PANDEMIA. IP ‘alza la mano’ para apoyar a Gobierno en vacunación contra COVID-19

La recuperación económica del país dependerá de la velocidad con la que se controlen los contagios de COVID-19, de ahí el interés del sector privado en colaborar con el gobierno en el plan de vacunación, y para ello ha puesto a su disposición desde meses atrás, infraestructura logística y personal especializado, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Estamos cien por ciento de acuerdo que el esquema (de vacunación) y prioridades, sea definido por la autoridad, que la autoridad ponga las reglas y forma de funcionamiento. Nosotros ofrecemos solamente las capacidades para ayudar en tres objetivos: distribución y logística; aplicación de la vacuna; y apoyo al financiamiento”, dijo.

Alcanzar la meta del plan de vacunación a nivel nacional, la “inmunidad del rebaño”, implica llegar al menos a 10 millones de personas por mes a partir de febrero o marzo, cuando se espera lleguen vacunas “por millones” de los diferentes laboratorios, por lo que esto solo podrá alcanzarse con la colaboración del sector privado, que desde meses atrás ha puesto a disposición del gobierno federal su participación.

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE, señaló que “para que podamos aspirar a recuperar la economía, necesitamos primero recuperar la salud de nuestra población. Un atraso en cómo se implementa la estrategia de vacunación que no nos lleve a maximizar esa agilidad y esa eficacia en la aplicación de las mismas, lo único que hará es también retrasar la recuperación económica que tanto necesitamos”, apuntó en conferencia de prensa.

Por ello, aseguró Salazar Lomelín, será importante que la Secretaría de Economía considere totalmente al sector privado en el plan de reactivación que se presentará esta semana.

“No conocemos el plan, pero esperaría, y más después de la reunión que sostuvimos el viernes con la secretaria Clouthier, que se invite cien por ciento al sector privado porque la reactivación no se va a dar si el sector privado no invierte, si no tiene la tranquilidad en las reglas del juego, si no tiene la posibilidad de aprovechar las múltiples oportunidades que México tiene”, dijo por su parte el presidente del CCE.

Ofrecen capacidad

El sector privado está en condiciones de apoyar, dijo Vicente Yañez, presidente de la ANTAD, al señalar la existencia de 15 mil farmacias de cadenas y tiendas, y ocho mil consultorios médicos, para ayudar a aplicar las vacunas; y para distribuirlas, existe una red logística importante, además que muchas empresas están interesadas en vacunar a sus empleados, “y eso liberaría carga al gobierno y podríamos alcanzar más rápido la meta de vacunación, y también hay muchos particulares que no quieren esperar a que les toque turno de la vacuna y eso también liberaría recursos al gobierno”, señaló el ejecutivo.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-Servytur) puso a disposición de las autoridades las 256 sedes que la integran en 900 ciudades, y a sus 750 mil afiliados para participar en la aplicación de vacunas en sus centros de trabajo.

“Mientras no se resuelva el problema de inmunización no vamos a poder estar en mejores condiciones y la única forma es la coparticipación de los sectores empresarial, sociedad civil y gobierno”, dijo José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur.

Biden decidirá queja en T-MEC

La preocupación de los empresarios estadounidenses por el cambio de reglas en el sector energético mexicano, según manifestó la carta enviada por tres secretarios de la administración de Donald Trump a igual número de secretarios mexicanos, tendría que ser ratificada por la administración de Joe Biden y de ser así, el gobierno tendría que responder y de ello dependerá si se activa el mecanismo de solución de controversias instaurado en el T-MEC, señaló Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

“Si se ratifica, es uno de los temas que tendremos que llevar al mecanismo de solución de controversias, que es una de las novedades de este T-MEC para analizar primero si realmente no estamos cumpliendo”, dijo en la misma conferencia.

Con información vía El Financiero

OUTSOURCING: Reinicia análisis de regulación.

Los sectores de la construcción, de la transformación y de servicios sociales –en donde tienen un fuerte componente los servicios educativos– explican entre 70% y 80% de las bajas laborales que se dan en diciembre de cada año, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dichos sectores utilizan de forma acotada o no utilizan la figura de la subcontratación laboral (outsourcing), afirma la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), lo que contrasta con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien responsabiliza a esta modalidad laboral de la pérdida de empleos formales en cada fin de año.

En diciembre del 2020, como cada año, el ramo de la construcción lideró el listado de los sectores con más despidos decembrinos, con 89,539, equivalente a 32.2% de las 277,820 bajas totales. Le siguieron el sector de la transformación, con 61,102 despidos (22% del total), servicios sociales y comunales, con 49,680 (17.9%), comercio, con 40,055 (14.4%) y servicios personales y para empresas con 39,548 (14.2 por ciento).

“Al investigar sobre las causas (de los despidos) encontramos que el sector de la construcción, sobre todo el subsector de obra civil, tiene como costumbre parar las obras a partir de la segunda o tercera semana de diciembre, regresando a trabajar en la segunda semana de enero”, informó la AMECH.

Por otro lado, afirmó que el sector o industria de la transformación, sobre todo en el subsector de ensamble de equipo de transporte disminuye su número de operarios a partir de la tercera semana de diciembre, mientras que, en el caso de la enseñanza, existen las escuelas que prescinden de su personal a mediados de diciembre por el período vacacional. “Revisando si estos sectores contratan en forma directa o a través de otra razón social a su personal, encontramos que en su mayoría los empleados son contratados en forma directa o a través de una empresa del mismo grupo corporativo. Prácticamente en el sector de la construcción y en el de las escuelas no se utiliza el outsourcing, aunque sí mucho el contrato por tiempo y por obra determinada”, afirmó.

De acuerdo con cálculos a partir de los reportes de empleo del IMSS, en la última década los sectores de la construcción, transformación y servicios sociales son responsables, en promedio, de alrededor de 80% de los despidos decembrinos, aunque la proporción ha venido bajando ligeramente desde el pico de 90% del 2011, hasta el año pasado cuando la proporción fue de 72.1 por ciento. La construcción siempre ha liderado el listado.

Reinicia análisis de regulación

En tanto, esta semana reiniciará el análisis de las propuestas para regular el outsourcing, tras la pausa pactada en diciembre pasado entre gobierno y empresarios, luego de que estos consiguieron que el primero frenara su propuesta de prohibir la subcontratación.

A partir del próximo 20 de enero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará una serie de foros denominados “Diálogos nacionales sobre la participación de las utilidades de las empresas”, para que durante cinco días se presenten los pros, contras y propuestas del pago de PTU a los trabajadores en ramas como: automotriz y manufactura; financiero y de seguros; energético e industrias extractivas; telecomunicaciones y tecnologías de la información; servicios minoristas y turísticos.

Dado que, el outsourcing e insourcing, se convirtieron en una estrategia que permitía a las empresas mantener su competitividad y evitar una carga laboral adicional con el reparto de utilidades, la finalidad de los foros es buscar una salida o nuevas reglas para determinar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) –actualmente en un nivel de 10% de las utilidades– y avanzar en una legislación en materia de subcontratación. Entre los participantes en el Foro se encuentra el CCE, Concamin, Canacintra, la Asociación de Bancos de México; representantes de los sindicatos de Volkswagen, de Nissan, así como el Sindicato de Telefonistas y la CROC.

Con información vía El Economista

CCE propone 30 días de salario como tope a PTU en la reforma en outsourcing

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso poner un tope a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de 30 días de salario, como parte de los cambios a la iniciativa de subcontratación laboral, lo que representaría el doble de lo que actualmente reciben la mayoría de los trabajadores que reciben esta prestación.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, mencionó que una de las propuestas más importantes en la discusión del outsourcing es poner un tope a la PTU, a fin de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas.

Sin embargo, la propuesta del gobierno federal es que el reparto de utilidades sea de 60 días por año, por lo que a principios de año se adherirá el sector obrero a las pláticas de negociación de la iniciativa de subcontratación para encontrar un equilibrio entre 30 y 60 días, sin que impacte a las grandes empresas.

El dirigente empresarial destacó que existe una actitud positiva del gobierno federal, en especial del presidente Andrés Manuel López para atacar un problema añejo de más de 50 años y “que nadie le había querido entrar”, el reparto de utilidades.

“En el caso mexicano es que se habla de 10% (de las ganancias de una empresa) pero sin tope y fue concebido para ayudar a las personas que tienen menos ingresos dentro de las empresas y al final estaba beneficiando a las que tenían mayor cantidad de ingresos en las empresas”, mencionó.

Lo que hemos propuesto y junto con la Secretaría del Trabajo, dijo Carlos Salazar, “es que beneficie a los trabajadores y lo que se reparte en promedio en las empresas industriales son 15 días de salario como reparto de utilidades y nosotros hemos propuesto poner un tope a 30 días”.

Aunque la industria automotriz planteó cambiar el reparto de utilidades por un bono de productividad, que dependa del rendimiento de los empleados, cuya fórmula será presentada en las mesas de análisis de la reforma de subcontratación.

A principios de diciembre se determinó que la discusión de la reforma se aplazaba hasta el periodo ordinario de sesiones del Congreso de febrero del 2021, de modo que a principios de enero se retomarán las negociaciones tripartitas.

En tanto, el presidente del CCE dijo: “lo que hay que hacer es que se empiece a discutir y a informar a las empresas sobre cuáles son las figuras de subcontratación que son legales, son la mayoría y sí atacar en modelos que se utilicen de manera inadecuada”.

Otro de los puntos que falta definir es qué pasará con las empresas exportadoras, en especial con las maquiladoras, “y, lo que estamos proponiendo que tengan tratamientos parecidos a los del programa Immex; esto está en la mesa y esperamos acuerdos”.

Salazar Lomelín recordó que la subcontratación se venía platicando con la Secretaría del Trabajo desde el año 2019 y se había llegado hasta el Congreso para atacar el problema de la subcontratación, pero la propuesta del Ejecutivo rompió el acuerdo, al grado de limitar la figura de la subcontratación.

Con información vía El Economista

IP rechaza incremento de 15% al salario mínimo

El sector privado del país rechazó la decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) de incrementar el salario mínimo general (SMG) 15 por ciento para 2021.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (CCE) señalaron que el sector patronal emitió su voto en contra de la resolución votada por los representantes de los trabajadores y del presidente de la Conasami, Luis Felipe Munguía Corella.

La Coparmex señaló que todas las organizaciones del sector privado votaron en contra de la decisión porque “arroja a millones de microempresarios toda la carga”

Dijo que, combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia covid-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, “es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo”.

“Con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses”, agregó.

Esta sería la primera ocasión en que la Coparmex se pronuncia en contra de un incremento salarial, pues desde el sexenio pasado ha impulsado un crecimiento gradual del minisalario.

En días recientes, como respuesta al incremento propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador de 15 por ciento, dijo que sólo sería posible si el gobierno aportaba una cantidad, pues el contexto económico nacional es adverso y distinto al de los años anteriores en los que se ha impulsado un crecimiento en el minisalario.

“El incremento a los salarios mínimos debe tomarse con la mayor responsabilidad, seriedad y racionalidad posibles”, dijo el CCE. Apuntó que la propuesta del sector privado era un 10 por ciento global.

El organismo cúpula consideró que por la difícil situación económica, el sector privado busca preservar empleos y generar más, por lo que el objetivo de incrementar el minisalario no tiene el mismo nivel de prioridad.

Reconoció que el sector empresarial busca que se recupere el salario de los trabajadores, pero sobre todo combatir la pobreza laboral que se ha incrementado con la pandemia.

Con información vía La Jornada

Despidos laborales en diciembre, usuales desde hace 20 años: CCE

Como parte de los argumentos presentados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al equipo negociador del gobierno federal, y que llevaron al acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a posponer para febrero el debate de la reforma en materia de outsourcing que impulsó el Ejecutivo Federal, este sector justificó que los despidos estacionales que se registran de manera usual en diciembre se han presentado al menos desde hace 20 años.

Afirmó que los recortes a final de año no corresponden a la subcontratación sino a la dinámica económica. Sin explicar los niveles de prestaciones promedio de los trabajadores bajo outsourcing en comparación con el resto, adujeron que todos los empleados subcontratados gozan de aguinaldo y derechos conforme a la ley, además de mantener antigüedad laboral.

De acuerdo con un reporte interno sobre los argumentos presentados en el marco de los acercamientos del sector empresarial con el gobierno federal, el CCE expuso que la estacionalidad del empleo formal en México es un “fenómeno histórico”, del cual hay registro al menos desde 1998 y que ocasiona que cada diciembre se pierdan 250 mil empleos formales.

Con información vía La Jornada

Divide a la IP el convenio de Palacio Nacional

El sector privado se dividió, pues tres de los 12 organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazaron la propuesta de posponer la iniciativa de reforma para regular la subcontratación.

Sin embargo, Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, negó que la postura de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sea una fractura en el sector empresarial.

Los tres organismos señalaron que el pacto firmado en Palacio Nacional es parte de la iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, con la cual pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos.

Reiteraron que si se aprueba la iniciativa del Ejecutivo federal se dañaría seriamente la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

Por ello decidieron no suscribir el acuerdo, debido a que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada, acotaron.

Rechazamos que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

Resaltaron que las malas prácticas sucedieron en el pasado por la falta de revisión adecuada de las autoridades, como el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que resulta absurdo responsabilizar a todas las empresas.

Sin embargo, reiteraron su disposición de mantener el diálogo abierto y franco con el Ejecutivo federal y los legisladores.

El martes, Enoch Castellanos Férez, presidente de la Canacintra, adelantó que ese organismo no estaba de acuerdo con la propuesta y dejó en claro que había desacuerdos en el sector privado.

No hay ruptura, sostuvo Salazar Lomelín tras acudir a Palacio Nacional. Manifestó que el CCE es respetuoso de la posición de las asociaciones agremiadas, porque ellas deben responder a sus miembros.

Comentó que lo que quiere el sector empresarial es que se elimine cualquier práctica inadecuada, que se proteja al trabajador y la competitividad de las empresas.

Consideró que la integración de las organizaciones de trabajadores a las mesas de negociación será buena, pues se llegarán a muy buenas conclusiones y consideró razonable el tiempo para hacer los cambios en materia de subcontratación.

La ABM, en favor de las prácticas legales

Por separado, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó en conferencia virtual que ese organismo “está ciento por ciento en favor de ese convenio y ciento por ciento en favor de que la nueva ley de outsourcing permita esta práctica legítima y bien llevada, y que todo lo demás se combata”.

Consideró que la subcontratación es un mecanismo operativo de las empresas y de la banca muy eficiente y muy valioso, siempre y cuando haya cumplimiento cabal de compromisos fiscales y laborales.

Resaltó que las instituciones bancarias están en favor del combate a las prácticas fiscales y laborales inadecuadas, por lo que si el outsourcing se usa para engañar al trabajador o al fisco, debe eliminarse.

Permitir que se pueda llevar a cabo la contratación por medio de terceras empresas para muchos giros que son importantes para el manejo de los negocios, eso hay que seguirlo haciendo, señaló.

Larry Rubin, presidente de la American Society, indicó que México debe cuidar la eliminación de la subcontratación, pues las inversiones de empresas de Estados Unidos pueden migrar a otras latitudes, ya que 92 por ciento de las firmas hacen uso de ese esquema laboral.

Destacó que la inversión siempre busca naciones que generan estabilidad y certeza jurídica a través de sus políticas públicas, por lo que es necesario que el país se armonice con sus socios comercial del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues puede atraer más de 400 mil millones de dólares de inversión.

Con información vía La Jornada

Gobierno, representantes de organizaciones sindicales y empresarios firman acuerdo a favor de la regularización de la subcontratación y el reparto de utilidades en México

Por: redacción STRM Noticias

El presidente Andrés Manuel López Obrador, diferentes líderes de organizaciones de trabajadores conformados en la Mesa de Diálogo Sindical (MDS) y representantes del sector empresarial firmaron la mañana de este miércoles un acuerdo para iniciar “de inmediato” la regularización de trabajadores subcontratados bajo la figura del outsourcing, y solicitaron al Congreso aplazar hasta febrero de 2021 el debate de la iniciativa de ley del Ejecutivo para limitar esta práctica. 

En Palacio Nacional, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, presentó el documento en el que se comprometen a solicitar a los legisladores retrasar hasta el mes de febrero la discusión de la reforma que fue enviada el pasado 12 de noviembre a la Cámara de Diputados.

Dicho acuerdo implica cuatro ejes: 1) el compromiso de resolver el problema del abuso de subcontratación de personal; 2) mejorar el esquema de reparto de utilidades; 3) una solicitud al Poder Legislativo para posponer hasta febrero de 2021 la discusión parlamentaria sobre el outsourcing; y 4) la aceptación de las empresas de no dar de baja de manera masiva a trabajadores en diciembre.

En tanto el senador Carlos Aceves del Olmo, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), valoró el compromiso del gobierno y afirmó que el outsourcing es efectivamente un tema pendiente que arroja claroscuros entre los sectores patronales y los sectores obreros.

En tanto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que el acuerdo permitirá el tiempo para mejorar cualquier propuesta, para mejorar la propuesta original y entender mejor las consecuencias de esta; tiempo para que se pongan en orden las empresas que han utilizado de manera inadecuada la práctica de la subcontratación.

Cabe destacar que en esta firma estuvo presente el Secretario General de Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) el Ing. Francisco Hernández Juárez en su calidad también de Presidente Colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió fraternalmente al término de la firma de este acuerdo.

Con información de diferentes agencias.

Eliminar ‘insourcing’, pacto de IP y gobierno

El sector privado mexicano informó que no se ha llegado a un acuerdo integral con el gobierno sobre el tema outsourcing o subcontratación, sin embargo por el momento se tiene previsto eliminar el insourcing.

“Todavía no llegamos a una conclusión en este tema, sin embargo nosotros nos sentimos muy optimistas de que estamos teniendo avances en el tema del outsourcing”, señaló a su salida de Palacio Nacional Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Expusimos todas las preocupaciones que tenemos, también a los acuerdos que ya llegamos y nos dimos de plazo a finales de está semana para ver si, en una reunión posterior, podemos tener ya un consenso completo y que la iniciativa vaya tomando en cuenta también nuestras opiniones”, agregó.

Al ser cuestionado sobre qué puntos están atorados, Salazar dijo: “Yo creo que eso no lo puedo decir en este momento, porque estamos trabajando en ello y obviamente todos esos puntos están en la mesa. Hay muchos temas”.

“Lo vamos a seguir discutiendo, yo no sé qué va a pasar con el Congreso, no tengo ahí información, pero nosotros vamos a seguir platicando el tema del outsourcing y a finales de está semana debemos tener algunas respuestas, porque seguimos en la discusión”, comentó.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamin, reveló que dentro de los acuerdos alcanzados con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la iniciativa de reforma laboral destaca por ahora la decisión de desaparecer la figura llamada insourcing.

Cervantes Díaz comentó que solo falta lograr el acuerdo de los tiempos que se darán a las empresas para que dejen de utilizar esta figura.

A su vez, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, mencionó que se ha habido apertura del gobierno federal para escuchar las propuestas de la iniciativa privada.

“En la aplicación es en lo que se está trabajando. Se están buscando alternativas para no afectar a los trabajadores”, aclaró el directivo empresarial.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, afirmó por su parte que a través de las reuniones con el Presidente se ha ido avanzado en la legislación, “claro que va a salir una nueva ley”.

Señaló que aún falta detallar varios aspectos de la iniciativa, que se continuará tratando con el mandatario, y se espera que al final sea “conveniente para México”.

El insourcing es el procedimiento mediante el cual los empleados internos en una empresa asumen las labores que se estaban realizando fuera de la compañía.

Legislativo, listo

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reprogramó la discusión de la reforma en materia del outsourcing para la sesión del próximo jueves en el Palacio de San Lázaro.

Los líderes de las ocho fracciones parlamentarias habían acordado discutir y votar la iniciativa presidencial la semana pasada, pero después decidieron aplazar el debate a la espera de los acuerdos entre el gobierno federal y el sector privado. 

El Presidente recibió anoche a un grupo de empresarios para tocar el tema pero, de acuerdo a dirigentes de la IP, no se logró un acuerdo final.

La propuesta original del Ejecutivo plantea la prohibición de la subcontratación de personal, salvo en servicios especializados, y prevé equiparar la evasión fiscal a delincuencia organizada, con prisión preventiva de oficio.

Con información vía Milenio

Informalidad podría pasar a niveles de 70%

La desaparición de la figura del outsourcing por servicios especializados como lo pretende el gobierno federal provocará que la informalidad pase de un nivel de 56% al 70% de la población ocupada, y la pérdida de 200,000 empleos adicionales cada año, advirtió Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quien adelantó que a cambio se propone un registro nacional de empresas y liderado por sindicatos.

Luego de que la semana pasada se reunió un grupo especializado en materia laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los responsables de la política laboral del gobierno federal, se alcanzó un acuerdo de topar el PTU (utilidades al trabajador) entre 30 y 60 días, sin embargo, la postura sobre la figura de la subcontratación es eliminarla. “La figura desaparece y tiene que haber un registro nacional de empresas, y debe entrar en vigor inmediatamente. Nosotros estamos por el no, (mejor) regula, supervisa y castiga a quien haga mal uso, como cualquier otro delito. Pero no va a lograr recaudación adicional, porque el outsourcing ha incorporado a la economía formal desde el 2012 alrededor de 200,000 personas por año”.

El próximo miércoles se discutirá la iniciativa de reforma a la subcontratación en la Cámara de Diputados, por lo que el sector privado mantendrá su cabildeo con el legislativo para que se regulen los vicios y se cierre cualquier tipo de ventana que permita el uso abusivo o irregular del outsourcing. Aunque prevén que la discusión se empantane por las posiciones en contra de un gran número de sectores.

El gobierno federal apuesta a que los sindicatos sean quienes operen el negocio de servicios especializados, y “que sí te puedan proveer estos servicios los sindicatos, pero ¡no..!, nosotros propusimos es que sí se sindicalicen los trabajadores en el centro de trabajo, o en la compañía”, comentó Castellanos a El Economista.

Otro de los temas que se puso en la mesa de discusión, es que, si se quiere abatir la evasión fiscal, entonces la subcontratación a la hora que entre la factura, que no lleve IVA sino que sirva como un servicio y le impacte al ISR, refirió.

Con información vía El Economista

Falta consolidar al mercado: CCE

Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que se ha fallado en lograr una consolidación del mercado accionario mexicano, principalmente en el acercamiento exitoso a empresas medianas y pequeñas, que permita tener un mayor número de emisoras listadas.

“No hemos logrado consolidar un mercado accionario para empresas, ni siquiera grandes, medianas y ya no se diga pequeñas, esto es en parte quizás porque no hemos podido transmitir que el mercado no es solo para grandes jugadores, los mercados bursátiles en el mundo son la fuente de financiamiento de muchísimas medianas y pequeñas empresas, que le permiten tomar capital, gente que pueda apostar por el riesgo”, dijo durante su mensaje inaugural en la Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

El presidente del CCE destacó las ventajas que las compañías pueden obtener al recurrir a Bolsa, como “tener mejores fuentes de financiamiento para las inversiones y para el mismo crecimiento de estas pequeñas, medianas y grandes empresas”, sostuvo.

Carlos Salazar destacó que el mercado de valores es esencial para cualquier economía, al permitir el financiamiento de las compañías, sin embargo, admitió que en México no se ha logrado convencer y aprovechar su potencial al máximo.

“Seguimos teniendo uno de los índices más bajos de empresas emisoras comparados con países similares y hasta más bajos de nivel de desarrollo económico que el nuestro, y a pesar de los constantes intentos que me consta que se han hecho”, destacó durante su participación en el foro.

Salazar dijo que el financiamiento que puede conseguirse por esta vía es menos caro que otro conseguido por vías tradicionales, y es la manera en que se puede aumentar el capital de las compañías, invitando a socios teniendo incluso menor riesgo que en otras opciones.

Con información vía El Economista