La crisis sanitaria, como anillo al dedo para combatir la corrupción: Sandoval Ballesteros

La crisis causada por la pandemia de Covid-19 vino como anillo al dedo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de combatir los actos de corrupción que durante décadas se cometieron aprovechándose de las emergencias que vivía el país, aseveró Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública.

En la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y que en esta edición aborda el tema Salud pública y transparencia, importancia de la información pública para afrontar crisis sanitarias, Sandoval Ballesteros indicó que la dependencia a su cargo ha actuado para evitar que con el pretexto de la emergencia sanitaria mundial se desvíen recursos públicos, por lo que se ha sancionado a varios proveedores que vendieron insumos a sobreprecio o han especulado.

En el periodo neoliberal, las emergencias se volvieron terreno fértil para la corrupción estructural y para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público, aseguró.

Durante estos meses de pandemia, señaló, se ha realizado el acompañamiento fiscalizador y de asesoría técnica y legal en más de 3 mil 300 procesos de contratación en el sector salud por un monto de 9 mil 500 millones de pesos. Estamos haciendo una revisión escrupulosa de esos contratos, con el fin de asegurar que la emergencia no sea pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México.

Aunque admitió que se han identificado prácticas ajenas a la nueva ética pública, sobre todo de algunos proveedores que no han entendido que el viejo régimen ya acabó.

Por su parte, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Inai, exhortó al gobierno federal a decir la verdad en torno a la pandemia tan cruel o tan cruenta o tan grave que ésta sea.

Sostuvo: Para la gente en democracia, el único anillo al dedo debe ser la verdad.

Consideró entendible que en estos ocho meses de crisis haya titubeos, diferencias o confusiones en la atención de la emergencia, como en otros países.

En la mesa, en la que participó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Acuña Llamas indicó que es convicción de la administración federal apegarse a la verdad como norma de acción y de comunicación.

Con información vía La Jornada

Claudio X. lidera la oposición a AMLO con dinero de traficantes de influencias: Álvaro Delgado

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El empresario mexicano Claudio X. González Guajardo recibe millones de pesos en donaciones deducibles de impuestos para sus organizaciones y fundaciones filantrópicas. Además de la falta de transparencia y rendición de cuentas, el periodista Álvaro Delgado Gómez acusa que personajes como González Guajardo “cada vez actúan más en política y resuelven hacerlo sin gastar dinero de sus bolsillos”.

En entrevista con SinEmbargo, Álvaro Delgado dijo que un caso ejemplar de ésta situación es lo que sucede con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La organización de González Guajardo recibe financiamiento de “empresas que donan a través de sus fundaciones y estos donativos los hacen deducibles de impuestos”, por lo que “en los hechos, los mexicanos estamos financiando, con recursos públicos, con recursos de todos, sus incursiones en la política”.

En ese sentido, Delgado expuso que “es importante que el Gobierno de México haga una revisión puntual del esquema de donativos de organizaciones, fundaciones y de los proyectos que financian, para que verifiquen que efectivamente estén al corriente de sus obligaciones fiscales y que no utilicen las figuras de donatarias autorizadas como negocio y como corrupción empresarial, porque triangulan recursos entre diversos organismos y en efecto, tienen dinero para pagarse altos sueldos y no pagan un sólo centavo de impuestos como lo hacemos la mayoría de los contribuyentes”.

De acuerdo con el también escritor, hay casos documentados como el de la Fundación Maelva que está vinculada con el empresario Joaquín Diez Morodo.

“Ésta fundación transfiere recursos a Mexicanos Contra la Corrupción, los deduce de impuestos y Mexicanos Contra la Corrupción hace investigaciones académicas que genera acciones legislativas, y hace algunas investigaciones periodísticas sobre asuntos que son del interés de un personaje como Diez Morodo o de otros de los donadores”, abundó Delgado.

Aunque el periodista y escritor asegura que no es novedad que la élite empresarial se agrupe a favor o en contra de un político, la circunstancia actual tiene sus peculiaridades, ya que se observa una respuesta radical de personajes que están acostumbrados a imponer sus intereses en la agenda pública y política, en tiempos de un Gobierno que cambió las reglas del juego.

“Por una parte, en efecto, hay personajes de la élite económica haciendo política a lo cual tienen derecho. El problema es que no se trata necesariamente de empresarios, sino a menudo de traficantes de influencias acostumbrados a ordenar, desde su poder, políticas de gobierno benéficas para ellos mismos. Estos personajes, como los del Consejo Mexicano de Negocios, de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial, son empresarios que financian campañas para que los ganadores queden a sus órdenes. Esto no es una opinión; esto está ya muy estudiado en México”, explicó Álvaro Delgado.

Para el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2003, la élite de empresarios estaba acostumbrada a imponerse con el Presidente en turno. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “cambia las reglas del juego y obviamente por eso existe ésta reacción”.

Lo anterior no quiere decir que López Obrador no tenga a sus empresarios favoritos –como puede ser Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo– sino que hubo un cambio de dinámica.

Al respecto, Delgado señaló que aunque “no hay ninguna novedad en la manera en que opera la élite”, hoy en día “la cúpula de cúpulas del sector privado, que es el Consejo Mexicano de Negocios, ha sido un tenaz y radical detractor de López Obrador. No sólo desde 2006, sino hasta la fecha, como lo acredita también que muchos de sus integrantes financien a Claudio X. González quien, en los hechos, se está convirtiendo en el jefe máximo de la oposición político-electoral” del empresariado, siendo que González Guajardo no es un empresario, filántropo y activista desinteresado. Tan no lo es, abundó Delgado, “que ya logró que se le sometan el PRI, el PAN, el PRD y otros organismos y personajes que detestan a López Obrador”.

Bajo la coyuntura actual, Álvaro Delgado Gómez reconoció que el reto del Gobierno de López Obrador será, de aquí en adelante, ser parejo. Es decir, “que las reglas del juego operen para todos los que tienen actividad empresarial y que no haya privilegios” para nadie.

LAS IRREGULARIDADES DE MCCI

El la mañana del día de hoy, el Presidente López Obrador dijo que “sí hay una campaña” de empresarios e intelectuales en su contra. Con respecto al grupo de Claudio X. González Guajardo, López Obrador manifestó que se trata de un esfuerzo patrocinado por personas que “se han caracterizado por la corrupción y, sobre todo, por sacar provecho al amparo del poder público”.

El Primer Mandatario también explicó que la aversión en su contra de Claudio X. González parte de la afinidad de éste con grupos conservadores y su cercanía con políticos del viejo régimen político mexicano, sobre todo considerando que su padre fue asesor del expresidente Carlos Salinas de Gortari y quien, asimismo, tuvo “mucha influencia” en los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de LeónVicente Fox QuesadaFelipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con AMLO, Claudio X. González padre fue una de las personas que asesoró a Enrique Peña Nieto para que duplicara el precio de la gasolina durante su sexenio; y su hijo, que conformó un bloque en 2015 para oponerse al movimiento docente y apoyar la Reforma Educativa, “porque desde luego tiene un pensamiento conservador”, ahora tiene una fundación (MCCI) “que se dedica a combatirnos y a atacarnos”, incluso con la presentación de más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía.

En su más reciente edición, la revista Proceso reproduce un artículo del periodista Álvaro Delgado que refiere la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad “maneja con opacidad las donaciones que recibe” y que provienen, en su mayoría, de la élite empresarial mexicana. En algunos casos, se lee en el reportaje, las donaciones “no cuadran con lo que [MCCI] reporta al SAT”.

La investigación de Álvaro Delgado revela los nombres de varios de los grandes empresarios que apoyan a MCCI, entre ellos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y personajes afines a la organización Sí por México, que cuenta con el apoyo de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Está cúpula de empresarios no sólo financia a MCCI que “se ha constituido como el proyecto político-electoral antagónico al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, indica Delgado, sino que algunos también apoyan a la iniciativa Sí por México de Claudio X. González que, “por consejo de los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, pretende [ser] un ‘bloque’ electoral contra López Obrador en las elecciones de 2021 y cuya ‘agenda ciudadana’ ya asumieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)”.

En respuesta a éstas afirmaciones, MCCI señaló que “nuestra acta constitutiva, así como los estatutos de algunas de las fundaciones de las que recibimos donativos, prohíben expresamente cualquier vinculación con partidos y movimientos políticos o electorales”. Por medio de un comunicado con fecha del 9 de noviembre de 2020, la organización también aseguró tener “ninguna relación institucional con el colectivo Sí por México. Respetamos su trabajo, como el de muchos otros colectivos y redes ciudadanas, pero sus acciones son independientes de MCCI”.

La información obtenida por la revista Proceso asimismo indica que antes del 17 de junio de 2016, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le dio autorización a MCCI para recibir donativos deducibles de impuestos, la fundación de Claudio X. González recibió 38 millones de pesos de su padre y de la compañía familiar Kimberly Clark. A partir del día 18 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2019, MCCI recibió 304 millones 904 mil 306 pesos en donativos por parte de 2 mil 3 personas físicas y morales.

Sin embargo, la investigación de Álvaro Delgado señala que además de que la información sobre obligaciones financieras y fiscales en el sitio oficial de la fundación es nula o escasa, “tampoco coinciden los montos de los donativos que recibió MCCI con los que reportó ante Hacienda”. Como ejemplo menciona que en el año de su fundación (2016) MCCI “declaró donativos por 66 millones 983 mil 975 pesos, pero en los registros de donantes que éste semanario conoce la cifra es de 136 millones 45 mil 512 pesos”.

Acerca de lo anterior, MCCI declaró haber “cumplido a cabalidad con todas las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia vigentes”, además de que “en materia de transparencia, tanto los montos recibidos por MCCI como los proyectos a los que estos se dedican están debidamente reportados en el portal de transparencia de donatarias autorizadas del SAT. En cuanto se trata de información pública consultable por cualquier ciudadano, MCCI no opera en la opacidad. Igualmente, cada una de las donaciones ha sido y es reportada a las autoridades hacendarias con la periodicidad y requisitos establecidos en la ley”.

Ésta no es la primera vez que una organización ligada a Claudio X. González Guajardo es acusada de falta de transparencia y rendición de cuentas. En 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a investigar las operaciones con donativos de González Guajardo, después de que el entonces jefe delegacional de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, denunciara que el empresario incurría en conflicto de interésdefraudación fiscaldesvío de recursos públicosfraude, lavado de dinero y peculado a través de un esquema de triangulación de recursos entre las empresas y las asociaciones civiles de González Guajardo.

“Las actividades del señor Claudio X. González Guajardo revelan otro tipo de corrupción: la empresarial, en la cual las compañías (o sus dueños, a través de éstas) obtienen recursos por medio de donaciones de asociaciones civiles y fundaciones, que son deducibles por los donantes. La sociedad, de manera indirecta, financia tales operaciones”, declaró Monreal ante el SAT en marzo de 2017, de acuerdo con la revista Proceso.

Con respecto a las irregularidades relacionadas con los donativos relacionados con González Guajardo, el Presidente AMLO manifestó ésta mañana que habrá una investigación para determinar si hay actividades ilícitas por parte de MCCI u otras organizaciones ligadas al empresario mexicano.

“Hay que revisar si es legal, porque no ingresa ese dinero al presupuesto público. […] Entonces, sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando”, dijo López Obrador en Palacio Nacional durante la mañanera del 9 de noviembre de 2020.

Con información vía Sin Embargo

Mexicanos contra la Corrupción revela nombres de sus donantes extranjeros

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que recibe recursos de más de mil 50 donantes nacionales y extranjeros y precisó que entre las organizaciones del exterior que la apoyan destacan la Confederación Suiza, Ford Foundation, MacArthur Foundation, National Endowment for Democracy, USAID From the American People, entre otras.

A través de un comunicado, aseguró, que ha cumplido a cabalidad con todas las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia vigentes.

Rechazó que opere en la opacidad y aseguró que los datos de los donantes están en poder de las autoridades hacendarias , quienes también están obligadas a guardar la secrecía de acuerdo con la Ley General de Protec-ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de MCCI, así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la iden-tidad de los mismos no es divul-gada ni al interior ni al exterior de la organización.

Aseguró, que revelar información que sólo debería de estar en manos de las autoridades hacendarias y amplificarla desde la tribuna presidencial no puede ser interpretado más que como un esfuerzo deliberado por exhibir e intimidar a quienes apoyan nuestro trabajo.

Con información vía La Jornada

“Inexplicable” omisión de Lozoya sobre otra operación; nueva denuncia: AMLO

Torreón, Coah. El gobierno federal presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República en la adquisición de otra planta de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya era su director y que “de manera inexplicable” éste último no lo incluye en su declaración, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que la operación en la que se pagó 9 mil millones de pesos, también hubo sobreprecio y se financiaron con créditos de la Banca de Desarrollo.

Durante su gira por esta entidad, en la que recordó la operación fraudulenta que realizó por parte de Altos Hornos de México de la planta de fertilizantes con un sobre precio de 200 millones de dólares, López Obrador aludió a una nueva operación fraudulenta: “Otro asunto que no señala Lozoya de manera inexplicable. Otra planta de fertilizante que compraron que se pagaron también como nueve mil millones de pesos. Ahi está la deuda. Saben quien daba os créditos, la banca de desarrollo. Nacional Financiera Banco de Comercio Exterior”.

Detalló que en su momento, al frente de Bancomext “estaba un hijo del ex presidente Dela Madrid” y en Nacional Financiera, “estaba el actual gobernador del Banco de México, estaba en Hacienda y después fue director del Bancomext cuando estos créditos. Entonces. Si es un asunto amerita ser tratado.

