TENDENCIAS_ Legislador mexicano lleva comunicación política al metaverso

“Soy un creyente de la innovación como motor de las economías; estoy convencido que la ciencia, la tecnología y la innovación son la fórmula que nuestro país tiene que adoptar para que México sea imparable… Esta combinación es a la cual hay que apostarle”, fueron las palabras del diputado Javier López Casarín al rendir su informe legislativo, el primero en el mundo realizado en el metaverso.

En un formato ciento por ciento virtual, el informe fue visto en tiempo real por más de 20 mil internautas, la mayor parte de ellos a través de Facebook, con 15 mil 400 espectadores, así como por 370 usuarios que ingresaron a un escenario en Spatial, además del metaverso de Minecraft y en transmisiones de Twitter, Youtube, Twitch e Instagram.

Luego de recalcar como una de las prioridades la protección de los derechos humanos con un enfoque en los temas de tecnologías digitales y ciberseguridad, refirió que presentó tres iniciativas de ley: una que impulsa el uso de las tecnologías para garantizar la seguridad de las personas que asisten a eventos masivos; otra para fortalecer el apoyo económico en becas para las investigadoras e investigadores nacionales, estudiantes y profesores.

La tercera fue para aprovechar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y que el trabajo legislativo sea más eficiente; también, se exhortó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a mantener el respeto a los derechos básicos y se eviten prácticas discriminatorias en su reglamento de becas.

El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados destacó que se presentaron cuatro puntos de acuerdo, uno de ellos para a exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a revisar los permisos para la construcción y operación de una planta de producción de amoniaco a orillas de la Bahía de Ohuira, en Ahome, Sinaloa.

Otro punto de acuerdo, expuso, fue para exhortar respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a implementar sistemas y protocolos para asegurar la ciberseguridad y salvaguardar las infraestructuras estratégicas del país.

Un exhorto más fue para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar al gobierno de Estados Unidos, que en esfuerzos conjuntos se asignen montos para fortalecer a la Marina de México; y otro a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para aumentar el presupuesto a las actividades de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Que se aumente el presupuesto considerando el mandato de ley, para destinar por lo menos el equivalente al 1.0 por ciento del PIB que establece el Artículo 9 Bis… Interviene en el Pleno cuando se promovió la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología, para que tenga un papel transversal en la identificación de soluciones a los problemas y retos que más aquejan a las y a los mexicanos”.

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 esta comisión realizó 17 reuniones ordinarias, siendo el grupo que tuvo el mayor número de sesiones plenarias de toda la Cámara de Diputados. Hasta hoy se tiene registro de la elaboración de 12 dictámenes respecto de diferentes iniciativas en que participaron todas las fracciones, y también dos opiniones técnicas elaboradas para la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Uno de los logros más destacados de este periodo fue construir el trabajo en conferencia entre la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, con el senador presidente Jorge Carlos Ramírez Marín, y con la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, resultado que implica el seguimiento a la mesa permanente en materia de ciberseguridad”.

Además, sobre el presupuesto para apoyar actividades de investigación, López Casarín explicó que se definieron prioridades en consenso con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que en reuniones de trabajo abordaron la conformación del paquete económico 2022, a fin de destinar “recursos suficientes” para financiar los programas sustantivos que fomenten y que apoyen las actividades de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de innovación dentro de las universidades, instituciones de educación superior y centros públicos.

El diputado López Casarín es el impulsor de la Ley Federal de Ciberseguridad, para la cual se instaló en febrero del 2022 la Mesa de Trabajo Permanente en la que se discute la iniciativa que recogerá las propuestas presentadas por diputados y senadores tanto de la actual como de la legislatura pasada, y a la que se han sumado más de un centenar participantes, entre ellos representantes de la sociedad civil y la iniciativa privada.

“Se ha planteado contar con la propuesta de una iniciativa de ley federal en materia de ciberseguridad para este mes, de hecho hace unos días celebramos un parlamento abierto a fin de identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas”.

Asimismo, subrayó que se necesita fortalecer el sector aeroespacial del país, que haya más mujeres astronautas, fortalecer el sector con nuevos empleos y nuevos aprendizajes, así como ampliar las redes y los aliados internacionales, por ello que haya participado en el Congreso Internacional de astronáutica llevado a cabo el 17 de septiembre en París, Francia.

Al interactuar con asistentes del metaverso de Spatial, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) comentó que la idea es que este sea el primero de muchos ejercicios en este mundo virtual o en el de otras plataformas, que no se limitan a una nacionalidad, a una edad o género ni a un sector empresarial específicos.

Es adentrarse en el mundo del metaverso, donde se están generando economías con los NFT, las criptomonedas; la interacción entre diferentes personas. La idea era romper con la percepción de que un representante o funcionario público no puede adentrarse a espacios no controlados, pero a través de los nuevos espacios que se van generando sí es posible el contacto y acercamiento con la gente.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Ejército se queda en las calles hasta 2028

Con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, reformas al artículo Quinto Transitorio constitucional, que permitirá al Ejército y a la Marina, participar en labores de seguridad pública para coadyuvar a combatir la delincuencia en el país.

Con nueve votos de diferencia y por mayoría calificada, Morena, PT, PVEM, y el apoyo de algunos diputados del PRI y del PRD, se aprobó el dictamen que permitirá la estancia en las calles del Ejército y la Marina en labores de apoyo a la Guardia Nacional y a las policías estatales y municipales, en temas de seguridad.

El dictamen pasa a los estados de la república para su análisis y posible aprobación en 16 congresos locales, mismos que deberán aprobar este artículo Quinto Transitorio constitucional, para que pueda ser promulgado por el Ejecutivo federal.

Con ello, el Ejército y la Marina permanecerá hasta el 2028 en apoyo a las tareas de seguridad pública y en la lucha contra del crimen organizado, así como para continuar con el apoyo a la Guardia Nacional para su capacitación, y a las policías estatales y municipales.

El documento se aprobó tal y como lo envió el Senado de la República y que modificó en su totalidad la propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre, por haber presentado la iniciativa que hoy se aprobó, fue premiada con el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango.

El dictamen reforma el Artículo Quinto Transitorio, del decreto por el que se reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Entre las modificaciones está que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución.

Asimismo, se enfatiza que en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

También, el Ejecutivo federal presentará en el Congreso de la Unión informe semestral sobre la disposición del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y proporcionará los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos, así como debe corroborar el respeto a los derechos humanos, a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas.

También estipula que en un plazo de no más de 60 días, contando a partir de la entrada en vigor del decreto, y hasta 2028, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámara del Congreso de la Unión, para el análisis y dictamen de los informes que entregará el Ejecutivo.

Para la emisión del dictamen semestral, la comisión convocará, si así lo requiere, a los titulares de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina, para que informen ante el Congreso de la Unión sobre las acciones y resultados.

Dicho dictamen deberá evaluar el trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y señalará aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia de los uniformados en estas labores.

La comisión también remitirá al Senado y a la Cámara de Diputados los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación. Uno vez aprobados, serán enviados al Ejecutivo federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.

A partir de 2023, refiere el artículo modificado, que el Ejecutivo establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades y a municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Estos recursos se establecerán de forma separada e inidentificable respecto a cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos.

Los recursos no podrán ser inferiores en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerzas Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año; se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada estado según el INEGI y no podrán ser utilizados para otro fin, advierte.

De igual forma, el 25% de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Diputados ante el Pleno

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, posicionó el dictamen donde sostuvo que la situación actual solamente puede confrontarse en apoyo de la Guardia Nacional, de ahí que la estrategia del gobierno federal sea encargar a esta gran policía nacional esa tarea esencial que “hoy hace una pausa para regresar otra vez al gran esfuerzo de la profesionalización de las policías locales”.

Explicó que a finales del siglo pasado se planteó la profesionalización de las fuerzas armadas, al crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública que tenía como objetivos mejorar la coordinación institucional en esta materia y el fortalecimiento de las policías locales.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una moción suspensiva, la cual fue rechazada por el Pleno.

El diputado Luis Espinosa Cházaro, en su exposición mencionó que el debate está en si funciona o no la estrategia de seguridad que lleva cuatro años de este gobierno sin dar resultados, donde hay 130 mil muertos.

Las acciones fallidas se pueden resumir; primero, debilitar a las corporaciones policiacas civiles de gobiernos estatales y municipales eliminando los recursos; segundo, una hiperconcentración de funciones en las Fuerzas Armadas asignándole la administración de aduanas, la construcción de obras civiles, la operación de aeropuertos, la posibilidad ahora de tener una aerolínea a su cargo, ser distribuidores de medicinas, libros, vacunas, construcción de vías de comunicación y lo que se agregue de aquí al final del sexenio y tercero, desde 2019 se construyó un cascarón civil que se encargaría de la seguridad ciudadana.

Marco Aguilar Coronado, al fijar posicionamiento mencionó que queda claro que este dictamen es una enorme tomadura de pelo, desde la reforma constitucional del 2018, quedaron establecidas todas las condiciones, delimitación y vigilancia, que tendría la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública.

Por ello, dijo, se incluyeron en el transitorio los criterios de la Corte y de la Corte Interamericana, al enfatizar la excepcionalidad de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

“Están manipulando, engañando y siendo omisos en las definiciones de los criterios de la Corte, que están en el transitorio, no eran necesarias esas modificaciones que sólo sirven para justificar el cambio de opinión de distintos actores políticos y quizá les sirvan más para garantizar la impunidad”.

Carlos Iriarte Mercado del PRI, expresó a nombre que su partido, que los policías comprometidos, orgullosos de su responsabilidad, bien remunerados y con proyectos sólidos de vida y profesión, empujados por su vocación y respaldados por un sistema que los reconozca como piedra angular del Estado mexicano, serán siempre la mejor inversión del recurso público.

Indicó que esta es “la visión de un sistema de seguridad pública de responsabilidades compartidas, de un federalismo activo y comparativo, el federalismo de las concurrencias, el federalismo de la colaboración, el del entendimiento, el de la coordinación, el del federalismo que se entienda como vital para la construcción de México sólido. A ese federalismo seguiremos impulsando”.

El diputado Óscar Cantón Zetina, del partido Morena, mencionó que el debate no es coyuntural ni electoral; se trata de un tema álgido en la vida pública nacional y que pone en riesgo a las familias ante una violencia y delincuencia organizada sin precedentes. Dijo que se busca brindar tiempo y confianza a las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad pública hasta 2028 y lograr la consolidación de la Guardia Nacional.

Aplaudió la labor que las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional a favor de la seguridad y protección a las y los mexicanos, así como por defender la soberanía nacional; el desafío de la seguridad pública requiere de la unidad nacional. Afirmó que la reforma busca aprovechar la disciplina, adiestramiento y valores de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. “Millones de mexicanos quieren paz y justicia”.

Del PAN, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, destacó que el documento significa la derrota del poder civil frente al poder militar y por ello el despliegue de las Fuerzas Armadas debe ser con estricto apego a la Constitución Política y a los tratados internacionales de derechos humanos.

“Este Poder no ha sido capaz de vigilar y supervisar el uso que se hace de la Fuerza Armada; no se ha podido fortalecer a la Guardia Nacional y se ha renunciado al principio básico del mando civil”.

En tanto, Mariana Gómez del Campo Gurza, del mismo partido, señaló que en su grupo parlamentario está en contra del dictamen que militariza al país, porque se pretende aprobar una prórroga de la presencia militar en las calles sin que exista ningún análisis serio que lo justifique ni un diagnóstico acerca de lo que ha funcionado y no ha funcionado en materia de seguridad, ni que se haya presentado una estrategia integral encaminada a fortalecer a las policías locales.

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca, del partido Verde enfatizó que el dictamen se perfeccionó e incluye un fondo para fortalecer a las policías locales y se tendrá un marco legal de las Fuerzas Armadas que tienen que respetar los derechos humanos. También se fortalecen las facultades de la Comisión Bicameral para fiscalizar y llamar a cuentas a los titulares de Sedena, Marina y Guardia Nacional y supervisar la ejecución de los gastos que se destinen a seguridad pública.

El diputado Luis Arturo González Cruz (PVEM) destacó que se incluyeron una serie de modificaciones para fortalecer los mandos civiles y la rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas, “hasta en tanto alcancemos las condiciones necesarias y la Guardia Nacional pueda encargarse sin apoyo de nuestros soldados y marinos de la seguridad pública y así transitar a la pacificación de nuestro país”.

El petista Gerardo Fernández Noroña, comentó que se cuestiona que se destinen recursos para crear policías estatales profesionales, “pero mientras tuvieron el gobierno y los fondos no las hicieron en décadas; policías municipales bien preparadas, capacitadas y bien pagadas que no lo hicieron en décadas. Hay policías municipales que no tienen ni seguridad social”.

Salvador Caro Cabrera de MC resaltó que “este es un tema político, no técnico”. Afirmó que “la militarización es más muertos, más desparecidos, más delincuencia, más poder al narco, más violaciones a derechos humanos y más restricciones de nuestras libertades”.

En tanto, su compañera de bancada, Mirza Flores Gómez, indicó que no hay estrategia de seguridad pública que funcione en un Estado democrático si no es por la vía civil; por eso, dijo, su grupo parlamentario no apoyará esta reforma que busca prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Que se retiren de las calles en México los cables de fibra óptica y cobre que ya no se usen: la nueva iniciativa que ronda entre diputados

Dado que hay una gran cantidad de cables en postes de la vía pública que ya no sirven para ningún propósito, una nueva iniciativa en Cámara de Diputados plantea hacer algo al respecto.

Presentada por la diputada Karina Barrón del PRI, la iniciativa plantea cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que se retire de manera inmediata «todo cable por el que se prestó algún tipo de servicio y que este, no subsista actualmente«. El motivo es que los cables que ya no tienen uso solo aportan a contaminar visualmente.

La iniciativa incluso dice que las limpias serán organizadas por autoridades federales y locales, pero que en ellas colaborarían los concesionarios, como Telmex, Megacable y otros. «Debemos tener en cuenta que los cables que prestan sus servicios telefonía, internet y televisión en los hogares son los que más proliferan y más afectan la cuestión visual«, se lee en la iniciativa.

Según el documento, las autoridades federales y locales serían las responsables de hacer una supervisión visual en las calles cada tres meses.

En el peor de los casos, los cables en vía pública quedan abandonados «por décadas«, por lo que eventualmente quedan en riesgo de que «sean arrastrados por otros transportes que brindan servicios del transporte público«, argumenta la diputada Barrón. «Esta exagerada acumulación de cableado sobre los aires deteriora la imagen de las calles, genera basura y mucha contaminación visual, provoca accidentes y, las autoridades locales, no terminan por atender y resolver el este grave problema«, sentencia.

La iniciativa todavía debe ser analizada en la Cámara de Diputados, en donde podría desecharse o avanzar, con o sin modificaciones.

CON INFORMACIÓN VÍA XATAKA MÉXICO

Oposición frena la reforma eléctrica

Como en pocas ocasiones, la oposición en la Cámara de Diputados hizo valer su fuerza política para echar atrás uno de los grandes proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador: su reforma en materia eléctrica.

Con 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen que buscaba reformar los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, y el cual, entre otras cosas, proponía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) manejara 54% de la energía eléctrica del país, además de cancelar los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado.

Las y los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, festejaron el revés dado a Morena y sus aliados (PT y PVEM) durante la discusión y votación de esta iniciativa presidencial que fue presentada hace más de siete meses y por la cual se celebraron más de 100 parlamentos abiertos.

Y es que, por cerca de 11 horas, la oposición en San Lázaro se mantuvo firme en su rechazó a esta reforma que necesitaba el aval de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión, por lo a Morena le hacían falta al menos 53 votos de la oposición.

“Es una tarde de debate irracional, cargado de frustración por no conseguir lo que ellos pretendían y es claro que Morena trata de hacer largo el debate para que se vote la reforma cuando las rotativas estén cerradas y minimizar lo que va a suceder”, señaló Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro.

El legislador reiteró que la reforma eléctrica no prosperaría porque la propuesta era insuficiente, no se buscaron los consensos necesarios, y no era tiempo de discutir la iniciativa, además de que no se generó el ambiente político para un debate serio.

Ante ello, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que las bancadas de la alianza “Va por México” (PAN-PRI-PRD) estaban en contra del dictamen de la reforma constitucional en materia eléctrica porque protegen intereses privados.

El líder parlamentario afirmó que varias de las propuestas planteadas por la alianza PAN-PRI-PRD estaban contenidas en el dictamen, con una redacción que obedece a la técnica legislativa, no a la narrativa expresada por esa alianza, “pero eso no lo entienden”.

Reciben proyecto del Ejecutivo

Aún sin concluir ayer la discusión de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición”, ello en referencia a su iniciativa en materia de litio que hizo llegar ayer mismo a San Lázaro.

Dicho proyecto, por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la Ley Minera, plantea garantizar la autodeterminación de la Nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la extracción energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional, así como determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración y aprovechamiento de dicho mineral.

La iniciativa también plasma que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, no será motivo para otorgar concesiones, licencias o contratos en la materia, ya que su explotación se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México.

Sobre el tema, el coordinador parlamentario de Morena dijo que será este lunes cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) analice su contenido, para eventualmente ser votado este mismo día.

Cuestionado sobre esta iniciativa que reforma, Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, lamentó que Morena precipite su discusión “por las ganas de hacer un discurso político y no una legislación”, y consideró que debería ser presentada una iniciativa constitucional separada, máxime cuando los partidos de oposición verían con simpatía reglamentar este importante mineral.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

No extraña el rechazo de los vendepatrias a reforma eléctrica: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, calificó como un acto de traición a México el rechazo de diputados federales del PAN, PRI, PRD y MC a la iniciativa de reforma eléctrica en la sesión de ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El jefe del Ejecutivo federal también se refirió a los 223 de oposición que votaron en contra de ese ordenamiento como vendepatrias, y consideró que específicamente fue vergonzoso el papel de los legisladores del PRI, que actuaron como paleros del PAN.

“Fue vergonzoso que parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender los intereses de la nación, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar. Estos diputados respaldaron a los saqueadores”.

En la sesión del domingo en la Cámara de Diputados, casi a la medianoche, el pleno en San Lázaro desechó la iniciativa en materia eléctrica, conocida como “Ley Bartlett”, con 275 votos a favor de diputados de Morena, PT y PVEM; 223 en contra del PAN, PRI, PRD y MC, y cero abstenciones.

El ordenamiento requería al menos 332 del total de los diputados presentes en la sesión de ayer, ya que se trataba de una reforma constitucional.

En ese sentido, el primer mandatario dijo que no le extrañaba que así haya votado la oposición, ya que “así ha sucedido a lo largo de nuestra historia […] ellos (los conservadores) prefieren estar bien con los potentados”.

“Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba. No argumentaron nada. Uno de los que subieron ahí fue el anterior secretario de Economía (Alfonso Guajardo) dijo que nos iban a castigar en tribunales internacionales si se aprobaba esta reforma”.

Recordó que él, junto con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, “ya habían entregado el petróleo con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, a empresas extranjeras”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Prevén votar hoy reforma a la Ley del Issste en San Lázaro

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados prevé votar este miércoles una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para definir que el derecho de los trabajadores a recibir los fondos de su cuenta individual del seguro de retiro es imprescriptible.

El proyecto de dictamen a discusión plantea que tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales se define la imprescriptibilidad como característica de los derechos humanos y que la seguridad social es uno de ellos.

En ese contexto, la reforma a la Ley del Issste plantea que, a partir de los diez años de que sean exigibles los recursos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se transfieran a una reserva del propio instituto para atender las solicitudes de devolución del trabajador y, en su caso, de sus beneficiarios.

