“Derecho al teletrabajo” debería elevarse a rango constitucional

En México, uno de los cinco países de América Latina donde es más difícil hacer teletrabajo, sería ideal que se comenzara a hablar sobre la viabilidad de que esta actividad sea considerada un derecho humano, tal como lo están analizando países como Reino Unido.

Sería deseable que el “derecho al teletrabajo” se lleve a rango constitucional y sea una realidad en México también, señala el documento “Nuevo entorno del teletrabajo en México. Guía para la transformación digital en un entorno laboral productivo”, elaborado por la Amiti.

“Hay países en el mundo, como el Reino Unido -uno de los más afectados por la pandemia en junio de 2021-, que al día de hoy están analizando la viabilidad de crear el derecho al teletrabajo como un derecho humano y hacer ilegal que las empresas fuercen la vuelta a la presencialidad, a menos que puedan demostrar que es esencial el regreso a las oficinas”, refiere.

El reporte subraya que es imposible hablar de teletrabajo sin considerar a la tecnología y la innovación como sus habilitadores más importantes; gracias a ello muchas economías en el mundo no colapsaron aún más profundamente.

El coronavirus obligó a las organizaciones, altos ejecutivos, empleados, funcionarios públicos, académicos y todo tipo de trabajadores, a adoptar esta modalidad laboral y vivenciar los beneficios del trabajo a distancia.

A pesar de que existen indicadores muy positivos relativos a los beneficios que tiene el teletrabajo en el ámbito económico, social, ambiental y sanitario, pues está demostrado que las organizaciones incrementan su productividad, se disminuye el retiro voluntario de los trabajadores, hay ahorros en los costos fijos de las empresas y desciende el ausentismo, entre otros, aún hay un largo camino por recorrer y requiere la colaboración conjunta de la sociedad, gobierno, academia y sector privado.

“Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica que México está dentro de los cinco países de América Latina donde es más difícil hacer teletrabajo, pues sólo entre 15 y 20 por ciento de los trabajadores pueden hacerlo con facilidad”.

A su vez, la encuesta de McKinsey titulada “What’s next for remote work”, realizada en noviembre de 2020 a trabajadores de distintos países, incluyendo a México, muestra que sólo 65 por ciento de los trabajadores dijeron tener una conexión a internet suficientemente rápida.

Por su parte, el 35 por ciento restante indicó no poder atender con calidad sus videollamadas y utilizar otras herramientas digitales para el trabajo a distancia. “En conclusión, hay una enorme necesidad de desarrollar infraestructura suficiente”.

El documento de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti) señala que en México hay un antes y un después del 11 de enero 2021 en materia de teletrabajo, pues esa fue la fecha en la que se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de teletrabajo.

Es así que de acuerdo con el Derecho mexicano, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón.

En esta modalidad, no se requiere la presencia física de la persona trabajadora en el centro laboral y se utilizan primordialmente las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el contacto y mando entre las partes.

En el capítulo dedicado a los derechos y obligaciones de las y los teletrabajadores, el estudio destaca que si bien la ley señala como derecho del trabajador el “derecho a la desconexión”, ésta no indica exactamente en qué consiste, además de que en la legislación mexicana no existe una referencia o antecedente al respecto.

“Por obviedad, podemos determinar que se refiere a proteger a los trabajadores de trabajar más allá de las horas laborales estipuladas en el contrato, evitándose así el malentendido derivado de suponer que, si los trabajadores están laborando bajo la modalidad de teletrabajo, su disponibilidad de horario laboral es permanente y su obligación, por tanto, es estar permanentemente conectados”.

En consecuencia, no se define si la “no disponibilidad” del trabajador implica que no tiene obligación de contestar llamadas telefónicas, mensajes de texto, chats y correos electrónicos al terminar su jornada laboral o si no tiene la obligación de hacer uso de los dispositivos indicados para el teletrabajo finalizando su jornada laboral.

Sin embargo, no queda claro si el patrón no puede contactarle pasado el término de la jornada o simplemente se refiere a apagar los dispositivos y el internet al término de la misma. “Sin duda alguna, falta definición respecto a estos aspectos, para procurar los derechos del trabajador, pero también los del patrón”.

Dado que no existe aún una definición clara, conviene elaborar una política de derecho a la desconexión digital en la empresa, a fin de establecer de forma específica los lineamientos, supuestos y excepciones que, en el caso de cada organización, deban indicarse para ejercer el derecho a la desconexión por parte del teletrabajador y, por supuesto, adjuntarse como anexo al contrato individual de teletrabajo.

“El tiempo apremia: una vez superada la pandemia, la vida laboral será distinta a la que dejamos atrás en marzo de 2020 y, por ello, debemos estar conscientes de cómo aprovechar los nuevos modelos de trabajo a los que nos estamos enfrentando”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Acnur lanza campaña para acoger a menores refugiados y solicitantes de asilo en México

Ciudad de México, 26 nov (Sputnik).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) lanzó este viernes un programa para que familias mexicanas den acogida temporal a miles de niñas, niños y adolescentes refugiados y solicitantes de asilo.

El programa tiene el objetivo de «convocar a familias que residen en México a brindarles un espacio temporal en sus hogares en el que puedan encontrar seguridad y protección», dijo Acnur en un comunicado.

El representante de la agencia de la ONU en México, Giovanni Lepri, dijo en una declaración escrita que Acnur «continuará colaborando con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en proyectos de cuidado alternativo para niñez no acompañada refugiada y solicitante de asilo».

La finalidad de ese tipo de programas es contribuir a la integración local y el desarrollo integral de los menores, que es «urgente en vista del alto número de ellas y ellos que llegan al país», advierte Lepri.

México es un país de origen, retorno, tránsito y destino de refugiados y migrantes, en el que 100.000 personas han solicitado la condición de refugiado en 2021, según cifras del organismo internacional.

De ese total cerca de 18.000 son niñas, niños y adolescentes, de los cuales al menos 1.000 no estaban acompañados por un familiar adulto.

PARTICIPACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL

La iniciativa se realiza en forma conjunta con la fundación mexicana Juconi que participa en el proyecto y sus campañas.

La campaña, con mensajes audiovisuales para radio y amplia difusión en redes sociales, explica el papel de las familias que den acogida a menores migrantes.

Las familias sabrán «qué hace un hogar de acogida, cuál es el rol de las familias y cuál es el proceso para registrarse y acoger a una niña, niño o adolescente de manera temporal, casi siempre entre seis y 24 meses».

Los materiales pretenden sensibilizar a las familias interesadas sobre la importancia de contribuir a la restitución de los derechos humanos de esta población.

Los activistas civiles se encargan de orientar a las familias en el proceso de recepción, «garantizarles respeto y tolerancia religiosa, cultural y social con disposición dentro de un ambiente familiar».

Por su parte, la responsable de la Fundación Juconi, Isabel María Crowley expresó que «la iniciativa adquiere mayor relevancia en el marco de la publicación de las reformas legislativas a favor de la niñez y adolescencia migrante, solicitante de asilo y refugiada, que prohíben la detención migratoria» de menores de edad en situación de movilidad.

La fundación subraya la importancia de brindar alternativas de cuidado para aquellos que no se encuentran con su familia.

Crowley destacó que el proyecto «prevé la determinación del interés superior de la niñez como elemento central del proceso de garantía integral de derechos».

Los organizadores estiman que las «familias de acogida» deben prioritarias a otras formas de cuidado, y llamaron a la sociedad y familias mexicanas a sumarse a esta acción.

VISITA DE ACNUR

Grandi realizó una visita de tres días a México al final de la cual aseguró que México enfrenta «una creciente presión con la llegada por sus dos fronteras de miles de migrantes con diferentes necesidades de protección», por lo que urgió al Estado mexicano a encontrar alternativas migratorias que vayan más allá del asilo e incrementar el presupuesto de la estatal Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Explicó que miles de personas huyen de la violencia, abusos y amenazas de las pandillas criminales que los mantenían bajo acecho en países de Centroamérica y el Caribe e ingresan por la frontera sur mexicana con Guatemala.

Por otra parte, otras miles son enviadas desde el norte producto de las políticas migratorias de EEUU, que expulsa a decenas de miles de personas indocumentadas.

Grandi dijo que al cierre de 2021 las peticiones de asilo habrán sobrepasado las 116.000, un récord histórico que es 46 por ciento superior a las que se presentaron durante todo 2020, que había sido el año con mayor registro.

Un programa de reubicación del sur al norte de México y de integración local en 11 ciudades emprendido por Acnur, ha beneficiado hasta ahora a más de 14.000 migrantes que han obtenido la condición de refugiados, y en cooperación con otras agencias de la ONU se podría ampliar y dirigirse a personas con una regularización migratoria alternativa al asilo. (Sputnik)

Comité contra Desaparición Forzada de ONU plantea retos en derechos humanos a México

Ciudad de México, 27 nov (Sputnik).- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) planteó retos en materia de derechos humanos y personas desaparecidas a México, al final de una visita de dos semanas que cumplió el organismo.

La presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, que se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard, se refirió a los retos que enfrenta el país, así como la voluntad del actual Gobierno para enfrentarlos, dijo la Cancillería en un informe de la reunión.

Por su parte, Ebrard resaltó que la Cancillería ha reiterado su apertura a sostener «un diálogo constructivo y a la cooperación con los órganos de tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos».

Tras la visita que comenzó el pasado 15 de noviembre y concluyó el viernes, el comité revisará el informe de sus entrevistas y giras por todo el país y lo enviará al Estado mexicano en abril de 2022, con las recomendaciones concretas para enfrentar estos retos.

Según los registros oficiales, más de 94.000 personas están desaparecidas en México, cifra que aumentó especialmente después de 2006, año que comenzó un combate frontal de las fuerzas armadas al crimen organizado.

El total de personas desaparecidas se incrementó más de 20 por ciento desde diciembre de 2018, cuando comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, según un informe la subsecretaría federal de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas.

MÉXICO RECONOCE DESAFÍOS

Asimismo, Ebrard destacó que el Gobierno de México «reconoce la prevalencia de desafíos importantes en materia de desapariciones forzadas y cometidas por particulares», señala el texto oficial.

El jefe de la diplomacia mexicana reconoció que la experiencia y buenas prácticas del comité «pueden contribuir a robustecer las capacidades institucionales para la prevención, investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas».

Por su parte, la presidenta del CED, agradeció «el valioso apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr la visita y que esta se diera en un marco constructivo».

Además, reconoció la disposición del Estado mexicano y su apertura para llevar a cabo esta visita, la cual se había solicitado desde 2013.

La misión del organismo internacional sostuvo la semana pasada reuniones con autoridades federales, incluyendo la cartera de Gobernación encargada de la política interior, la Fiscalía General, el Sistema Nacional de Búsqueda, y el Instituto Nacional de Migración.

La visita recorrió la ciudad de México y 12 estados del sureste, centro y norte del país, donde sus integrantes sostuvieron reuniones con autoridades de alto nivel, colectivos de víctimas, y asistieron a actividades de búsqueda en campo en fosas clandestinas.

La Cancillería presentará en diciembre un informe para entregar al comité toda la información solicitada.

El CED fue creado en 2011, tras la entrada en vigor del tratado internacional en la materia. (Sputnik)

Asesinan a ex presidente de Las Abejas de Acteal

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que el indígena tzotzil Simón Pedro Pérez López, catequista y ex presidente de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, fue asesinado de un balazo en el municipio de Simojovel, donde radicaba.

En un comunicado, la organización no gubernamental explicó que los hechos sucedieron este lunes a las 10 horas, aproximadamente, en la cabecera municipal de Simojovel, al norte de la entidad, cuando iba acompañado de su hijo para hacer compras en el mercado.

El victimario, se describe en el comunicado, iba en una motocicleta desde la que le disparó de manera directa y escapó. El Frayba declaró, por lo tanto, el repudio a la acción criminal que está imperando en Los Altos de Chiapas.

Simón Pedro era defensor de derechos humanos, vivía en Nuevo Israelita, Simojovel, perteneciente a la parroquia de Santa Catarina, del municipio de Pantelhó; era catequista e integrante de Las Abejas de Acteal, de cuya mesa directiva fue presidente en 2020.

Manifestó que desde su trabajo como integrante de Las Abejas y como servidor de la Iglesia (católica), trabajó en la promoción y defensa de las garantías civiles de los pueblos indígenas; acompañaba a comunidades que denunciaron actos de violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia.

El Frayba exigió a las autoridades de Chiapas una investigación diligente, garantizando la seguridad de la familia de Pérez López y de los integrantes de Las Abejas de Acteal.

La organización que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, expresó su solidaridad a la familia, a los miembros de Las Abejas de Acteal y a los servidores de la parroquia de Santa Catarina.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Liberados 74 de los 95 normalistas detenidos en Chiapas tras las críticas de la ONU

Este domingo fueron liberadas 74 mujeres estudiantes de la normal rural de Mactumactzá de Chiapas, después de seis días encarceladas, confirmaron a EL PAÍS varios de sus compañeros. El grupo forma parte de los 95 estudiantes detenidos el martes, cuando protestaban en una autopista de Chiapas. Otros 21 jóvenes, todos hombres, seguirán en prisión el proceso penal abierto contra ellos. La liberación llegó poco después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresara su preocupación por el destino de los detenidos. Entre las restricciones impuestas por el juez, las mujeres liberadas no podrán continuar con el activismo ni las protestas. El martes se conocerá la situación jurídica en la que quedan los 19 hombres aún recluidos en el penal El Amate. Sin embargo, sus compañeros amenazan con comenzar desde mañana una intensa semana de movilizaciones y protestas.

La escandalosa detención de los estudiantes, en medio de golpes y abusos ampliamente difundidos en redes sociales, tuvo su corolario este domingo cuando la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México expresó su “preocupación” por la situación y exigió una “investigación seria” sobre las denuncias de abusos policiales que deben ser “investigadas de forma diligente”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la oficina en México.

El martes pasado, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizaron una protesta en una autopista que conecta la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con San Cristóbal de las Casas. Exigían un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situación de pandemia porque la mayoría de los aspirantes son indígenas que no tienen acceso a internet, detalló el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en un comunicado. Durante el desalojo de los manifestantes, 97 personas fueron detenidas, los 93 estudiantes y cuatro pobladores. Dos de los pobladores eran adolescentes y fueron puestos en libertad poco después. Pero las otras 95 personas fueron llevadas ante el juez que declaró legal su detención.

Las normales son escuelas de maestros rurales a las que ingresan campesinos y gente muy pobre y suelen estar en la mira de las autoridades porque tienen una tradición muy combativa y a menudo protagonizan protestas, cortes de carretera o tomas de instalaciones que, en ocasiones, pueden conllevar actos violentos.

La ONU recibió denuncias de parte de testigos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas arrestadas sobre presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a sus derechos tanto en las instalaciones de la Fiscalía de Chiapas como en la cárcel a la que fueron trasladados llamada El Amate. “Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, añadió Fernández-Maldonado. Por este motivo, la oficina de Naciones Unidas pidió garantizar el debido proceso de todos los detenidos, que las personas que hablan lenguas indígenas dispongan de traductores y que se investigue de forma diligente e imparcial los posibles casos de abusos.

Las normales se han visto en el centro de la polémica y son ya un triste símbolo de violaciones a los Derechos Humanos desde que en 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, después de participar en la toma de varios autobuses en la localidad de Iguala. En este caso, los estudiantes de la Mactumactzá protestaban por no tener acceso a internet para hacer los trámites que el Estado les exige.

Para muchos, acceder a una escuela como la normal rural les asegura, además de formación, techo y comida. Algo que sus familias dedicadas al campo no pueden pagar. “El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, señaló uno de los voceros. En 2020 solo un 20% de los aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá lograron el acceso, de ahí las protestas de estos días.

Paralelamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que luego de estas detenciones, al menos 54 personas siguen en calidad de desaparecidas. Al rechazar lo que se consideró como una represión policiaca, la CNDH explicó que han recibido denuncias de las decenas de desaparecidos en el sureste del país. “Expresa su preocupación ante las denuncias de que por lo menos hay 54 personas que permanecen como desaparecidas, por lo que reclama de las autoridades del estado apego a la ley y atención urgente y especial”, denunció la CNDH.

CON INFORMACIÓN VÍA EL PAÍS

PERSPECTIVAS_ Martín Becerra: “Facebook descubre los derechos humanos”

Recientemente Facebook anunció su “política corporativa de derechos humanos”, por la cual se compromete a garantizar los principios consagrados por Naciones Unidas sobre este tema. Además, la empresa anuncia la creación de un fondo para apoyar el trabajo de los defensores de los derechos humanos,

En efecto, “En virtud de esta nueva política, tomaremos medidas para respetar los derechos humanos según se definen en las leyes internacionales de derechos humanos y se describen en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU)”, aseguró Miranda Sissons, directora de Derechos Humanos de Facebook, a través de un comunicado de prensa.

El investigador argentino Martín Becerra explicó el alcance de estos anuncios en su nota de opinión “Facebook descubre los DDHH”. “Facebook acepta que su carácter privado no la exime de la obligación de garantizar el respeto por los derechos básicos consagrados por las Naciones Unidas… Quienes argumentan que no es importante que una plataforma como Facebook produzca este giro omiten, entre otras cuestiones, que para muchas personas y en varias regiones los servicios de Facebook son sinónimo de Internet”, señaló Becerra.

A continuación compartimos la nota completa de Martín Becerra, publicada en el portal LetraP.

Facebook descubre los derechos humanos

En un giro tardío pero imprescindible, la compañía de Zuckerberg lanzó su política de compromiso con los derechos humanos.

La noticia es relevante, ya que involucra a la compañía dueña de las plataformas de redes sociales digitales y de los servicios de mensajería más masivos y globales, con más de 2.400 millones de usuarios en el planeta. Facebook acaba de inaugurar su política de “compromiso con los derechos humanos”. Dado que Mark Zuckerberg creó la empresa en 2004 y protagonizó escándalos relacionados con la libertad de expresión, la no discriminación, la protección a personas y grupos vulnerables y el tratamiento de datos personales, sobre todo en la última década, el anuncio es tardío aunque imprescindible para subsanar un desempeño que hasta ahora –como mínimo- fue esquivo a la tutela de los derechos humanos.

A través de una carta pública difundida por Miranda Sissons, directora de Derechos Humanos de Facebook Inc., la nueva política corporativa promete que “nos esforzaremos por respetar” los estándares de derechos humanos según se definen en el derecho internacional, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Además de una serie de acciones incluidas en el compromiso, Facebook lanza también un fondo “para apoyar a los defensores de derechos humanos”.

Según Peter Micek, consejero general de Access Now, Facebook se convierte así en la última de las bigtechen en articular públicamente sus compromisos para defender los derechos humanos. “Si el ceo de Facebook, Mark Zuckerberg, aprobó esta política, debe garantizar su implementación, respetando las llamadas de la sociedad civil y cumpliendo con la regulación que respeta los derechos, para trazar una dirección completamente nueva en Facebook», señaló Micek en un comunicado de la organización defensora de derechos digitales.

Con este anuncio, Facebook acepta que su carácter privado no la exime de la obligación de garantizar el respeto por los derechos básicos consagrados por las Naciones Unidas. Parece una ironía, pero es el propio conglomerado de Zuckerberg el que elige adscribir sus reglas, que condicionan la conversación e información pública de miles de millones de personas, a los principios de derechos humanos que organizan las constituciones y leyes de los países democráticos. Quienes argumentan que no es importante que una plataforma como Facebook produzca este giro omiten, entre otras cuestiones, que para muchas personas y en varias regiones los servicios de Facebook son sinónimo de Internet.

La nueva política corporativa comprende la elaboración de un informe anual, público, “sobre cómo estamos abordando los problemas de derechos humanos derivados de nuestros productos, políticas o prácticas comerciales”. En tanto, el fondo que ahora promueve Facebook dirigido a defensores de derechos humanos brindará asistencia sobre todo en casos de amenazas críticas. Sissons también subraya que “aprovecharemos nuestro trabajo existente para proteger las cuentas de los defensores, esfuerzos que incluyen combatir a los actores maliciosos que los atacan, protegerlos de la eliminación de contenido incorrecto, ofrecer opciones de seguridad avanzadas, tomar medidas para frustrar el acceso no autorizado a las cuentas de los defensores que son arrestados o detenidos y la asociación con organizaciones de derechos humanos en actividades de divulgación y capacitación”. Facebook reconoce los conflictos y descuidos en relación a sus reglas de “moderación de contenidos”, remoción de cuentas y desprotección de personas hostigadas violentamente en la gestión de sus plataformas.

Para la compañía, el anuncio se inscribe en una línea reciente de acciones que pasarán a agruparse dentro del compromiso con los derechos humanos. Entre ellas, destaca la conformación de la “Junta de Supervisión” interna, la disposición de estrategias para eliminar la información errónea verificada y los rumores no verificables que “pueden poner a las personas en riesgo de sufrir daños físicos inminentes”, la creación de herramientas para abordar contenido dañino en países críticos donde Facebook fue vehículo de ataques de odio, amenazas e incitación a la violencia, como Myanmar; el sostenimiento del cifrado de extremo a extremo en mensajería y la protección para periodistas.

El reciente apagón noticioso en Australia, la cancelación de un presidente en ejercicio sin previa orden judicial y la pasividad con la que consintió el acoso organizado contra minorías en situaciones dramáticas dan cuenta del poder inédito de Facebook. Su adaptación a los estándares de derechos humanos y el compromiso real se evaluará en acciones concretas más que en anuncios, pero la noticia supone un giro trascendente no sólo de la propia corporación, sino, también, del discurso radical que justifica atropellos en las plataformas digitales con el pretexto de que, al ser privadas, están por encima del respeto a los derechos humanos.

Con información vía OBSERVACOM

«Es deplorable el brutal uso de la fuerza por parte del ejército de Guatemala en contra de personas migrantes», dice el procurador de DD.HH. del país

Línea

La violencia con la que el ejército de Guatemala disolvió este lunes la primera gran caravana de migrantes de 2021 puso el foco internacional sobre el país centroamericano.

Un día antes, miles de soldados y policías ya habían impedido el paso con palos y gas lacrimógeno al multitudinario grupo, en su mayoría hondureños, que trataban de llegar a Estados Unidos con la esperanza de que el próximo gobierno de Joe Biden flexibilice su política migratoria

Huyendo de la violencia y la pobreza en su país aún más acentuada tras los últimos huracanes, miles de migrantes ingresaron en Guatemala de manera irregular desde el viernes y sin mostrar la prueba negativa de covid-19 que se les exige.

La fuerte represión policial, que hizo que estos migrantes retrocedieran o incluso regresaran a su país de origen, fue criticada por organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, un organismo estatal pero autónomo del gobierno.

BBC Mundo habló con su titular, Jordán Rodas, quien tilda la actuación de los agentes frente al grupo de migrantes -en el que se encontraban familias enteras, mujeres y niños- de «deplorable e injustificable».

Destacó que sienta un «funesto precedente» en la política migratoria de la región y avanzó que lo ocurrido podría acarrear sanciones internacionales al gobierno guatemalteco (la entrevista ha sido editada por motivos de longitud y claridad).

¿Cómo califica la actuación del ejército y policía frente a esta caravana de personas?

Es deplorable el brutal uso de la fuerza por parte del ejército de Guatemala en contra de personas migrantes. Fue realmente indignante ver que los hermanos y hermanas hondureños fueron recibidos a garrotazos, a palos y con gases lacrimógenos.

Estuvo lejos de ser una reacción, como centroamericanos y como seres humanos, de empatía y solidaridad hacia estas personas. Porque a nadie le gusta dejar su comunidad y su familia, sino que lo hace porque realmente las condiciones de su país le obligan a ello.

A ninguna persona se le puede mancillar su dignidad, porque la dignidad es la esencia de los derechos humanos. Y migrar es un derecho humano.

¿Cree entonces que fue una respuesta desproporcionada?

Fue desproporcionada, irracional y no se justifica. Ojalá que el ejército combatiera al crimen organizado en Guatemala con esa vehemencia, con esa fuerza y con esa cantidad de contingentes que vimos frente a los migrantes. Sería otra la historia.

Pero ensañarse así con personas civiles que salen por la precariedad que hay en su país es muy lamentable. Nada justifica el recibimiento que se les dio en Guatemala, y sienta un funesto precedente.

El ejército dio un ultimátum a los migrantes para que se retiraran de la carretera que mantenían bloqueada antes de desalojarlos por la fuerza este lunes. ¿Cómo debería haber actuado el ejército en esa situación?

El no uso de la fuerza de esa forma desproporcionada y brutal como hicieron.

El gobierno les exige a los migrantes documentación en regla y una prueba negativa de covid-19. ¿Es viable que personas que huyen de la pobreza puedan pagar este tipo de tests?

No se le puede pedir que pague por una prueba de covid-19 a gente que no tiene qué comer. Es el hambre lo que puede hacer a la gente tomar medidas desesperadas como viajar con sus niños y realizar un viaje así.

Deberían instalarse en la frontera laboratorios móviles para dar este servicio de forma gratuita. Hay que dar las facilidades administrativas para que se cumpla lo que pedimos en nuestro territorio.

Es una ley que tiene su justificación razonable, pero ese requisito de la prueba no puede ser una limitante, ni mucho menos una justificación para reprimir de la forma que lo hicieron.

Respecto a la documentación, hay que recordar que el tratado del CA-4 permite la libre movilización a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses por sus países con solo su documento de identidad, sin necesidad de pasaporte. Este es un tratado vigente.

¿Qué ha hecho al respecto la Procuraduría que usted dirige?

Hemos hecho las recomendaciones a las entidades correspondientes, porque no fueron dignas las condiciones con las que se trató a estas personas que están en nuestro territorio. Abrimos un expediente y pedimos los informes (a las autoridades) que nos tienen que entregar en cinco días hábiles para cruzar los datos y ver cuál es la situación.

Lo que sí doy es una voz de alerta como procurador de Derechos Humanos porque se están abriendo las puertas a una crisis humanitaria de naturaleza regional. Deberíamos ser capaces de proponer fórmulas de desarrollo equitativo en Mesoamérica, y no solamente reaccionar cuando se producen estos fenómenos de éxodos masivos.

¿Cuáles serían esas fórmulas?

Lo ideal sería que cada persona pudiera desarrollarse en su propio país, pero evidentemente ahí es donde uno se cuestiona nuestros gobiernos.

Se tiene que apostar por resolver los problemas estructurales que provocan estos movimientos migratorios, estos éxodos: la desigualdad, la corrupción que resta oportunidades de vida digna en todo el mundo, pero que en Centroamérica es muy recurrente.

Y también repensar el modelo político y económico con el que atajar las grandes desigualdades y la falta de oportunidades de trabajo digno por las que la gente sale de su país por pura sobrevivencia, pensando en el sueño americano que muchas veces acaba en pesadilla.

¿Esta actuación del ejército frente a los migrantes le podría suponer algún tipo de consecuencia o sanción internacional al gobierno de Guatemala?

Sin duda alguna. La Federación Iberoamericana del Ombudsman que yo presido ya puso en funcionamiento el protocolo que tenemos para estos casos de migrantes.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación y no se descarta que incluso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos hablando de un trato que no es digno y que no es coherente con los derechos humanos universales.

Guatemala culpó a Honduras de incumplir los compromisos asumidos para disuadir a los migrantes. ¿Qué responsabilidad tiene su país de origenen esta situación, y qué responsabilidad recae sobre los gobiernos extranjeros que dificultan su migración hacia un tercer país en busca de una vida mejor?

No podemos echar culpas fuera cuando son nuestras propias autoridades las responsables.

Este gobierno de Honduras, el de Guatemala… todos tienen su cuota de responsabilidad, pero históricamente, el sistema político siempre ha fracaso por no haber podido hacer lo que dicen nuestras Constituciones: buscar el bien común. Eso se refleja en esa precariedad de vidas.

Atendiendo a la dramática situación que viven muchos de estos migrantes en sus países, ¿debemos hablar de una caravana de migrantes, o de refugiados?

Hay de todo en este grupo: hay quienes huyen de la pobreza extrema, otros huyen por temas políticos, y también los fenómenos naturales como las tormentas Eta e Iota, o la propia pandemia de covid-19, han causado un daño severo en Centroamérica.

Pero más allá del estatus que sea, la respuesta a estos migrantes tendría que ser de carácter humanitario, y no con esa fuerza brutal por parte de las fuerzas de seguridad.

¿Cuál es el llamado que hace la PDH de Guatemala al gobierno para afrontar esta situación con la caravana de migrantes?

Abstenerse de un uso irracional de la fuerza. Que no se lesione a las personas migrantes, que suficiente daño moral y físico han tenido en su país como para aquí agarrarles a puro palazo.

No, eso no es de humanos, no tiene nada que ver con la dignidad y los derechos humanos.

¿Y cuál es el llamado a los migrantes que conforman este grupo?

Que denuncien cualquier abuso, que no por ser extranjeros en nuestro territorio dejan de tener derechos.

Recordemos que en estos casos existe el riesgo de la trata de personas, que es el tercer delito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y de armas.

Migrar es un derecho, pero tienen que tener cuidado de que sus necesidades no sean aprovechadas económicamente por terceros.

Pero hoy, lamentablemente, nuestra esperanza no está en nuestros gobiernos por ineficientes, por opacos y por corruptos, sino en una política distinta de Biden y los demócratas en EE.UU.

Con información vía BBC Mundo

Otorgan el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos

El Comité Noruego del Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) por «sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor impulsor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto».

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU distribuye alimentos entre refugiados y personas desplazadas por conflictos y apoya proyectos de desarrollo.

La suma del Premio Nobel 2020 asciende a 10 millones de coronas suecas (unos 1,12 millones de dólares estadounidenses). 

El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado 100 veces a 134 premios Nobel entre 1901 y 2019, entre ellos a 107 personas y 27 organizaciones. 

via RT en Español

México aplicará controles sanitarios y sanciones a migrantes de nueva caravana

Ciudad de México, 2 oct (Sputnik).- El Gobierno de México anunció el jueves la aplicación de controles sanitarios y migratorios que podrían derivar en sanciones que incluyen prisión a extranjeros que ingresen a su territorio sin medidas sanitarias contra la pandemia de SARS-CoV-2, ante una nueva caravana de unas 2.000 personas.

«A efecto de cumplir lo establecido en la Ley de Migración, se realizan acciones de control, verificación y revisión de entrada, salida, tránsito y estancia de personas extranjeras en territorio nacional, a fin de promover una migración segura, ordenada y regular», dijo en un comunicado el Instituto Nacional de Migración (INM).

El organismo que depende de las autoridades responsables de la política interior señala que el Código Penal federal establece que «será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa, quien a sabiendas que está enfermo de un mal grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro».

Otro artículo del Código Penal del Estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, determina una pena mayor de «hasta cinco años de prisión»; mientras, el Estado de Tabasco, en el sureste del país, por donde cruzan rutas migratorias «fija de dos y hasta 10 años de prisión a que cause a otro un daño de salud».

Cerca de 2.000 personas salieron el miércoles por la noche de la ciudad hondureña de San Pedro Sula y llegaron este jueves el puesto fronterizo de Conrinto, en la novena caravana migratoria que parte de esa nación centroamericana desde octubre de 2018.

PROTOCOLOS DE SALUD

Toda autoridad civil, militar y particulares que utilicen las instalaciones migratorias deberá cumplir protocolos de salud.

El organismo gubernamental sostiene que «protege y garantiza los derechos humanos de todas las personas extranjeras que, en contexto de movilidad, transiten por México en situación irregular».

En el marco de las medidas sanitarias implementas, existe la instrucción para que toda persona que haga uso de las instalaciones migratorias, «como las áreas de internación en el país, dígase autoridades civiles, militares y particulares, deberán cumplir con los protocolos de salud para acompañar la lucha contra esta enfermedad».

El INM refrenda su compromiso por lograr «una migración segura, ordenada y regular, con estricto apego a los derechos humanos, con un trato de dignidad y humanismo, y el debido cuidado a los protocolos la salud».

Las autoridades migratorias de Guatemala devolvieron este jueves a un primer grupo de 50 integrantes de la caravana que partió la víspera de Honduras.

Honduras ha sido el epicentro centroamericano de estas caravanas de indocumentados, a las que se suman migrantes de otros países en su intento de llegar a EEUU.

Ese país ha endurecido los controles fronterizos, y la temida «migra» estadounidense ahora vuelve a emplearse a fondo.

Las titánicas travesías de migrantes desde Centroamérica y México hacia EEUU se reactivaron tras la pausa forzada por la contingencia sanitaria del covid-19, y en julio pasado más de 40.000 personas intentaron cruzar la frontera mexicana rumbo al país vecino.(Sputnik)

Exdirector de investigación en México acusado por caso Ayotzinapa huye a Israel

Ciudad de México, 14 sep (Sputnik).- El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zetón, acusado de presunta manipulación de evidencias en el caso de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, huyó de Canadá a Israel, informó este lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

«En el caso del señor Zerón, sabíamos que estaba en Canadá, esa era la información que se tenía, pero luego se dio a conocer que está en Israel», dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

Zerón está acusado por la Fiscalía General por tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, y manipulación de evidencias en el caso que cumplirá seis años sin resolverse, el 26 de septiembre próximo.

«Ya hay aviso al Gobierno de Israel que se tiene una orden de aprehensión ya girada en su contra; y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables», dijo López Obrador.

El 18 de marzo, la Fiscalía emitió una orden de captura en contra de Zerón, por «haber sembrado bolsas de plástico con osamentas» en el riachuelo San Juan, ubicado en Cocula, que colinda con Iguala.

De esos restos fue identificado Alexander Mora Venancio, el primero de los dos únicos jóvenes hallados hasta la fecha.(Sputnik)