Durante la conferencia de prensa, a pregunta expresa, el mandatario descartó que hasta ahora la Fiscalía General de la República haya solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigar las cuentas de los 70 involucrados en el expediente que se le sigue a Lozoya, entre ellos el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray “no ha recibido ninguna petición de la FGR para congelamiento de cuentas de algunos de los mas connotados personajes que han sido involucrados por las declaraciones del ex director de Pemex.

Ante el cuestionamiento de la viabilidad constitucuonal de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, el presidente derivó en la descripción de los excesos cometidos asociados al ex director de Pemex. Cuestionó que una planta que costaba cuando mucho 50 millones de dólares se haya vendido en 275 millones de dolares por parte de AHMSA “¿en que país pasa eso?”.

Dijo que abordó el tema por estar en Coahuila donde la operaciónde AHMSA en Monclova se ha visto afectada por los problemas legales asociados a la venta fraudulenta de la planta de fertilizantes.”se esta oadciendo una crisis por la pérdida de producción de esa empresas algunos se les hizo fácil plantear que se rescatara a AHMSA, con dinero público, para ayudar a los trabajadores. Es importante que sepan que esa empresa y su socio principal vendió una planta de fertilizantes chatarra al gobierno en 200 millones de dólares por encima de su precio real”.

Tras recordar que uno de los nuevos socios de la empresa le mandó decir que estaban dispuestos a devolver el dinero del sobre precio de la venta a Pemex en su momento. Lo importante, dijo, es la recuperación del dinerio.

Asociado a ello, mencionó también el caso de Etileno XXI, un contrato pactado por Odebrecht con Pemex, en condiciones desventajosas para la hacienda pública y ha implicado hasta ahora una transferencia de recursos a Odrebrcht de 15 mil millones de pesos tanto por el subsidio de 30 por ciento en el costo del gas que se obligaba Pemex como por las multas que se establecieron cuando Pemex no suministrara gas a la empresa privada.

“En lo de Odrebreht, que comenzó 2010 son 15 mil millones de pesos de quebranto. Eso si no es la bolsa que se le dio a la periodista o el Ferrari u otras cosas que se deberían investigarse. No hay en el mundo de los negocios algo asi. Diganme en que país del mundo se hace un negocio en que pais del mundo una planta de 50 millones de dólares se paga en 275 millones de dólares estamos hablando de una operación que se hace encla cupula de 6 u 8 mil millones de pesos de ganancias.”

Los tiempos del proceso dependerá de la FGR

Los tiempos del proceso legal que se seguirá en torno al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya corresponderá definirlos a la Fiscalía General de la Repúbica “va a llevar tiempo, aunque esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita”, consideró López Obrador. Señaló que con el carácter autónomo de la Fiscalía, su titular, Alejandro Gertz “tiene la responsabilidad de hacer justicia, sin venganza, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud”.

A pregunta expresa, se refirió por tercer día consecutivo a la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes que pudieran estar involucrados en las investigaciones, López Obrador reivindicó la democracia participativa como una fórmula para dejar atrás que sea el presidente el que decida todo como sucedía antes.

Para enjuiciar o no a ex presidentes -insistió – “si debemos de participar todos. Como existe la mala costumbre de que todo lo resuelve el presidente. Estoy proponiendo de que participemos los mexicanos. No quiero que se vaya a pensar que soy verdugo. No es mi fuerte la venganza. Si existe este instrumento puede utilizarse”. 

 Sobre la legalidad de la consulta para este caso dijo que una vez que se cumpla el requisito para hacer la petición -sea por reunir las firmas de 1.6 millones de ciudadanos, o que la tercera parte de una de las cámaras en el congreso o que el presidente lo solicite – tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá definir su constitucionalidad antes de que pase al Instituto Nacional Electoral para instrumentarla.

Con información de La Jornada

Caso Odebrecht estalla en México al más alto nivel con la difusión de videos

Ciudad de México, 22 ago (Sputnik).- El escándalo por los sobornos pagados por la constructora Odebrecht a cambio de contratos públicos estalla en México luego de las confesiones del exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y la filtración de investigaciones y vídeos, dijo el viernes a Sputnik el coordinador del Programa Anticorrupción de la organización civil México Evalúa, Marco Fernández.

“Es un momento preocupante porque la filtración de investigaciones y vídeos, de un lado y de otro, demuestran que este fenómeno no es nuevo para el país, ni tampoco distingue tintes partidistas”, indicó el también profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Por otro lado, señaló que “este asunto está más cargado en el impacto en la opinión pública y en su politización que del lado necesario de proseguir el cauce judicial, para llevar ante la justicia a los involucrados en las diferentes redes de corrupción”.

