Una petición del año 2017 para usar frecuencias de espectro en servicios de seguridad pública para la Ciudad de México causó un enredo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la autoridad encargada de entregar y vigilar la adecuada explotación de señales radioeléctricas en este país para distintos servicios como televisión, radio, Internet y telefonía.

Se trata de un caso que afortunadamente se convirtió en anécdota para el regulador IFT, que no consideró esa petición gubernamental en un proyecto de licitación comercial que entonces todavía bosquejaba, porque, entre otros factores de coyuntura, la dependencia solicitante de las frecuencias exageró en sus peticiones técnicas y luego fue reconfigurada por el cambio de gobierno en la capital que vino en 2018; y porque también, aquel nuevo órgano de gobierno luego tuvo el despiste de no dar seguimiento a su petición para obtener las frecuencias.

Y en el intermedio de los años 2017 a 2019 se diagnosticó, se concursó y se concesionaron las mismas frecuencias a dos compañías privadas, que ahora mismo, en 2021, ya ofertan servicios comerciales a terceras empresas desde allí.

La historia ahora es anecdótica para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque la dependencia de gobierno que primero solicitó las frecuencias para reforzar sus estrategias de seguridad pública tenía solamente atribuciones legales con alcance en la Ciudad de México, pero si se hubiese tratado de una dependencia federal, el IFT estaría hoy en un aprieto legal por contravenir el artículo 56 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), en su parte reglamentaria del 2014, por no haber dado prioridad al gobierno en sus peticiones de espectro y sobre todo, si la solicitud tenía que ver con situaciones de seguridad nacional.

Carga de trabajo, despiste y desidia

Toda esta trama se originó el 16 de noviembre del año 2017, fecha en que la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, solicitó un ancho de banda de al menos 10 Megahertz de frecuencias en la banda de los 2000-2200 MHz y de los 2300-2483 MHz para videograbar y transmitir en tiempo real las persecuciones policiacas desde cámaras instaladas en helicópteros de la dependencia.

Desde las características técnicas de la petición hecha por ese gobierno, se antojaba complejo entregar un paquete de frecuencias para esos fines. Primero, porque la dependencia no supo explicar qué tecnología usaría y si ésta siquiera estaba disponible en el mercado mexicano, además de que 10 Megahertz de frecuencias son demasiados para explotarse con una cámara conectada a un servidor, pues, en otros negocios de la industria de telecomunicaciones, con esa misma cantidad de espectro se pueden atender millones de usuarios con servicios de telefonía e Internet móviles.

Después nació la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que no hizo más seguimiento o replanteamiento a las peticiones de su antecesora. Sólo hubo preguntas el 9 de enero, el 7 de febrero y el 22 de marzo del 2018, pero todavía de la Secretaría de Seguridad Pública y principalmente hacia la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT y oficinas de algunos de los comisionados.

Pero, quizá, una falta de comunicación interna entre distintas oficinas del IFT en general y la demasiada carga de trabajo que tiene en particular la Unidad de Espectro Radioeléctrico (UER) con procesos licitatorios para servicios de radiodifusión (Radio/TV), móviles (Internet/Telefonía), el reacomodo de otras frecuencias para servicios 5G, más la generación de opiniones técnicas que le ayuden a la Unidad de Concesiones y Servicios a validar o no el refrendo de concesiones de espectro, provocó, todo junto, que la petición del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) se olvidara en algún escritorio y entonces la UER prosiguiera con sus planes de llevar a concurso las frecuencias de los bloques de los 2000-2010/2190-2200 MHz y de los 2010-2020/2180-2190 MHz para su explotación en complementos de servicios móviles o fijos inalámbricos por satélite; esto, entre 2018 y 2019.

Aunque hubo eco de que el regulador pensaba licitar comercialmente las frecuencias que había pedido el gobierno capitalino, pues el IFT sacó a consulta pública cómo podría entregar en concesión las señales, ni la Secretaría de Seguridad Pública de Miguel Ángel Mancera, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Claudia Sheinbaum pronunciaron nada, al menos eso se desconoce.

Y tampoco el IFT, en 2019, se pronunció afirmativamente o por una negativa a entregar las frecuencias a la dependencia de seguridad local. Tampoco dijo en ese momento que pensaba usar la banda para otros servicios.

La petición, hasta ese momento, legalmente válida, se quedó en stand by, y en tanto la llamada Licitación IFT-9 de espectro radioeléctrico para complementos satelitales salió a concurso en 2019, a nivel nacional.

Los ganadores resultaron ser las empresas Omnispace México, S. de R.L. de C.V., que hoy explota el espectro de los 2000-2010/2190-2200 MHz. Y la empresa HNS de México, S.A. de C.V., que se quedó con el tramo de los 2010-2020 / 2180-2190 MHz. Las dos compañías pagaron 150 millones de pesos, cada una, por explotar las frecuencias durante 20 años.

El tiempo continuó y con la pandemia, el IFT cerró ventanillas y dio prioridad a los trámites que básicamente tuvieran como fin palear la Covid-19 en materia de telecomunicaciones. Con esto, la petición del Gobierno de la Ciudad de México esperó otro año.

Para el 4 de agosto del año 2021, casi cuatro años después de presentar la solicitud, la dirección general de concesiones de telecomunicaciones del IFT se pronunció por negar la petición. El argumento, en parte, fue que Omnispace y HNS ya explotan las bandas:

El rango de frecuencias que pretende utilizar la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se encuentra concesionado a favor de dos empresas, estas son Omnispace México y HNS de México, para la prestación del servicio complementario terrestre (…) El rango de frecuencias solicitado no resulta compatible con los usos actuales que cuenta el rango de frecuencias 2000-2200 MHz, ni con las acciones de planeación espectral que se siguen en el Instituto”.

Este enunciado de esa oficina provocó una discusión en el pleno del IFT ese 4 de agosto. Ese día, dos comisionados en particular se apartaron de este despiste de algunas oficinas del mismo regulador.

El motivo fue el mismo: se adjudicaron comercialmente las frecuencias, sin resolver previamente la solicitud del Gobierno de la Ciudad de México, quien, hasta ahora, no se ha manifestado sobre el tema.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA