Bruselas cree que España debería imitar el pacto salarial de Alemania para contener la inflación

La Comisión Europea está muy satisfecha con el acuerdo salarial alcanzado en la industria del metal de Alemania para hacer frente a la crisis de la inflación y cree que puede servir de guía para otros países como España, embarcados en plena negociación colectiva y donde las reivindicaciones de las centrales sindicales albergan pretensiones «muy por encima de lo aconsejable para frenar el crecimiento de los precios», según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

En Alemania, la patronal y los sindicatos han suscrito un pacto por el que los salarios crecerán un 8,5% durante los dos próximos años, más una paga lineal de 1.500 euros de una sola vez. De acuerdo con las previsiones de Bruselas, la inflación allí va a acabar por encima del 10% en 2022, por lo que «se ha hecho un esfuerzo de contención considerable. Sería bueno que se imitara en otros países», indicaron los mismos medios.

En España, las negociaciones entre la patronal CEOE y los sindicatos están completamente rotas. Primero, porque la organización empresarial celebra hoy elecciones a la Presidencia, y durante el mes pasado ha endurecido su postura con el Gobierno y las centrales, que presionan insistentemente en favor de un pacto de rentas con un aumento de las retribuciones que en opinión del actual responsable de los empresarios, Antonio Garamendi, son desorbitadas e inasumibles en un escenario de alta inflación, dificultades crecientes para las compañías y aumento de las quiebras y de los cierres de negocio.

Adicionalmente, los sindicatos están en plena cadena de movilizaciones ante las sedes de la patronal para defender sus reivindicaciones, una estrategia que no invita precisamente al acuerdo. «No vamos a tolerar de forma pacífica que la patronal aspire a que la crisis la paguen los trabajadores», han declarado tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo, secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, respectivamente.

Las dos centrales exigen a los empresarios una subida de los sueldos de un 4,5% este año con efectos retroactivos, y entre un 3% y un 2,5% los dos próximos ejercicios -niveles bastante por encima de los acordados en Alemania a pesar de que en estos momentos la inflación española está por debajo-. De lo contrario, apuestan por el conflicto, han dicho. Pero tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo están muy preocupados por los llamados efectos de segunda ronda, es decir, la traslación de los precios a los salarios, y pugnan para evitar que esto acabe sucediendo.

Los mensajes que lanza el Gobierno español van, sin embargo, en sentido contrario. La vicepresidenta Díaz, que mantiene una alianza férrea con las centrales sindicales -para las que ha aprobado cuantiosas subvenciones a lo largo de toda la legislatura-, sostiene que los sueldos deben tener aumentos sustanciales para paliar el deterioro de los presupuestos familiares, y está empujando un fuerte incremento del salario mínimo interprofesional que rechazan rotundamente los empresarios. De manera que las posibilidades de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos es remota, e incluso mucho más lejana la viabilidad de un futuro pacto de rentas para afrontar la crisis.

CON INFORMACIÓN VÍA OKDIARIO

Nuevo acuerdo para Ley de Servicios Digitales empoderará a usuarios de Internet en la UE

El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA), con el objetivo de hacer que las grandes empresas de tecnología rindan cuentas por el contenido que los usuarios encuentran en Internet. La ley fue propuesta originalmente por la Comisión Europea (CE) en diciembre de 2020.

Se espera que la ley tenga un amplio alcance sobre múltiples empresas y servicios de Internet, desde oferentes de computación en la Nubemotores de búsquedacomercios en línea, hasta plataformas de redes sociales.

Mediante la Ley de Servicios Digitales, la UE espera dar más control a los usuarios de Internet sobre lo que ven en línea: con más información sobre por qué se les recomienda un contenido específico, así como opciones para evitar la creación de perfiles con su información personal o de navegación. Incluye también la prohibición de publicidad dirigida a menores de edad y no se permitirá el uso de datos sensibles como orientación sexual, religión o etnia.

También ayudará a proteger a los usuarios de contenido dañino e ilegal, mejorará significativamente la eliminación de contenido ilegal; abordará el contenido dañino como la desinformación política o relacionada con la salud, e introducirá mejores reglas para la protección de la libertad de expresión.

La Ley de Servicios Digitales es un complemento de la Ley de Mercados Digitales, adoptada a finales de marzo, con el objetivo de imponer una regulación más eficiente sobre las grandes empresas tecnológicas, en especial, sobre aquellas consideradas gatekeepers, que operan grandes plataformas como redes sociales, buscadores o comercio electrónico.

Ambas regulaciones están dirigidas principalmente a plataformas con más del 10 por ciento de alcance de los 450 millones de consumidores de la Unión Europea y que, por lo tanto, se consideran que tienen mayor responsabilidad para frenar el contenido ilegal en línea.

La DSA también contendrá reglas que garanticen que los productos vendidos en línea sean seguros y sigan los estándares más altos establecidos en la UE, incluyendo más información a los consumidores sobre el vendedor.

“La creciente influencia del ambiente en línea en nuestras vidas no es sólo para mejor: los algoritmos desafían nuestras democracias al difundir el odio y la división, los gigantes tecnológicos desafían el acceso a igualdad de condiciones, y los mercados en línea desafían nuestros estándares de protección al consumidor y la seguridad de los productos. Esto tiene que parar. Por esta razón, estamos construyendo un nuevo marco, para que lo que es ilegal fuera de línea también lo sea en línea”, señala Christel Schaldemose, eurodiputado líder en la Ley de Servicios Digitales.

La DSA entrará en vigor en 2024, con la excepción de las plataformas en línea y los motores de búsqueda en línea muy grandes que aún no han sido definidos por las instituciones europeas. Una vez hecho esto, se les aplicará la ley cuatro meses después de su designación.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, celebró en un mensaje en Twitter el acuerdo político que se logró firmar en la UE, y afirmó que se trata de una mejora respecto a la propuesta original.

“A medida que la ley se finalice e implemente, los detalles importarán. Esperamos trabajar con los legisladores para obtener los detalles técnicos restantes y garantizar que la ley funcione para todos”, compartió Google en un comunicado con Reuters.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Comisión Europea presenta Ley de Chips para combatir escasez y recuperar liderazgo tecnológico

Este martes 8 de febrero, la Comisión Europea (CE) propuso la Ley Europea de Chips, un conjunto de medidas que apuntan a garantizar la seguridad del suministro, la resiliencia y el liderazgo tecnológico de la Unión Europea en los semiconductores.

Según la CE, la Ley Europea de Chips reforzará la competitividad y resiliencia de Europa y ayudará a lograr la transición digital y ecológica. Esta se basará en las organizaciones y redes de investigación y tecnología, así como los fabricantes de equipos con que cuenta Europa, y busca abordar sus principales debilidades.

El proyecto busca desarrollar un ecosistema de semiconductores próspero desde la investigación hasta la producción y una cadena de suministro resistente. Y se propone movilizar más de 43 mil millones de euros en inversiones públicas y privadas para responder rápidamente a cualquier interrupción de las cadenas de suministro para cumplir el objetivo de la Unión Europea (UE) de duplicar su cuota de mercado actual hasta el 20 por ciento en 2030.

La Ley Europea de Chips es el instrumento con que la UE busca disponer de las herramientas, habilidades y capacidades tecnológicas para avanzar en su objetivo de convertirse en un líder de semiconductores, más allá de la investigación y la tecnología en el diseño, la fabricación y el empaquetado de chips avanzados, para asegurar su suministro y reducir su dependencia frente a Asia.

Sus componentes principales son: 

  • La iniciativa Chips para Europa, la cual, a través de la empresa conjunta Key Digital Technologies, brindará 11 mil millones de euros para el despliegue de herramientas avanzadas de semiconductores. 
  • Un nuevo marco para garantizar la seguridad del suministro y atraer inversiones y capacidades de producción. Además de un Fondo de Chips para financiar empresas emergentes y un mecanismo de inversión de capital en chips en el marco de InvestEU
  • Un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión Europea para controlar el suministro de semiconductores, estimar la demanda y anticipar la escasez, que supervisará la cadena de valor y evaluará y coordinará las acciones para abordar emergencias. 

“Estamos movilizando una financiación pública considerable que ya está atrayendo una inversión privada sustancial. Y estamos poniendo todo en marcha para asegurar la cadena de suministro y evitar futuras conmociones en nuestra economía como la que estamos viendo con la actual escasez de suministro de chips”, declaró el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

“El desarrollo y la producción de chips en Europa beneficiará a nuestros actores económicos en cadenas de valor clave y nos ayudará a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos en los sectores de construcción, transporte, energía y digital”, complementó la Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura y Juventud, Mariya Gabriel.

Tras haber sido propuesta, ahora el Parlamento Europeo y los Estados miembros deberán debatir la Ley de Chips en el procedimiento legislativo ordinario. Y, si se adopta, el reglamento se aplicará directamente en toda la UE.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

ACTUALIDAD. Comisión Europea regaña a 24 países por no incorporar nuevas normas telecom

La Comisión Europea (CE) inició este jueves procedimientos de infracción contra 24 Estados miembros, debido a que no integraron las nuevas normas en materia de telecomunicaciones que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

A partir de que entró en vigor en diciembre de 2018, los países debían transponer el marco normativo a su legislación nacional. La fecha límite era el 21 de diciembre del año pasado; sin embargo, sólo Hungría, Finlandia y Grecia cumplieron con el proceso.

Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Austria, Polonia, Luxemburgo, Irlanda, Suecia, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Letonia, Chipre, Lituania, Malta, Eslovaquia, Rumanía y Eslovenia son las naciones que no completaron la incorporación.

Bruselas dijo que envió cartas de emplazamientos a los 24 Estados miembros para que adopten y notifiquen las medidas pertinentes, y les otorgó dos meses para responder.

Según los procesos europeos, la misiva es el primer paso. Si se concluye que el país no cumple con sus obligaciones, puede enviar una petición formal para que lo haga y, de mantenerse la falta, remitiría el asunto al Tribunal de Justicia.

La CE dijo que adoptar la normativa “es un acto legislativo fundamental para lograr la sociedad europea del gigabit y garantizar una participación plena de todos los ciudadanos de la Unión Europea en la economía y la sociedad digitales”.

Y resaltó que la transposición es importante porque el Código moderniza el marco regulatorio europeo para las comunicaciones, con el fin de mejorar las opciones de servicios para los consumidores, fortalecer la competencia en el mercado, incentivar las inversiones y facilitar la implementación de infraestructura digital.

Con información vía DPL News

Europa presenta plan contra la desinformación y protección de las elecciones

La Comisión Europea presentó el Plan de Acción para la Democracia, una iniciativa de la Agenda Digital europea que busca luchar contra la desinformación y proteger la integridad de las elecciones, así como el debate en línea.

El plan plantea imponer más obligaciones a las plataformas digitales como Facebook, Twitter y Google, para que sean responsables de evitar la difusión y amplificación de contenidos falsos o engañosos, publicados con fines políticos o económicos.

La Comisión emitirá una guía para mejorar el Código de Prácticas sobre desinformación en el primer trimestre de 2021 y establecerá un marco más sólido para monitorear su implementación.

El segundo pilar del Plan de Acción para la Democracia establece la introducción de una nueva legislación sobre la transparencia de la publicidad y comunicación política en línea. El objetivo es ayudar a los usuarios para que puedan identificar claramente el contenido político pagado.

La Comisión también planea una revisión de la legislación sobre la financiación de los partidos políticos europeos, especialmente por las preocupaciones de donaciones de origen extranjero.

Por último, el plan busca fortalecer la libertad de expresión y proteger a los periodistas de amenazas tanto físicas como en línea. La Comisión Europea destaca poner mayor atención a las amenazas contra las mujeres periodistas.

Las autoridades europeas planean implementar el Plan de Acción para la Democracia de forma gradual hasta el año 2023, un año antes de las elecciones al Parlamento Europeo.

Con información vía DPL News