Otorgan el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos

El Comité Noruego del Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) por “sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor impulsor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto”.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU distribuye alimentos entre refugiados y personas desplazadas por conflictos y apoya proyectos de desarrollo.

La suma del Premio Nobel 2020 asciende a 10 millones de coronas suecas (unos 1,12 millones de dólares estadounidenses). 

El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado 100 veces a 134 premios Nobel entre 1901 y 2019, entre ellos a 107 personas y 27 organizaciones. 

via RT en Español

México aplicará controles sanitarios y sanciones a migrantes de nueva caravana

Ciudad de México, 2 oct (Sputnik).- El Gobierno de México anunció el jueves la aplicación de controles sanitarios y migratorios que podrían derivar en sanciones que incluyen prisión a extranjeros que ingresen a su territorio sin medidas sanitarias contra la pandemia de SARS-CoV-2, ante una nueva caravana de unas 2.000 personas.

“A efecto de cumplir lo establecido en la Ley de Migración, se realizan acciones de control, verificación y revisión de entrada, salida, tránsito y estancia de personas extranjeras en territorio nacional, a fin de promover una migración segura, ordenada y regular”, dijo en un comunicado el Instituto Nacional de Migración (INM).

El organismo que depende de las autoridades responsables de la política interior señala que el Código Penal federal establece que “será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa, quien a sabiendas que está enfermo de un mal grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro”.

Otro artículo del Código Penal del Estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, determina una pena mayor de “hasta cinco años de prisión”; mientras, el Estado de Tabasco, en el sureste del país, por donde cruzan rutas migratorias “fija de dos y hasta 10 años de prisión a que cause a otro un daño de salud”.

Cerca de 2.000 personas salieron el miércoles por la noche de la ciudad hondureña de San Pedro Sula y llegaron este jueves el puesto fronterizo de Conrinto, en la novena caravana migratoria que parte de esa nación centroamericana desde octubre de 2018.

PROTOCOLOS DE SALUD

Toda autoridad civil, militar y particulares que utilicen las instalaciones migratorias deberá cumplir protocolos de salud.

El organismo gubernamental sostiene que “protege y garantiza los derechos humanos de todas las personas extranjeras que, en contexto de movilidad, transiten por México en situación irregular”.

En el marco de las medidas sanitarias implementas, existe la instrucción para que toda persona que haga uso de las instalaciones migratorias, “como las áreas de internación en el país, dígase autoridades civiles, militares y particulares, deberán cumplir con los protocolos de salud para acompañar la lucha contra esta enfermedad”.

El INM refrenda su compromiso por lograr “una migración segura, ordenada y regular, con estricto apego a los derechos humanos, con un trato de dignidad y humanismo, y el debido cuidado a los protocolos la salud”.

Las autoridades migratorias de Guatemala devolvieron este jueves a un primer grupo de 50 integrantes de la caravana que partió la víspera de Honduras.

Honduras ha sido el epicentro centroamericano de estas caravanas de indocumentados, a las que se suman migrantes de otros países en su intento de llegar a EEUU.

Ese país ha endurecido los controles fronterizos, y la temida “migra” estadounidense ahora vuelve a emplearse a fondo.

Las titánicas travesías de migrantes desde Centroamérica y México hacia EEUU se reactivaron tras la pausa forzada por la contingencia sanitaria del covid-19, y en julio pasado más de 40.000 personas intentaron cruzar la frontera mexicana rumbo al país vecino.(Sputnik)

Exdirector de investigación en México acusado por caso Ayotzinapa huye a Israel

Ciudad de México, 14 sep (Sputnik).- El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zetón, acusado de presunta manipulación de evidencias en el caso de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, huyó de Canadá a Israel, informó este lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso del señor Zerón, sabíamos que estaba en Canadá, esa era la información que se tenía, pero luego se dio a conocer que está en Israel”, dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

Zerón está acusado por la Fiscalía General por tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, y manipulación de evidencias en el caso que cumplirá seis años sin resolverse, el 26 de septiembre próximo.

“Ya hay aviso al Gobierno de Israel que se tiene una orden de aprehensión ya girada en su contra; y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables”, dijo López Obrador.

El 18 de marzo, la Fiscalía emitió una orden de captura en contra de Zerón, por “haber sembrado bolsas de plástico con osamentas” en el riachuelo San Juan, ubicado en Cocula, que colinda con Iguala.

De esos restos fue identificado Alexander Mora Venancio, el primero de los dos únicos jóvenes hallados hasta la fecha.(Sputnik)

Un grupo de mujeres feministas detenidas en protesta contra violencia de género en México

Ciudad de México, 11 sep (Sputnik).- Un grupo de 11 mujeres feministas y familiares de víctimas de violencia de género ocuparon el jueves pasado la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, entidad que rodea la capital mexicana, pero fueron desalojadas y detenidas por algunas horas desde la madrugada de este viernes, denunciaron colectivos feministas.

“Más de 100 policías maltrataron a nuestras compañeras, nos arrastraron y nos golpearon, algunas están embarazadas y con niños”, denunció Magda Soberanes, una de las mujeres manifestantes detenidas, en un mensaje difundido en redes sociales tras ser liberadas, después de las 10:00 locales de este viernes (15:00 GMT).

Las mujeres denuncian casos de feminicidios sin solución hasta la fecha, y fueron detenidas en un operativo policial de las autoridades del municipio de Ecatepec de esa entidad, donde están las instalaciones del organismo gubernamental.

El desalojo y detención de las mujeres fue realizado “a petición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por tratarse de un delito flagrante y luego de agotar las negociaciones”, indica un comunicado.

Las inconformes también se solidarizaron con la madres de víctimas de la violencia que desde hace una semana mantienen ocupada la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman federal), en el centro histórico de la capital del país, con exigencias similares.

El tema fue abordado en la conferencia de prensa cotidiana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó que el caso se investigue.

“Que se proteja a las mujeres, que no se les haga daño”, planteó el mandatario a las autoridades de esa entidad, vecina de la Ciudad de México.

Minutos después, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, del opositor Partido Revolucionario Institucional, publicó en su cuenta de Twitter que su administración local “reprueba las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía del Estado de México en contra de las mujeres que se manifestaron”.

MARCHA ATRÁS Y LIBERACIONES

El gobernador Del Mazo pidió que la Comisión de la Mujer y la secretaría de Justicia del estado de México, “apoyen a las mujeres para salvaguardar plenamente su integridad y sus derechos”.

Las manifestantes lanzaron desesperadas denuncias por redes sociales poco después de la medianoche del jueves, responsabilizando a diversos funcionarios sobre el desenlace de la operación policial.

“Viviremos, volveremos y venceremos, en nombre de la justicia y la digna rabia”, decía la alerta que reportaba una veintena de manifestantes bajo acoso policial.

Sin embargo, la Fiscalía local descartó que en las acciones de desalojo haya sido cometido “abuso de la autoridad”.

Las instalaciones el organismo que opera con autonomía, con atribuciones de “defensor del pueblo”, fueron allanadas.

“Es una burla, ni siquiera en una sede de defensa de los derechos humanos se respeta a las mujeres”, dijo la denunciante Soberanes.

La ocupación se realizó en forma pacífica, imitando la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde otras mujeres exigen la renuncia de su titular, Rosario Piedra.

En plena emergencia, la oficina del ombudsman federal lanzó un llamado para que “respeten y salvaguarden los derechos humanos de las mujeres y niños que se manifestaban contra los feminicidios”.

La mañana de este viernes, la CNDH emitió un comunicado en el planteó que “el diálogo es la única opción”, y llamó a “no violentar los derechos de las personas detenidas mediante el uso de la fuerza”.

El organismo nacional enfatizó que “bajo ninguna circunstancia podemos aceptar el uso de la fuerza en contra de ninguna manifestación de víctimas del delito (…), no más violencia”.

La noche del 3 de septiembre, familiares de una menor que sufrió abuso sexual en una escuela privada del estado San Luis Potosí (centro), se amarraron inmuebles y tomaron la sede del ombudsman federal, para exigir detención del agresor, que fue liberado por las autoridades.

Después presentaron un pliego de exigencias para la investigación y solución de casos de violencia contra mujeres.

La titular de la secretaría federal de Gobernación (Interior) Olga Sánchez Cordero consideró que las demandas de las familias de víctimas están siendo atendidas y que “no hay motivo para que sigan dentro de las instalaciones”.

López Obrador también criticó que hayan sido lanzadas a la calle y pintarrajeadas imágenes del expresidente Francico I Madero, uno de sus próceres favoritos, cuyo fusilamiento en 1913 desencadenó la Revolución Mexicana. (Sputnik)

Presidente López Obrador presenta nueva investigación a familias de 43 desaparecidos

Ciudad de México, 12 sep (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió el viernes a los familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, para presentar nuevos elementos de las investigaciones de los últimos meses.

“Nos presentaron varios avances en las investigaciones, no los podemos revelar porque tienen que ver con puntos neurálgicos de la investigación, y se puede poner en riesgo su éxito”, dijo a periodistas el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales, al salir del encuentro.

El defensor de las familias de los jóvenes dijo que las peticiones que presentaron a la actual administración, que ha reconstruido la investigación, “en un 70 por ciento se ha avanzado, es un avance considerable”, según reportó el periódico La Jornada.

Casi un centenar de jóvenes que viajaban hacia la capital en cinco autobuses, ocupados para asistir a la marcha anual de cada 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de universitarios en la Plaza de Tlatelolco, fueron atacados casi a la medianoche del 26 de setiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero (sur).

Al menos siete patrullas de varios municipios persiguieron y dispararon a los jóvenes, dejando unos 25 heridos y seis personas muertas en distintos puntos de Iguala aquella noche, algunas de un equipo de fútbol que viajaba en otro autobús.

Entre las peticiones de las familias y sus abogados está la detención de policías federales y agentes del municipio de Huitzuco, vecino de Iguala, y otras personas vinculadas los hechos de aquella noche.

“Sobre eso tenemos los avances”, dijo sin ofrecer detalles el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, de Guerrero (sur).

En la trama también habrían actuado militares de un batallón que tiene sede en Iguala.

Las madres, padres, familiares y representantes de las organizaciones que los acompañan recibieron con satisfacción el informe del jefe del Ejecutivo.

“Salimos satisfechos de esta reunión, a diferencia de las pasadas, porque está habiendo avances ya más tangibles”, dijo el jurista, sin poder ofrecer los detalles para preservar el sigilo de las investigaciones.

ANUNCIO OFICIAL EN ANIVERSARIO

López Obrador planteó a las familias que presentará en público los avances cuando se cumplan seis años de los ataques y desaparición de los jóvenes, el próximo 24 de septiembre.

Ese día simbólico, el presidente recibirá a las familias de los desaparecidos, que viajarán de nuevo desde la empobrecida región montañosa de Guerrero, y presentará los hallazgos en una conferencia de prensa.

Rosales adelantó que el jefe del Ejecutivo dará un mensaje acompañado de su gabinete, en el Palacio Nacional.

Sin embargo, con los elementos adelantados el viernes, el abogado mostró escepticismo sobre la posibilidad de que en dos semanas se alcance la verdad y se haga justicia, a seis años de la tragedia.

“Todavía lo veo complicado, porque si bien es cierto que se puede avanzar en esta parte, es importante que las personas (detenidas) hablen, que aporten información”, dijo el defensor, quien ha acompañado a las familias desde los primeros días de las desapariciones.

Más de un centenar de inculpados han sido detenidos a lo largo de estos años, pero decenas han sido liberados, algunos esgrimiendo que las confesiones fueron arrancadas con torturas.

