STPS retoma proyecto para endurecer las reglas para las inspecciones de las empresas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) retomó el proyecto para endurecer las reglas de inspección y de esta manera reducir de 90 a cinco días el plazo con el que contarán los empleadores para corregir irregularidades y deficiencias identificadas durante una visita, entre otras modificaciones que se plantean al Reglamento General de Inspección.

En junio del año pasado la dependencia ya había intentado realizar la modificación al reglamento, pero tres meses después retiró el proyecto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), argumentando que la Secretaría se encontraba en “proceso de un análisis del instrumento normativo”.

La STPS envió esta semana, y de nueva cuenta, un proyecto a Conamer que busca establecer como plazo máximo para los empleadores un periodo de cinco días para aplicar medidas correctivas por irregularidades identificadas durante una inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, con opción a prorrogarse por un período igual, siempre y cuando el patrón acredite que las deficiencias detectadas fueron originadas por causas ajenas al centro de trabajo.

Del mismo modo, las modificaciones al reglamento plantean otorgar como plazo máximo cinco días a los empleadores, sin opción a prorroga, para presentar observaciones y pruebas de las irregularidades detectadas durante inspecciones de otras materias, como las de condiciones generales de trabajo o las de capacitación y adiestramiento.

Actualmente el marco regulatorio permite que los empleadores cuenten con un plazo de entre 30 y 90 días como plazo para corregir incumplimientos identificados durante una visita de la autoridad. La STPS considera que el esquema actual pone en riesgo a los trabajadores.

“La falta de inmediato cumplimiento por parte de los patrones a las deficiencias observadas, ha generado un esquema de inseguridad a los trabajadores, pues en algunos casos su integridad física estaría en riesgo”, justicia la dependencia en el proyecto.

Además, la Secretaría del Trabajo también señala que durante el plazo de los 90 días se han presentado accidentes laborales que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.

“Con la presente reforma se beneficiará a los trabajadores, dado que se tendrá un mejor control para que las deficiencias del centro de trabajo que pongan en peligro la vida de los trabajadores se atiendan por parte de los patrones en un tiempo menor. Lo que evitara accidentes que pongan en peligro la integridad física de los trabajadores, fortaleciendo las acciones de prevención de riesgos”, apunta la dependencia.

Aunque los patrones seguirán contando con cinco días hábiles para formular observaciones y presentar las pruebas a la STPS, las nuevas reglas determinan que cuando se trate de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y los empleadores no hayan permitido el desahogo del procedimiento, aunque se presenten a comparecer, la autoridad les emitirá “el acuerdo de negativa en el cual se ordene la programación de la Inspección extraordinaria”.

Al igual que el primer proyecto, el nuevo documento establece que las empresas que estén inscritas en los programas de cumplimiento voluntario no serán objeto de inspecciones ordinarias.

Procedimiento de sanciones, lo nuevo

Las nuevas reglas planteadas por la STPS adicionan nuevos pasos en el procedimiento para las sanciones, como la notificación personal al empleador o su representante legal del acuerdo de cierre de instrucción por el que se solicita a la autoridad competente la imposición de la sanción.

Del mismo modo, cuando el patrón no permita el ingreso del inspector al centro de trabajo, la autoridad emitirá el acuerdo de cierre de instrucción, pero por incumplimiento a la normatividad laboral y por la negativa al desahogo de la inspección.

Entre las adecuaciones al reglamento de inspección, la Secretaría del Trabajo también establecerá que sean objeto de notificación personal los acuerdos dictados respecto a la determinación de registro, negativa o cancelación del Registro Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).

La dependencia reconoce en el proyecto que estas nuevas medidas pueden derivar en costos de cumplimiento para los empleadores porque las acciones que se deben aplicar de manera inmediata pueden ser más costosas debido a la premura por hacer las correcciones, pero la autoridad considera que le beneficio de modificar el reglamento será mayor tanto para los trabajadores como para los patrones.

“Es evidente que, aunque se generan costos de cumplimiento a los patrones, se crean más beneficio para los trabajadores y a corto plazo también para los centros de trabajo, ya que un sistema de prevención de riesgos generará ahorros a los patrones y establecerá seguridad y certeza jurídica a los trabajadores”, argumenta la STPS.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

AFORES. El 12 de marzo vence plazo para que afores emitan comentario ante Conamer

El 12 de marzo expira el plazo acordado para que las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) emitan una opinión o comentario ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) sobre el tope a comisiones aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para Retiro (Consar).

En este sentido, el 12 de febrero del 2021 se aprobó el “Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por el que dicta políticas y criterios en materia de comisiones”, y por lo tanto fue enviado a Conamer para el análisis de su impacto regulatorio.

«Este acuerdo da cabal cumplimiento al establecimiento de un límite máximo a las comisiones que cobrarán las afores a partir de enero 1 de 2022, de conformidad con las modificaciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020 y que entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2021», destaca la Consar en un comunicado.

Hasta este momento ninguna afore ha emitido opinión en la Conamer, sin embargo en dado caso de recibir un comentario por parte de los interesados, se notificará a la Consar y tendrá 45 días hábiles para dar respuesta.

Con Información vía El Economista

AMLO busca cambiar la SCT a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca cambiar la denominación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para alinearlo a su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Las siglas de SCT datan de 1959. A partir del primer día de ese año desapareció la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para dar lugar a dos nuevas secretarías: la de Comunicaciones y Transportes y la de Obras Públicas.

En el eje III de su plan de gobierno (que entre sus principios rectores figuran: “Honradez y honestidad” y “No al gobierno rico con pueblo pobre”), dentro del rubro denominado Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, se hace referencia a que el sector público, fomentará la creación de empleos, mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura.

En dicho contexto, el cambio de nombre de la dependencia bajo la titularidad de Jorge Arganis, se explica en un proyecto de decreto, también forma parte de los ajustes realizados para dar cumplimiento a las medidas de austeridad en la administración pública para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y a la crisis mundial del modelo neoliberal.

Como parte de esas acciones, en la SCT se canceló una de las tres subsecretarías que existían: la de Comunicación, cuyas tareas se adscriben ahora a la de Transportes, a cargo de Carlos Morán. La segunda subsecretaría que se mantiene en funciones es la de Infraestructura, a cargo de Cedric Escalante.

En el documento propuesto se refiere que, es adecuado ajustar la denominación actual de la dependencia a la de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y así, desde su propio nombre se identifiquen los tres rubros principales de competencia:

  1. Infraestructura
  2. Comunicaciones
  3. Transportes

Un cambio propuesto a diputados

El proyecto de decreto, publicado este lunes en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), está dirigido a la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (cargo que ocupa Dulce María Sauri) y refiere:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (donde se menciona que el Presidente de la República tiene el derecho de iniciar leyes o decretos), 12, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito someter por su digno conducto, ante ese Honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el artículo 26 de esa ley es donde se plantea el nuevo nombre: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El segundo punto transitorio precisa que todas las referencias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contenidas en leyes u otras disposiciones administrativas se entenderán aludidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En consecuencia a la propuesta, el artículo 71 señala: “La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas”.

Con información vía El Economista

Más de 200 grupos ecologistas piden a López Obrador prohibir maíz transgénico

El pasado viernes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mexicana publicó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una propuesta de decreto presidencial que aunque habla de «la posibilidad de no otorgar permisos» al maíz transgénico no lo prohíbe.

El decreto, según la carta abierta, «atenta contra México» y «violenta los principios de transformación» que promulga el Gobierno.

Además, contradice «sus dichos, promesas y convicciones de ‘prohibir el maíz transgénico’, de prohibir progresivamente el uso del herbicida glifosato, y transgrede los objetivos de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria».

ONGs piden nuevo modelo agroalimentario y nutricional

Por ello, las asociaciones firmantes urgieron al presidente a retirar el decreto publicado en la Conamer y a que «se reelabore la propuesta acorde con sus promesas y los acuerdos políticos que indicó se habían alcanzado con las otras secretarías y organismos reguladores involucrados».

Los grupos ecologistas pidieron también a López Obrador que asegure que «que de manera progresiva se prohibirá el uso de glifosato hasta su eliminación total en 2024», algo a lo que también se comprometió.

«Es indispensable aplicar el principio precautorio ante los riesgos del glifosato y el maíz transgénico, y atender la evidencia científica compilada por las autoridades», consideraron. Las asociaciones adujeron estar «ante la oportunidad histórica de iniciar un proceso de transformación en el campo y el país, a través de un nuevo modelo agroalimentario y nutricional, que asegure el derecho de las y los mexicanos a producir y consumir alimentos sanos».

Asimismo, reclamaron al presidente «ser consecuente» con los acuerdos internacionales alcanzado por México en materia medioambiental y de regeneración del planeta, tales como el Acuerdo de París.  En menos de dos años de Administración, López Obrador ha nombrado tres secretarios de Medio Ambiente diferentes; actualmente ocupa el cargo María Luisa Albores.

Con información de DW en Español/Actualidad/México