TODOS BAJO SOSPECHA

El especialista, doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Duke, Estados Unidos, explicó que en los documentos judiciales y vídeos difundidos en forma profusa en la prensa y redes sociales, aparecen figuras de todos los partidos “incluyendo gente cercana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

En efecto, el viernes el mandatario confirmó la autenticidad de un vídeo donde aparece su hermano menor, Pío Lorenzo, recibiendo dinero para su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que sería destinado a la campaña electoral de 2015 en el sureño estado de Chiapas.

El paquete lo entregaba el actual director federal de Protección Civil, David León, que pronto asumiría la dirección de una nueva empresa encargada de distribuir medicinas y vacunas en todo el país.

El presidente dijo en su conferencia de prensa diaria que se trataba de “aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente”.

Fernández señaló que el problema de esta politización es que se presenta “sin que haya señales claras de que la impunidad se va a ir acotando, tampoco de que realmente va a haber una consecuencia judicial para los involucrados”. 

RETO PARA UNA JOVEN DEMOCRACIA

En un país que conoció su primera alternancia en siete décadas en el año 2000, los escándalos de corrupción tienden a generar incredulidad, mientras observa que es el último donde el escándalo Odebrecht toca al más alto nivel del sistema político.

“Ante el creciente escepticismo y malestar con el funcionamiento de la joven democracia mexicana, la ciudadanía es muy crítica de la falta de justicia, la inoperancia de las instituciones judiciales, la incapacidad de policías y fiscalías en investigar”, explicó Fernández.

En este marco, hay más desconfianza en el entramado institucional encargado de la rendición de cuentas, ya que la ciudadanía desconfía “de la forma en que la Auditoría Superior de la Federación revisa el uso de recurso públicos”.

Tampoco confía en que se castigue la inyección de dinero mal habido en las elecciones.

Ese dinero sucio “es suministrado para después allegarse contratos de obras púbicas o lograr puestos políticos relevantes”.

Odebrecht no sería la única que sobornó al entonces candidato y después presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) para obtener contratos con Pemex.

Desde 2017, diversas investigaciones basadas en las “delaciones premiadas” de los gerentes de la constructora ante la Fiscalía de Brasil prefiguraron ese esquema.

Lozoya extendió el espectro del caso al afirmar que las coimas fueron utilizadas para corromper a líderes políticos y legisladores, y aprobar una reforma energética en 2013.

“Este cóctel de opacidad está creando un sentimiento mayor de frustración e impotencia, que puede ser peligroso”, estimó Fernández.

El investigador indicó que el presidente López Obrador aprovechó el desprestigio de la clase gobernante para poner el viento a su favor.

“Llegó con la promesa y un mandato alto de combatir frontalmente la corrupción”, recordó.

Pero antes que resultados y sentencias, hay una proliferación de escándalos.

El exdirector de Odebrecht estuvo prófugo casi un año hasta que fue detenido en Málaga en febrero y extraditado en julio pasado con el compromiso de colaborar con la Fiscalía.

Confesó en 63 páginas una lista de acusaciones que tocó a líderes y legisladores todos los partidos, incluido el gobernante.

Será cuestión de cómo maneje el Ejecutivo este asunto para evitar así radicales protestas como las de Argentina en 2001 o Ecuador, Perú, Chile y Colombia, el año pasado.

“Esta crisis no se va a resolver en las redes sociales o indignándose; es peligroso para nuestro futuro democrático caer en la tentación de decir que todos son una  porquería y que se vayan muy lejos”, concluyó Fernández. 

El 12 de febrero, Emilio Lozoya, quien estaba prófugo de la justicia por acusaciones de corrupción y lavado de dinero, fue detenido en España y cuatro días más tarde fue extraditado a México (Sputnik) 

Con Calderón, Braskem tuvo apoyos de Nafin y Bancomext

Ciudad de México. Además de la reducción de precios del etanol en favor de la empresa Braskem (filial de Odebrecht), a sabiendas de que Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaría afectada, durante el gobierno de Felipe Calderón la compañía sudamericana obtuvo préstamos por 400 millones de dólares a través de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que sirvieron para afianzar la inversión que la constructora realizaría en Etileno XXI, señala la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin, ex director de la petrolera mexicana, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex funcionario refiere que le llamaba la atención saber qué tenían el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en cuanto a la negociación de Pemex con Braskem, cuando en términos de importancia para la empresa del Estado no representaba ni siquiera 0.5 por ciento de la totalidad del presupuesto anual de inversiones.

En la página 46 del documento señala que Nafin prestó (a Braskem) 280 millones de dólares y Bancomext otros 120 millones, y agregó que además de esos créditos es de dominio público que el Banco Interamericano de Desarrollo le concedió un crédito de hasta 600 millones de dólares.

Menciona que quienes lo sucedieron al frente de la petrolera mexicana decidieron detener el programa de combate al robo de combustibles, lo que generó un incremento de 150 por ciento en la sustracción ilegal de hidrocarburos en el último trienio del gobierno de Peña Nieto.

En su denuncia, Lozoya Austin –quien fue vinculado a dos procesos penales– señala: “tengo muy claro que durante el tiempo que ocupé el cargo de director general de Pemex, el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) y el secretario de Hacienda (Luis Videgaray Caso) me instrumentaron para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no sólo del fraude y el engaño –como el caso de la denominada estafa maestra (sic)–, sino contraer deudas a cargo del erario y aprovecharse económicamente de esto en perjuicio de la nación.

Todo ello, abusando de la autoridad que les concedían los cargos que ocupaban, ejerciendo indebidamente las responsabilidades que el pueblo de México les otorgó y, mediante el tráfico de influencias que ejercían sobre el resto de los miembros del régimen, traicionar a México.

En la página 52 del escrito, menciona: “en general, lo que puedo referir como director general de Pemex, mi primer cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron en la campaña presidencial tenían que ser remuneradas o compensadas. La forma en cómo eran recompensados, era dándoles contratos diversos, de proveduría de insumos, de adquisición de empresas o inmuebles, para que estas personas se beneficiaran.

En ocasiones, después de dichas operaciones, debían devolver dinero para beneficio de futuras campañas electorales del PRI o bien para beneficio propio de Peña Nieto y Videgaray Caso u otros, como en el caso de Odebrecht.

Consulte aquí copia íntegra de la denuncia de Lozoya que involucra a los expresidente Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.  

Con información de La Jornada

México está entre los países con mayor impunidad del mundo, según índice de universidad

Ciudad de México, 20 (Sputnik).- México aparece como uno de los países peor calificados en el Índice Global de Impunidad 2020 (Igi) que desde 2015 realiza la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap), para “visibilizar cuantitativamente el problema global” y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia.

“El caso mexicano se mantiene en niveles muy altos de impunidad ya que la variación en su posición, en comparación con los reportes de 2015 y 2017, es resultado de cambios en la posición de otros países, más que de la implementación de acciones efectivas para fortalecer el Estado de derecho, garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos”, dice en su presentación el informe de 236 páginas de la universidad mexicana.

El Igi es presentado como un importante esfuerzo académico internacional “para medir comparativamente los niveles de impunidad en el mundo”, en una lista de casi 70 países.

El indicador se realiza a partir de una metodología cuantitativa que se enfoca en “medir la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos en cada país”.

El documento analiza variables en 69 países, entre ellos: porcentaje de policías por cada 100.000 habitantes, personas frente a tribunales, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos, entre otros indicadores.

Los análisis de los académicos indican que México ocupa el décimo puesto en índice de impunidad.

Los 11 países con impunidad “muy alta” son: Tailandia (62,82 puntos); Honduras (59,69); Marruecos (58,04); Argelia (57,63); Azerbaiyán (54,56); Paraguay (53,15 puntos); 63) Guyana (52,07); Nepal (51,94); Kirguistán (51,80); México (49,67); Guatemala (49,66).

En otras palabras México ocupa el remoto lugar 60, al fondo de la tabla de 69 países estudiados en el Igi 2020.

EVOLUCIÓN EN UN LUSTRO

Hace tres años, México estaba en el lugar 66 de las 69 naciones estudiadas.

En el índice de 2017 era el país que encabezaba la lista de impunidad en la región, sin embargo, este año ha sido superado por Honduras.

Como país con mayor cantidad de crímenes impunes, es superado solo por otras dos naciones que padecen esa tragedia: Honduras y Paraguay.

Uno de los problemas estructurales es el elevado número de personas en espera de sentencia y sobrepoblación en las cárceles, y la ausencia de jueces.

Por ejemplo, el promedio de jueces en los 69 países es de 17,83 jueces por cada 100.000 habitantes pero México apenas cuenta con 2,17 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que Eslovenia cuenta con 42,77 jueces por la misma cantidad de habitantes.

“La precaria situación en materia de derechos humanos representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano”, indica el documento.

La universidad plantea medidas urgentes, como dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia.

Los académicos estiman “indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de Gobierno, para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad”.

El balance advierte de una “tendencia a un populismo punitivo, que reivindica penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como el camino para reducir la impunidad”.

Los expertos señalan que una apuesta por aumentar las penas y permitir prisión preventiva para más delitos supone, además del hacinamiento carcelario, producir un efecto contrario.

“Reproducir ciclos de impunidad tendrá un efecto negativo en la población socioeconómicamente más vulnerable”, puntualizan.

La exclusión social es un factor que “retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias de la inseguridad y la violencia, especialmente para quienes sufren condiciones de marginación”.

Como respuesta recomiendan crear políticas públicas que tengan como objetivo “la consolidación del Estado de derecho con énfasis en la transformación de los sistemas de seguridad y justicia”.

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Udlap señala que el año 2020 no será recordado solo por la pandemia de covid-19 y la crisis económica global que desató.

Este año también será “un parteaguas para las instituciones estatales que son responsables de proveer bienes sociales como justicia y seguridad”; y de garantizar el goce de otros derechos como el acceso a servicios de salud y educación de calidad. (Sputnik)

Peña Nieto pidió millonaria coima a Odebrecht, según exdirector de Pemex

Ciudad de México, 20 ago (Sputnik).- Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex, declaró como testigo protegido ante la Fiscalía General de México que el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) pidió a la constructora brasileña Odebrecht un soborno de seis millones de dólares para su campaña electoral de 2012, según un documento judicial publicado la noche del miércoles por medios locales.

“Conforme a lo antes señalado, yo le pedí a Luis Weyll que apoyara la campaña y/o precampaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República; y que para tales efectos Odebrecht aportara 6.000.000 (seis millones de dólares)”, indica la denuncia de Lozoya ante la Fiscalía publicada por el periódico El Financiero en su portal de internet.

El director de la compañía petrolera estatal (diciembre 2012-febrero de 2016) menciona que él hizo la petición a Luis Weyll, quien fue director de Odebrecht en México.

“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara” las elecciones, indica el documento citado por el diario mexicano.

Weyll es uno de los gerentes de la compañía sudamericana que ofreció una “confesión premiada” para lograr una reducción de la pena ante la Fiscalía de Brasil.

En esa confesión, Weyll afirmó que Odebrecht obtuvo contratos de obras públicas en México mediante sobornos que pagó a Lozoya.

Tras permanecer prófugo, el exdirector de Pemex fue detenido el 13 de febrero pasado en Málaga, España, y extraditado el 17 de julio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, para declarar utilizando la figura de “criterio de oportunidad”, como testigo protegido.

UNA ANTIGUA RELACIÓN

Lozoya agrega que hizo dicha petición a Weyll porque el dueño de la compañía brasilera, Marcelo Odebrecht, había hecho ese ofrecimiento a Peña Nieto, cuando este fue Gobernador del Estado de México, que rodea la capital (2006-2011).

“En el marco de esa conversación, Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray Caso quien, aunque no se encontraba presente, se sabía que era su persona de mayor confianza”, agrega la denuncia judicial.

Videgaray fue jefe de campaña de Peña Nieto, y después secretario de Hacienda y canciller de su Gobierno.

Marcelo Odebrecht fue detenido en Brasil en junio de 2015, por un caso de corrupción con Petrobras, y en marzo de 2016 fue sentenciado a 19 años de prisión, en el caso conocido como operación “Lava Jato”.

Daniel Lizarraga, investigador de la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que tuvo acceso a las declaraciones de los gerentes de Odebrecht en Brasil sobre México, dijo en entrevista con Sputnik, en mayo del año pasado, que la compra de una mansión por parte del exdirector de Pemex reveló la trama de sobornos pagados por la constructora.

“MCCI tuvo acceso a la información oficial desde el principio de la investigación en Brasil, donde está documentado cómo Odebrecht creaba empresas fantasmas en paraísos fiscales para disfrazar los sobornos pagados en Latinoamérica”, dijo Lizárraga cuando accedió por primera vez a documentos de autoridades mexicanas en 2019

El investigador explicó a esta agencia que la residencia ubicada en la exclusiva colonia Las Lomas de Bezares, fue la pista que llevó a las autoridades mexicanas a congelar las cuentas bancarias de Lozoya y de su hermana, como beneficiarios de firmas offshore en Islas Vírgenes, y a su arresto.(Sputnik)

Video de panistas muestra “inmundicia del régimen de corrupción”: AMLO

Ciudad de México. El video difundido en la víspera en el que aparecen políticos ligados al Partido Acción Nacional (PAN) contando fajos de billetes “es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencia, para comprar votos, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Según la declaración del señor (Emilio) Lozoya, se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética”, añadió el mandatario durante la conferencia matutina.

López Obrador se refirió al video en el que aparecen Guillermo Gutiérrez Badillo, hasta ayer secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y Rafael Jesús Caraveo Opengo, quien era secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, cuando el panista Ernesto Cordero presidía esa cámara.

Al demandar que se vaya a profundidad en la investigación del caso, sin linchamientos políticos, el presidente dijo que “aunque se ve bastante, es apenas una mirruña de lo que se robaron. Necesitamos recuperar lo más que se pueda, porque hace falta que se devuelva el dinero. Es lo segundo”.

De nueva cuenta llamó a que se considere este caso como un asunto de Estado y que la Fiscalía General de la República transparente toda la denuncia: “Toda la información, transparencia, investigar, llamar a declarar a los implicados, tampoco no culpar a diestra y siniestra, sino hacer una investigación seria. Le tengo mucha confianza a la Fiscalía. Lo segundo es recuperar el dinero” .

Dijo que fue una difusión “extraña” la que se hizo del video el domingo y que la Fiscalía debería difundir si esa filmación es la misma que tiene en el expediente de Lozoya o es otro.

Consideró que el material tuvo poca difusión en los medios de comunicación, particularmente en las televisoras, que no le dieron tanta fuerza como en su momento el video de 2004, en el que René Bejarano recibe fajos de dinero. Por ello instruyó a que se reprodujera el video en la conferencia matutina. 

 El presidente agregó que un factor también involucrado es la posible vinculación de los ex presidentes, como se ha mencionado. Reiteró que su postura es apostar por el punto final, pero “si la gente decide que se les enjuicie de todas formas, garantizar como a todos el derecho a la defensa y sea un proceso apegado a la legalidad. Por eso es muy importante lo que va a hacer la fiscalía, es un tema emblemático, diría histórico, sobre corrupción”.

Subrayó que “no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que porque me robaron la Presidencia. Estoy molesto, no he superado el que nos hayan robado la Presidencia, porque no sólo fue a mi, fue a todo el pueblo, o que nos hayan impuesto las reformas energertica, fiscal, educativa, las llamadas reformas estructurales, No, ya le dije al ex presidente (Felipe) Calderón que en lo que a mí corresponde ya lo perdone por el fraude de 2006, que él sabe que hubo fraude”.

López Obrador confió en que el video difundido sea verídico, porque el gobernador de Querétaro “tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparecen en este video y además expresó su decisión de informar, de dar la cara”.

-¿Mañana usted se va a reunir con el gobernador de Querétaro, usted le cree…

-No me corresponde a mi juzgar, por eso está la Fiscalía. Aunque ya se sabe, antes el procurador dependía del presidente, ahora la Fiscalía es autónoma. Llevo seis meses sin hablar con Alejandro Gertz Manero.

El mandatario relacionó el video con pronunciamiento reciente de “unos intelectuales muy vinculados al régimen conservador y corrupto. Había la necesidad de crear un frente en contra de nosotros para que se regresara a los equilibrios que habían antes en el Congreso.

“Usaron la palabra contrapeso. Pues eso era el contrapeso, no era el contrapeso, eran los pesos y es lo que ellos promovían en su escrito y lo que promueven los conservadores corruptos, porque es un régimen en decadencia con una corrupción generalizada”.

Con información de La Jornada

Justicia de EEUU acusa a García Luna por aceptar sobornos de narcos

Washington, 31 jul (Sputnik).- EEUU acusó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a dos asociados de alto nivel en una conspiración de tráfico de cocaína, anunció el jueves el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Se acusa a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012, de participar en una empresa criminal continua”, dice el texto.

El Departamento de Justicia también incluyó en la causa a dos subordinados de García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, quienes eran altos funcionarios policiales mexicanos.

Cárdenas Palomino y Pequeño están acusados de conspiración para traficar cocaína a EEUU.

“A cambio de sobornos multimillonarios, los acusados ​​supuestamente permitieron que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México”, agregó.

Cárdenas Palomino fue considerado la mano derecha de García Luna durante la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); fue el director general de la Policía Regional Federal.

Por su parte, Pequeño García encabezó la División Antidrogas de la Policía Federal entre 2009 y 2013, y posteriormente fue titular de la Unidad de Inteligencia.

García, Cárdenas y Pequeño están acusados de abusar de sus cargos públicos para permitir que el Cártel de Sinaloa obtuviese un “paso seguro” para el envío de drogas a EEUU, además de proporcionar información confidencial al grupo criminal sobre las investigaciones de las autoridades en su contra.

“Por ejemplo, entre 2002 y 2007, García Luna presuntamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50.000 kilos de cocaína”, agregó el Departamento en el comunicado.

García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en el sureño estado de Texas, EEUU, acusado de corrupción y vínculos con el Cartel de Sinaloa, fundado por “El Chapo” Guzmán, quien purga una condena de cadena perpetua en ese país.

La acusación indica que García Luna recibió maletas con tres y cinco millones de dólares como sobornos, y que fue investigado desde que se instaló en Florida, EEUU, en 2012. (Sputnik)