Prevalece conflicto entre Sindicato de Telefonistas y Telmex

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) informó que Teléfonos de México (Telmex) continúa rehusándose a establecer acuerdos de manera conjunta que favorezcan la protección laboral de los telefonistas, ello con el fin de restablecer su situación económica.

Telmex “pretende trasladar los costos de la crisis económica y sanitaria de la empresa a sus trabajadores por medio de la reducción de salarios”, de prestaciones y de personal, aseguró el Sindicato en un comunicado.

“Nuestra mano de obra calificada ha sido la base para construir el sistema de telecomunicaciones en México, el cual ha prestado un servicio invaluable durante la pandemia. […]  Nuestros salarios y prestaciones no son la causa de los resultados económicos y financieros de Teléfonos de México, […] por lo que el pasivo laboral como el presunto desbalance económico se pueden resolver sin demérito de los derechos laborales”, subrayó la STRM.

Asimismo, aseguró que los desbalances económicos y financieros de Telmex son consecuencia de una “regulación inequitativa” y de las decisiones corporativas asumidas por América Móvil y por Grupo Carso, al separar de Telmex las unidades de negocio más rentables de los últimos años que buscaban limitar el papel de Telmex en el ámbito de las telecomunicaciones así como “marginar a los telefonistas de las áreas clave en el desarrollo futuro del sector”.

Recordó que en los últimos años “ha manifestado su voluntad para encontrar una solución definitiva al conflicto mediante el diálogo y la negociación, obteniendo como respuesta los reiterados incumplimientos por parte de los directivos de Telmex”. De igual forma, apuntó que el próximo 27 de octubre se cumple el plazo establecido para los emplazamientos a huelga por las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y al incumplimiento de la empresa Telmex en el cubrimiento de vacantes.

Por ello, el Sindicato solicitó al gobierno federal, interceder en el conflicto que enfrentan los trabajadores telefonistas y la empresa mexicana, a fin de garantizar una solución integral que beneficie a todos.

CON INFORMACIÓN VÍA CONTRALÍNEA

Corte abre el camino para licencias de paternidad: las aprueba para sus trabajadores por 3 meses

El Poder Judicial de la Federación otorgará licencias de paternidad por tres meses con goce de sueldo, que podrá ejercerse en los primeros nueve meses desde el nacimiento o la adopción del hijo o hija, anunció el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

“He propuesto al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y autorizado para que se haga aquí en la Suprema Corte, por primera vez en la historia, las licencias de paternidad”, dijo el ministro presidente en conferencia de prensa este jueves.

“Daremos licencias de paternidad por tres meses pagados igual que las de las mujeres. Esto coloca al Poder Judicial Federal a la vanguardia en el continente americano como una de las instituciones más proteccionistas y que hacen un mejor trabajo comprometido para lograr una igualdad real entre los hombres y las mujeres”, afirmó.

El ministro presidente aseguró que esta medida es para terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora, con la discriminación laboral y romper la brecha salarial. Las licencias podrán ejercerse a partir de los nueve meses posteriores al nacimiento o a la adopción del menor, explicó Zaldívar.

Abrimos camino. Seguiremos empujando y seguiremos luchando por una sociedad más justa, más igualitaria en la que todas las personas gocemos de los mismos derechos; todos los derechos para todas las personas es un lema que queremos sea una realidad”, señaló el ministro presidente de la SCJN.

“Por primera vez en la historia, daremos licencias de paternidad por tres meses pagados igual que las de las mujeres. Es una medida transformadora para terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora, con la discriminación laboral y romper la brecha salarial”, abundó.

Comentó que seguirán luchando por una sociedad más justa, hasta que la dignidad y la igualdad se hagan costumbre. “Queremos un Poder Judicial que de una vez por todas destierre la cultura de acoso sexual y violencia de género. La dignidad y la seguridad de todas las mujeres es y ha sido una prioridad en mi presidencia”.

Las licencias de paternidad ayudarán a las familias no convencionales y permitirán a los hombres vivir su paternidad de manera plena, “hasta que la dignidad y la igualdad se hagan costumbre”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

PERSPECTIVAS_ “El trabajo desde casa es cada vez más lamentable —las empresas utilizan la realidad virtual para imponer a sus empleados remotos los peores aspectos de la oficina”

Facebook entró en el reino del metaverso con su nuevo producto Horizon Workrooms, un espacio de trabajo de oficina de realidad virtual. En este tú y tus compañeros de trabajo pueden recrear la sensación de estar en una habitación y hablar. Puedes ver hacia dónde mira la gente, e incluso ver sus brazos y manos en movimiento. También es posible escribir en un pizarrón del mundo virtual ya que aparentemente, es bueno para la «colaboración».

Tiene un aspecto categóricamente horrible —una versión profesional de Max Headroom, incómoda, llena de errores e inquietante—. Y lo que es más importante, no ayuda para nada a la experiencia de hacer el trabajo.

Todo forma parte del plan de Zuckerberg para convertir a Facebook en «una empresa metaversa», una afirmación sin sentido que ya llevó hasta la puerta de los inversores de capital riesgo. Su significado varía desde «es un mundo virtual en el que trabajamos» hasta «en cierto modo implica a las redes sociales».

La puñalada de Facebook en el mundo del espacio de trabajo profesional va más allá del concepto de oficina virtual. Se vende claramente a las empresas a las que no les gusta el trabajo a distancia porque significa que no pueden ver a su gente trabajando.

Puede parecer que es una empresa que regala a sus trabajadores un espacio, pero en todo caso es una oportunidad para estas empresas de quitarles la individualidad e introducir más medios de control. Es una vuelta a lo que es el verdadero objetivo de la oficina —atrapar a la gente, hacerla trabajar el mayor tiempo posible y asegurarse de que está trabajando— enmarcado en el espurio lenguaje de la «colaboración» y la «cercanía» a tus compañeros.

Drew Harwell, del Washington Post, escribió un artículo en el que reflexionaba sobre el lado más preocupante del trabajo digitalizado: la aparición de software de vigilancia. Y que estos mundos virtuales sean cómplices voluntarios de microgestores cuya existencia se basa en el chisme. También habla del «tattleware», un término término para los programas informáticos que registran tus clicks y te fotografían mientras trabajas. Incluso te asignan una «puntuación de productividad», para asegurarse de que utilizas las ocho horas de manera productiva.

Se trata de una industria verdaderamente insidiosa, que sigue haciendo crecer sus ramas en la vida de los empleados. Un estudio reciente reveló que más de la mitad de las herramientas de monitoreo de los empleados vigilan los movimientos del teclado y el mouse. Y que tres cuartas partes de ellas miden la actividad en tiempo real, incluidos los sitios web que se visitan. Casi la mitad de estas herramientas pueden realizar esas mediciones sin que lo sepas; y un preocupante 43.75% de estos programas pueden rastrear tus clicks.

El negocio está en auge en la industria de los programas informáticos de vigilancia. Se trata de un esfuerzo concertado para introducir la paranoia y la miseria en el mundo del trabajador a distancia; a pesar de que este tipo de herramientas informáticas demostraron ser un lastre para la productividad y la moral. En mi opinión, existen para dar a los directivos —que no tienen ningún propósito más allá de ser monitores de pasillo— algo que hacer, ahora que no pueden resoplar dramáticamente en la oficina y fingir que están ocupados.

Gran parte de estos problemas provienen de una crisis de identidad dentro del empleo: ¿pagamos por el trabajo o por el tiempo de la gente? Cuando teníamos gente en la oficina, podíamos decir: «Ok, están presentes. Parecen ocupados». Eso jugaba un papel muy importante a la hora de saber si alguien era bueno en su trabajo. Sin ello, las empresas tienen que empezar a evaluar a las personas en función de lo que realmente hacen. Les aterra la idea de que —aunque la persona esté haciendo su trabajo— no estén obteniendo la «experiencia a tiempo completo» de esa persona.

