Fabricantes de armas demandados tratarán de deslindarse: SRE

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la docena de fabricantes de armas que fueron demandados en Estados Unidos por el gobierno mexicano tratarán de deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito de sus armas a México y de los daños que estas ocasionan.

“Se esperaba que tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes donde ante un juez se tendrá que valorar la evidencia que existe actualmente”, señaló la dependencia en respuesta a la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés), que ayer rechazó en un comunicado los procedimientos legales que inició en su contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los tildó de acusaciones infundadas.

La SRE manifestó que casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre el 70 y el 90 por ciento de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos.

Los demandados incluyen a los seis fabricantes basados en Estados Unidos, cuyas armas se recuperan con más frecuencia en México —Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante demandado es Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga. El acusado restante —Interstate Arms— es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos.

“Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México”, aseveró la SRE.

Además, las empresas demandadas utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas; diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en al mercado criminal; y saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal.

Pero, para el gobierno mexicano, los demandados desafían las recomendaciones hechas por sus propias autoridades, y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México, porque se benefician de él.

Los demandados producen más de 68 de esas armas traficadas de origen estadunidense, lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EU hacia criminales al sur de la frontera.

La SRE puntualizó que la demanda del gobierno mexicano no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable “en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas para abstenerse de anunciar entre la población civil, armas de alto poder para fines militares; sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadounidense, cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México y no dirigir su publicidad a grupos delictivos”.

En el litigio “se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, de acuerdo con la SRE.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Tribunal pide a Corte conocer caso de piloto que debe pagar 30 mdp a Aeroméxico

Un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso del capitán José Manuel Fernández Aguirre, quien fue condenado al pago de más de 30 millones de pesos a favor de Aeroméxico y Aerolitoral, para reparar el daño que provocó por el paro de pilotos en 2017.

A principios de este año la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ de CdMx) emitió la sentencia, porque el paro afectó a más de 10 mil pasajeros por la cancelación de vuelos.

Ante esta situación, el piloto despedido promovió un amparo directo, último recurso que tiene para evitar la condena.

Por tratarse de un tema de interés y trascendencia, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil solicitó al Pleno de la Corte que se pronuncie respecto al artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México, impugnado por el capitán José Manuel Fernández.

La petición ya ingresó a la Corte, pero aún falta que sea votada en alguna de las dos Salas para determinar si se analiza el caso.

El piloto reclamó del artículo el tema relacionado con los derechos libertad de expresión y asociación, libertad de información frente a la censura en el juicio ordinario civil (determinación de actuar ilegal en relación con la suspensión de labores por parte de pilotos).

El paro de pilotos se realizó el 28 de noviembre de 2017, lo que propició la cancelación de 61 vuelos.

El Tribunal que condenó al piloto dejó claro que, en caso de no tenga los recursos económicos para pagar a las aerolíneas, procederá el embargo de bienes. De acuerdo con testimonios, José Manuel Fernández convocó al paro de labores por el despido del capitán José Manuel Orduño.

Días después, Aeroméxico decidió terminar su relación laboral de 15 años con el capitán José Manuel Fernández, entonces secretario de Trabajo de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Asimismo, comenzó una investigación contra siete miembros de ASPA por su posible responsabilidad; a tres de ellos se les aceptó su renuncia en el Comité Ejecutivo.

Por su parte, Mario González, secretario general de ASPA, aseguró que el sindicato no respaldó el paro de pilotos de Aeroméxico. Dijo que ésta no era la forma de actuar del sindicato, porque la forma de actuar de ASPA es agotar la negociación antes de tomar cualquier medida, “siempre buscamos no afectar a los pasajeros”.

En abril , Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, sentenció a nueve meses de prisión al capitán por ser penalmente responsable del delito de ataques a las vías generales de comunicación.

También se ordenó la suspensión de sus derechos políticos, además de que le prohibió acudir durante un año a las instalaciones de Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, y el pago de una multa.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO