana” los nuevos tiempos ya no le favorecen. 

Han pasado más de cien años de la Huelga del 1 de junio de 1906, que sacudió los cimientos políticos, económicos y sociales de la República, pero aún con este histórico antecedente el nivel de vida de los obreros que dejaron su vida en la legendaria mina sigue en declive. 

Incluso con los actuales apoyos federales derivados del acuerdo entre el gobierno y Grupo México, anunciados recientemente. 

Acuerdo en el que se excluyó a los mineros de la extinta Sección 65 que en julio de 2007 estallaron en huelga por fallas en la seguridad industrial de la empresa, según reveló en entrevista el representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, Heriberto Verdugo, (hecho confirmado por el IMSS a través de la solicitud de información con folio 330018022002426).

En suma, de poco sirvió el legado que dejó la lucha de los “Mártires de Cananea” a sus descendientes. Prueba de ello es que hoy ningún cananense es contratado para trabajar en la empresa de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco -considerado en el ranking de Forbes como uno de los empresarios más ricos de México-, sobre todo aquellos parientes de huelguistas cercanos a Napoleón Gómez Urrutia.

De acuerdo a estudios del Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía, realizados en 2019, la mina ocupaba el décimo lugar como productor de cobre a nivel mundial con reservas probadas por más de 70 años. 

Una prueba irrefutable de la riqueza de este emporio, es el hecho de que Cananea fue el municipio más beneficiado en México con los recursos provenientes del Impuesto del Fondo Minero. 

Un estudio de la doctora Edna Maria Villarreal Peralta Profesora-Investigadora, Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, revela que Cananea recibió poco más de 606 millones de pesos y le sigue el municipio de Mazapil, Zacatecas con 499 millones 388 mil 285 pesos con 74 centavos.

El Fondo Minero creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y actualmente controlado y administrado por el gobierno federal y no por los municipios con vocación minera como sucedió del 2015 al 2018, se nutre con los impuestos que pagan las empresas dedicadas a la extracción de minerales.

Exlíder sindical defiende Hospital del Ronquillo

Armando Martínez Molina es uno de esos personajes que vivieron la historia sindical y laboral reciente de Cananea. Fue líder de la Sección 65 de 1990 a 1994, periodo en que la mina se vendió a Grupo México de la familia Larrea.

En entrevista, minimizó el hecho de que los mineros no fueran afiliados al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“En aquel entonces todas las prestaciones de carácter social como el servicio médico, la empresa nos lo proporcionaba a los trabajadores, esposas e hijos en instituciones privadas y era muy buen servicio porque abarcaba lo que eran las enfermedades profesionales”, resaltó.

Entre dichas enfermedades se encuentra un padecimiento pulmonar frecuente entre los mineros que se denomina “silicosis”.

Según su relato, la mina de Cananea les proporcionaba servicio médico a sus trabajadores en el Hospital del Ronquillo y hasta en hospitales privados de México e incluso de Estados Unidos.

Aseguró que “muchos sindicalizados” se oponían al Seguro Social porque no había un compromiso del Instituto de construir alguna clínica especial para tratar sus enfermedades, ya que no se les iba proveer de especialistas para los pulmones, ni ortopedistas para tratar los padecimientos que se adquieren en una mina.

“Si el IMSS nos hubiera ofrecido una clínica de especialidades se hubiera abierto la posibilidad de una negociación”, refirió Martínez quien fue líder sindical de una plantilla laboral de 2 mil 980 trabajadores mineros.

El concepto “negociación” entre la comunidad sindical y la clase política en Cananea estaba asociado a un intercambio entre dos posturas, donde al medir fuerzas una alcanzaba casi siempre la mejor parte, mencionó. 

Era lugar común, entonces, que durante varias décadas del siglo pasado el Sindicato de la Sección 65 impusiera alcaldes y diputados por el PRI, como parte de ese tipo de acuerdos.

“De qué servía tener una pensión si tu salud se iba a ir para abajo; en cambio te pagaban una sola vez tu retiro voluntario y te daban un servicio médico de calidad de por vida. Por esa razón ´nosotros´ los mineros no aceptamos la entrada del Seguro Social aun habiendo el compromiso de que la empresa pagaría enteramente las cuotas obrero patronales al IMSS”, defendió Martínez. 

Fue así que las directrices marcadas por los líderes de la sección 65 como Martínez y antecesores, prevalecieron por encima de las voces discordantes como la de José Jesús Calderón.

A pesar de la oposición de Martínez Molina (y sus antecesores) al Régimen Obligatorio del IMSS, éste admitió en la entrevista que dicha prestación sí estaba contemplada no sólo en la legislación relacionada con la seguridad social y laboral, sino también en el contrato colectivo de trabajo.

Armando Martínez Molina trabajó en la mina de 1982 al 2000. Después de terminar su gestión como secretario general de la Sección 65 en 1994, y como reconocimiento a su labor, fue llamado por el entonces líder del Sindicato Minero Nacional Napoleón Gómez Sada padre del actual senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, para ocupar el cargo de secretario general de contrataciones colectivas del Comité Ejecutivo Nacional.

Hasta diciembre del 2021, la Junta de Conciliación y Arbitraje tenía abiertos 175 mil 166 conflictos a nivel nacional en la industria minera por asuntos laborales, seguridad social, AFORE o fondo de vivienda.  

La dura realidad

Al paso de los años la realidad terminó por imponerse a los mineros de Cananea y a sus líderes en su postura de mantener su distancia con el IMSS.

En 2008, en el último tramo del sexenio del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo (2003-2009), el Hospital del Ronquillo al que se refirió Armando Martínez, que atendía a miles de derechohabientes, cerró sus puertas para siempre dejándolos en el abandono. 

El hospital atendía tanto a mineros retirados y sus familias como a trabajadores en activo, que en ese momento llevaban casi un año de haber estallado en huelga (julio de 2007). 

Como una advertencia de lo que se venía para los mineros antes del cierre del Hospital del Ronquillo, en un comunicado oficial, Grupo México declaró públicamente que el servicio médico se proporcionaba como una “responsabilidad moral y agradecimiento” por el tiempo que los mineros ya en retiro habían prestado sus servicios a la mina, pero que no existía ninguna responsabilidad legal o contractual con ellos.

Lo anterior, a pesar de que el convenio de finiquito de todos y cada uno de los mineros retirados, reconocía la obligación y el compromiso de la empresa de proporcionar el servicio médico a sus ex trabajadores de por vida. 

Aunque el país se encontraba en esos años en una etapa de transición política con un segundo gobierno federal emanado del PAN (Felipe Calderón Hinojosa), fue a la Central de Trabajadores de México (CTM) vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI)I, a quien se adjudicó la titularidad del nuevo contrato de trabajo de la minera.

El IMSS y su acercamiento 

Un funcionario del IMSS que tuvo cercanía con los mineros en el tiempo en que la mina de Cananea se vendió al sector privado a finales de 1980 y principios de 1990, es Donato Gómez Marín, quien fue entrevistado por Tiznado Noticias.

Como subdelegado del IMSS en Agua Prieta de 1988 a 1992, justo cuando la minera cambió su condición de paraestatal, aseguró que durante su gestión se iniciaron los esfuerzos para acercar al Instituto a los obreros.

El Consejo Técnico del IMSS lo nombró en esa época como subdelegado para Cobros y Circunscripción territorial en Agua Prieta, Naco y Cananea. 

“Yo logro la integración de los trabajadores de la región (se refiere a los tres municipios), pues el IMSS buscaba darles a todos ellos el servicio en Agua Prieta, a pesar de que (a la institución) se le veía como algo lejano en esa región,”, reveló.

Pero sólo logró darle IMSS a los núcleos ejidales de la región que comprendía los tres municipios mencionados, ya que los mineros de Cananea siguieron en la postura de no registrarse en el Instituto, según Marín.

De hecho, hasta la propia Ley del Seguro Social permitía en alguno de sus artículos que las empresas a donde no había llegado esa institución pudieran retraerse y no registrar a sus empleados.

El artículo 14 de la Ley del IMSS de 1973, establecía que a pesar de que el Régimen del Seguro Social era obligatorio para los trabajadores del país, y se facultaba al Instituto a extender el régimen e iniciar servicios en los municipios en que aún no operaba, como el caso de Cananea, era necesario tomar en cuenta “las condiciones sociales y económicas de las distintas regiones”.

En esa época en el municipio de Cananea no operaba el IMSS, pero las condiciones económicas eran superiores a cualquier entidad de la República debido a los sueldos y prestaciones que los trabajadores percibían en la mina.

Gómez Marín, quien tuvo una amplia trayectoria laboral dentro del IMSS en diferentes estados del país, entre ellos Sonora, aseguró que como funcionario trató de cambiar la imagen del Instituto y otorgar el Régimen Obligatorio a los mineros, venciendo las resistencias que había del Sindicato (Sección 65).

De acuerdo a su opinión, el impedimento más notable para darles dicha prestación a los mineros, era que al solicitar una pensión, los trabajadores ya estaban jubilados y no tenían semanas cotizadas.

Solamente un 30% de los trabajadores de la mina en esa época podían acceder a una pensión por enfermedad profesional, pero tenían que cotizar durante 3 años para acceder a dicho beneficio y nunca estuvieron de acuerdo (Sección 65).

El Sindicato quería un acuerdo (negociación) para pensionar sin obstáculos a los trabajadores mineros en vez de entrar por el régimen de enfermedades profesionales debido a las afectaciones pulmonares, recordó Gómez Marín.

Por esos desacuerdos, rememorados por Donato Gómez Marín, que incluso lo rebasaban a él como funcionario, pues todas las directrices venían del centro del país, José Jesús Calderón León de 67 años no obtuvo una pensión y pese a trabajar 25 años en la mina de Cananea con un salario muy por encima del mínimo, hoy debe conformarse con poco más de 5 mil pesos que por diez años le otorgarán en forma conjunta el gobierno federal y Grupo México, que aunque lo agradece considera merecer más.

Por todo lo anterior, la batalla laboral de Calderón que no le favoreció en el terreno judicial, ya marcó una senda por donde pueden transitar todos aquellos trabajadores que en México desean reclamar en forma retroactiva su derecho a la seguridad social, consideró el abogado Hernán Arturo Moreno Hoyos Abril.

El abogado laboral Gerardo Balderrama, coincidió con su colega Hernán Moreno en que la Resolución en la contradicción de tesis de la Jurisprudencia 3/2011 derivada del Toca No. 339/2010 puede utilizarse para reclamar la pensión que el IMSS no les otorgó a los mineros retirados de Cananea debido a la falta de semanas cotizadas.

Balderrama expuso que dicha jurisprudencia es interesante porque a pesar de haberse resuelto desde el 2011, hasta hoy poco se sabe de sus efectos o aplicación en materia laboral en todo el país.

El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que los derechos a la seguridad social son irrenunciables y no prescriben. El Artículo 9 del Protocolo de San Salvador que es una extensión de la Convención Interamericana, también lo sustenta.

Expedientes en la industria minera 

En una solicitud hecha al órgano de transparencia y dirigida al Módulo de Control de Archivo en las 66 Juntas Especiales que integran la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los últimos diez años se han tenido mil 597 expedientes en trámite relacionados con juicios en la industria minera.

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Mineros de Cananea bloquean vía para que se reconozca su huelga

Trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana bloquearon la carretera federal México 2 en el tramo Ímuris-Cananea la mañana de ayer para exigir al gobierno federal el reconocimiento de la huelga laboral iniciada hace 14 años en la mina Buenavista del Cobre, explotada por el consorcio Grupo México en el municipio de Cananea.

Junto con sus familias, un grupo de inconformes se instaló en plantón frente a las vías del tren, lo que provocó caos vehicular y dejó a miles de viajeros y transportistas varados entre Agua Prieta e Ímuris. Las largas filas en ambos sentidos de circulación de la carretera federal se pudieron observar por horas.

En entrevista, Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65, señaló que aunque el conflicto ha sido admitido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de la República, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no ha enmendado el daño a los derechos de los mineros, a quienes se arrebató el contrato colectivo de trabajo.

“Estamos protestando para hacer valer nuestros derechos, que han sido avalados y protegidos por las cortes internacionales. El acuerdo del lunes en la asamblea fue realizar este bloqueo desde las ocho de la mañana para hacer valer y exigir que nuestros derechos humanos sean respetados, porque hasta ahorita no hay una autoridad que nos haga valer. En Grupo México son unos violadores y nos han agredido sistemáticamente desde su llegada a Cananea y hoy se les sigue dando la protección”, acusó Navarrete Aguirre.

El vocero de los mineros expuso que permanecerán en el cierre hasta que se integre una mesa de negociación en la que participen Napoleón Gómez Urrutia, su líder nacional y senador por Morena; un representante de Grupo México, y autoridades laborales.

Heriberto Verdugo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero Nacional, expuso que es importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con el compromiso de resolver la huelga de Cananea, así como una mesa de negociación entre el sindicato y el propietario de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, anunciada al inicio de su administración, y a la fecha no han tenido respuesta.

Enfatizó que están por cumplir 15 años sobreviviendo a la huelga sin empleo ni salarios, soportando arbitrariedades de autoridades y de la empresa, lo que les ha dado madurez y calma para esperar que se “destrabe” el conflicto laboral.

En 2008, el entonces gobierno de Felipe Calderón entregó a Larrea el contrato colectivo de la sección 65 a fin de burlar su derecho a huelga y dejó sin sustento económico a 670 familias de Cananea.

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AMLO encabeza la puesta en marcha del Plan de Justicia para Cananea

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de funcionarios de sus gabinetes legal y ampliado, encabezó el inicio de la operación del Plan de Justicia para Cananea. Las acciones se enmarcan en cinco ejes: trabajo digno; atención médica, y medicamentos gratuitos; programas de bienestar; salud y derecho al agua; mejoramiento urbano.

En Cananea, el mandatario ponderó el plan, “es algo parecido a lo que estamos haciendo con los pueblos yaquis. Me da muchísimo gusto que podamos hacer esta acción”, y se manifestó por encontrar el camino del entendimiento en la región minera:

“Yo no descarto la posibilidad de que tengamos un encuentro de todos, que se quede atrás la confrontación y que nos unamos todos, en beneficio de la comunicad, los dirigentes, de los obreros, de los trabajadores, de la empresa minera. No descarto la conciliación”. Así también reconoció que la empresa minera Grupo México -responsable de la contaminación del río Sonora- aporte 300 millones de pesos a los trabajadores que legalmente no tenían derechos, pero que es un acto de justicia innegable, que tengan este reconocimiento. Que bien que se está reparando el daño, la omisión.”

También, se dijo satisfecho por la asistencia de sus funcionarios porque “es mucho mejor el territorio que el escritorio”.

En su intervención dio cuenta de su visión histórica de Cananea, que “es parte del proceso revolucionario que se llevó a cabo en nuestro país. Lo que puede denominarse como la tercera transformación. Cananea es entrañable, es parte de nuestra historia. No fue en vano todo ese esfuerzo, ese sacrificio (la huelga minera que significó el inicio del proceso revolucionario de 1910), porque en el porfiriato no había libertades, no había trabajos justos, las jornadas eran de 16 horas, no había día de descanso.

“Ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. La nuestra se está llevando a cabo de manera pacífica, es profunda porque queremos arrancar de raíz, el mal que más atormenta a nuestro país, el mal de la corrupción que ha impedido que nuestro país y la población progresen. Es lo que ha dado al traste con todo. Eso fue lo que troncho, acabó con los anhelos de los revolucionarios de 1910, la corrupción. Tenemos ahora ese propósito de acabar con la corrupción, y al mismo tiempo con esta decisión atender el enorme problema de la pobreza en nuestro país, combatir la corrupción para enfrentar el problema de la desigualdad y de la pobreza.”

De la aportación de Grupo México (propiedad de Germán Larrea) señaló que “cuando me lo planteó el secretario de Gobernación Adán Augusto López), que iban a participar, nosotros dimos la instrucción de que se aporte otra cantidad igual, para que mil ex trabajadores tengan su pensión. Vamos a empezar con el salario mínimo, y van a tener sus pensiones del bienestar, y antes de que abandonemos el gobierno van a estar recibiendo los ex trabajadores más de 10 mil pesos.”

En el encuentro se firmó un acuerdo entre el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y el director general del IMSS, Zóe Robledo, sobre la cesión del hospital de Cananea del estado al IMSS. Y también Javier García de Quevedo representante de Grupo México, el secretario de Gobernación y el director del IMSS, signaron el segundo a favor de los ex trabajadores de Cananea.

Antes, Adán Augusto López, destacó con el “quisiéramos remarcar la disposición de la empresa Grupo México, para invertir en infraestructura, la rehabilitación de toda la red de tuberías, la portación de proyectos de saneamiento de agua que se ubican en las orillas del rio, y el aporte en otros esquemas para poder generar condiciones de estabilidad laboral de la mina.

También, Alfonso Durazo el gobernador de Sonora, elogió al presidente López Obrador.

“Es un salto histórico (el plan de apoyo a Cananea) en el bienestar de la población, solo un presidente socialmente comprometido ha hecho posible un plan como el Plan para Cananea. Nuestro agradecimiento al presidente y a su equipo de trabajo, tendremos el presupuesto social más grande de Sonora. Sentamos las bases para dar vuelta a la página de la confrontación que ha marcado históricamente a esta comunidad.”

Entre los integrantes del gobierno que acudieron se encontraban Rosa Icela Rodríguez, Adán Augusto López, Delfina Gómez, Tatiana Clouthier, Zoe Robledo, Jorge Alcocer, Román Meyer, Alejandra Fraustro, Miguel Torruco, Javier May, Luis Cresencio Sandoval, Rafael Ojeda, Carlos Torres, Octavio Romero, Luis Rodríguez Bucio y Juan Ferrer.

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Por Plan de Justicia de Cananea, acuerdan abastecer al ISSSTESON de medicinas

El Plan de Justicia para Cananea, implementado por el gobierno federal, avanza en la atención de las problemáticas de medio ambiente, agua, infraestructura de la salud y laborales, de acuerdo al análisis realizado este día en conjunto con el gobierno de Sonora.

Informaron al respecto en conferencia de prensa las secretarias del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján; de Medio Ambiente, María Luisa Albores; los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar; así como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo .

El mandatario estatal agradeció la disposición para solucionar la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con Cananea: “el objetivo de esta visita es en su esencia dar seguimiento al Plan de Justicia para Cananea”, indicó.

Durazo mencionó que se avanzó también en temas fundamentales, como la firma del acuerdo para el abastecimiento de medicamentos para el ISSSTESON y anunció que el actual Hospital General se convertirá en uno universitario de régimen ordinario del IMSS, para capacitar a los egresados de la carrera de medicina de la Universidad de Sonora, una vez que concluya el equipamiento del nuevo Hospital General.

Luisa María Alcalde Luján, explicó que, en la reunión para evaluar el Plan de Justicia para Cananea, que el 4 de julio dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, se analizaron los siguientes temas: medio ambiente –la contaminación del Río Sonora-; salud – fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria-; desarrollo urbano -rescate de espacios públicos-; fortalecimiento de los programas del bienestar; y resolución de la problemática laboral.

Cada mes, agregó, se da seguimiento a los avances y hoy ya se cuenta con acciones concretas en infraestructura hospitalaria, con proyectos ejecutivos de obras; diagnósticos en materia de medio ambiente; y el inicio de mesas de diálogo y negociación para atender el tema laboral, “que son conflictos complejos que necesitan de acuerdos y voluntad política para concertar”.

Por ello, llamó a la población de la zona a tener confianza en que se avanza en la solución de los conflictos con todo el compromiso del gobierno federal para atender todas las problemáticas.

Por su parte, María Luisa Albores González explicó que la dependencia a su cargo camina de la mano con las comunidades para realizar un diagnóstico ambiental de los daños causados por el derrame de solución acidulada de sulfato de cobre en el río Sonora, tanto en agua, suelo y aire.

Informó que los trabajos se realizan en laboratorios de instituciones legítimas, como es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Los resultados, dijo, se darán a conocer a la población y se definirá en su momento el tipo de remediación que se deberá llevar a cabo para cada uno de los rubros mencionados.

En su oportunidad, Juan Ferrer Aguilar destacó que “Sonora está llamado a convertirse en un modelo de salud para el país”, al implementar el Modelo de Atención Primaria a la Salud, para atender a todas personas que lo requieran y fomentar la prevención de enfermedades.

Se refirió a la instalación de un tomógrafo y un equipo de resonancia magnética en el Hospital General del Estado de Sonora, para que en dos meses se realice el cambio del viejo al nuevo hospital y este último pueda entrar en funciones al 100 por ciento, junto con otros 50 centros de salud rehabilitados.

Explicó que las instalaciones del viejo recinto se convertirán en un hospital escuela, fundamental porque “nos hacen falta 130 mil médicos en todo el país” y destacó que se firmó un convenio con el ISSSTESON con el cual el gobierno de Sonora se comprometió a entregar los medicamentos hasta la llamada última milla, es decir, hasta las manos de los pacientes,

En su mensaje, Zoé Robledo, señaló que una parte fundamental del Plan es realizar un Hospital Rural en Vícam Switch, el cual será operado dentro del Modelo de Atención Integral a la Salud del programa IMSS-BIENESTAR, que en coordinación con el gobierno del estado se equipará con 20 camas, albergue, residencias médicas, Unidad de Cuidados Intensivos y Quirófano.

Subrayó que se fortalecerá en Sonora la atención primaria a la salud para que en las unidades de Primer Nivel de atención las personas cuenten con un sistema de medicina preventiva. Para ello ya se están construyendo unidades en Vícam Pueblo, Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Pótam, Tórim y Belem. “Estamos seguros que con eso se podrá tener la cobertura de todo un universo de población que supera a las 70 mil personas”.

Comentó que un componente del Plan de Justicia para Cananea es mejorar la infraestructura médica en toda esa región, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de este municipio se incorporarán nuevas plazas de especialistas, ya se cuenta con una UMF en Agua Prieta y se ha planteado que el Hospital de Tamosura pueda incorporarse al Seguro Social en el modelo de IMSS- Bienestar.

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Desde el 6 de septiembre, diálogo amistoso para resolver conflicto en mina de Cananea

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó a trámite una denuncia por irregularidades en la mina de Cananea, presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, está en puerta el arranque de la etapa conciliatoria o “diálogo amistoso” a partir del 6 de septiembre para buscar una solución ante dichas irregularidades, informó este gremio.

El proceso en el que se expone la “lista increíble de violaciones de derechos en cadena” fue admitido a trámite el 6 de mayo pasado, recordó el sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.

Por medio de un comunicado, el sindicato minero apuntó que en 2011 el entonces gobierno federal de Felipe Calderón y el Poder Judicial interrumpieron el procedimiento de huelga de los trabajadores por medio de una demanda de la empresa para la terminación de las relaciones de trabajo colectivas e individuales, bajo el argumento de “causas de fuerza mayor”, admitida por la Junta Federal.

Fueron cuatro las ocasiones que se concedió la “inexistencia de huelga” por amparos promovidos por la empresa propiedad de Germán Larrea, con procesos judiciales que, aunque de manera regular tardan años, fueron desahogados con una velocidad inusual.

“En un solo día se llevó a cabo la audiencia del juicio de la terminación de las relaciones de trabajo de mil 200 mineros y la desaparición del contrato colectivo, simultáneamente se desahogó en ese solo día el juicio completo con excepciones, pruebas y laudo”, afirmó el sindicato minero. De manera paralela, “el sindicato de la CTM de Sonora aceptó la oferta de Larrea: firmar un contrato colectivo al gusto y de protección patronal, con el sello de la CTM, ilegal hasta el colmo: redujo el salario de Cananea de 450 pesos diarios promedio en 2007, a 150 pesos diarios promedio en 2013”.

También, recalcó, se redujeron prestaciones y se pactó el esquema de outsourcing .

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STPS, sindicato y empresa de Cananea llegan a acuerdo en prestaciones para mineros

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) logró concretar un acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica CTM y la Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A. de C.V. de Cananea, Sonora, sobre la participación de los trabajadores en las utilidades y su Contrato Colectivo de Trabajo.

Por su parte, el secretario general de Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgica – CTM, Javier Villareal, detalló que entre los acuerdos alcanzados en beneficio de los trabajadores destacan el aumento del 2.7 por ciento en prestaciones, sumado al 6 por ciento del salario, con un retroactivo al 6 de junio, con esto se evita la huelga en la Mina de Cananea la cual estaba prevista para el 5 de agosto.

El acuerdo establece el compromiso de la empresa para respetar el monto del 10 por ciento de reparto de utilidades, autorizado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, considerando los nuevos criterios de la Ley Federal del Trabajo para su distribución.m{1540608}

La dependencia dirigida por Luisa María Alcalde señaló que se pactaron 26 modificaciones a diversas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, en favor de los trabajadores de la mina de Cananea, cuya concesión opera Grupo México, con este acuerdo cumplen uno de los puntos comprometidos en el Plan Integral de Atención a Cananea, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Esta acción es parte de los puntos comprometidos dentro del Plan Integral de Atención a Cananea, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados para resolver los diferentes conflictos que viven trabajadores y habitantes de la comunidad».

La Secretaria del Trabajo detalló que el convenio fue firmado en las instalaciones de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo, por el secretario general del Sindicato, Javier Villarreal Gámez, y Adrián Monter Hernández, por la representación patronal, así como el encargado de la subsecretaria del Trabajo, Alejandro Salafranca, y el titular de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, Manuel García Urrutia.

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Ofrece mediación entre mineras y trabajadores en Cananea

El Gobierno federal será el intermediario para solucionar los conflictos laborales entre las empresas mineras que explotan el subsuelo de Cananea, Sonora, y los sindicatos que representan  los trabajadores de la región, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo visitó Cananea, donde se comprometió a que en tres meses se tendrá un informe de avance de los conflictos legales que hay entre los trabajadores y las empresas, que datan de varios años.

«Lo primero es solucionar los conflictos laborales y  eso ofrecemos, ayudar en las diferencias que tiene  las partes y llegar a un acuerdo entre todos. Es como utopía porque se han confrontado por mucho tiempo, peor vamos a intentarlo, vamos a buscar que se llegue a un acuerdo general en lo laboral», destacó el presidente en Cananea en su tercer día de gira por Sonora.

El presidente dijo que lo complejo de la relación laboral entre las mineras y los sindicatos exigen que el gobierno federal hago uso de todas las herramientas a su alcance para solucionar los conflictos.

Recordó que fue el tema laboral y la represión a mineros uno de los precursores de la Revolución Mexicana.

Por eso invitamos también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que nos ayude. Todos los pendientes que hay, todos los juicios que están pendientes, que se revisen y se dé la razón a quien la tenga, sin influyentismos de ningún tipo. Justicia. Eso es lo que ofrecemos», sentenció López Obrador.

Desde Cananea, el titular del Ejecutivo anunció que, a la par de la revisión de los conflictos laborales, se iniciará un plan de rescate integral de la región de Cananea, que ha sumado atrasos y rezagos desde finales del siglo XIX.

El programa consistirá en evaluar el estado de contaminación que mantiene el Río Sonora, tras el derrame de residuos tóxicos de 2014 y tras la exigencia de la Suprema Corte de revisar el caso; ampliar y modernizar la oferta de atención médica pública a través del IMSS y el Insabi; ampliar la cobertura de los programas sociales de origen federal; y realizar acciones de mejoramiento urbano.

López Obrador planteó volver en tres meses a Cananea para revisar el avance de los cuatro puntos planteados para subsanar la que llamó «deuda histórica» con Cananea.

Al presidente lo acompañaron la gobernadora, Claudia Pavlovich; y los secretarios del Trabajo, Gobernación, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; los titulares del IMSS e Insabi; y el gobernador electo, Alfonso Durazo.

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