De ahí creo que viene el crecimiento de estos mundos virtuales. No creo que sean malos por defecto, pasé casi una década en juegos multijugador en línea dentro de mundos virtuales; e hice amistades duraderas en «EverQuest» y «World of Warcraft». Pero me preocupa que algunos mundos virtuales se conviertan en oficinas virtuales por el hecho de pasar lista.

De la misma manera que estas empresas disfuncionales exigen que la gente tenga siempre la cámara encendida, pueden exigir que la gente esté siempre «en su oficina virtual»; una manera realmente extraña pero inevitable de juzgar a la gente.

Si se manejan correctamente, podrían parecer divertidos espacios de reunión en línea que también sirven como lugares que se visitan para hacer el trabajo; si se hacen mal, adoptarán los defectos del estándar de trabajo en persona, nivelando los prejuicios contra las personas en función de su raza, género y capacidad.

Esta es parte de la razón por la que encuentro las Salas de Trabajo Horizonte tan absolutamente aborrecibles. Facebook simplemente creó otra manera de volver a la oficina. Una oficina que beneficia a los que «hablan» y «parecen comprometidos», un entorno óptico que beneficia enormemente a los hombres blancos; que casualmente son los más entusiasmados por volver a la oficina, según una investigación de FiveThirtyEight. Probablemente en parte porque la cultura de la oficina se creó para ayudar a los hombres blancos sin discapacidad.

Si los próximos mundos virtuales consisten simplemente en encontrar maneras de hacer las mismas cosas que hacíamos en la oficina pero virtual, internet hará lo que siempre hace: agravar y agitar esos problemas, a la vez que los hace portátiles y clonables.

¿Y realmente queremos estar «inmersos» en el trabajo? ¿Es necesario? ¿Debemos aspirar a un punto en el que nuestra mente y nuestro cuerpo estén total e inseparablemente atrapados en la computadora para hacer ganar dinero a otra persona?

Todo se reduce a por qué la gente está invirtiendo en estas oficinas virtuales: ¿es porque realmente quieren que la gente pase el rato y encuentre una forma de acercarse? ¿O es porque quieren tener a todo el mundo en un mismo lugar y vigilarlo por si decide dejar de rezar a los dioses todopoderosos de los negocios? A juzgar por las ambiciones de la empresa, me temo que lo segundo es mucho más probable.

CON INFORMACIÓN VÍA BUSINESS INISDER MÉXICO

TENDENCIAS_ Jóvenes Construyendo el Futuro y sindicatos, la vinculación pendiente

Los sindicatos podrían fortalecer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) vigilando que las empresas respeten los derechos laborales, dando capacitación y, sobre todo, negociando la contratación de aprendices, propone una investigación de la economista y especialista en políticas públicas Renata Turrent Hegewisch.

Hasta ahora, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ni las propias organizaciones sindicales “han analizado las oportunidades que se pueden generar construyendo alianzas”, señala en el Diagnóstico de Jóvenes Construyendo el Futuro: Avances y desafíos, publicado por la Fundación Friedrich Ebert México (FES).

Este programa de entrenamiento laboral es el “más importante en la historia del país”, sostiene Renata Turrent en entrevista. Hasta esta administración federal, la juventud había sido abandonada por los gobiernos, dice. Y entre esa población quienes por diferentes circunstancias no continuaron estudiando y no tenían un empleo remunerado sufrieron mayor exclusión, agrega.

“Se les llamó ninis para poner en ellos y ellas la culpa por la falta de trabajo y de oportunidades de educación. La narrativa acerca de que son personas flojas y no quieren trabajar sigue tan instaurada en la gente que muchas personas aseguran que les están regalando el dinero”. Pero esto no es verdad, subraya, “todos los días acuden a trabajar y a aprender”.

De acuerdo con los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), la población entre 20 y 29 sigue siendo la que mayor número de personas desempleadas por la covid-19. Si bien una gran parte han ido recuperando sus trabajos, todavía casi medio millón que tenía una ocupación antes de la pandemia sigue sin un ingreso laboral.

En el primer trimestre de 2020, antes de la llegada pandemia a México, 12.3 millones de jóvenes de ese rango de edad tenían un empleo. Para el mismo periodo, pero de 2021, eran sólo 11.3 millones. Y según la ENOE de abril a junio de este año la cifra subió a 11.8 millones.

Estrategia de capacitación y de prevención

El programa JCF está dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad. La STPS vincula a las y los becarios con un centro de trabajo cercano al lugar donde viven y en el que reciben capacitación laboral durante por un año. Durante dicho tiempo el gobierno federal les otorgar un apoyo mensual de 4,310 pesos y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que cuentan con seguro médico, de riesgos de trabajo y de maternidad.

Desde su arranque en 2019, han ingresado casi 1.8 millones de aprendices, el 57.5% es mujer y el 42.5%, hombre. “Muchas jóvenes entraron al programa porque estaban embarazadas y por esa razón nadie las contrataba”, comenta la investigadora feminista.

Esta estrategia gubernamental ha sido una importante oportunidad de reactivación económica para mujeres que de otra manera no podrían acceder a una capacitación o un empleo, dice. “En México, las mujeres en promedio dedican casi 42 horas a la semana al trabajo del hogar no remunerado, mientras que los hombres sólo dedican 14.7 horas a la semana”, recuerda la autora en su publicación.

Y mientras más tiempo pasen en casa, es más difícil que puedan incorporarse al mercado laboral, señala en la entrevista. “Claramente la falta de políticas públicas para las madres trabajadoras es un problema estructural que no resuelve por sí sólo Jóvenes Construyendo el Futuro”. Pero en un sistema en el que la repartición sexual del trabajo sigue imperando, este programa es una opción para ellas, apunta.

JCF también es una medida preventiva para evitar que esta población sea cooptada por el crimen organizado, opina. “No es una respuesta para sacar a quienes están super involucrados. Pero, hay una idea falsa que el factor económico es el más importante para tomar una decisión de vida, eso se ha desmentido en muchas teorías del crimen”.

El programa brinda la oportunidad a jóvenes que no cuentan con redes para entrar a un trabajo, recibir una recomendación para obtener un puesto o acceder a él de manera directa.

La población que atiende JCF está alejada de ese mundo, lo cual también les aleja de toda la experiencia que genera un empleo: “Responsabilidad, saber cómo presentarse, tener un currículum vitae, eso no se aprende en la escuela, sino en el trabajo”.

Así que el sentir que finalmente están siendo atendidas y atendidos les da ya cierta confianza para continuar, considera. De esa manera es que funciona en cierta medida de manera preventiva.

Las ventajas de la sindicalización

“Y claro que hay críticas válidas”, pondera. Se necesita más transparencia en los datos y hace falta una mayor diversificación en la oferta y calidad de la capacitación. El entrenamiento en los llamados trabajos del futuro, como la programación, por ejemplo, podría ser una solución. “Se podrían hacer convenios con compañías de tecnología para vincular a jóvenes y que éstas se comprometan a contratar al menos algunos de ellos”.

La otra observación que hace es que los sindicatos “se están durmiendo”. Podrían impartir parte del curso propedéutico en el centro de trabajo y darles formación sobre los derechos laborales, propone.

En caso de cualquier incumplimiento por parte del centro de trabajo, los y las aprendices tendrían acompañamiento, el sindicato les podría orientar o, en su caso, representar, explica. “Las capacidades institucionales de la STPS son limitadas y los sindicatos pueden convertirse en un importante aliado” para mantener la vigilancia de la debida operación del programa.

En México, casi 9 de cada 10 personas que tienen un empleo no están sindicalizadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pertenecer a una de estas organizaciones ayuda a las personas a negociar mejores condiciones de trabajo, disminuye las restricciones al acceso a la justicia laboral, hay una mayor vigilancia al cumplimiento de los derechos y, en suma, hay más posibilidades de tener un empleo digno, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero también ayudaría a los propios sindicatos, dice Renata Turrent. En las últimas décadas “se han hecho de una reputación de corrupción. La gente joven ni siquiera tenemos en la cabeza sindicalizarnos. Claro que esto es resultado de un sistema neoliberal que trató de acabar con esas organizaciones para debilitar las luchas obreras”. Involucrase en el programa podría ser una vía para que se reivindicaran y para que por fin veamos un relevo generacional, señala.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Sindicato de Interjet prevé que juez ordene pago de salarios adeudados

La sección 15 de la CTM, representante de cerca de 5 mil trabajadores de Interjet, prevé que la empresa sea condenada por un juez al pago de salarios y prestaciones adeudados.

El sindicato presentó este lunes el expediente final a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para que este organismo emita el laudo, que definirá si la aerolínea deberá cubrir más de mil 400 millones de pesos por sueldos no pagados en el último año, de acuerdo con un comunicado enviado a los trabajadores, y del cual El Financiero tiene copia.

“Estamos convencidos de que el laudo será condenatorio para Interjet, y por lo tanto, se le ordenará el pago de salarios y prestaciones adeudados, así como al pago de los salarios generados por todo el tiempo que ha durado la huelga, dándose la instrucción de reanudar actividades”, señala el documento firmado por Francisco Joaquín del Olmo, director de la sección 15.

Si la JFCA falla a favor de los trabajadores, Interjet deberá pagar a los colaboradores, sin embargo, la empresa podría objetar no contar con los recursos necesarios para cubrir los adeudos o bien, negarse a pagarlos.

En ambos casos, el sindicato ejecutará el laudo, realizará el embargo de bienes y remataría los activos de la aerolínea para poder cubrir los pendientes a sus agremiados.

Por otra parte, si la empresa aérea, que no vuela desde el 11 de diciembre de 2020, no reinicia operaciones, los trabajadores pueden rescindir la relación laboral y exigir el pago de sus liquidaciones, las cuales consistirían en 3 meses de sueldo, prima de antigüedad y 20 días de salario por cada año laborado.

Interjet ha señalado que se encuentra trabajando para entrar a concurso mercantil, reestructurar su deuda y poder volar, con una flota reducida, lo más pronto posible.

Sin embargo, la empresa debe cubrir un adeudo de más de 5 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para buscar una salida a sus turbulentas finanzas.

La sección 15 de la CTM refirió que está abierta al diálogo con la empresa para concretar el regreso a operaciones a través del concurso mercantil.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

Se queja la tripulación de Volaris de largas jornadas

Un grupo de sobrecargos de Volaris denunciaron que las jornadas de vuelo que realizan mensualmente exceden los límites dispuestos por la ley, además de ocasionar fatiga que ponen en riesgo la seguridad operacional de los vuelos.

En una misiva enviada al Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (STIA), las colaboradoras indican que la aerolínea programa vuelos que sobrepasan el máximo de horas permitido, que no debe superar las 90 horas mensuales según el Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

Las colaboradoras de Volaris también acusan que, cuando se niegan a realizar los vuelos porque supondría rebasar el máximo de horas en una jornada o en el acumulado mensual, la empresa les sanciona con una falta.

“Se puede comprender que la temporada alta requiere el esfuerzo de todos para la realización de los itinerarios existentes, sin embargo, como personal de seguridad necesitamos fisiológicamente de un descanso apropiado para realizar nuestras funciones. La empresa no debe descuidar el factor humano, el cual sabemos es la causa de la mayoría de los accidentes aéreos, en especial tratándose de la fatiga”, señala el documento del cual El Financiero tiene copia.

Incluso, un sobrecargo reportó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) que las jornadas con excedentes de horas ponen en riesgo la seguridad de los vuelos e indicó que no se ha podido llegar a un acuerdo con la aerolínea.

Volaris respondió a El Financiero, que respeta al pie de la letra los límites de las jornadas de su tripulación, “no solo los previstos por la legislación laboral, sino también aquellos establecidos en las regulaciones propias de nuestra industria”.

Los sobrecargos señalaron siete planeaciones de vuelo en las que, apuntan, no se cumplen los reglamentos y normas fijadas por la aviación.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

¿No gozas de vacaciones? No solo eres tú… es el 46% de mexicanos

Alrededor del 46 por ciento de los trabajadores no ha tomado un descanso vacacional durante este año, lo que puede provocar fatiga por estrés laboral.

De acuerdo con Worky, una startup cuya plataforma concentra en la nube todas las funciones de Recursos Humanos, publicó los resultados de una encuesta realizada a más de 100 empresas mexicanas en toda la República, sobre “las vacaciones que no tomamos y el precio que pagamos”.

De acuerdo con el estudio, solo el 54.5 por ciento de los encuestados afirmaron haber tomado vacaciones durante este año.

El 48.5 por ciento de los encuestados dicen recibir solamente los 6 días vacacionales requeridos por ley de parte de sus empleadores, mientras que un 33 por ciento ofrece entre 7 y 10 días de vacaciones.

Según el reporte, solo el 18.8 por ciento pide sus vacaciones en verano, el 25 por ciento lo hace en la temporada navideña, los demás participantes aprovechan otras temporadas.

“La falta de descanso laboral, eventualmente cobra una factura ya sea en productividad, ausentismo, siniestralidad o rotación. La fatiga extrema en tus colaboradores, incluso los más eficientes, motivados y talentosos, pueden irse de tu organización si otra empresa ofrece más días vacacionales”, afirma Sophia Brizuela, Head of People de Worky.

Agregó que el descanso vacacional muchas veces es minimizado en nuestro país, a pesar de que es fundamental para el bienestar.

Brizuela explicó que las consecuencias de no tener un adecuado plan y control de vacaciones genera alta rotación, lo cual en sí impacta financieramente en las empresas, ya que el costo integral asociado al reemplazo de un trabajador de un cargo medio puede significar hasta el 400 por ciento del salario mensual del puesto.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

PERSPECTIVAS_ Los repartidores resuelven tu vida… exponiendo la suya, y la de su familia

Es la tarde del 27 de noviembre de 2018. Saúl, uno de los repartidores de comida rápida en México, está acostado en su cama. Desliza el dedo por la pantalla de su celular y encuentra, en Twitter, una noticia que lo alarma: “Muere ciclista arrollado en San Antonio y Periférico”. Salta a la vista la imagen de una bicicleta aplastada junto a una mochila de Rappi rota. Abre el link, lee la nota de la agencia Quadratín:

“Los hechos que le costaron la vida al repartidor ocurrieron pasadas las 16 horas luego de que, según testigos, un pesado camión tomara el trébol para incorporarse a Periférico sin notar la presencia del ciclista.

En ese momento, añadieron, las llantas traseras del camión pasaron por encima de la cabeza y tórax del hombre de 25 años de edad, quien pese a que portaba casco, este de nada le sirvió”.

Luego siente una rabia inmensa, lacerante, y ganas de encerrarse, de no salir, de guarecerse debajo de una losa de sábanas y cobijas.

Desde 2017, Saúl trabaja como repartidor de comida en Rappi. “Me pudo haber pasado a mí”, piensa. Se imagina el inmenso dolor de la familia del ciclista, a quien no conoce, pero identifica como uno de los suyos.

Entonces se levanta de la cama. Y se dice a sí mismo, como si las palabras que brotan en su conciencia las pronunciara alguien más, otra voz: «A veces uno camina un largo trecho con pies ajenos».

Y entiende que eso es un principio de empatía, así que se arma de valor para acudir al lugar de los hechos. Una vez ahí, con su mochila de Rappi al hombro, se le acerca un reportero y le pregunta: “¿Sabes quién es el fallecido?”.

Saúl niega con la cabeza.

Arriban los peritos a la escena. También llegan otros repartidores. Saúl, junto a sus colegas, se acerca al cadáver, a fin de buscar su cartera, o su INE, o su celular.

Los policías les piden que despejen la zona para que los peritos hagan el levantamiento del cuerpo.

Saúl y compañía sólo desean una cosa: conocer la identidad del joven fallecido, con el fin de avisarle a sus familiares.

A Saúl le informan que el cuerpo será enviado al anfiteatro de la agencia 45 del ministerio público. Así que decide trasladarse a ese sitio. Al llegar, un policía le impide el paso y le dice que ahí no ha llegado ningún cuerpo.

En México, Uber Eats, Rappi y DiDi Food, por ejemplo, no reconocen la existencia de una relación laboral entre las empresas y los repartidores, a quienes llaman “socios”. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

Le informan, a través de WhatsApp, que otros repartidores, a bordo de sus motocicletas, siguieron al vehículo de los servicios periciales. Y que el cuerpo fue llevado al anfiteatro de la coordinación territorial Álvaro Obregón 4, ubicada en Tizapán San Ángel.

Saúl no acudirá hasta ese lugar, pero se enterará que, a las 11 de la noche, el hermano del occiso llegará a las afueras del lugar y les informará a los repartidores que el joven fallecido no tenía 25, sino 22 años, y que se llamaba José Manuel Matías Flores.

Días después, Saúl participará en ese acto solemne, funesto, que ha sembrado de luto los cruces de esta ciudad furiosa: colgará la bicicleta de José Manuel, pintada de blanco, en la intersección entre el Eje San Antonio y Periférico.

Días después, un grupo de ciclistas y repartidores, encabezados por Saúl, realizará también una manifestación que saldrá del parque Luis Pasteur, a las afueras del Senado, rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a fin de reclamar justicia por la violencia vial y las muertes de sus colegas. En el camino arrojará su bici al piso, sobre el asfalto, y la cubrirá con una sábana blanca y le gritará a los automovilistas: “¡Podría ser tu hijo!”. Pero los conductores, indiferentes, invadirán el carril del Metrobús, a fin de sortear la marcha. Pero eso no detendrá a los ciclistas furiosos, indignados, y cerrarán Insurgentes.

Esos serán sus primeros actos de protesta.

Y así, sin proponérselo, Saúl Gómez, un joven que entonces tiene 30 años, fundará el colectivo: “#NiUnRepartidorMenos”.

***

“En la última década, en América Latina hemos presenciado el acelerado desarrollo de la economía digital. Bajo la triple promesa de no tener jefes, ni turnos fijos, ni límites (salvo los que uno se ponga a sí mismo), las plataformas digitales ofrecen oportunidades de trabajo e ingreso a personas de distintas edades que no cuentan con alto nivel de competencias”, se lee en el informe «Trabajos precarios y el COVID–19: repartidores de plataformas digitales», elaborado por Leyla Acedo Ung y Roberto Castillo, bajo el auspicio de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

No obstante, este tipo de empleos están asociados a condiciones de precariedad laboral. Uber Eats, Rappi, DiDi Food, Cornershop (adquirida por Uber), entre otras, conforman las plataformas de reparto de alimentos que, bajo el argumento de la flexibilidad laboral, enmascaran la ausencia de derechos laborales para sus trabajadores.

En México, Uber Eats, Rappi y DiDi Food, por ejemplo, no reconocen la existencia de una relación laboral entre las empresas y los repartidores, a quienes llaman “socios”.

“La figura de ‘socio’ pues, es una estrategia que la empresa ha desarrollado con el fin de no verse obligada por los marcos legales de distintos países a reconocer y pagar seguridad social, medidas de protección, capacitaciones y demás derechos laborales a sus trabajadores”, escriben Acedo Ung y Castillo, en el referido informe.

La pandemia, sobre todo el confinamiento, derivó en un aumento de los pedidos de comida en línea. El llamado #QuédateEnCasa, para los repartidores, se tradujo en un aumento de trabajo, pero no de sus ingresos. Según el estudio Consumo en apps de comida a domicilio durante el Covid–19 en México, elaborado por Fintonic, los pedidos de comida al domicilio, al inicio de la pandemia, crecieron un 10.98 por ciento en Rappi y un 6.24 por ciento en Uber Eats.

Protestas de repartidores en calles de la Ciudad de México. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

Paola Ángel tiene 25 años, un hijo pequeño, y desde hace tres años trabaja como repartidora en Rappi. Calcula que en 2018 ganaba hasta 500 pesos por cada seis pedidos; ahora gana 150 pesos por el mismo número de órdenes. Saúl coincide con Paola: en su primer semana de trabajo, hace cuatro años, realizó 50 viajes y obtuvo 4 mil pesos de ganancia, algo inimaginable en las condiciones actuales. Añade que todos los instrumentos de trabajo, como la bicicleta, el casco e, incluso, la mochila, son gastos que corren por cuenta del repartidor.

Lo anterior pese a que, en el tercer trimestre de 2020, Uber Eats, por ejemplo, reportó –a nivel global– un incremento de 135 por ciento en sus ganancias, en comparación con el mismo periodo de 2019, con lo que generó 8 mil 550 millones de dólares y tuvo un crecimiento de 113 por ciento en el número de pedidos.

Este año, en México, se prevé que los ingresos por pedidos de comida online superen los 2 mil millones de dólares, de acuerdo con las previsiones de Statista Digital Market Outlook. Sin embargo, a juicio de Paola, eso no significará un aumento en los ingresos para los repartidores.

Rappi tiene presencia en 31 ciudades del país y presume contar con 15 mil restaurantes inscritos en su plataforma. A inicios de 2021, la app contaba, de acuerdo a cifras dadas a conocer por Alejandro Solís, director general de Rappi en México, con 50 mil repartidores, de los cuales 20 mil se integraron durante 2020, año de inicio de la pandemia.

Dicha aplicación cuenta con varios servicios dentro de su aplicación, así que sus repartidores no sólo llevan comida a domicilio, sino que hacen todo tipo de tareas: compras en supermercado, farmacias, tiendas de ropa, pedidos de dinero en efectivo, adquisición de videojuegos, entre otros.

Paola sostiene que las políticas de Rappi son leoninas: si un cliente no sale de su domicilio a recoger un pedido, tras 10 minutos de espera (o incluso más), el repartidor se puede retirar, pero tiene la obligación de obsequiar la comida a una persona en situación de calle (el repartidor debe de tomarle una fotografía, lo que vulnera el derecho a la imagen de esa población).

“Si el vagabundo no está limpio, o sea: si sus ropas no están sucias o rotas, la aplicación rechaza la entrega de la comida y te carga el pedido”, denuncia.
Paola y Saúl se lamentan de que, en los últimos tres años, sus ingresos se hayan mermado aún más, debido a las cargas impositivas.

Uber Eats, Rappi, DiDi Food, Cornershop conforman las plataformas de reparto de alimentos que, bajo el argumento de la flexibilidad laboral, enmascaran la ausencia de derechos laborales. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

Ahora, con las disposiciones fiscales, aplicables para este año, cualquier persona que desee emplearse en Rappi, Uber Eats o DiDi Food, tendrá que darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y proporcionar el RFC a la aplicación para que les retengan el impuesto sobre la renta (ISR). La tasa de retención antes se calculaba en función de los ingresos mensuales de este tipo de trabajadores, pero ahora se estableció una tasa única de 2.1 por ciento.

De acuerdo a la plataforma Glassdoor, mientras el Android developed (desarrollador del sistema operativo Android) de Rappi gana 708 mil 600 pesos al año, un repartidor tiene ingresos mensuales en promedio de 10 mil 149 pesos al mes. Y eso depende de la cantidad de pedidos, las propinas, y de que el trabajador no acumule “deudas fantasma”. Saúl lo explica así: “las deudas fantasma son cargos no reconocidos. Un ejemplo: en la aplicación nos aparece una deuda por rechazar cierto número de pedidos. Eso es una multa arbitraria, ¿pues no que somos ‘socios’?”, pregunta.

Y añade: “Cada actualización de Uber Eats, DiDi Food y Rappi no es porque la aplicación requiere una adecuación técnica, que nos favorezca, sino que cada actualización modifica sus condiciones para dejarnos más precarizados”.

Con las disposiciones fiscales, aplicables para este año, cualquier persona que desee emplearse en Rappi, Uber Eats o DiDi Food, tendrá que darse de alta en el SAT y proporcionar el RFC. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

REPARTIDORES ABANDONADOS POR EMPRESAS

Las empresas Rappi y DiDi Food se negaron a otorgarme una entrevista virtual, o telefónica, para tratar el tema de las condiciones laborales y la seguridad de los repartidores de comida.

Optaron por responder a mi petición a través del envío de dos respectivos comunicados. En dichos documentos no hay respuestas concretas a mis preguntas, mismas que les hice llegar, vía correo electrónico, a través de las tres distintas agencias de relaciones públicas que los representan en México.

Rappi, en su postura, sostiene que las “personas repartidoras son trabajadores independientes que buscan una fuente de ingresos adicional mediante la prestación de un servicio, de manera totalmente flexible y que les permita cumplir con sus obligaciones cotidianas como puede ser ir a su trabajo principal, atender a su familia, estudiar, etc. La plataforma es un instrumento facilitador entre los comercios, los usuarios y la persona que quiera hacer la entrega a domicilio. Las personas repartidoras no trabajan bajo el concepto de exclusividad con Rappi, por lo que muchos prestan sus servicios a otras plataformas”.

DiDi Food, a su vez, emite un comunicado similar, como si fuese una calca del mismo argumento de Rappi: “En DiDi Food tenemos claro que la gran mayoría de los socios repartidores buscan alternativas a las jornadas fijas y horarios estrictos de trabajo, ya que el 80% de los socios repartidores se conectan menos de 30 horas a la semana y lo hacen en horarios muy variados. Es decir, somos una alternativa flexible para el autoempleo y la generación de ganancias adicionales. Además, gracias al esquema de economía colaborativa, los socios repartidores tienen una tasa preferencial de retención de impuestos respecto a otros esquemas de empleo tradicionales, al tiempo que fomentamos que más personas se incorporen a la formalidad tributaria”.

Uber Eats me permitió charlar con uno de sus voceros, pero no bajo el formato habitual de una entrevista pregunta–repuesta, sino bajo el formato de presentación, a fin de detallarme todos sus programas en torno al tema de seguridad, con lo que sólo me permitieron formular —on the record— algunas preguntas relativas a ese tema, lo que dejó fuera otros que quedaron sin respuesta.

Para las aplicaciones de comida rápida, las personas repartidoras son trabajadores independientes que buscan una fuente de ingresos adicional. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de Uber Eats, la vocera encargada de explicarme el tema, sostiene que para la plataforma de reparto “lo más importante es cómo contribuimos a mejorar la calidad del trabajo independiente”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel regional, —le pregunto— califica a los repartidores de comida como jornaleros digitales, debido a las carencias que enfrentan. ¿Qué dirías respecto a la acusación de que Uber Eats precariza el trabajo de sus repartidores?

“Tenemos identificado —responde— que este modelo de trabajo independiente es, ahorita, clave en nuestras economías. Y es una discusión activa e importante el mejoramiento de esta situación. Nuestra apuesta es, a partir de respetar la independencia y flexibilidad, construir juntos y mejorar”.

Al respecto, César Salazar, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sostiene: “Las personas que no quieren tener un horario fijo compran el argumento de que serán su propio jefe, aunque esta idea no es más que un disfraz para precarizar las condiciones laborales, pues no tienen acceso a ninguna prestación social. Y las plataformas son las que se llevan los mayores beneficios”.

Los que trabajan en las plataformas, explica, son personas excluidas del mercado laboral. “La existencia de las plataformas lo que hace es facilitar la inserción de estos jóvenes al mercado laboral, aunque en las peores condiciones”.

Paola señala al respecto: “Nadie trabaja por pasatiempo, sino por necesidad. No conozco a ningún repartidor que tenga otro trabajo y haga esto para compensar sus ingresos. Al contrario, es un empleo tan demandante que hay personas que trabajan hasta 15 horas seguidas”.

Evelyn Sánchez durante la protesta #Viernesdefuria. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

REPARTIDORES LUCHAN POR SUS DERECHOS

Evelyn Sánchez, conocida entre la comunidad de repartidores y ciclistas como “La tía”, se convirtió en una conocedora de los procesos legales no por decisión propia, sino por la omisión de las autoridades. “Si en este país —dice— hubiera una cultura vial de respeto a la vida de los peatones y ciclistas, y acceso a la justicia, no habría necesidad de convertirse en su propio abogado”. Su vida cambió después del 6 de noviembre. Ese día, su sobrino, Mario Trejo, repartidor de comida, que se empleaba con diferentes aplicaciones, fue arrollado por un camión de transporte público concesionado.

Así consignó los hechos el colega Israel Aguilar Esquivel, para Infobae: “Alrededor de la 1:30 de la tarde, el pasado viernes, Mario circulaba en su bicicleta sobre el carril confinado del paso a desnivel ubicado en el Eje 2 Norte ‘Eulalia Guzmán’, en la delegación Cuauhtémoc. Al ingresar al túnel, un autobús de pasajeros con placa 0012514, perteneciente a la empresa Corredor Peñón–San Isidro, S.A. de C.V. (COPESI), embistió al ciclista. El golpe del vehículo provocó una fractura expuesta en la pierna derecha del repartidor. El conductor del autobús huyó del lugar y escondió la unidad involucrada, de acuerdo con un comunicado emitido por la familia de la víctima”.

Desde ese momento, Evelyn se encargó del proceso legal y recibió el apoyo de Saúl Gómez, y del colectivo #NiUnRepartidorMenos.

“Después de lo que pasó con Mario, mi sobrino, en las protestas se me acercaban familiares de otros chicos accidentados. Y me preguntaban cómo hacer el proceso, así que empecé a acompañarlos. Yo, en ese momento, no sabía que lo que estaba haciendo era activismo”.

Respecto a la responsabilidad de las plataformas en estos casos, señala: “Los repartidores se exponen a una violencia vial de una brutalidad espantosa. Y eso no les preocupa a las aplicaciones porque creen que no es su culpa. Si a ellos los atropellan en el trayecto de un pedido, los ampara el seguro, pero cuando ellos se trasladan a sus casas pierden toda la protección. Son empleados a lapsos, sin protección garantizada”.

Román, sobre ese tema, afirma que la seguridad es una prioridad para Uber Eats. Y responde: “Desde la aplicación, los socios repartidores tienen acceso a una línea telefónica 24/7 para reportar cualquier incidente”.

Asegura que el tema de seguridad vial es uno de los ejes principales de la empresa. Y que el reto de las víctimas de la violencia vial es mundial, no sólo de México.

En vez de garantizar condiciones para que un conductor no trabaje más de 12 horas, a través de un salario digno, Uber implementa acciones con un tufo coercitivo.

La empresa cuenta con una estrategia de prevención de fatiga, la cual desconecta a los “socios conductores” después de 12 horas de trabajo ininterrumpido. Y tienen que permanecer al menos 6 horas en desconexión antes de regresar a trabajar. “Pequeños detalles de tecnología”, así lo llama Román. #NiUnRepartidorMenos juzga estas acciones como reactivas, que no atienden los problemas de fondo. Y que, además, desliza de responsabilidad a las empresas de reparto.

“Hemos manejado también alertas de ciclovía. A los usuarios de Uber la aplicación les avisa, antes de bajar, sobre la presencia de una ciclovía para prevenir accidentes a la hora de abrir la puerta del auto”, detalla Román.

La Organización Internacional del Trabajo califica a los repartidores de comida como jornaleros digitales, debido a las carencias que enfrentan. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

Sin embargo, en México, cinco de cada 10 repartidores de estas aplicaciones han sufrido un accidente laboral, lo que convierte a México en el país con la mayor tasa registrada a nivel global, de acuerdo con cifras de la OIT.

La Ley Federal de Trabajo (LFT), en su artículo 132, numeral XVII, establece que los patrones deberán “cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores”. Para las apps —dice Paola— la ley laboral es letra muerta.

Con relación a eso, Evelyn denuncia que, ante los casos de enfermedad, como el de la COVID–19, los repartidores son “abandonados a su suerte por la aplicación”.

Y sostiene que es una enfermedad adquirida por trabajo que ninguna app cubre.

Román afirma que eso no aplica en el caso de Uber.

“Tenemos una política de apoyo económico extraordinario de hasta 14 días, para los casos en los que haya contagio, y no sólo contagio, sino una orden de cuarentena por COVID”.

Saúl confirma lo que señala Evelyn: el seguro contra accidentes que tiene como repartidor sólo funciona en el momento en el que un viaje se activa; es decir, a la hora en que él va en camino a recoger un pedido y en el trayecto que dure la entrega.

“Antes o después no estoy protegido. Por ejemplo, ahorita que estoy conectado no me cae un pedido, cruzo la calle y me atropella un auto, estoy desprotegido, no estoy amparado.

No cubre, siquiera, los traslados de ida y vuelta a mi casa. Así funciona en todas las apps”.

Román confirma que, en efecto, así funciona el seguro de Uber y ella lo justifica de la siguiente forma:

“Todos los viajes de Uber Eats están asegurados. Como en la app tenemos el registro en GPS de los viajes, la canalización es bastante ágil. Todos los repartidores, incluso los que trabajan a pie, están asegurados”. Y reitera: “La cobertura de seguro es desde que recibe el pedido hasta el momento de la entrega. ¿Por qué? Porque el modelo de trabajo independiente implica que ellos pueden realizar otras actividades; es decir, después de entregar un pedido pueden irse al cine o a cenar o a estudiar”.

—Pero, en la práctica, ¿los repartidores trabajan con ustedes más de 10 horas al día? —le cuestiono.

—La mejor forma de atenderlos, desde el diseño de las coberturas y de los programas con las aseguradoras, fue determinar el tema de los periodos. Esa es la razón por la que las coberturas existen de esa forma. Incluso sabemos que los repartidores usan más de una aplicación.

Los representantes de #NiUnRepartidorMenos, en respuesta a este último punto, confirman que muchos repartidores trabajan en más de una aplicación, pero aclaran que eso se debe a la necesidad de sumar más ingresos, debido a las bajas ganancias por pedido.

¿Qué ocurre cuando un repartidor tiene un accidente? En Uber Eats, como explica Román, tiene dos opciones: reportarlo a través de soporte técnico o llamar a la aseguradora.

“En diciembre del año pasado se hizo un ajuste en la aplicación, a petición de los socios repartidores, para agilizar la atención. Se hizo más accesible”, aclara Román.

Aún así, los repartidores señalan anomalías. “Ha ocurrido que tienes un accidente leve y avisas a soporte y, de pronto, de la nada, el viaje, la ruta y el cliente desaparecen de la aplicación. No sabemos si eso es deliberado, no tenemos pruebas de ello, pero esa situación nos ha orillado a muchos a recurrir a la segunda opción: llamar directo a la aseguradora”, denuncia Saúl.

Saúl y Paola sostienen que, por esa razón, ellos han aprendido que las capturas de pantalla son vitales cada que un repartidor tiene un accidente, pues “a la velocidad de una tecla ellos [las apps] pueden desaparecer tu historial”. Y denuncian que ellos, en ninguna plataforma, cuentan con respaldo alguno de sus viajes, rutas, calificaciones, etcétera. Es decir, las evidencias de su trabajo están en manos de las empresas.

Saúl nunca ha tenido un accidente grave, hasta ahora. Pero siempre que le ocurre un percance a uno de sus colegas, alza la voz. “En algún momento, por reclamar por un compañero, llamado Virgilio, al que atropellaron y perdió una pierna, me desconectaron”.

Saúl habló con representantes de Uber y les reclamó por los 100 mil pesos que le entregaron a Virgilio, por concepto de reembolso por sus gastos médicos.

“Con esa cantidad no se resuelve el problema de una pierna”, les reprochó. A la postre, por fortuna, el caso de Virgilio se resolvió de manera favorable.

“Uber, después de esa protesta, me desconectó porque, según ellos, violé términos y condiciones”, cuenta Saúl.

—¿Eso lo sentiste como una represalia por tu labor como activista? —le pregunto.

—Sí, supongo que sí.

Román sostiene, por otro lado, que Uber Eats tiene una política de cero tolerancia hacia actos de discriminación o violencia de género. En el caso de los clientes la sanciones contemplan la inhabilitación de la cuenta.

Saúl comparte un caso: una repartidora, compañera suya, fue acosada por un cliente que, en su departamento de Polanco, la recibió desnudo. Y no sólo eso, sino que el cliente trató de llevar la mano de ella hacia sus genitales.

“Cuando hemos documentado eso, los responsables de las aplicaciones nos dicen: ‘No podemos hacer nada, pues el cliente está en su casa’. Así que las aplicaciones son omisas. Siempre protegen al cliente”, reclama.

La Ley Federal de Trabajo establece que los patrones deberán “cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo». Pero para las apps la ley laboral es letra muerta. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

Le formulo mis últimas preguntas a Román:

—En el caso de Omar Nilk Peña Cordero [repartidor de Uber Eats, de 39 años, quien fue reportado como desaparecido el 5 de diciembre de 2020 y hallado muerto cinco días después en la colonia El Rosal, en la alcaldía Magdalena Contreras] se les acusó de no coadyuvar con la fiscalía, pues ustedes se negaron a proporcionar la información, a través del GPS, de la última ubicación de Omar. ¿Qué ocurrió en este caso?, ¿cuáles son las razones de esa supuesta omisión?

–Por un lado, si nos lo permites, te mandamos la información que enviamos a medios sobre el caso, pero lo que sí puedo decirte, a grandes rasgos, es que no estamos facultados a darle la información a los familiares, en ningún caso.

–Perdón que te interrumpa, pero la nota de Pie de página, firmada por el colega José Ignacio De Alba, dice que Uber Eats hizo caso omiso al requerimiento de la Fiscalía, no de los familiares…

–Exacto, pero es importante clarificarlo porque a veces ocurre esa confusión. Sabemos que muchas veces los familiares, como es comprensible, son quienes están haciendo la presión con la Fiscalía. Nosotros, cuando la Fiscalía hace la solicitud, tenemos esa posibilidad de responder con urgencia y, cuando es así, se responde en las primeras dos horas.

Y sostiene que Omar, en el momento de su desaparición, no se encontraba en un viaje de reparto con la aplicación. Uber, tras este tipo de hechos, habilitó el Portal para Autoridades de Seguridad, con el fin de que, a través de él, los funcionarios soliciten información.

“Para que puedan usar ese portal nuestros equipos han hecho capacitaciones, varias veces, con agentes del ministerio público y policías de investigación, para que podamos facilitarles el requerimiento”, concluye.

La pandemia, sobre todo el confinamiento, derivó en un aumento de los pedidos de comida en línea. El llamado #QuédateEnCasa para los repartidores se tradujo en un aumento de trabajo, pero no de sus ingresos. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

REPARTIDORES SIN APOYO

Se calcula que, para 2025, 540 millones de personas buscarán trabajo en las plataformas digitales.

Le pregunto al investigador César Salazar:

—¿ El Estado debería de obligar a las plataformas a cumplir la ley laboral?

Responde:

—Sí, por supuesto. Y también debería de contar con instituciones más fuertes de protección al trabajo. En realidad el tema de la precarización y la debilidad de las instituciones de protección no es algo exclusivo de México, sino un fenómeno mundial. En mayor o en menor medida la precarización laboral está extendida en el mundo. Hubo un fallo judicial —no recuerdo en qué país— que obligó a una plataforma a reconocer a sus conductores como empleados. Eso demuestra que el Estado puede limitarlas.

Salazar se refiere al caso de la aplicación Lyft, con sede en San Francisco. En 2013, 20 mil conductores y exconductores presentaron una demanda en contra de dicha app, con el fin de obtener el reconocimiento como empleados. No lo obtuvieron, aunque sí llegaron a un acuerdo —aprobado por Vince Chhabria, juez de distrito—, con el que la plataforma digital pagó 27 millones de dólares a los demandantes, con la condición de seguir con la denominación de contratistas independientes.

Saúl cuenta que #NiUnRepartidorMenos mantiene una mesa de negociación con Rappi. “No es una mesa tersa, sino ruda. Es un diálogo firme. Y es algo que agradecemos de la plataforma: la apertura. No obstante, en otras ciudades de América Latina, Rappi no tiene la misma consideración con los repartidores. Creemos que este ejemplo de Rappi en México se debe de replicar en otras partes del mundo porque ya no es posible trabajar bajo las mismas condiciones: precarias e inseguras”.

#NiUnRepartidorMenos trabaja, desde hace dos años, con la organización civil Nosotrxs, quien apoya su causa y con quienes trabajan en una agenda conjunta, misma que quieren llevar al Congreso.

Para ejemplificar, Saúl se refiere a la ausencia de un contrato laboral, que las aplicaciones sustituyen a través de la aceptación de sus términos y condiciones. Saúl se pregunta: “¿Creen que al darle clic en ‘acepto’ es el equivalente a firmar un contrato con ellos? Eso es un tema administrativo. No tiene coherencia. A nivel internacional, los repartidores les hemos dicho: ‘Sí, ustedes serán innovadores en términos de tecnología, pero sin el trabajo de nosotros no son nada’”.

Le pregunto a Saúl:

—¿Qué es lo mínimo que esperan para avanzar en la dignificación de su trabajo?

—La gig economy llegó para quedarse, pero necesitamos construir un marco regulatorio que nos convoque a todos. Creo que se debe impulsar una regulación inteligente, que no afecte a los más vulnerables, que son los más jóvenes, que llegan a las plataformas porque prefieren trabajar en esto que en un Oxxo.

Paola, por su parte, hace un llamado a los clientes de las plataformas: “Ojalá los clientes sean más empáticos. Cada vez que se impacientan y presionan a los compañeros, ponen en riesgo nuestras vidas. Esta ciudad es caótica y hostil con nosotros, así que ojalá los clientes se informaran más sobre nuestras condiciones y entendieran que hacemos todo para que su pedido llegue en tiempo y forma, pero habrá ocasiones en que no llegaremos. Y ahí esperamos su comprensión”. Saúl interviene: “Y esperemos que si no llegamos sea por algo menor y no porque a nuestra vida se la lleve tu pedido”.

#NiUnRepartidorMenos forma parte de la alianza Unidxs World Action, que reúne a representantes de organizaciones de 32 países que luchan en contra de la precariedad digital.

“Luchamos por los derechos laborales que nos merecemos como trabajadores, aunque a las patronales no les guste decirlo: somos trabajadores y ellas tienen que responder por nosotros. No vamos a quitar el dedo del renglón”, concluye.

Se calcula que, para 2025, 540 millones de personas buscarán trabajo en las plataformas digitales. Foto: Erick Baena, especial para SinEmbargo.

REPARTIDORES PROTESTAN

Viernes 5 de marzo de 2021. Cruce de Insurgentes con Álvaro Obregón. Un centenar de repartidores, a bordo de bicicletas y motocicletas, se reúne alrededor de la fuente con la escultura de la Venus de Milo que flanquea el camellón. La pileta está puerca y vacía, y parece un espejismo de ese esplendor arquitectónico que alguna vez tuvo.

Poco a poco llegan más jóvenes, con sus mochilas de Rappi, DiDi Food y Uber Eats en sus espaldas.

Pienso en lo irónico de la imagen: una escultura mutilada, al fondo del paisaje, ilustra las demandas de aquellos que, al trabajar para las plataformas de reparto de comida, están expuestos a los accidentes viales y a la posibilidad de perder una extremidad.

Un ciclista, ataviado con casco, cubrebocas, bermudas y playera negra, ondea una bandera con la leyenda: “La calle también es nuestra”.

Hasta ahora, durante 25 viernes seguidos, de forma ininterrumpida, han protestado en diversos puntos de la ciudad, aunque este es el más recurrente.

A las 17:08 me llega un SMS promocional de Rappi, como si fuese una cruel broma: “$75 pesos en RappiCréditos”. Bajo mi teléfono como avergonzado y pienso en la frase que hace unos momentos me lanzó Saúl: “En tu pedido va mi vida”.

La protesta aún no se inicia. Un grupo de elementos de la policía capitalina se acerca a los organizadores de la marcha. Uno de los oficiales se presenta y charla, de forma amable, aunque tensa, con Saúl y Evelyn.

Un repartidor porta una playera negra con la leyenda a sus espaldas: “#NiUnRepartidorMenos”. Las palabras se alinean en círculo y, adentro, se dibuja la ilustración de un celular en mano.

Evelyn se sube al borde de la fuente, con altavoz en mano, y se dirige a los repartidores, previo al inicio de la protesta: “Vamos a seguir manifestándonos hasta que un día no exista reporte de un ciclista fallecido. Mientras tanto, lo sentimos mucho por todas las molestias que causamos, pero nos siguen matando en las calles”.

Saúl está de pie, cerca de la fuente, tomando fotografías que luego subirá a la página de Facebook del colectivo. Me acerco, con grabadora en mano, y platico con él.

—¿Cuál es la razón de los #ViernesDeFuria?

—En un año de pandemia la chamba se incrementó, pero también las muertes. De marzo de 2020 a marzo de 2021 han fallecido 25 repartidores, que nadie va a responder por ellos, que nadie velará por sus familias.

—¿Cuáles son sus demandas?

—Nuestros tres ejes de lucha más importante son los siguientes: derechos laborales, dignificación del trabajo en plataformas y protección en vialidades. Nuestro activismo no sólo es digital, sino en las calles.

Interrumpimos nuestra conversación porque el #ViernesDeFuria está a punto de iniciar. Un repartidor, integrante del colectivo, toma el altavoz y da instrucciones previas al acto de protesta: “No vamos a responder agresiones. Vamos a cerrar Insurgentes, pero vamos a permitir el paso del Metrobús. También vamos a cerrar

Monterrey desde ahorita y ya tenemos la ruta para dirigirnos a donde atropellaron a nuestro compañero Germán”.

Se refiere a Germán García Cruz, joven de 35 años, quien murió atropellado en Avenida La Viga luego de que un taxista abriera la puerta de su auto y lo arrojara hacia un tráiler. Eso ocurrió hace apenas dos días, así que el día de hoy la protesta no sólo consiste en el cierre de vialidades, sino en una rodada, desde este punto, hasta el sitio en el que falleció Germán, quien todos los días se trasladaba en bicicleta a su lugar de trabajo, ubicado en San Pedro de los Pinos.

Los policías cierran Insurgentes y piden a los repartidores no acercarse al cruce, a fin de evitar altercados con los automovilistas. La avenida se vacía de autos y, aparecen, escritas en la carpeta asfáltica, en letras blancas, las pintas: “Justicia para todos” y “Ni una más”. Y del otro lado de la vía, en el sentido sur–centro, se leen, también en letras blancas, los nombres de los ciclistas fallecidos a la fecha: “German”, “Jonathan”, “Yoselín”, “Patricia”, “José Manuel”.

Dos chicas jóvenes se detienen, leen las pintas escritas en el piso, y una le dice a la otra: “Nos hubiéramos traído la bicicleta”. Hoy no hay mentadas de madre, salvo algunos claxonazos aislados, de algún automovilista impaciente.

Suena la melodía de la canción “Rebel, Rebel”, de David Bowie, que brota de una pequeña, pero ruidosa, bocina que cuelga del cinturón de un ciclista.

Cruz colocada, en Periférico y San Antonio, en honor a José Manuel. Foto: Saúl Gómez, especial para SinEmbargo.

Otro de los repartidores, integrante de #NiUnRepartidorMenos, que me solicita guardar el anonimato por temor a represalias, me dice: “A las plataformas les valemos madre”. Saca su celular y me enseña un banner promocional de Uber Eats. En la imagen aparece el actor Óscar Jaenada.

—¿Has visto sus comerciales?

—Sí —le respondo.

—Pues eso dice todo, brother. Fíjate bien: ¿has visto que algún repartidor aparezca en ellos?

Niego con la cabeza. Alza los hombros, estira su puño y lo choca con el mío.

—Te lo dejo de tarea —me dice y se aleja. Se sube a su bicicleta, pedalea sobre Insurgentes y lo veo convertirse, poco a poco, en una luz parpadeante, que tintinea en el horizonte.

Tiene razón. En la publicidad televisiva, al menos de Uber Eats, los repartidores no están representados. Vuelvo a ver el comercial. En la escena aparecen los actores Eugenio Derbez y Óscar Jaenada, discuten sobre lo que van a cenar esa noche y, luego, aparece un brazo, fuera de cuadro, que les entrega el pedido. La publicidad de Uber y Rappi —de forma deliberada— ha invisibilizado a su fuerza de trabajo, a su motor principal.

Los actores, al recibir el pedido, sonríen y sueltan un escueto: “Gracias”.

Resuenan en mi mente las palabras de Saúl: «A veces uno camina un largo trecho con pies ajenos».

¿Y la licencia de paternidad? Revelan que sólo 33 por ciento de las empresas latinas la otorgan

Sólo 33 por ciento de las empresas latinas dan licencia de paternidad, según revela una infografía de la consultora estadounidense Mercer. América Latina está por debajo del porcentaje global, que es de 38 por ciento, en esta medida de equidad de género.

“Más o menos 33 por ciento de las compañías en América Latina ofrecen licencias de paternidad arriba de lo que marca la ley y hay mucho que mejorar en estos aspectos y ofrecer beneficios iguales tanto para mujeres como para hombres”, expresó en conferencia de prensa Anna Kuusinen, directora de Recursos Humanos de Sanofi México.

Inmediatamente después del nacimiento o la adopción, los hombres y las mujeres que tienen un trabajo formal pueden solicitar un periodo breve de ausencia laboral sin que esto afecte su sueldo. Mercer indica que sólo 42 por ciento de las empresas animan a sus empleados a ejercer este derecho laboral.

“Es una gran oportunidad para las empresas dar beneficios para los empleados pero también impactar en la comunidad y en la sociedad”, insistió Kuusinen.

En México, por ley, las mujeres tienen derecho a tomar hasta 12 semanas de licencia, mientras que los hombres apenas cinco días.

“Gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo”, dice sobre las mujeres el apartado V del artículo 123 de la Constitución Política.

En el caso de los padres, este derecho no está en la Constitución, sino en el artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal de Trabajo (LFT).

“Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante”, menciona el marco legal, más no el constitucional.

Además de que no es de la misma duración que el permiso por maternidad, el pago de salario durante los días sin trabajar lo cubre el empleador y no el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Licencia parental extendida, una buena práctica

La farmacéutica Sanofi da un permiso para madres y padres por igual, de hasta seis meses ante el nacimiento o la adopción de una hija o hijo. Es por eso que obtuvo el primer lugar en el 1er Concurso de Buenas Prácticas e Inclusión Laboral, otorgado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), del Gobierno de la Ciudad de México en la categoría “Buenas prácticas ya implementadas” por la Licencia parental extendida neutral de género.

El beneficio fue implementado el año pasado sin importar el género ni el tipo de familia: madres o padres biológicos o por adopción, madres o padres solteros o de la diversidad sexual. Tampoco importa el puesto de los más de mil 700 colaboradores en las oficinas en la Ciudad de México, en el centro de distribución y en los sitios industriales, en Ocoyoacac y Cuautitlán.

“Dicha iniciativa coloca a Sanofi dentro del 33 por ciento de las compañías que ofrecen licencias de paternidad superiores a la ley en América Latina”, dice un comunicado tras la conferencia de prensa.

Anna Kuusinen, directora de Recursos Humanos de Sanofi México, mencionó en la conferencia que 40 madres y padres solicitaron esta licencia en 2020 y en 2021 se sumaron 30 madres y padres más. En todos los casos se trata de nacimientos, no de adopciones.

Kuusinen explicó que también hay oportunidades de desarrollo a otros talentos dentro de la empresa mientras las madres y los padres están en su licencia.

CON INFORMACIÓN VÍA REPORTE ÍNDIGO

Anticipan cascada de quejas laborales bajo el T-MEC

Susana Prieto Terrazas, representante legal de los trabajadores en el sector de la maquila en el norte del país, tiene claridad en que el camino por la defensa de los derechos de los trabajadores en materia de libertad sindical y contratación colectiva real es el del mecanismo de respuesta rápida que se implementó en el Capítulo Laboral del T-MEC al entrar en vigor julio del 2020.

En entrevista con El Economista, quien tendrá un cargo como diputada federal en la bancada de Morena en la próxima legislatura, detalla que la corrupción y contubernio entre las autoridades locales, así como el consentimiento de las empresas con líderes sindicales “charros”, impiden la aplicación real de la reforma laboral en México, por lo que se vuelve indispensable presentar quejas ante los nuevos mecanismos, de tal manera que prepara más de 40 denuncias por violaciones derechos laborales.

Prieto Terrazas promovió una de las primeras quejas en el marco del T-MEC, apoyada por organizaciones sindicales como la central obrera más importante de Estados Unidos (AFL-CIO), para denunciar violaciones a la libertad de los trabajadores para decidir la titularidad del contrato colectivo con la empresa Tridonex. La siguiente podría ser contra Fisher Dynamics, fabricante de autopartes en Matamoros, Tamaulipas.

Producto de la queja, admitida el pasado 9 de junio, el gobierno de Estados Unidos pidió al gobierno de México atender el problema, de tal manera que corresponde a las autoridades laborales presentar una respuesta para evitar que se llegue a la instalación de un Panel de Controversias –en caso de que no haya acuerdo conciliatorio previo– y para ello tienen 45 días.

“Ellos (la autoridad) van a querer hacer un convenio con la empresa Tridonex; no obstante, la libertad y democratización sindical no debe ser sólo para nosotros; estamos peleando la de la industria trasnacional maquiladora que representa a obreras y obreros sobre todo en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas; pero debe aplicarse con empresas nacionales y trasnacionales”, comentó Prieto Terrazas.

Tras señalar que esperarán a conocer la respuesta que dé el Estado Mexicano, destacó que “por lo pronto represento a los trabajadores de la industria maquiladora y vamos a ver si hay una solución integral, porque no me interesa para nada que sólo se arregle el problema de Tridonex, sino de toda la inversión extranjera que hay en los 33 municipios en los que se encuentra la industria maquiladora en el país”.

Tridonex, sentará precedente

Prieto Terrazas, quien trabaja de la mano con el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS) y que encabeza Jaime Guarneros, el cual surgió de aquella huelga masiva en 28 maquiladoras, afirma que la queja en contra de Tridonex sentará un precedente “y por ello, terminando esta demanda vendrán las otras 39 y a lo mejor las otras 80 que puedan faltar de Matamoros y entonces empezar a difundir. Algunas ya estaban en trámite y no le dieron consecución en el Estado de Tamaulipas”.

En ese sentido, están trabajando con la AFL-CIO -sobre todo antes de presentar las siguientes quejas por denegación de derechos laborales- ya que si admite la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dado que por los tiempos de implementación de la reforma laboral aún no entra en operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las demandas de titularidad de las maquilas que se encuentran sindicalizadas, “será algo impresionante y sentaremos un precedente” y ya no llegarían a los mecanismos de respuesta rápida.

Así funciona el mecanismo laboral del T-MEC

  • Una vez presentada una queja laboral el gobierno estadounidense tiene 30 días para determinar si el caso tiene mérito y, de ser el caso, puede que acordar una solución con el gobierno mexicano en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de diferencias.
  • De levantarse el panel, se cuenta con un plazo de cuatro meses para resolver; si se decreta la culpabilidad de la empresa, se podrían bloquear sus exportaciones o retirárseles los beneficios arancelarios del T-MEC.
  • El nuevo mecanismo de “respuesta rápida” del T-MEC –único en los tratados comerciales en el mundo– prevé una investigación de un panel independiente sobre la negación de derechos laborales en sectores prioritarios del tratado, definidos como aquellos que producen bienes manufacturados, suministran servicios o involucran a la minería.
  • El T-MEC permite que observadores estadounidenses y mexicanos acompañen al panel en cualquier visita que realice a la instalación para verificar las reclamaciones en la petición.
  • En general, el mecanismo se aplicará siempre que una Parte (la Parte reclamante) cree de buena fe que a los trabajadores de una instalación cubierta se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA