AMLO da su “conferencia” mañanera desde su vehículo por bloqueo de la CNTE

Fiel a su estilo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un enlace por videoconferencia para informar acerca de la razón por la cual no pudo estar en la conferencia matutina de la Presidencia conocida como “La Mañanera.”

La razón: protestas magisteriales.

Calificando el bloqueo como una acción “indebida” de parte de un grupo de Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas, señaló que siempre su gobierno a estado abierto al diálogo y no descartó intereses creados en ese estado (y en Michoacán) que “no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente suceden estas cosas”

“No puedo someterme a ningún grupo de interés creado” señaló al momento que ratificó que fue su decisión de no “entrar a la fuerza” a su acostumbrada conferencia matutina. El titular del Ejecutivo comentó en su enlace -hasta cierto punto improvisado- que al decidir no entrar a la conferencia fue una manera de señalar que estos grupos no pueden hacer esto que, si bien tienen derecho a manifestarse, es indebido.

Finalizó que continuará con diferentes actividades de su agenda en el estado y que permanecerá ahí, en espera y con tranquilidad de conciencia haciendo énfasis en que no “puedo someterme a chantajes de nadie. No establezco relaciones de complicidad mafiosa a ningún grupo de interés creado.”

Al momento de redactar esta nota, estaban en espera de la titular de la Secretaría de Educación local.

Este es el enlace a la Conferencia Matutina de la Presidencia del viernes 27 de Agosto de 2021

Asesinan a ex presidente de Las Abejas de Acteal

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que el indígena tzotzil Simón Pedro Pérez López, catequista y ex presidente de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, fue asesinado de un balazo en el municipio de Simojovel, donde radicaba.

En un comunicado, la organización no gubernamental explicó que los hechos sucedieron este lunes a las 10 horas, aproximadamente, en la cabecera municipal de Simojovel, al norte de la entidad, cuando iba acompañado de su hijo para hacer compras en el mercado.

El victimario, se describe en el comunicado, iba en una motocicleta desde la que le disparó de manera directa y escapó. El Frayba declaró, por lo tanto, el repudio a la acción criminal que está imperando en Los Altos de Chiapas.

Simón Pedro era defensor de derechos humanos, vivía en Nuevo Israelita, Simojovel, perteneciente a la parroquia de Santa Catarina, del municipio de Pantelhó; era catequista e integrante de Las Abejas de Acteal, de cuya mesa directiva fue presidente en 2020.

Manifestó que desde su trabajo como integrante de Las Abejas y como servidor de la Iglesia (católica), trabajó en la promoción y defensa de las garantías civiles de los pueblos indígenas; acompañaba a comunidades que denunciaron actos de violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia.

El Frayba exigió a las autoridades de Chiapas una investigación diligente, garantizando la seguridad de la familia de Pérez López y de los integrantes de Las Abejas de Acteal.

La organización que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, expresó su solidaridad a la familia, a los miembros de Las Abejas de Acteal y a los servidores de la parroquia de Santa Catarina.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Mactumactzá, la otra escuela normal que buscan desaparecer

Eran las 7 de la mañana cuando Paola, Evelyn, Danna, Paloma y Sofía se integraron al grupo que saldría de la Escuela Normal Rural Mactumactzá a protestar para exigir la aplicación del examen de admisión de manera presencial. Entre ellas no se conocían. Eran más de 100 normalistas que cuyo destino era la caseta de cobro ubicada en Chiapa de Corzo. Históricamente, las protestas de esta escuela se caracterizan por ser radicales y esta vez no sería la excepción.

Para ellos la aplicación con cuadernillo y lápiz del examen de admisión es esencial porque los aspirantes son indígenas originarios de comunidades donde no hay conectividad. Hasta ese 18 de mayo tampoco contaban con la fecha del mismo.

Danna tiene 22 años y estudia el cuarto semestre, decidió contarnos su historia frente a un mural de rostros encapuchados, ella como las demás piden guardar su identidad al compartir su testimonio.

Eran las 9 de la mañana cuando llegaron a la caseta a entregar volantes y dejar “liberar plumas”, una acción de protesta común entre los normalistas del país. “En ese momento volteamos a ver y vimos que los policías ya nos estaban disparando. Empezamos a correr y nos metimos a los buses. En ningún momento llegaron a advertirnos o que nos dijeran jóvenes retírense, llegaron a echarnos gas lacrimógeno”, comienzan por narrar Sofía y Evelyn.

“Ya en el autobús los policías rompieron los vidrios de la puerta y rociaron gas lacrimógeno que ocasionó que tuviera quemaduras en mi estómago. Después empezaron a gritarnos que teníamos que bajarnos, que si no lo hacíamos nos iban a matar ahí adentro. Nos estábamos ahogando muy feo con el gas, nos decían que nos iban a desaparecer como a los 43 de Ayotzinapa”, indica Paola de 18 años, la más joven de las entrevistadas que hace un año entró a la normal.

La violencia que la policía antimotines utilizó al desalojarlas se refleja en cada uno de los testimonios, parecidos entre sí. La mayoría denuncia frases como “Nos decían que éramos unas putas, que éramos unas perras, unas pendejas, que todo lo que nos estaba pasando nos lo merecíamos”. Además de abusos físicos. Paloma de 19 años cuenta que al momento de ser revisada “Me empezaron a tocar parte de mis senos y de mis partes íntimas, decían que era necesario para estar seguros de que no llevaba mi celular pues muchas grabamos lo que nos hicieron dentro de los autobuses”.

“Cuando a mí me bajaron un policía me jaló de los cabellos, me aventó por la parte de las escaleras del autobús y me trasladaron a un vehículo, estando adentro me golpearon la cabeza en la parte derecha”, recuerda Sofía de 19 años.

La mitad de sus compañeras y compañeros lograron escapar hacia el monte por lo que en ese momento no se sabía la cifra exacta de las personas detenidas, tampoco se sabía a dónde los llevaban. Las estudiantes narran que en el trayecto, los policías amenazaban con desaparecerlas. Paloma encoge los hombros cuando dice “Solo pensaba en lo que iba a sufrir mi mamá”.

Horas más tarde, 74 mujeres, 19 hombres y dos niños se encontraban en la Fiscalía General del Estado de Chiapas. En total, 97. Dos de ellos eran integrantes de la comunidad de Chenhaló que habían acompañado la protesta. Los menores de edad, también de Chenalhó, fueron liberados en ese momento.

Paola pensaba que el llegar a la Fiscalía iba a cambiar la situación, pero no fue así. “Antes de que nos metieran a las celdas nos revisaron, nos hicieron quitarnos la ropa, me dijeron que tenía que quitarme la ropa interior. Tuve que acceder porque me amenazaron”, relata.

Paloma, quien al ingresar a la normal ganó el primer lugar en puntaje del examen, lo recuerda así: “Me preguntaron que si hablaba un dialecto o que de dónde venía. Yo dije que hablaba Cho´l que soy hablante de una lengua indígena y una persona de la misma Fiscalía me empezó a decir ‘tú no mereces estar acá, tú eres una indígena, los indígenas no sirven para nada”.

Para ese momento ya había familiares afuera de la Fiscalía pidiendo información, misma que negaban. Sus compañeros lograron conseguir un abogado para asumir la defensa de los 95, Julio César Fernández, quien también es defensor legal de la CNTE en Chiapas, indica que estuvieron 48 horas sin ser notificados de la ubicación de los estudiantes.

“No se nos permitió el acceso a ver a los muchachos inmediatamente de la detención por lo que aun existe un amparo por desaparición forzada. No podíamos accesar a ver a los muchachos, no podíamos pasar a que nos firmaran la autorización de que podíamos ser sus defensores particulares. Los padres de familia tuvieron que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a través de un visitador es que se permitió la visita, a uno o dos padres de familia, que entraron como a los tres días”.

Tampoco fueron notificados del traslado de las y los normalistas al Centro de Readaptación Social conocido como “El Amate”. Para el 20 de mayo ya estaban ahí. ”Cuando nos trasladaron al Amate, nos trasladaron en la madrugada y a base de engaños porque nos decían que ya nos íbamos a ir, que nos iban a dejar libres y nos sacaron de las celdas. Después nos formaron y nos llevaron por la parte trasera, no nos decían a dónde nos llevaban, repetían una y otra vez que íbamos a desaparecer como nuestros compañeros de Ayotzinapa”, recuerda Paola.

Tres días después, los 93 estudiantes fueron vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial y pandillerismo. Ese mismo día las estudiantes obtuvieron su libertad condicional. Sus compañeros no tuvieron la misma suerte y fue hasta el 3 de junio que fueron liberados. Una semana antes, el presidente López Obrador dio la instrucción de liberarlos desde su conferencia de las mañanas en Palacio Nacional, incluso se dijo que se reuniría con las y los normalista porque aseguró, hay infiltrados.

Actualmente las y los normalistas buscan el desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas. De hecho nadie ha querido regresar a casa por miedo y por unidad.

Evelyn hasta el día de hoy no se explica lo que pasó y, con la voz entrecortada, asegura “la situación que estamos pasando es muy dolorosa. No sólo por mí si no también por mis compañeros, porque aquí en la escuela nos enseñan a ser hermanos y es una lástima el trato que nos dieron, un trato que ni a los delincuentes les dan. Nosotros porque somos normalistas, quieren desaparecernos.

Entre los estudiantes de la Normal Mactumactzá existe el temor de que su escuela desaparezca. No olvidan que en 2006, bajo la administración del gobernador Pablo Salazar, fueron derribados los dormitorios, además de que la escuela se ha cerrado en cuatro ocasiones desde 1931, fecha de su fundación.

Al preguntar si tiene algo más que decir Danna responde “Estamos aquí tratando de ser revolucionarios y de luchar por la educación gratuita en Chiapas, estamos aquí para luchar, para que nuevos aspirantes vengan, para que más hijos de campesinos como nosotros tengan las mismas o mejores oportunidades que nosotros. Luchamos para que la clase trabajadora tenga esperanza aquí en Chiapas y nosotros al egresar poder llevar educación a los lugares más recónditos. Para mí esto significa que el gobierno nos ha quitado todo, e incluso nos ha quitado el miedo”.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Dan libertad condicionada a 17 alumnos de Mactumactzá

Los 17 alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y dos desplazados del municipio de Chenalhó que estaban presos en el penal de El Amate, fueron liberados ayer de manera condicionada, luego de que un juez de Chiapas determinó el cambio de medida cautelar, informaron autoridades estatales.

Indicaron que el juzgador fijó una firma periódica y la restricción de activismo en espacios públicos a las 19 personas que permanecían recluidas en el centro penitenciario de El Amate, ubicado en Cintalapa.

Señalaron que el juzgador dio “continuidad al debido proceso y por petición de la defensa ante las probatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE), determinó el cambio de medida cautelar”.

En tanto, padres de familia, normalistas, la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la CNTE, y representantes de los desplazados de Chenalhó, exigieron la liberación incondicional de las 19 personas, por lo que demandaron la instalación de una mesa de negociaciones.

En conferencia de prensa realizada en el parque central de Tux­tla Gutiérrez, donde mantienen un plantón, un paterfamilia recalcó: “No nos vamos a marchar hasta que los liberen incondicionalmente”.

A las 12:30 horas, los 17 estudiantes y dos desplazados de Chenalhó fueron recibidos afuera del reclusorio por padres de familia, normalistas y maestros que atravesaron autobuses en la carretera para bloquear el tráfico. Al salir, abordaron un camión que los trasladó a Tuxtla Gutiérrez.

En un comunicado, el Poder Judicial y la FGE puntualizaron que los 17 normalistas y los desplazados del ejido Puebla, Chenalhó, acusados de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo, “enfrentarán los cargos en libertad, con las restricciones ordenadas por las autoridades, de no poder participar en actos que alteren el orden público”.

De esta manera, agregaron, “desde la respetuosa colaboración, la FGE y el Poder Judicial se conducen con estricto apego a derecho, porlo que las 95 personas detenidas por actos vandálicos ocurridos en la caseta de cobro de la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas el 18 de mayo continuarán vinculadas a proceso (desde su domicilio o escuela) y en caso de reincidir serán reingresadas al penal de El Amate”.

Recordaron que de las 95 personas detenidas inicialmente, 74 mujeres recibieron el 23 de mayo la medida cautelar de firma periódica; dos menores, la de liberación, y, finalmente, 17 normalistas y dos desplazados, la medida de firma periódica, “por lo que todos los detenidos continuarán sujetos a proceso”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

A falta de digitalización nos quedo la desigualdad_ Israel Quiñones

El sureste mexicano se ha distinguido siempre por ser el territorio olvidado del país. Generalmente el desarrollo tarda más en llegar a estas tierras con una mayoría de población indígena y de bajos recursos, por lo que la lógica del mercado no contempla su de inmediato su inserción al desarrollo tecnológico, económico y laboral, siempre son dejados hasta el final o simplemente, estos estados (Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca) no son contemplados en los planes importantes en materia de infraestructura, empleo y mucho menos tecnológicos.

EL sábado 15 de mayo en el estado de Chiapas, un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Mactzumactzá, salieron a protestar tomando casetas de cobro en la carretera que conduce a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La razón de esta movilización era que los estudiantes solicitaban la realización de exámenes de admisión a la normal de forma precencial, puesto que, las autoridades educativas estatales habían hecho la convocatoria vía digital; sin embargo, los estudiantes ya habían hecho del conocimiento de la autoridad que la vía digital era excluyente, pues la mayoría de los aspirantes a ingresar a esta normal rural no cuenta con conexión a internet, mucho menos con los dispositivos tecnológicos necesario para realizar dicho examen.

El resultado de estas protestas fue la detención arbitraria de 95 jóvenes, de los cuales, 74 eran mujeres, mismas que han realizado denuncias por abuso sexual y vejaciones propias de una fuerza policiaca autoritaria y sin la capacitación suficiente… Simplemente, este tema se convirtió en una violación flagrante a los derechos humanos de los muchachos que simplemente piden una educación digna y oportunidades para servir a la nación por medio de la enseñanza.

Los derechos fundamentales y humanos de los jóvenes no solamente se violaron con una represión policiaca excesiva, fueron violados desde antes con el hecho de no contar con un acceso a las tecnologías de la información y la comunicación tal y como lo marca el artículo sexto de nuestra carta magna, pero una regulación intrusiva, confiscatoria y en favor de las transnacionales y las televisoras ha provocado la desinversión en los lugares donde la digitalización y el acceso a una conectividad digna transformarían la realidad de millones de jóvenes mexicanos.

Con un entorno económico adverso y postcovid, la inversión en el sector de las telecomunicaciones sería un factor determinante, sobre todo en zonas geográficas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde la conectividad es paupérrima y muy limitada a los pocos centros urbanos y turísticos de estos estados, dejando a la mayor parte de estos territorios desconectados del desarrollo digital y dejando a la población en una especie de impasse tecnológico, aumentando la brecha de desigualdad.

Si realmente la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión del 2013 impulsada por el “Pacto por México” hubiera funcionado, los jóvenes chiapanecos no hubiesen tenido la necesidad de protestar por exámenes presenciales, no hubiese existido represión, no estaríamos en medio de este embrollo creado por darle la razón al mercado neoliberal y se estaría pensando o ejecutando una agenda digital con perspectiva social y de desarrollo sustentable de la digitalización nacional.

Con un mercado deprimido y una regulación que no contempla mayor alternativa que las perspectivas de los operadores, es imposible que se pueda contemplar una sociedad digital, mucho menos en la implementación de nuevas tecnologías como el 5G si ni siquiera tenemos conectadas poblaciones que necesitan de una transformación de fondo. El tema de la normal rural de Mactzumactzá, nos muestra la terrible realidad de la falta de cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en el artículo sexto constitucional y que, sin una política digital efectiva, no se puede contemplar una inclusión social a la era de la economía del conocimiento, mucho menos al bienestar digital que elimine la brecha de desigualdad y la precariedad educativa o laboral.

No podemos, ni debemos seguir el camino de una propuesta neoliberal de la digitalización. Mientras las grandes ciudades del país están hiperconectadas hasta por la “Red Compartida de Altán” que ahora se ha apropiado CFE Telecom e internet para todos, tenemos estados completos en un aislamiento digital, donde un servicio básico y de interés general como lo es el internet, es solamente para un grupo pequeño de ciudadanos privilegiados, mientras que donde se pudiese generar un cambio de fondo, tenemos una situación apremiante y delicada debido a que los operadores no ven negocio y no invierten y el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones ve una mayor implementación de asimetría en el caso de entrar a esas comunidades que tanto necesitan el servicio de telecomunicaciones y la conectividad.

Si los derechos fundamentales de los mexicanos fueran respetados nos tendríamos que estar señalando la brecha digital que ensombrece a los estados más pobres del país, la digitalización sería en realidad un punto de apoyo para el desarrollo laboral en infraestructura, en educación, innovación, simplemente este asunto no hubiera ocurrido. Por ello, es necesario resaltar dos cosas fundamentales: los derechos humanos y la libertad de expresión no son negociables y dos, es necesario que se tomen cartas en el asunto para crear una agenda digital con prospectiva social ya, pues el tiempo es un lujo que a estas alturas ya no se tiene.

Liberados 74 de los 95 normalistas detenidos en Chiapas tras las críticas de la ONU

Este domingo fueron liberadas 74 mujeres estudiantes de la normal rural de Mactumactzá de Chiapas, después de seis días encarceladas, confirmaron a EL PAÍS varios de sus compañeros. El grupo forma parte de los 95 estudiantes detenidos el martes, cuando protestaban en una autopista de Chiapas. Otros 21 jóvenes, todos hombres, seguirán en prisión el proceso penal abierto contra ellos. La liberación llegó poco después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresara su preocupación por el destino de los detenidos. Entre las restricciones impuestas por el juez, las mujeres liberadas no podrán continuar con el activismo ni las protestas. El martes se conocerá la situación jurídica en la que quedan los 19 hombres aún recluidos en el penal El Amate. Sin embargo, sus compañeros amenazan con comenzar desde mañana una intensa semana de movilizaciones y protestas.

La escandalosa detención de los estudiantes, en medio de golpes y abusos ampliamente difundidos en redes sociales, tuvo su corolario este domingo cuando la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México expresó su “preocupación” por la situación y exigió una “investigación seria” sobre las denuncias de abusos policiales que deben ser “investigadas de forma diligente”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la oficina en México.

El martes pasado, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizaron una protesta en una autopista que conecta la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con San Cristóbal de las Casas. Exigían un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situación de pandemia porque la mayoría de los aspirantes son indígenas que no tienen acceso a internet, detalló el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en un comunicado. Durante el desalojo de los manifestantes, 97 personas fueron detenidas, los 93 estudiantes y cuatro pobladores. Dos de los pobladores eran adolescentes y fueron puestos en libertad poco después. Pero las otras 95 personas fueron llevadas ante el juez que declaró legal su detención.

Las normales son escuelas de maestros rurales a las que ingresan campesinos y gente muy pobre y suelen estar en la mira de las autoridades porque tienen una tradición muy combativa y a menudo protagonizan protestas, cortes de carretera o tomas de instalaciones que, en ocasiones, pueden conllevar actos violentos.

La ONU recibió denuncias de parte de testigos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas arrestadas sobre presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a sus derechos tanto en las instalaciones de la Fiscalía de Chiapas como en la cárcel a la que fueron trasladados llamada El Amate. “Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, añadió Fernández-Maldonado. Por este motivo, la oficina de Naciones Unidas pidió garantizar el debido proceso de todos los detenidos, que las personas que hablan lenguas indígenas dispongan de traductores y que se investigue de forma diligente e imparcial los posibles casos de abusos.

Las normales se han visto en el centro de la polémica y son ya un triste símbolo de violaciones a los Derechos Humanos desde que en 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, después de participar en la toma de varios autobuses en la localidad de Iguala. En este caso, los estudiantes de la Mactumactzá protestaban por no tener acceso a internet para hacer los trámites que el Estado les exige.

Para muchos, acceder a una escuela como la normal rural les asegura, además de formación, techo y comida. Algo que sus familias dedicadas al campo no pueden pagar. “El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, señaló uno de los voceros. En 2020 solo un 20% de los aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá lograron el acceso, de ahí las protestas de estos días.

Paralelamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que luego de estas detenciones, al menos 54 personas siguen en calidad de desaparecidas. Al rechazar lo que se consideró como una represión policiaca, la CNDH explicó que han recibido denuncias de las decenas de desaparecidos en el sureste del país. “Expresa su preocupación ante las denuncias de que por lo menos hay 54 personas que permanecen como desaparecidas, por lo que reclama de las autoridades del estado apego a la ley y atención urgente y especial”, denunció la CNDH.

CON INFORMACIÓN VÍA EL PAÍS

Encarcelados 95 estudiantes normalistas en Chiapas tras una protesta

Un grupo de 95 estudiantes — 74 mujeres y 21 hombres— de la Normal Rural Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) fueron detenidos durante una protesta en la carretera de cuota entre Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas por la Policía Federal. Los jóvenes, de entre 18 y 20 años, formaban parte de un grupo de 250 estudiantes normalistas que tomaron varios autobuses de línea y realizaron un bloqueo en la caseta de peaje cuando fueron dispersados por las autoridades con gases lacrimógenos y trasladados a los separos de la Fiscalía del Estado.

En menos de 48 horas, los normalistas han sido llevados a la prisión federal de El Amate y ahí esperan audiencia con el juez. Sus familias señalan una total opacidad en el traslado de los jóvenes y algunas de las chicas detenidas denuncian abuso sexual por parte de los agentes federales que las han obligado a pasar la noche en una celda hacinadas, sin poder moverse. “Aparte del maltrato psicológico, fueron golpeadas durante la detención e intimidadas con comentarios sexuales, después recibieron tocamientos de la policía”, afirma un vocero de la escuela. Los estudiantes que estaban subidos a los autobuses cuando la policía empezó a dispersar la revuelta fueron detenidos. La mayoría eran mujeres. “Llegaron unos 400 policías y empezaron a lanzar gases lacrimógenos”, relata el representante de la escuela. “En el momento en que íbamos a regresar, las compañeras se subieron al camión y fue cuando comenzó el desalojo de la policía, no pudieron bajar y fue fácil detenerlas”, agrega.

Con los bloqueos, los estudiantes recogen aportaciones para financiar sus actividades, desplazamientos y comida de los alumnos que hacen prácticas en las instalaciones. Desde el 11 de mayo, el grupo de estudiantes comenzó a bloquear las entradas a Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado, como medida de presión para que se cumplieran sus demandas.

Mientras tanto, ni la Fiscalía del Estado ni el gobernador Rutilio Escandón, del partido Morena, han dado a conocer una lista con los nombres de las personas arrestadas, por lo que muchos compañeros y familiares de los jóvenes que participaban en la protesta dan como desaparecidos a varios que aún no han vuelto a casa. Entre ellos hay dos menores de edad de la comunidad de Chenalhó que se sumaron a la manifestación. “Están retenidos porque no hay listas oficiales de detenidos, no hay cargos que se les imputen, no hay rueda de prensa oficial de la Fiscalía”, reclama uno de los compañeros de los normalistas que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. “Hubo acuerdo de palabra con los padres y la Fiscalía del Distrito Centro y Metropolitano para que pudieran pasar a ver a sus hijos para darles ropa y comida, pero solo algunos padres pudieron entrar”, señala el vocero.

Los normalistas reclamaban hacer el examen de ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 de manera presencial y no a través de Internet, como se había hecho durante la pandemia. Las normales rurales son el lugar donde se forma la mayoría de maestros que trabaja en las escuelas más desfavorecidas del país y el confinamiento ha sacado a la luz, aún más, la brecha digital que vive México, alcanzando a profesores y alumnos por igual.

Más de cinco millones de niños en México han abandonado las clases por falta de conexión y muchos de sus maestros tampoco han podido continuar su labor desde casa. Chiapas, Oaxaca y Guerrero son algunos de los Estados más afectados. Los normalistas de Mactumactzá se quejan de no tener acceso a Internet para hacer los trámites que el Estado les exige. Para muchos, acceder a una escuela como la Normal Rural les asegura además de formación, techo y comida. Algo que sus familias dedicadas al campo no podrían costear. “El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, dice el vocero. En 2020 solo un 20% de los aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá consiguió entrar, de ahí las protestas de estos días.

La Fiscalía estatal ha abierto una carpeta de investigación por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación. Las autoridades dicen que en el operativo decomisaron a los manifestantes 1.464 cohetones y 280 cócteles molotov. La detención de los jóvenes ha generado múltiples protestas en normales rurales de otros Estados y en varias ciudades de Chiapas que han acabado con destrozos y daños al mobiliario público. A las puertas de la Fiscalía estatal compañeros, maestros e integrantes de la sociedad civil han exigido la puesta inmediata en libertad sin cargos de sus compañeros. El Gobierno de Chiapas ha explicado en un comunicado que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público a fin de “esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”. Sobre la financiación de Mactumactzá, el ejecutivo asegura que la escuela ha recibido este año 4,5 millones de pesos para hacer frente a los gastos.

Más allá de los presupuestos y los comunicados, la sombra de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, cuando se dirigían a una manifestación, planea en el recuerdo de todos aquellos que se han movilizado para pedir la liberación de los jóvenes de Mactumactzá.

CON INFORMACIÓN VÍA EL PAÍS

CFE restablece servicio eléctrico en Chiapas, tras inundaciones por lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en Chiapas ya no se tienen usuarios sin servicio de energía eléctrica y se ejecutaron trabajos para la instalación de cuatro postes con los que se pudo dar mayor altura en el cruce del río Grijalva, logrando el restablecimiento de los mil 558 usuarios afectados en esta zona afectada por inundaciones.

Mientras que en Tabasco se tienen 507 usuarios sin servicio de energía eléctrica a solicitud de autoridades de Protección Civil, por encontrarse en lugares en donde el nivel de agua impide que en este momento se tengan condiciones seguras para la ciudadanía y personal de la CFE.

En un comunicado la comisión informó que dichos usuarios se encuentran en las colonias Gaviotas, Fracc. Palma Real, Fracc. Topacio, Col Las Torres, entre otras. Serán restablecidos en coordinación con Protección Civil del estado.m{1099697}

​”Para atender esta contingencia se han desplegado de manera estratégica, equipo y personal que incluye: 150 trabajadores electricistas, así como 55 vehículos pickup, 14 grúas y 3 vehículos anfibios (Unimog) que permiten entrar a los puntos de difícil acceso por el nivel del agua”.

Respecto a los daños en la infraestructura de la CFE, se tuvieron 124 mil 995 usuarios afectados, 30 mil 403 en Tabasco y 94 mil 592 en Chiapas. Estos usuarios afectados están restablecidos en su totalidad y representaron el 5 por ciento del total de los usuarios de la CFE en esta región.

Con información vía Milenio