Reclamo de EU a la 4T en energía podría escalar a panel bajo el T-MEC

México corre el riesgo de enfrentar un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC debido al bloqueo regulatorio que afecta a empresas estadounidenses del sector energético, sobre todo si el nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden ratifica el reclamo que la administración Trump hizo al gobierno mexicano por ese motivo hace unos días, afirmaron miembros del sector empresarial mexicano.

“Si se ratifica habría que llevar a solución de diferencias en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), en donde se podrá revisar si realmente no estamos cumpliendo y México qué ofrece para ver cómo salimos del reclamo y en qué parte no es correcto”, explicó Fernando Ruiz, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

En una carta fechada el 11 de enero dirigida a Marcelo Ebrard, Rocío Nahle y Tatiana Clouthier, titulares de Relaciones Exteriores, Energía y Economía, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y los secretarios de Energía y de Comercio, Dan Broulliette y Wilbur Ross, expresaron que las “recientes acciones regulatorias del gobierno mexicano han creado incertidumbre significativa acerca de los procesos regulatorios en México, especialmente en lo que concierne al sector energético y han dañado el clima de inversión en el país”.

Durante la primera conferencia de prensa virtual que realiza el Consejo Coordinador Empresarial, su presidente de la Comisión de Energía, Roger González Lau, dijo que la carta enviada por funcionarios de Estados Unidos “es muy clara”, y que expresa una situación que el sector privado mexicano ha externado sobre el cambio continúo a las regulaciones y las reglas del juego.

Abundó que existe una cartera total de más de 200 proyectos de infraestructura dentro del sector de energía, “que de alguna manera han estado en pausa por la inestabilidad regulatoria a la que se refería la carta de Estados Unidos, y por la falta de permisos, y agilidad administrativa dentro de este gobierno”.

En su misiva, los funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por el contenido de un memorándum que el gobierno de López Obrador envió el año pasado a funcionarios de los órganos reguladores del sector energético, en donde les instruye a bloquear permisos para llevar a cabo distintas actividades del sector energético, con la intención de favorecer a Petróleos Mexicanos y la CFE.

Ventanilla cerrada

En tanto, Marcial Díaz, experto en energía de Lexoil Consultores, explicó que el nuevo acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía para suspender actividades como otorgamiento de permisos del 13 de enero hasta que concluya la situación de emergencia en semáforo rojo de la Ciudad de México llega en el peor momento posible para un sector ya de por sí paralizado en muchos sentidos. 

Según Díaz, sin haber cambiado una sola coma a la legislación vigente en materia energética, la actual administración ha paralizado los procedimientos de 26,247 regulados en todas las actividades del sector después de la exploración y producción de hidrocarburos, es decir, desde la transformación y almacenamiento hasta la entrega al usuario final de todo lo relativo a los hidrocarburos y la electricidad en el país. 

“Y estamos hablando sólo de los que ya tienen un permiso, de los que ya operan, que no pueden hacer ningún cambio a sus actividades, que cualquier necesidad que tengan frente a las autoridades se coloca en espera, en un sector económico que es considerado prioritario y no se detiene”, dijo, “esto va a detener un poco el sector, que es un sector dinámico, que siempre está creciendo, es un golpe a la economía y un golpe muy fuerte al sector energético”.

Marcial Díaz detalló que basta ejemplificar que el área más dinámica de otorgamiento de permisos, que son los de expendio de gasolinas, cerró el 2020 con un total de 175 permisos otorgado únicamente para estaciones de servicio, cuando el año anterior éstos llegaron a 407, lo que implicó una reducción de 57% de un año a otro. 

Lo anterior debido a la falta de sesiones de la CRE durante el año pasado, que a partir de abril cumplió con el mínimo legal de sesiones del órgano de gobierno, sesionando una vez al mes con algunas excepciones en que las sesiones extraordinarias fueron para otorgar cambios en los permisos de Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad. 

Por ahora, y hasta nuevo aviso, la CRE tiene cerrada su ventanilla de atención, que es digital y cuyo diseño mediante oficialía de partes electrónica fue creada para atención remota.

Con información vía El Economista

OPINIÓN: ¿Deben desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos?

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

Una nueva discusión se ha puesto sobre la mesa: la desaparición o no de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), esto derivado del alto costo y el nulo beneficio social que estos organismos estarían obligados a otorgar. Así mismo, las denuncias del presidente López Obrador contra los llamados OCAs, han sido puntuales y duras, esto durante el marco de las conferencias matutinas que él mismo encabeza.

La aparición de estos organismos prolifero con las reformas constitucionales llevadas a cabo durante la administración federal anterior. La transformación del IFE a INE, la creación de la CRE, la COFECE y el IFT, así como la reestructura del INAI y otros institutos más. Cada órgano tiene funciones administrativas o técnicas, dependiendo de la ley y la intención de su creación, es decir, los administrativos, por ejemplo, son el INE, el INAI y el INEGI, por otro lado, tenemos a los reguladores-técnicos como la COFECE o el IFT.

La intención de generar organismos autónomos es una idea completamente derivada del neoliberalismo, esto con la finalidad de dejar al estado fuera de decisiones y sin rectoría de sectores estratégicos y de gran calado, tal y como lo son las telecomunicaciones o el energético, mismos que siempre han estado en la mira de las privatizaciones.

La regulación económica en nuestro país pretende privilegiar exclusivamente a la competencia económica y no es que la competencia sea mala; sin embargo, cuando la regulación se basa en una lógica política y no técnica, es cuando tenemos una serie de favoritismos y los institutos encargados de regular los mercados de sectores definidos terminan siendo cooptados por los privados, que a su vez terminan buscando beneficios competitivos en el mercado.

Los recursos económicos que absorben estos institutos resultan ser bastante onerosos, para ejemplo, tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues en el presupuesto federal del año 2020, el funcionamiento del IFT costo al erario 1,500 millones de pesos.

La regulación es una herramienta económica que supone la necesidad de una autoridad que modere la competencia en los mercados, que exista la libre concurrencia y competencia en sectores definidos. La lógica neoliberal piensa que la regulación es una forma de eliminar la participación del gobierno en los mercados y busca aumentar la participación de competidores, implementando estructuras legislativas, jurídicas y técnicas, haciendo ver que el estado no cuenta con la capacidad suficiente para administrar, decidir y deliberar sobre los posibles conflictos derivados de practicas anticompetitivas en el mercado, como las que posiblemente pudiesen llevar a cabo monopolios, ya sean privados o estatales, pero sobre todo, la visión radica en eliminar la participación del estado en actividades productivas.

Se supone que la competencia debe abaratar servicios y productos, que mientras más competencia exista, los costos de producción se abaraten y con ello, el costo al consumidor final sea el menor posible con una variedad de opciones para elegir la contratación de un servicio o la compra de un producto en especifico. La formula falla cuando los reguladores deciden llevar a cabo decisiones que suponen asimetrías a falta de un mercado sano, es decir, los reguladores pretenden hacer uso de herramientas económicas como economías de escalas o estudios de mercado que les ayuden a tomar decisiones que, a su vez, defina la capacidad competitiva de los participantes del sector o en su defecto, que los participantes de los mercados no hagan uso de prácticas anticompetitivas.

 La cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones el IFT ejerce su autoridad regulatoria por medio de una regulación exante, que se manifiesta cuando un mercado como es el de las telecomunicaciones, de un alto dinamismo y costo en inversiones se prevé como falta de operadores. El regulador ha supuesto que como Telmex ya era un monopolio natural, ya que, venía de una privatización, contaba con todos los insumos de red, así como infraestructura y recursos laborales y económicos, por lo que, con su lógica de regulación exante, da la oportunidad a los operadores entrantes de contar con privilegios competitivos y un subsidio directo del operador incumbente, que en México fue llamado “preponderante”, al mismo tiempo en que el IFT impuso reglas asimétricas al llamado Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones, por lo que hoy en día, tenemos un mercado de bajo rendimiento, pérdidas económica y mucha desinversión, pues el regulador tomo decisiones políticas y no técnicas.

En nuestro país, los OCAs se han considerado a sí mismos como contrapesos al gobierno, esto queda claro en una respuesta que el INAI hace de conocimiento público al presidente López Obrador, esto después de que el presidente dijera en su conferencia matutina del pasado lunes 4 de enero de este año que inicia, que las funciones del INAI las pudiese ejecutar la Secretaría de la Función Pública, ya que dichas funciones son sobre la transparencia e información pública y que lo que hace el IFT, lo ejecute la SCT, según el presidente esto se traduciría en millones de pesos en ahorros e implícitamente, le retornaría al estado la rectoría de sectores estratégicos.

Sin duda alguna, la creación en 2013 de estos organismos dio la oportunidad al gobierno que encabezaba Peña Nieto, la posibilidad de mantener aliados políticos en puestos transexenales, tal y como lo podemos observar en el caso del Instituto Nacional Electoral con su consejero presidente Lorenzo Córdova, que en lugar de actuar como arbitro electoral, parece un actor político más de la oposición.

La función de estos institutos ha sido llevada a un campo político, dejando de lado su pertenencia a la estructura del estado, que, si bien es cierto que cuentan con calidad de autónomos, no son independientes del presupuesto público emanado de la federación, ni son exentos de acatar la constitución y leyes emanadas de ella, sin embargo y como ya lo he mencionado anteriormente, se ven a sí mismos como contrapesos políticos al ejecutivo federal, aspecto que en ninguna parte de la constitución está contemplada en sus funciones.

Con la excusa de la construcción de un estado de derecho, el gobierno anterior modificó la constitución con reformas de gran calado, que beneficiaban directamente a ciertos actores, sobre todo, empresas privadas que deseaban una participación con mayor libertad y con mayores beneficios económicos, tal fue el caso de Pemex, que fue desmantelada de forma brutal y negocios productivos y redituables, se le otorgaron a empresas como Odebrecht o en su defecto, el tema de las telecomunicaciones, donde la soberanía digital fue prácticamente desaparecida por ley y la industria nacional del sector se ha visto seriamente afectada, generando una fuerte desinversión en el sector, al punto en que operadores como Telefónica Movistar han retornado espectro radioeléctrico al regulador, argumentando que no les conviene pagar por el mismo, así como el dejar de invertir en infraestructura y empleos.

La realidad es que las funciones que desempeñan varios Órganos Constitucionales Autónomos pueden ser ejecutadas sin problemas por las secretarias de estado, ya que fueron creadas para que el estado pudiese decidir, ingerir y llevar una rectoría social, política y económica en beneficio de la sociedad y no solamente de las empresas privadas y de una clase política que fue consumida por la corrupción, generando negocios a partir de las empresas productivas del estado o en su defecto, de dar beneficios directos a ciertos participantes de los mercados. ¿Deben o no desaparecer los OCAs? Esa será una decisión que se tomé a partir de una visión y voluntad política que comprenda que para llevar a cabo esta tarea, la constitución debe reformarse nuevamente.