Por la manipulación de evidencias está prófugo quien fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien presuntamente se halla en Canadá.

Rosales observa que si los nuevos detenidos no aportan información, “y se atrincheran en su defensa jurídica”, se va continuar como hasta ahora, sin saber cuál fue el destino de los jóvenes, que estaban en su primer año en la escuela de maestros rurales.

“No está el paradero de los estudiantes, hay muchos (asuntos) pendientes todavía y la protesta tiene que seguir”, dijo el defensor de las víctimas.

El subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, principal responsable de la nueva investigación, dijo antes del encuentro que “ha habido cambios en la narrativa de los hechos”.

Además fue identificado plenamente un segundo estudiante; los únicos dos casos en que los análisis genéticos en huesos calcinados arrojaron resultados.

Ahora se sabe “todo el desplazamiento que tuvieron los muchachos, de manera muy puntual”, según Encinas.

También la forma en la que operó el grupo delictivo.

“Prácticamente está resuelto, en qué momento y en qué lugar”, actuaron, agregó.

Según la llamada “verdad histórica” que el Gobierno anterior sostuvo durante años, los 43 jóvenes fueron supuestamente entregados al grupo narcotraficante Guerreros Unidos.

Los delincuentes los habrían asesinado, incinerando después los cuerpos en el basurero a cielo abierto del pueblo de Cocula, en una barranca, y lanzando los restos calcinados al riachuelo San Juan; pero ahora esa versión se derrumba. (Sputnik)

Acnudh condena asesinato de defensora derechos de personas LGBTI en México

Ciudad de México, 10 sep (Sputnik).- La representación en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) condenó este jueves el asesinato de la defensora de los derechos de las personas LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), Mireya Rodríguez Lemus, en el norteño estado de Chihuahua.

La oficina permanente del organismo internacional, que encabeza Michelle Bachelet, llamó a las autoridades mexicanas “a investigar de forma exhaustiva y de conformidad con los estándares internacionales de debida diligencia y perspectiva de género el asesinato de la señora Rodríguez Lemus y de otras integrantes de la comunidad LGBTI cuyo asesinato ha sido denunciado en las últimas semanas en varios estados” del país.

La víctima era originaria de esa entidad del norte del país, fronteriza con EEUU, y fue la fundadora y presidenta de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Transexuales Chihuahuenses.

La activista realizaba actividades de defensa y promoción de los derechos de las personas de esa comunidad, además de promover campañas de prevención del virus de VIH SIDA.

El 2 de septiembre pasado fue encontrada sin vida y con huellas de violencia en su casa, en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, y el 8 de septiembre las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo.

PISTAS

El posicionamiento escrito de Acnudh estima necesario agotar todas las líneas de investigación en este caso.

Una de esas pistas para aclarar el asesinato es la posible vinculación de este ataque contra la activista con su labor de defensa de los derechos humanos, así como la posibilidad de que se trate de “un crimen de odio por cuestiones de género”.

Asimismo, el organismo hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer el conjunto de medidas necesarias para prevenir “asesinatos motivados por el odio” a la diferencia.

Las autoridades están obligadas a “contrarrestar las actitudes transfóbicas y promover el respeto hacia la población LGBTI, atendiendo a sus obligaciones de derechos humanos”.

Rodríguez Lemus es al menos la séptima persona defensora de derechos humanos asesinada en México durante 2020, de acuerdo con el registro de la representación de la Alta Comisionada de la ONU.

El comunicado exhorta a las autoridades a mantener el acompañamiento con la familia de la defensora y con sus compañeras de la comunidad LGBTI.

Finalmente reconoce las diligentes acciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Chihuahua. (Sputnik)

Familiares de desaparecidos en México creen que no es suficiente con investigación de ONU

Ciudad de México, 8 sep (Sputnik).- La decisión del Senado de México de permitir que los casos de más de 73.000 mexicanos desaparecidos puedan ser investigados por organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es insuficiente, dicen familiares consultados por Sputnik.

“El hecho de que el Estado mexicano firme y busque la aplicación de los convenios internacionales de protección de los derechos humanos no sirve de mucho si en la práctica no hay castigo para quienes cometen los más abominables crímenes contra la población civil indefensa”, dijo a esta agencia Teresa Radilla de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México (Afadem).

De una manera expedita, el Senado mexicano reconoció formalmente la semana pasada la competencia del Comité de la ONU de Derechos Humanos, en los casos de desapariciones y de asesinatos de civiles a manos de integrantes de las fuerzas estatales.

La decisión fue adoptada pocos días después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitiera en su conferencia de prensa diaria, que se estudiaba una medida para vencer la tradicional negativa con que los gobiernos anteriores han visto la participación de organismos internacionales en los casos de violaciones graves a los derechos humanos.

La portavoz de Afadem dijo que “el escrutinio internacional es muy importante, pero no lo podemos considerar suficiente, se necesita demostrar la voluntad política” por parte del Gobierno.

Por décadas los familiares de personas desaparecidas y organismos internacionales habían pedido que el Estado mexicano permitiese la participación de investigadores internacionales en las averiguaciones sobre violaciones a los derechos humanos que involucren a agentes estatales.

Pero hasta ahora, las autoridades del país latinoamericano solo habían admitido, entre reticencias, la participación en algunos casos puntuales, por ejemplo, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de maestros Ayotzinapa, sin esclarecer desde septiembre de 2014.

MÁS TRAGEDIA SOBRE EL DOLOR

Desde Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la Desaparición Forzada celebró la decisión que, entre otras acciones, facilita el acceso de ese organismo a las comunicaciones sostenidas por funcionarios gubernamentales involucrados en estas violaciones.

“Felicitamos a México por empoderar y reforzar el apoyo a los allegados de las víctimas y a aquellos que les ayudan en su lucha diaria en búsqueda de la verdad y justicia por medio del reconocimiento de la competencia del Comité para examinar las comunicaciones individuales”, indica la declaración del Comité, emitida desde su sede en la capital suiza.

Para muchos familiares se ha convertido en una nueva tragedia la tormentosa búsqueda de pistas para saber qué les ocurrió a más de 73.000 desaparecidos en cinco lustros, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB, federal).

El horror ha emergido en los últimos 15 años de unas 4.000 fosas clandestinas identificadas, relacionadas con la suerte que corrieron estas personas en el marco de las atrocidades de la guerra sin cuartel contra el crimen organizado, pero las investigaciones oficiales avanzan muy lentamente.

Patricia Manzanares, cuyo hijo desapareció en febrero de 2011, cuando se desempeñaba como agente de la Policía Federal en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recalca que para las familias al dolor por no saber lo ocurrido con sus seres queridos “se suma un sentimiento de frustración” por la falta de contundencia en la acción de las autoridades.

“Muchas veces vamos a las oficinas de funcionarios, a la propia Comisión Nacional de Búsqueda y no nos atienden”, declaró Manzanares a Sputnik, desde ese estado fronterizo con EEUU.

La posibilidad de que organismos como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puedan intervenir crea una esperanza de que se cierre el largo ciclo de impunidad que rodea a estos casos.

Muchos analistas consideran que allí está un gran obstáculo para poner fin del ciclo interminable de violencia, que no ha cesado durante el actual Gobierno, a pesar de su buena voluntad: la falta de castigo ejemplar para la no repetición.

Desde diciembre de 2018, cuando comenzó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman casi 28.000 nuevas denuncias de desapariciones, casi 40 por ciento de todas las ocurridas en 14 años.

En el pasado, la intervención de la ONU había sido rechazada por los gobiernos mexicanos.

En 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se opuso a una visita del relator especial de la ONU sobre la tortura.

Seis años antes otro presidente, Felipe Calderón (2006-2012), se opuso a las observaciones de organismos de la ONU sobre la militarización de la lucha contra el narcotráfico. (Sputnik)

Fiscalía Militar mexicana investiga a soldados por la muerte de 12 civiles

Ciudad de México, 26 ago (Sputnik).- La Justicia Militar de México investiga a una base del Ejército involucrada en la muerte de 12 civiles tras un enfrentamiento el 3 de julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas (noroeste), informó este miércoles el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval.

“La Fiscalía General de Justicia Militar, desde la fecha en que se llevó a cabo este evento en Nuevo Laredo, inició una investigación; y con lo que resultó del vídeo que hace unos días salió a la luz (el lunes 24 de agosto, en el periódico El Universal), ya la Fiscalía General envió personal de la policía ministerial militar, a continuar con las investigaciones”, dijo el general Sandoval en conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Torreón, Coahuila (noreste).

Acnudh exige investigar a militares mexicanos por la muerte de 12 civiles

Ciudad de México, 25 ago (Sputnik).- La representación en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh) exigió este martes a las autoridades federales mexicanas investigar el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas, a la luz de nuevas evidencias en vídeos sobre la muerte de 12 civiles en una operación militar.

La representación en México del Acnudh, hizo un llamado a las autoridades “para que el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas armadas durante los hechos, ocurridos el 3 de julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas (noroeste), sean investigados conforme a los más altos estándares internacionales y tomando en consideración la evidencia hecha pública”, el pasado lunes 24 de agosto.

En un vídeo publicado por el periódico El Universal, se observa a militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que habrían sido atacados antes, haciendo uso de la fuerza letal con ametralladoras de alto calibre durante la persecución de una camioneta pick-up, que resultó en la muerte de 12 civiles, entre ellos al menos tres víctimas de secuestro.

“Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de Sedena son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos”, dice el posicionamiento de Acnudh.

Tres fallecidos eran civiles que fueron encontrados con las manos atadas, que habían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado.

En el vídeo del incidente en Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con EEUU, tras la persecución a balazos de ametralladoras, se escucha que un militar reporta un sobreviviente, y recibe una orden a gritos: “mátalo, mátalo, a la verga”.

DESPLIEGUE MILITAR SOLO EN FORMA “EXTRAORDINARIA”

La representación del organismo que encabeza Michelle Bachelet indica que esto incidente evidencia la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas se haga solo en forma “extraordinaria”.

El uso de militares en acciones de seguridad pública se deben practicar “en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo establecen la Constitución mexicana y los principios internacionales”, recomienda el organismo.

Una reforma de 2019 a la Constitución autoriza el uso de las fuerzas armadas  en operaciones de seguridad pública, como la construcción de una nueva Guardia Nacional hasta 2024, último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La representación de Acnudh en este país, que es permanente desde 2002, saluda el “positivo mensaje” enviado por López Obrador al afirmar que en su gobierno “no se permitirán prácticas como las observadas en el vídeo y que se iniciarán las investigaciones correspondientes”.

Los expertos en derecho humanitario internacional señalan la urgencia de una “investigación pronta y efectiva de estos hechos”, que podría “romper con prácticas que en el pasado obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares”.

La ONU-DH alienta a además a la Fiscalía General de México a conducir la investigación del caso “en apego a los estándares internacionales, de tal manera que se esclarezcan totalmente los hechos”.

Los estándares internacionales incluyen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, reseña el mensaje del organismo internacional.

Algunos de esos casos son sentencias sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares que aún deben ser investigadas por autoridades civiles.

Dichas investigaciones deberán iniciarse de en forma expedita, “de forma imparcial, independiente y minuciosa a fin de determinar la naturaleza y el origen de las violaciones, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento”, plantea la representación de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU.

También señala que la investigación debe conducirse “con transparencia, garantizando el derecho a la verdad de las familias de las víctimas”,  y de toda la sociedad.

Los familiares también deben poder ejercer sus derechos a participar a través de sus representantes o acompañantes, incluido “el respeto a su seguridad”.

En este caso Acnudh estima importante que se investigue el uso de la fuerza letal por parte de los militares “para determinar si esta fue justificada y, de ser así, si su actuación se apegó a los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego”.

Finalmente, el organismo de la ONU reafirma que seguirá brindando “asesoría y cooperación” al Estado mexicano para la efectiva incorporación a los procesos de investigación de los estándares internacionales, y las reformas institucionales necesarias.

En México son asesinadas casi 100 personas cada día, y en 2019 la cifra roja oficial fue un récord de 35.558 homicidios. (Sputnik)

CIDH admite caso de incendio en guardería ABC

Ciudad de México, 7 ago (Sputnik) .- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró “admisible” el caso de la muerte de 49 niños y niñas a causa de un incendio ocurrido en una guardería de la ciudad mexicana de Hermosillo (norte) en 2009, informaron este viernes representantes de las familias y defensores de derechos humanos.

“Ahora la CIDH conocerá del fondo del caso”, con lo cual las familias buscan que el organismo autónomo del sistema interamericano “formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición” de la tragedia ocurrida el 5 de junio en la Guardería ABC de esa ciudad capital del estado de Sonora, informó el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín”.

La CIDH analizará los hechos para “determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano”, indica un comunicado conjunto del centro de la Compañía de Jesús y del Movimiento Ciudadano por la Justicia “5 de Junio”, que reúne a las madres y padres de los infantes fallecidos.

Las familias y los abogados del centro humanitario señalan que el caso es “uno de los más emblemáticos de lucha por la protección de los derechos de la niñez mexicana” y que los abogados de las familias consideran resultado de “fallas estructurales” en el sistema de guardería de la administración del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).

ONCE AÑOS EN BUSCA DE JUSTICIA

Durante más de 11 años, las familias de los 49 infantes fallecidos y los 76 lesionados en la tragedia han reclamado verdad, justicia y no repetición de hechos, pero no pudieron encontrarla en México y tuvieron que acudir a instancias internacionales.

El incendio en la guardería “no fue un siniestro imprevisible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles”, afirman los defensores de las familias.

El mecanismo para delegar la atención a los infantes provocaba “el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias”, alegan los representantes.

El caso fue elevado a la CIDH en octubre de 2014, y recién el pasado 6 de julio el órgano internacional de la Organización de Estados Americanos lo declaró “admisible”.

Las familias anuncian en esta fecha que este litigio interamericano escala a otra fase en “un proceso clave para impulsar que el Estado tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana”.

Los demandantes consideran que las acciones necesarias incluyen la “plena y efectiva aplicación” a nivel nacional de la llamada “Ley 5 de Junio”, fruto de la lucha de las familias.

La mencionada legislación reconoce que el cuidado de niños y niñas “no puede ser visto como un negocio subrogable, sino que constituye una obligación del Estado y derecho de la niñez y de las familias”.

La guardería funcionó desde 2001 hasta la fecha de la tragedia como servicio subrogado a particulares.

En total, 22 funcionarios fueron involucrados según la Suprema Corte de Justicia Mexicana, pero ninguna persona estaba bajo proceso judicial porque todos habían sido exonerados,

Por las presiones sociales fueron condenados posteriormente 19 de los 22 inculpados por la justicia mexicana.

La principal negligencia apunta a Juan Molinar Horcasitas, quien fungía entonces como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo que subrogaba a particulares las guarderías.

El edificio de la guardería era compartido con una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular del Gobierno del Estado de Sonora.

La versión oficial indica que alrededor de las 15:00 hora local, cuando los niños dormían la siesta, en la bodega se sobrecalentó un sistema de enfriamiento que resguardaba cinco toneladas de documentos, placas con registros de vehículos confiscadas y tres vehículos.

El motor del sistema de fundió, fragmentos en llamas cayeron sobre los archivos, el incendio se generalizó en la bodega y se propagó a la estancia infantil.(Sputnik)