Conflicto competencial IFT-Cofece deja espacio al arbitraje regulatorio

Ante los diversos conflictos competenciales entre el IFT y la Cofece, es necesario evaluar los mecanismos institucionales y legales de colaboración para revisar la factibilidad de hacer intervenciones conjuntas de mercados relacionados de tal forma que se cierre espacio para el arbitraje regulatorio, es decir, el uso estratégico de los vacíos legales por parte de las empresas.

En una reciente recomendación, el Consejo Consultivo del IFT detalla cómo a la fecha los Tribunales especializados han resuelto diversos conflictos competenciales entre el instituto y la comisión, que si bien han dado paso a criterios específicos, estos se han ido moldeando a cada caso concreto y considerando los argumentos presentados por ambos órganos para fundar su competencia.

“Sin embargo, aun con los criterios ya emitidos, podemos anticipar potenciales fuentes de nuevos conflictos competenciales que dejan espacio al arbitraje regulatorio, esto es, al uso estratégico por parte de los agentes económicos”.

En el documento aprobado el pasado 5 de mayo, las y los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señalan que están conscientes de las limitaciones legales y prácticas para resolver y dibujar los límites competenciales de cada uno de los órganos constitucionales autónomos.

“No obstante, consideramos que mantener una posición reactiva y esperar que los casos concretos vengan y se resuelvan en Tribunales tiene el potencial de permitir arbitraje regulatorio y generar incertidumbre”.

Por ello, y a pesar de estas limitantes, el grupo especializado aboga por mayor coordinación y por el diseño de mecanismos institucionales que permitan al IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) colaborar de manera conjunta en diversos aspectos como desahogar procedimientos de concentraciones de manera expedita.

Asimismo, recomienda realizar estudios de mercado sobre la economía digital en “servicios de plataformas principales” que pueden constituirse como “gate-keepers”, tales como intermediación en línea, redes sociales en línea, plataformas para compartir contenidos de video, comunicación interpersonal.

Otra de las sugerencias técnicas es sumar esfuerzos, recursos y experiencia para planear e identificar áreas de interés e intersección de competencias para realizar estudios de mercado en el que ambos órganos autónomos converjan en visión o plasmen de manera constructiva las diferencias de opinión a efecto de generar documentos de discusión prospectiva que permitan generar las mejores soluciones regulatorias y de competencia en el entorno mexicano.

“Respetando las formalidades legales necesarias, compartir información respecto a investigaciones por barreras a la competencia y prácticas anticompetitivas”.

Además, considera oportuno generar foros de discusión con el Poder Judicial para poder analizar y discutir la prospectiva de modelos de negocios, casos y resoluciones de otras jurisdicciones, a efecto de que los jueces y magistrados tengan mejores elementos para poder razonar las implicaciones de los criterios que adopten para un caso concreto de tal forma que puedan razonarlo en sus sentencias.

Al enumerar los casos de conflicto competencial que se han generado entre ambos órganos reguladores, el Consejo Consultivo señala el derivado de la notificación de concentración entre Nokia y Alcatel presentada al IFT; así como la concentración consistente en la adquisición de Time Warner por parte de AT&T presentada ante ambos órganos y resuelta en tribunales especializados en 2017.

Asimismo, menciona la concentración entre Uber y Cornershop, presentada ante Cofece; además de la investigación iniciada por el IFT en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y servicios relacionados para determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos.

En mayo de 2021, refiere, Univisión y Televisa notificaron a Cofece su intención de realizar una concentración. Al implicar el análisis de algunas actividades relacionadas con los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dichos agentes económicos presentaron paralelamente una notificación de concentración ante el IFT.

La disputa entre los dos órganos autónomos para apuntalar su competencia continuó en enero de este año cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión publicó el acuerdo de recepción de un conflicto competencial entre el IFT y la Cofece, promovido por el IFT, respecto de diversos mercados OTT.

“La convergencia tecnológica continúa avanzando rápidamente, mucho más aceleradamente de lo que sucedió hace un par de décadas con la migración a redes digitales. En aquella época se hablaba de la convergencia fijo-móvil-datos… Hoy los nuevos modelos de negocios están haciendo que, aunque muchos de ellos no son negocios de telecomunicaciones, las telecomunicaciones sí son una parte esencial del modelo”.

El Consejo Consultivo detalla cómo en la actualidad existe una tendencia a la integración vertical de insumos que podrían estar sujetos a concesiones o autorizaciones por parte del IFT.

Ante este escenario, desde una visión prospectiva, ciertos mercados que fueron analizados por el Tribunal de forma estática podrían nuevamente formar parte de la competencia del IFT ante un análisis prospectivo y como ejemplo pone el caso de Free basics, el servicio Meta/Facebook que pretende otorgar internet gratis a partir de la asociación con diversos proveedores de internet (Zero Rating).

Por su parte, agrega, Apple también ha mostrado interés en lanzar infraestructura satelital para llevar directamente internet a sus iPhones e, incluso, a otros dispositivos móviles; en tanto que Tesla-Starlink es un servicio de internet que brinda la empresa Space X, que forma parte del grupo de interés económico de Tesla.

Aunque Starlink expresamente se encuentra sujeto a la competencia del IFT, pues se trata de un concesionario de telecomunicaciones, debido a su integración vertical, en un futuro podrían ocurrir casos en donde los servicios se mezclen y tengan influencia en el otro mercado.

“De hecho, recientemente Elon Musk adquirió el control de Twitter y, aunque se trate de su incursión en una red social, sus potenciales efectos en mercados relacionados o adyacentes debieran considerarse”

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El Consejo Consultivo subraya que no pasa por alto que aun cuando Cofece y el IFT pudieran alcanzar un acuerdo de los casos que son competencia de cada uno de ellos, la estructura legal sigue permitiendo que los agentes económicos disputen en todos los casos las competencias de ambos entes regulatorios a través del juicio de amparo y el criterio saldrá, otra vez, del caso concreto y dependerá de la solidez argumentativa de las partes en el conflicto.

“Ello, con la implicación de que las controversias surgidas en caso concreto no necesariamente serán el foro idóneo para hacer consideraciones prospectivas de la evolución del sector para anticipar que el criterio que se establezca para el caso concreto no genere un mal precedente para un caso distinto”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Futuro Digital | Regulación a servicios digitales en desarrollo generará efectos negativos

La tentación y presión social que tienen autoridades en México y América Latina para regular los servicios digitales podría generar efectos negativos si se hace de manera prematura, coincidieron especialistas durante el foro Future of Digital Policy and Regulation 2022 organizado por DPL Live y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia.

Pablo Márquez, socio en ECIJA Colombia, advirtió durante el panel “Las fronteras regulatorias en el mundo digital” que crear regulaciones ex ante en países como los latinoamericanos, en donde los servicios digitales se encuentran apenas en una etapa inicial de desarrollo, traerá consecuencias negativas en la innovación y la economía.

“Los reguladores tienden a ser presionados por la opinión pública de fenómenos que no tienen fallas. Una vez el regulador haya examinado de manera precisa si requiere regulación el fenómeno nuevo, ahí debe intervenir. Sin embargo, de no identificarse fallas de mercado que requieran realmente la intervención del Estado, impedirían o generarían más errores y efectos negativos que positivos”, señaló Márquez.

Virginia Nakagawa, socia fundadora en Nakagawa Consultores Regulatorios y exviceministra de Telecomunicaciones de Perú, ejemplificó que en el país sudamericano aún no se definen atribuciones entre las autoridades, pues no saben qué corresponde a cada una y además hace falta capacitar a los funcionarios.

A pesar de ello, Nakagawa aseguró que la Secretaría de Transformación Digital de Perú está cumpliendo con el rol fundamental que es no entrar a regular. Dijo que es importante no entrar cuando no se conoce la materia, ya que hay que ir paso a paso. “El principal pilar es no regular la tecnología y lo está cumpliendo”.

Miguel Flores Bernés, abogado en Competencia Económica en Greenberg Traurig, coincidió en que imponer regulaciones a los servicios digitales antes de que se realice un análisis exhaustivo tras la identificación de un problema puede ser contraproducente.

“El tema de regulación en competencia económica en el mundo digital está todavía en formación. Se tienen que identificar primero las fallas de mercado, hay que hacer análisis de costo-beneficio, no debemos de copiar simplemente sin analizar las reglas que se están haciendo en Europa. La regulación ex ante es ahorita prematura en el entorno digital, todavía no entendemos el fenómeno como para estar haciendo reglas. Se podría generar congelamiento de innovación.

“Es necesario que no caigamos en la tentación de regular ex ante. En México, el IFT (Instituto Federal de Comunicaciones) y la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) han sido prudentes, han iniciado investigaciones conforme a procesos que existen en la Ley Federal de Competencia Económica, pero investigando con seriedad el fenómeno antes de hacer una intervención. Estamos en una etapa muy temprana, creo que es prematuro intentar desarrollar una regulación que podría causar más daño que beneficio”, dijo el experto.

Marina San Martín, comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), explicó que en Estados Unidos regulan de manera más libre y pensando en el consumidor, mientras que el modelo europeo es proteccionista y se debe velar más por el derecho humano.

Advirtió que cada país debe adoptar regulaciones adecuadas a su realidad, a pesar de que se trate de seguir un modelo estadounidense o europeo. Incluso sugirió que se intente ejercer primero una autorregulación antes de que en algún momento pudiera intervenir la autoridad.

“Deberíamos tener regulaciones adecuadas para el país sin perder de vista la regulación global. Tratar de que cumplas una serie de cosas, tener mecanismos de impacto respecto a privacidad, lanzar temas de autorregulación y temas de que si hay alteración de privacidad hay que intervenir, pero no pasarnos en regulaciones extensas”, afirmó San Martín.

Pablo Corona, vicepresidente de Ciberseguridad en la Asociación de Internet MX, comentó que el tema de ciberseguridad va más allá de proteger bits y bytes, porque a veces se cree que es proteger computadoras; sin embargo, se trata de proteger el tejido social.

“Necesitamos entender cómo estamos relacionándonos con la tecnología, y la regulación debería estar centrada en esos cambios; no puede ser regulación fija porque la tecnología todo el tiempo se mueve. Es difícil de conseguir, pero más difícil de mantener, debes seguir balanceando condiciones cambiantes. El primer reto es entender que ya no es un asunto tecnológico sino de derechos, independientemente de donde se den, cada vez las actividades serán más digitales”, afirmó el experto.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Cofece avala esquema de taxis y autobuses para llegar al AIFA

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) consideró que el sistema planteado por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros en la modalidad de taxis y autobuses es adecuado, conlleva beneficios al consumidor y genera un precedente.

Además, recomienda que se incluya la posibilidad de que “las aplicaciones digitales destinadas al transporte de pasajeros como UBER” puedan obtener un contrato para subir pasajeros, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

“Esta autoridad considera que el esquema propuesto por el AIFA adopta una posición radicalmente distinta a la que generalmente se ha aplicado en el resto de los aeropuertos del país, es decir, un esquema más acorde con las mejores prácticas internacionales, en donde se antepone el interés público y el bienestar de los consumidores. Así, se considera que se generaría un precedente importante que permitirá mostrar las bondades de un sistema abierto, que podría generar los incentivos para que se repliquen esquemas similares en otros aeropuertos”, explicó.

Este domingo, la Cofece difundió la opinión (no vinculatoria) que le fue solicitada por el director del AIFA, Isidoro Pastor, desde el pasado ocho de febrero.

Aun con el visto bueno, que consideró casos de transporte terrestre en los aeropuertos de la Ciudad de México y Cancún, en los que ha estado involucrada la comisión, se hicieron tres recomendaciones para garantizar la buena ejecución y supervisión de los servicios.

Entre las sugerencias al AIFA se destaca: a fin de facilitar la disponibilidad de información en beneficio del consumidor, de tal forma que pueda tornar las decisiones que más convengan a sus intereses y necesidades, se recomienda diseñar e implementar un espacio digital que muestre las tarifas de todos los permisionarios.

Uber puede estar

En la opinión emitida se afirma que la implementación del sistema propuesto por el AIFA abriría la posibilidad de que cualquier interesado que cumpla con los requisitos, sea persona física o persona moral pueda entrar al mercado.

“Es decir, todo agente económico que cuente con el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podrá tener libre acceso a las instalaciones aeroportuarias, sin tener que pertenecer a una agrupación de taxistas, previo pago de la contraprestación pactada con el aeropuerto y la celebración de un contrato con dicha autoridad aeroportuaria”, se explicó.

En dicho contexto, la Cofece dijo que, de acuerdo con la información recibida por el AIFA, las aplicaciones digitales destinadas al transporte de pasajeros como UBER, no tendrán permitido el ascenso de pasajeros en el aeropuerto hasta que se regularicen ante la SICT.

La Cofece recomendó que se le retiren los permisos de prestación de servicio de transporte en el AIFA si las empresas cometen colusión o abuso de poder de mercado.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

AIFA solicita una opinión a la Cofece para prevenir los monopolios

La dirección del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) continúa con los preparativos previos a su inauguración. El pasado 23 de febrero solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) una opinión para prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, y ayer publicó la convocatoria de licitación para contratar los servicios de alimentación de sus empleados.

En la notificación donde se da por enterada la comisión no se detalla sobre qué mercado es la opinión requerida y en el expediente quedaron identificadas como confidenciales las cartas de intención de los agentes económicos interesados en prestar servicios en la nueva terminal.

De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, la comisión tiene facultad para emitir una opinión cuando alguna decisión de la administración pública pueda tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia, sin que ésta tenga efectos vinculantes.

Al iniciar febrero, el director del AIFA, Isidoro Pastor, informó que, para facilitar la llegada de pasajeros, se iba a ofrecer transportación privada desde nueve puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, con un costo máximo de 150 pesos.

Dijo que, aunque ya estaban en negociaciones, no podía difundir los nombres de las empresas, pero que el mismo mes estarían adjudicados y firmados los contratos con los transportistas, al igual que las firmas de taxis que tendrán presencia en el AIFA.

En dicho contexto, en el 2016 la comisión multó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con 63 millones de pesos porque existían contratos entre éste y 65 prestadores de servicios de taxi que tenían cláusulas discriminatorias y otorgaban preferencias. Incluso, se le ordenó una serie de acciones para restaurar el proceso de competencia.

En ese momento, se detalló que la falta de competencia en el servicio de taxi impedía a 30 millones de personas al año acceder a mejores precios, calidad e innovación.

Además, el año pasado emplazó a un agente económico por su probable responsabilidad en la realización de una práctica monopólica relativa (o abuso de poder) en el mercado de acceso para la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros en el AICM, cual tiene origen o destino en el aeropuerto y garantiza la conectividad de los pasajeros con las terminales de autobuses de Puebla, Querétaro, Toluca, Pachuca o Cuernavaca.

De acuerdo con la información existente, la conectividad terrestre con el AIFA implica ambos servicios.

Alimentación para empleados

Este martes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió la convocatoria de licitación nacional para elegir a la empresa que se encargará de alimentar al personal del AIFA. El fallo está previsto para el próximo 24 de marzo, tres días después de su inauguración.

Los desayunos se ofrecerán de las 06:45 a las 07:45, las comidas de 13:00 a 15:00 horas y las cenas de las 18:00 a las 19:00 horas. En todos los casos están previstos 790 personas, de acuerdo con los turnos respectivos.

Entre los alimentos solicitados para la comida figuran: pechuga empanizada, filete de pescado, pollo a la jardinera, chile relleno de queso, pozole o hamburguesa de res. En la lista de postres se mencionan: flan napolitano, barra de amaranto o panqué de vainilla.

La Sedena difundió la convocatoria de licitación nacional para elegir a la empresa que se encargará de alimentar al personal del AIFA. El fallo está previsto para el 24 de marzo.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

«Hace falta una reforma administrativa» AMLO.

En la conferencia matutina de la Presidencia del día de hoy (15.03.2022), el encargado del poder Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, expresó la necesidad de una reforma administrativa y la desaparición de los organismos autónomos de Competencia (Cofece) y de Telecomunicaciones (IFT).

Cómo respuesta a la pregunta acerca de la ratificación de los posibles comisionados necesarios para cubrir las vacantes en la Cofece y el IFT, el presidente afirmó que «lo estamos viendo, lo de las propuestas» y en este sentido señaló que, para promover una reforma de carácter constitucional y debido a la estructura del actual Congreso, «ya no nos va a dar tiempo a nosotros, generaría mucha polémica, y el bloque conservador no aprueba nada».

Así mismo, AMLO afirmó que se debe buscar la desaparición de dichos organismos y romper con el propósito de su creación en el llamado periodo neoliberal «ya que ambas estructuras (Cofece e IFT) fueron creadas para facilitar la privatización». Y continuó diciendo que «como parte de las llamadas Reformas Estructurales (del 2013) se pusieron de acuerdo los partidos políticos conservadores y votaron por la creación de estas instituciones de defensa de la política neoliberal y de pillaje. Incluso cayeron en sobornos y recibieron dinero para aprobar esas reformas, como en el caso de la Reforma Energética.»

El presidente fue crítico en el caso del IFT, al señalar que «Se creó supuestamente para evitar los monopolios, ¿y quienes mandan ahí? Las grandes corporaciones monopólicas. ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? No hemos avanzado en eso, porque los integrantes de estos consejos están subordinados a un grupo o a una corporación económica, en este caso (a una empresa) de Comunicación o a otra.

«No tenemos internet, y si se creó este organismo (IFT), se debió establecer entre sus funciones promover que se creara una red para dar servicios a todo el país.»

«Si se crearon estos organismos satélites», concluyó el mandatario «fue sólo para promover una política económica neoliberal. Entonces, lo mejor sería que no existieran». Y que en el caso de las funciones del IFT, «las podría reliazar la Secretaría de Comunicaciones y de la Cofece, la de Economía».

CON INFORMACIÓN VÍA STRMNOTICIAS (Desde la Redacción)

México | Urge Cofece a nombrar nuevos comisionados

El presidente López Obrador sigue sin enviar al Senado sus propuestas para cubrir las vacantes de nuevos comisionados en el IFT y en la Cofece que, desde septiembre pasado, opera con sólo cuatro de los siete miembros de su Junta de Gobierno, situación que podría repetirse en el IFT porque a fines de este mes vence el periodo de Adolfo Cuevas, presidente interino.

Hay que recordar que el Comité de Evaluación, que integran Inegi y Banxico, envió a López Obrador la lista de los cinco candidatos mejor evaluados para las dos primeras vacantes desde noviembre de 2020 y el año pasado.

La Cofece, que preside en forma interina Brenda Hernández, urgió ayer no sólo al Ejecutivo, sino al Senado a que nombren ya a los tres comisionados faltantes e informó que el pleno tuvo que suspender el plazo para determinar si existen o no condiciones de competencia en el sistema de pagos de tarjeta, cuyo procesamiento involucra a una cámara de compensación, porque se requiere del voto afirmativo de, al menos, cinco comisionados para determinar la existencia de barreras a la competencia e insumos esenciales.

La falta de nombramientos de nuevos comisionados no sólo debilita a reguladores autónomos, como son el IFT y la Cofece, que ya de por sí es preocupante, sino que afecta a la economía y la productividad del país al obstaculizar la toma de decisiones en temas clave como es la investigación sobre barreras a la competencia.

Ante la permisividad en el Senado y la falta de acción en el Ejecutivo, la Cofece presentó en diciembre pasado una controversia constitucional para que se nombre a los comisionados, porque la Constitución establece que su Junta de Gobierno debe estar integrada por siete comisionados.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

México | AMLO sigue sin enviar propuestas al IFT y a la Cofece

En diciembre pasado, los comisionados del IFT, que encabeza Adolfo Cuevas, se reunieron con el presidente López Obrador y, entre los múltiples temas que se abordaron, está la problemática que enfrentaría el IFT si no se aprueban los nombramientos de los nuevos comisionados.

Éstos le explicaron a López Obrador que es urgente que envíe al Senado sus propuestas para cubrir las dos vacantes de comisionados y la del propio Adolfo Cuevas, quien termina su mandato a finales de febrero.

Hay varios temas que, de acuerdo con la ley y la normativa del IFT, requieren ser aprobados por, al menos, cinco miembros en la Junta de Gobierno, y estamos hablando de decisiones en verdad importantes que afectan al mercado de telecomunicaciones, como la revisión de las reglas para los preponderantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, el despliegue de la red 5G y la autorización a Telmex de otorgar servicios de televisión a través de Claro Video.

En el caso de la Cofece, desde septiembre pasado, cuando Jana Palacios renunció como comisionada al terminar su periodo como presidente, la Junta de Gobierno opera con sólo 4 de sus 7 miembros y la situación es también preocupante.

La mejor forma de debilitar a los órganos autónomos, como el IFT y la Cofece, es la que está siguiendo López Obrador al no enviar sus propuestas de nuevos comisionados al Senado y el tiempo apremia, porque en febrero inicia el periodo ordinario de sesiones.

Desde luego, en Estados Unidos crecen las voces de alarma por el debilitamiento de órganos autónomos y los crecientes litigios en el sector de telecomunicaciones que se observan con lupa en el marco del cumplimiento de obligaciones de México en el T-MEC.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Cofece analizará mercados digitales; IFT se queda con sistemas operativos móviles, según el Poder Judicial

Poder Judicial de la Federación reconoció que es la Cofece la que está facultada para analizar las condiciones de competencia en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales y servicios de cómputo en la nube; mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene la competencia para conocer del mercado de sistemas operativos móviles, como iOS de Apple y Android de Google.

De acuerdo con la Cofece, que tuvo conocimiento de esta resolución a través de la transmisión en vivo de la sesión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que fue el que resolvió el asunto, «con esta determinación del Poder Judicial de la Federación (PJF) se otorga mayor certeza jurídica a la Cofece, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT o Instituto) y a los agentes económicos que participan en actividades económicas relacionadas con el entorno digital, sobre la autoridad que debe conocer de estos mercados». 

La autoridad en materia de competencia económica en México recordó que han ocurrido casos en los que existen dudas respecto de cuál es la autoridad que debe conocer sobre un asunto en particular, como fue el caso de la compra de la plataforma de entrega de supermercado a domicilio Cornershop por parte plataforma de transporte Uber, cuando el IFT le reclamó a la Cofece la facultad para aprobar la transacción, aunque el Poder Judicial decidió que era la comisión la encargada de supervisarla y en su caso aprobarla, que fue lo que ocurrió.

«El PJF ha determinado con anterioridad que el hecho de que ciertos mercados utilicen el Internet como un insumo no otorga de antemano, ni al Instituto ni a la Comisión, competencia para conocer de dichos mercados, y que cada caso deberá analizarse por sus méritos. Para ello, la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) prevé que en aquellos casos en los que la Comisión y el IFT no se pongan de acuerdo sobre quien es la autoridad competente para conocer de un asunto, sea el PJF, a través de la solución de un conflicto competencial administrativo, el que determine cuál es el órgano competente», asentó la comisión en un comunicado.

En octubre de 2020, la autoridad investigadora del IFT inició un procedimiento de investigación en torno a los servicios de búsqueda en internet, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y «otros servicios relacionados» con el fin de determinar si existen barreras a la competencia que puedan generar efectos anticompetitivos en el mercado mexicano. 

En enero del 2021, la Cofece pidió al Poder Judicial que determinara cuál de las dos autoridades era competente para conocer de los mercados digitales que forman parte de la investigación iniciada por el IFT. El instituto suspendió el procedimiento de investigación para dar paso a la decisión del tribunal.

El principal argumento de la Cofece para reclamar la investigación es que internet se convirtió en una tecnología de propósito general (TPG), igual que la electricidad. Dado que internet ha penetrado y transformado toda la actividad económica, el uso de esta tecnología en un proceso productivo no supone de antemano que el IFT sea quien deba aplicar la política de competencia en el proceso productivo, según la comisión.  

«De este modo, la decisión judicial determina que la COFECE es competente para conocer de los mercados de: servicios de búsqueda en línea, redes sociales y servicios de cómputo en la nube. El IFT por su parte, es competente para conocer del mercado de sistemas operativos móviles», remata su comunicado la Cofece.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

¿Por qué la Cofece revisará lo que hacen Google y Facebook?

Digamos que harán pasteles y quieren venderlos. ¿Abrirán una página en Facebook? ¿Cómo darán sus clientes con ustedes en Internet?

Salvo que ustedes vivan en China o en un país de ermitaños, los encontrarán a través de herramientas de Google. Pero Google o Facebook no son Internet.

La Cofece está al tanto y acaban de darle la autoridad para revisar qué tan bien se portan esas empresas con ustedes.

“En sus primeros días en Stanford, Larry y Sergey no planearon convertir su motor de búsqueda en el centro de cualquier compañía que estaban creando. Lo vieron como un proyecto escolar de investigación, nueva tecnología que podría encontrar exactamente los documentos correctos en la librería gigante del Internet”, detalla el libro The Google Guys, de Richard L Brandt. Todavía no llegaba el año 2000. ¿En qué se convirtió después? 

Casi todos tenemos una idea, pero las autoridades revisarán si acaso en sus actuales funciones existen prácticas de monopolio. 

Eso no sería permitido y si acaso fuera cierto, las consecuencias podrían cambiar el negocio de todos.

Atención, es pronto para sacar conjeturas. Se trata también de empresas cuyos avances cambiaron la vida de la gente en el mundo. Si hoy los negocios trabajan más eficientemente y las escuelas que quieren hacerlo pueden enseñar mejor, es en buena medida gracias a Google o Facebook.

Pero los hechos son contundentes. Hace menos de un año, en octubre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidido por Adolfo Cueva, publicó lo siguiente: “Autoridad Investigadora del IFT inicia investigación en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles y servicios de cómputo en la nube”.

¿Notaron la amplitud de la investigación? No los menciona por su nombre, pero la redacción permite pensar que no incluye solamente actividades de Google, sino de Facebook, Apple, Microsoft, Amazon y otros que entran entran en la bolsa.

¿Qué intenta encontrar la autoridad? Posibles barreras a la competencia, como una conducta que impida la entrada de nuevos competidores. También el control de insumos esenciales: servicios son imprescindibles para que las empresas puedan ofrecer sus bienes o servicios.

Lo nuevo es que la tarea de investigación en lo concerniente a servicios de búsqueda en línea, redes sociales y servicios en la “nube”, le toca a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), presidida por Alejandra Palacios, quien ha mostrado la dureza necesaria para castigar incluso a instituciones como BBVA, Santander, Citibanamex, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan en México, cuando incumplen normas.

¿Por qué la Cofece? Lo técnico se resume en que el Poder Judicial de la Federación lo decidió.

Lo relevante está en qué se ha convertido el mercado y cómo todos, en cualquier actividad, están ahora involucrados.

Hasta hace poco cuando la gente pensaba en poner un negocio, de inmediato se imaginaba cuánto costaría la renta de un local, los muebles y los empleados, para empezar. Pero la pandemia mostró a todos que muchas oportunidades no requieren hoy de cosas visibles o tangibles. Rappi no tiene motos.

Los mexicanos están involucrados en un negocio digital que se basa en teléfonos y torres de telecomunicaciones, pero eso no lo hace especializado en telecomunicaciones. Hoy una persona que quiera hacer pasteles no necesita instalar una pastelería, puede cocinarlos en casa, abrir una página en Instagram, propiedad de Facebook, y empezar a trabajar. Es posible que, si la buscan en Google, su página aparezca y que las ventas pueda cobrarlas a través de plataformas digitales. ¿Depende totalmente de éstas? ¿Facebook y Google se portan bien con esa pastelera? Eso lo revisará la Cofece y México no es el único país en el que eso ocurre. 

En Estados Unidos iniciaron investigaciones similares desde el año pasado. Atención con lo que puede desatarse de esto.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

Cofece interpone controversia constitucional contra la reforma eléctrica de AMLO

Además de los amparos promovidos por el sector privado en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional. El Senado aprobó a principios de marzo esta legislación, a pesar de que la propia Cofece advirtió que lesionaría la competencia.

Actualmente, estos cambios a la ley se encuentran suspendidos indefinidamente, con efecto para todos los participantes en el sector. La Cofece informó que la controversia inconstitucional se debe a que la reforma eléctrica actúa en detrimentos de los participantes del mercado eléctrico.

Esta comisión argumentó que la reforma de AMLO rompe con el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión eléctrica. «Lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores», indicó en un comunicado.

Asimismo, otorga ventajas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) eliminando el despacho económico de centrales eléctricas. La Cofece indicó que esto cancela la competencia y afecta a los agentes económicos en el eslabón de esta industria. La reforma también permite a la CFE adquirir energía a través de métodos no competidos, lo que puede encarecer sus costos.

«A juicio de esta autoridad, las medidas contenidas en el Decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general», señaló la Cofece.

El gobierno argumenta que esta legislación elimina beneficios a privados

Después de que el Poder Judicial suspendiera la aplicación de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que si los tribunales tiran la legislación lanzaría una reforma de tipo constitucional para «rescatar» a la CFE.

El Ejecutivo argumenta que esta reforma es necesaria debido al marco legal impuesto en la administración pasada, que asegura, fue diseñado en detrimento del Estado para beneficiar al sector privado. Asegura que la reducción en el costo de la electricidad recae en los subsidios públicos, en lugar de un aumento en la capacidad por parte del sector privado. Además de que CFE está obligada a comprar un suministro a las empresas sin requerir esa capacidad energética.

CON INFORMACIÓN VÍA BUSINESS INSIDER MÉXICO