Cuestionan plan de AMLO de eliminar órganos autónomos

La posibilidad de que órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sean ‘absorbidos’ por las secretarías de Estado, representaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control, coincidieron diversos expertos.

El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará esa iniciativa de reforma al Congreso.

Al respecto, Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC), señaló que llevar a los órganos autónomos al seno de las secretarías de Estado significaría convertirlos en unos órganos políticos, por lo que perderían la razón de ser por la que fueron creados que es “tomar decisiones técnicas”.

Destacó dos casos de éxito: la Cofece, que ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos, y ha logrado beneficios por aplicación de la ley que ascienden a los 20.5 millones de pesos. Además, ha impuesto multas superiores a los 6 mil millones de pesos; y el IFT, que desde su creación, ha logrado reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos en beneficio de los consumidores.

Expertos critican iniciativa

Carlos Mena, especialista en competencia económica, indicó que tanto la Cofece como el IFT han demostrado una enorme aportación a la economía y al bolsillo de los consumidores, debido a su fortaleza institucional.

Agregó que las agencias reguladoras independientes aseguran que los compromisos de estabilidad regulatoria para la inversión sean creíbles, y que de esta forma, los empresarios puedan tener reglas claras para poder invertir.

“México se ha comprometido a nivel internacional, a través de tratados y otros instrumentos, a tener reguladores independientes de competencia, telecomunicaciones, energía”, señaló.

En tanto, Eduardo Pérez Motta, socio de la firma SAI Derecho & Economía, resaltó la importancia de la autonomía.

“Los órganos reguladores deben de ser de carácter técnico, la única lealtad que deben tener los comisionados y miembros de autoridades es al mandato de la ley porque así es como generan confianza que requieren los mercados para poder operar eficientemente. Su único trabajo es hacer cumplir la ley, no hacer política”, aseveró.

Detalló que si el Presidente quiere hacer modificaciones en este tema, no bastará con una ley administrativa, sino que tendrá que reformar la constitución.

Al respecto, la iniciativa privada manifestó que la idea del Gobierno por debilitar o eliminar a organismos autónomos genera incertidumbre para invertir.

La concentración del poder, la eliminación de controles y del conocimiento técnico especializado no contribuirán nunca a alcanzar resultados positivos en ninguna de las áreas reguladas actualmente de forma autónoma”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.

Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT, comentó que regresar al órgano regulador a la SCT implicaría un retroceso de 25 años

“El diseño regulatorio de hoy es resultado de décadas de evolución, regresar estas funciones a una secretaría de Estado implica un retroceso de 25 años al menos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. 

Recordó que parte del trabajo del IFT ha sido desaparecer el roaming, realizar licitaciones de radio y televisión, y actualmente los programas de Aprende en Casa.

Por su parte, Irene Levy, especialista del sector, advirtió que la propuesta del gobierno federal implicará una reforma constitucional y sería violatoria del T-MEC, en momentos en que, además, ya se desapareció una subsecretaría. 

“López Obrador está arremetiendo contra el IFT, dice que la SCT absorberá sus atribuciones (…) Acaba de acusar a los comisionados del @IFT_MX de corruptos diciendo que están vinculados con los preponderantes y las empresas extranjeras. ¿Qué dirán los comisionados?”, comentó en su cuenta de Twitter. 

Adolfo Cuevas, comisionado presidente interino del IFT, explicó que el planteamiento de cambiar el funcionamiento del instituto implicaría una reforma constitucional, además de que la existencia de un regulador independiente fue pactada por el gobierno de México en el T-MEC.

Destacó que desde la creación del IFT a la fecha ha aumentado la penetración de servicios y disminución en los precios. 

Jorge Fernando Negrete, director de Digital Policy Law, dijo que la propuesta en lugar de ahorrar dinero, se traduciría en caídas en inversión y pondría un precio al derecho constitucional de los usuarios como el acceso al internet. 

“Estaríamos ante la tontería más grande de detener las inversiones por la incertidumbre que va a generar la nueva ley”, comentó.

Arturo Robles, comisionado del IFT, dijo que como funcionario del organismo está abierto al diálogo con el gobierno y a seguir con el plan de austeridad, pues el presupuesto del instituto ha tenido una tendencia a la baja de 38 por ciento.

Agregó que este tipo de anuncios genera incertidumbre para las inversiones y más en un contexto en donde se necesitan para hacer frente a la crisis sanitaria.

Es para ahorrar y ser eficientes: AMLO

El nuevo paquete de iniciativas de reforma a la Constitución para la modificación de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados sería enviado al Congreso de la Unión de cara al nuevo periodo legislativo previsto para el 15 de enero, anunció el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre el paquete de iniciativas para “ajustar el marco legal a la nueva realidad” estaría la revisión del marco legal para modificar además de Cofece y el IFT, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); órganos desconcentrados como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), o descentralizados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o el Centro Nacional de Control de Energía.

Para ello, convocó para el lunes próximo una reunión de gabinete para revisar el funcionamiento de los entes.

El jueves, el titular del Ejecutivo ubicó bajo la misma lógica a una serie de organismos, que, aunque cuentan con aspectos técnicos diferentes, representarían espacios de decisión y que –a su decir– representan gasto de recursos públicos.

“Tenemos que revisar estos aparatos administrativos, su función, para que no haya duplicidad porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman de presupuesto”, anunció.

En principio, el Presidente mencionó que se revisarán los convenios con las empresas de energías limpias, “para el marco legal”.

Se refirió al Sipinna, que depende de Gobernación, y que podría ser parte del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF).

También mencionó al IFT, cuyos comisionados, dijo, “si me los encuentro en Palacio no los identifico”.

“De cuando se creó a la fecha ¿ha hecho una muy buena labor?, o sea, ¿qué?, ¿ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones? (…) tienen más injerencia los actores preponderantes que el Presidente”, enfatizó.

Explicó que este organismo tiene un presupuesto de mil 500 millones de pesos anuales, mientras que con la desaparición órganos como el INAI, Cofece, el IMPI y  Sipinna, el ahorro sería de hasta 20 mil millones de pesos.

Sobre el INAI insistió: “¿no puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?”.

Finalmente, planteó que nadie ganará más que el Presidente: “vamos a enviar una iniciativa para que se convierta en decisión de Estado, y que los legisladores vean si van a seguir permitiendo estas cosas”.

Con información de Héctor Usla, Leticia Hernández, Ana Luisa Gutiérrez y Amílcar Salazar Méndez vía El Financiero

OPINIÓN: ¿Deben desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos?

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

Una nueva discusión se ha puesto sobre la mesa: la desaparición o no de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), esto derivado del alto costo y el nulo beneficio social que estos organismos estarían obligados a otorgar. Así mismo, las denuncias del presidente López Obrador contra los llamados OCAs, han sido puntuales y duras, esto durante el marco de las conferencias matutinas que él mismo encabeza.

La aparición de estos organismos prolifero con las reformas constitucionales llevadas a cabo durante la administración federal anterior. La transformación del IFE a INE, la creación de la CRE, la COFECE y el IFT, así como la reestructura del INAI y otros institutos más. Cada órgano tiene funciones administrativas o técnicas, dependiendo de la ley y la intención de su creación, es decir, los administrativos, por ejemplo, son el INE, el INAI y el INEGI, por otro lado, tenemos a los reguladores-técnicos como la COFECE o el IFT.

La intención de generar organismos autónomos es una idea completamente derivada del neoliberalismo, esto con la finalidad de dejar al estado fuera de decisiones y sin rectoría de sectores estratégicos y de gran calado, tal y como lo son las telecomunicaciones o el energético, mismos que siempre han estado en la mira de las privatizaciones.

La regulación económica en nuestro país pretende privilegiar exclusivamente a la competencia económica y no es que la competencia sea mala; sin embargo, cuando la regulación se basa en una lógica política y no técnica, es cuando tenemos una serie de favoritismos y los institutos encargados de regular los mercados de sectores definidos terminan siendo cooptados por los privados, que a su vez terminan buscando beneficios competitivos en el mercado.

Los recursos económicos que absorben estos institutos resultan ser bastante onerosos, para ejemplo, tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues en el presupuesto federal del año 2020, el funcionamiento del IFT costo al erario 1,500 millones de pesos.

La regulación es una herramienta económica que supone la necesidad de una autoridad que modere la competencia en los mercados, que exista la libre concurrencia y competencia en sectores definidos. La lógica neoliberal piensa que la regulación es una forma de eliminar la participación del gobierno en los mercados y busca aumentar la participación de competidores, implementando estructuras legislativas, jurídicas y técnicas, haciendo ver que el estado no cuenta con la capacidad suficiente para administrar, decidir y deliberar sobre los posibles conflictos derivados de practicas anticompetitivas en el mercado, como las que posiblemente pudiesen llevar a cabo monopolios, ya sean privados o estatales, pero sobre todo, la visión radica en eliminar la participación del estado en actividades productivas.

Se supone que la competencia debe abaratar servicios y productos, que mientras más competencia exista, los costos de producción se abaraten y con ello, el costo al consumidor final sea el menor posible con una variedad de opciones para elegir la contratación de un servicio o la compra de un producto en especifico. La formula falla cuando los reguladores deciden llevar a cabo decisiones que suponen asimetrías a falta de un mercado sano, es decir, los reguladores pretenden hacer uso de herramientas económicas como economías de escalas o estudios de mercado que les ayuden a tomar decisiones que, a su vez, defina la capacidad competitiva de los participantes del sector o en su defecto, que los participantes de los mercados no hagan uso de prácticas anticompetitivas.

 La cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones el IFT ejerce su autoridad regulatoria por medio de una regulación exante, que se manifiesta cuando un mercado como es el de las telecomunicaciones, de un alto dinamismo y costo en inversiones se prevé como falta de operadores. El regulador ha supuesto que como Telmex ya era un monopolio natural, ya que, venía de una privatización, contaba con todos los insumos de red, así como infraestructura y recursos laborales y económicos, por lo que, con su lógica de regulación exante, da la oportunidad a los operadores entrantes de contar con privilegios competitivos y un subsidio directo del operador incumbente, que en México fue llamado “preponderante”, al mismo tiempo en que el IFT impuso reglas asimétricas al llamado Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones, por lo que hoy en día, tenemos un mercado de bajo rendimiento, pérdidas económica y mucha desinversión, pues el regulador tomo decisiones políticas y no técnicas.

En nuestro país, los OCAs se han considerado a sí mismos como contrapesos al gobierno, esto queda claro en una respuesta que el INAI hace de conocimiento público al presidente López Obrador, esto después de que el presidente dijera en su conferencia matutina del pasado lunes 4 de enero de este año que inicia, que las funciones del INAI las pudiese ejecutar la Secretaría de la Función Pública, ya que dichas funciones son sobre la transparencia e información pública y que lo que hace el IFT, lo ejecute la SCT, según el presidente esto se traduciría en millones de pesos en ahorros e implícitamente, le retornaría al estado la rectoría de sectores estratégicos.

Sin duda alguna, la creación en 2013 de estos organismos dio la oportunidad al gobierno que encabezaba Peña Nieto, la posibilidad de mantener aliados políticos en puestos transexenales, tal y como lo podemos observar en el caso del Instituto Nacional Electoral con su consejero presidente Lorenzo Córdova, que en lugar de actuar como arbitro electoral, parece un actor político más de la oposición.

La función de estos institutos ha sido llevada a un campo político, dejando de lado su pertenencia a la estructura del estado, que, si bien es cierto que cuentan con calidad de autónomos, no son independientes del presupuesto público emanado de la federación, ni son exentos de acatar la constitución y leyes emanadas de ella, sin embargo y como ya lo he mencionado anteriormente, se ven a sí mismos como contrapesos políticos al ejecutivo federal, aspecto que en ninguna parte de la constitución está contemplada en sus funciones.

Con la excusa de la construcción de un estado de derecho, el gobierno anterior modificó la constitución con reformas de gran calado, que beneficiaban directamente a ciertos actores, sobre todo, empresas privadas que deseaban una participación con mayor libertad y con mayores beneficios económicos, tal fue el caso de Pemex, que fue desmantelada de forma brutal y negocios productivos y redituables, se le otorgaron a empresas como Odebrecht o en su defecto, el tema de las telecomunicaciones, donde la soberanía digital fue prácticamente desaparecida por ley y la industria nacional del sector se ha visto seriamente afectada, generando una fuerte desinversión en el sector, al punto en que operadores como Telefónica Movistar han retornado espectro radioeléctrico al regulador, argumentando que no les conviene pagar por el mismo, así como el dejar de invertir en infraestructura y empleos.

La realidad es que las funciones que desempeñan varios Órganos Constitucionales Autónomos pueden ser ejecutadas sin problemas por las secretarias de estado, ya que fueron creadas para que el estado pudiese decidir, ingerir y llevar una rectoría social, política y económica en beneficio de la sociedad y no solamente de las empresas privadas y de una clase política que fue consumida por la corrupción, generando negocios a partir de las empresas productivas del estado o en su defecto, de dar beneficios directos a ciertos participantes de los mercados. ¿Deben o no desaparecer los OCAs? Esa será una decisión que se tomé a partir de una visión y voluntad política que comprenda que para llevar a cabo esta tarea, la constitución debe reformarse nuevamente.

El sistema de pagos en México carece de competencia efectiva: Cofece

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió un dictamen preliminar en donde establece que no existen condiciones de competencia efectiva en el sistema de pagos con tarjeta en México.

“Se observó la probable existencia de barreras a la competencia que impiden la entrada e incrementan los costos de nuevos participantes en este mercado, además inhiben la innovación, la inversión para atender problemas operativos y de seguridad, e incrementan los costos de los bancos que afilian a los comercios”, dice el regulador.

Ante este escenario, el organismo explicó que la falta de competencia ha provocado cuotas elevadas que inhiben la bancarización de los comercios que podrían aceptar pagos con tarjeta en territorio nacional.

La Cofece explicó que los sistemas de pagos con tarjeta permiten la transferencia de dinero entre tarjetahabientes y comercios para la compra de bienes y servicios. Estos dos grupos de usuarios requieren conectarse a una red de pagos con tarjeta en la que se procese la transacción. Para ello, el que compra necesita una tarjeta proporcionada por un banco emisor que le permita disponer de recursos, a su vez el comercio necesita un banco que le dé acceso a la red y a la tecnología para aceptar las tarjetas como una forma de pago.

“En esta red participan bancos que emiten las tarjetas y/o afilian comercios; los titulares de marca de la tarjeta (por ejemplo, Visa y MasterCard) y las cámaras de compensación que procesan la transacción, que en México son dos, E-Global y Prosa. La falta de condiciones de competencia en los servicios que ofrece esta red afecta a los consumidores y a los comercios, frenando la bancarización y la inclusión financiera”, añadió.

Ante este escenario, el dictamen preliminar de la Cofece, propone, entre otras medidas, que los bancos desincorporen sus acciones de Prosa y E-Global.

“Para eliminar estas barreras, el dictamen preliminar propone desincorporar el 51% de las acciones de las cámaras de compensación (E-Global y Prosa), hoy propiedad de algunos bancos, además de recomendar al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que eliminen los obstáculos regulatorios detectados, y a la vez emitan regulación que asegure la competencia”, dijo.

Entre los bancos que deberían desinvertir son BBVA, Citibanamex, HSBC  en  E-Global y en el caso de Santander, en Prosa.

“La copropiedad de los bancos accionistas en las cámaras de compensación les da acceso a información de otros participantes, lo que constituye una ventaja indebida pues pueden anticiparse y contrarrestar las estrategias de negocio de sus competidores. Así, los bancos accionistas utilizan a las cámaras de compensación para operar estrategias comerciales (por ejemplo, compras a meses sin intereses) que tendrían que realizar su área comercial y no la cámara de compensación”, añadió.

“En la siguiente etapa de este proceso, los agentes económicos interesados podrán presentar las manifestaciones y alegatos que consideren pertinentes, a fin de que el Pleno de la Comisión emita la resolución final del caso”, dijo el organismo.

Con información vía El Universal

Van 56 aspirantes para ser comisionados de la Cofece y el IFT

Un total de 56 aspirantes realizarán el examen para ser comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) o del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Comité de Evaluación di a conocer la relación de folios de aspirantes a ocupar las vacantes que quedarán en la Cofece y en el IFT a partir de febrero de 2021.

Para el caso de la Cofece se cuenta con 40 folios, para el IFT 22 folios y serán seis personas quienes hagan el examen para ambas posiciones.

La prueba se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicadas en la ciudad de México.

El 10 de noviembre a las 8 de la mañana realizarán el examen los aspirantes a ocupar la vacante en la Comisión Federal de Competencia Económica y el 11 de noviembre a las 8 de la mañana las personas interesadas en ocupar la vacante en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Con información vía El Universal