La comisión plantea que no hay un impacto presupuestal con la reforma, pues los fondos del seguro de retiro pertenecen a los trabajadores y ya han sido generados por ellos mismos.

La comisión volverá a incluir en su agenda una reforma a la Ley del IMSS para que esposos y concubinos de mujeres fallecidas y que hayan estado adscritas al esquema del seguro social puedan acceder a la pensión por viudez. En la reunión pasada, la bancada del PAN se negó a respaldar el dictamen.

Se trata de una modificación a la Ley del Seguro Social que permitiría garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres para la obtención de pensiones, al eliminar el requisito de comprobación de dependencia del hombre respecto de la mujer derechohabiente fallecida o pensionada por invalidez total, explicó la diputada Lilia Aguilar Gil (Partido del Trabajo).

Aun cuando en este caso sí se considera un impacto presupuestal, la comisión refiere que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya ha hecho un cálculo para el periodo 2019-2030, de modo que el propio instituto deberá formular las adecuaciones necesarias a su presupuesto, con el fin de garantizar el principio de igualdad y no discriminación, dijo la legisladora.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Diputados aprobaron gasto de 7.08 bdp; 55.6% provendrá de contribuyentes

Luego de una maratónica discusión que empezó la semana pasada y se extendió hasta el domingo 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, por un gasto total de 7 billones 88,250 millones de pesos para el siguiente año.

Este presupuesto histórico –fuertemente criticado por la oposición– se aprobó alrededor de las 2:15 de la madrugada del domingo, con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones, luego de la discusión de 1,994 reservas que fueron presentadas por las diferentes bancadas, –más de 800 fueron enviadas al Diario de los Debates sin discutir– y de las cuales ninguna fue aprobada.

De este presupuesto, 8.6% mayor al aprobado para este año, 56.6% se solventará con el pago de impuestos de los contribuyentes, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. En total, los causantes aportarán poco más de 3.9 billones de pesos.

“El PEF 2022, aprobado hoy en la Cámara de Diputados permitirá consolidar la recuperación económica, focalizando el gasto social en la población más vulnerable y apuntalando la inversión en proyectos estratégicos regionales, manteniendo la prudencia fiscal y la estabilidad económica”, aseguró en redes sociales Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la aprobación del PEF es una “buena noticia, para el bien de todos” y en especial para 25 millones de familias que se encuentran en la pobreza o son clase media.

“Se beneficiarán con recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, como nunca”, dijo también en redes sociales.

¿Cómo se gastará el siguiente año?

Del gasto que se proyecta para el próximo año, 74% se irá al gasto programable, es decir, aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población, mientas que 26% se irá al no programable, que se refiere al pago del cumplimiento de obligaciones como participaciones, pago de la deuda y pensiones.

Al interior de este presupuesto, que se caracteriza por un segundo año de pandemia, se contempla que el gasto en salud aumente 15.2% para continuar haciendo frente al Covid-19.

Además, en el PEF 2022 se continúa con el apoyo a los programas y obras insignia del gobierno, como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, el Tren Maya, la Construcción de Dos Bocas, entre otros, pese a las críticas de la oposición que cuestionaron el beneficio social y económico que puedan generar.

En el caso del gasto de inversión, se propone una cifra que también es histórica, por 982,287 millones de pesos, 14.3% más a lo aprobado para este año. De este monto, 87.9% se destinará a la inversión física presupuestaria; 10.9% a la inversión financiera; y 1.2% a los subsidios para el sector social y para las entidades federativas y municipios.

Otro incremento que destaca es el que se refiere al gasto federalizado, que será de poco más de 2.1 billones de pesos, 4.9% más que el año pasado, y el mayor incremento que se tiene en lo que va del actual sexenio.

Las reasignaciones que hicieron ruido

El dictamen que fue avalado por los legisladores contempló una serie de reasignaciones por alrededor de 8,000 millones de pesos. De éstas, los grandes perdedores fueron los ramos autónomos, a los que se les recortó el gasto para ampliar el presupuesto de algunos programas emblemáticos de la actual administración.

En este sentido, el recorte que más revuelo causó fue al INE, por 4,913 millones de pesos, lo que diputados de la oposición señalaron como una “revancha política” contra el instituto.

Asimismo, se recortaron 2,935 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal, 125 millones a la Cámara de Diputados y 65 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En contraste, los ramos administrativos tendrán un mayor presupuesto al que se propuso originalmente, donde los programas prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador serán los más beneficiados, como el de Sembrando Vida, Fertilizantes y la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Esbozan parlamento abierto para discutir iniciativa eléctrica

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó crear, en comisiones unidas, un grupo de trabajo y construir las bases del Parlamento Abierto en el que se analizará la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de dicha comisión, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), señaló que se le comunicará al presidente de la Comisión de Energía la propuesta de análisis conjunto para comenzar lo más pronto posible con la discusión en tiempo, intensidad y dimensión que merece tal iniciativa presidencial.

“No se trata de un parlamento para discutir con especialistas, se trata de escucharlos”, aseveró el presidente de la comisión. Además, sostuvo que se dará el plazo que requiera una consulta abierta, profunda a sectores que deban dar una opinión técnica “en materia eléctrica y constitucional”.

En tanto, por parte del grupo parlamentario del PRI, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante mencionó que en el debate en torno a la reforma eléctrica debe haber una división política y técnica; la participación de especialistas tiene una razón fundamental: escucharlos para analizar y conocer a fondo los temas que contiene la propuesta.

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) propuso que el Parlamento Abierto sobre esta propuesta sea para técnicos y especialistas, con el objetivo de no enfrascar el diálogo en un debate político.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Reforma fiscal desactivó a “grupo criminal” de subcontratación: PFF

La política implementada por el gobierno federal ayudó a desactivar al “grupo criminal más importante” de subcontratación laboral que operaba en el país y contribuyó a que los salarios reales de los trabajadores mexicanos se incrementaran entre 10 y 15 por ciento, aseguró Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario señaló, sin mencionar el nombre, que dicha empresa tenía alrededor de 200 mil trabajadores subcontratados en su nómina.

Explicó que en concreto, la reforma penal fiscal ha permitido que se equipare a delincuencia organizada que tres o más personas, de forma permanente o reiterada, lleve a cabo actividades ilícitas como la defraudación fiscal.

“Lo anterior nos permitió llegar a las cabezas de grupos criminales: por un lado tenemos orden de aprehensión en contra del dueño del grupo de subcontratación más importante del país, y órdenes contra el grupo facturero más defraudador del país”, apuntó Romero Aranda.

Hasta antes de la reforma en materia de subcontratación, recordó, se calculaba que había 4 millones 700 mil trabajadores en ese esquema, es decir, 40 por ciento de la plantilla laboral del país.

Dichos trabajadores estaban empleados por alrededor de 7 mil 500 empresas, de esas, solamente 900 tenían registro ante la Secretaría del Trabajo, de las cuales sólo 100 tenían registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero de esas únicamente 40 pagaban impuestos: “Las cifras hablan por sí mismas”, apuntó.

Al eliminarse subcontratación, destacó, 2 millones 700 mil trabajadores han migrado del outsourcing a las empresas en las que realmente trabajan y ahora cotizan con sus sueldos reales, lo que ha provocado que sus salarios se hayan incrementado entre 10 y 15 por ciento, lo que significa que la reforma ha venido a salvaguardar los derechos de trabajadores.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Fortalecer el nuevo sindicalismo, próximo desafío para el Congreso de la Unión

En los próximos tres años, la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados impulsará el fortalecimiento del sindicalismo, sostiene Manuel Baldenebro Arredondo, reelegido como presidente de ese órgano. Será casi natural, dice, con la presencia de la abogada y activista Susana Prieto Terrazas, ahora su compañera de bancada, quien “se atrevió a meterse a la cloaca” de las maquilas del norte.

A diferencia de la legislatura pasada, la LXIV, en la que las reformas en materia de trabajo más importantes llegaron como iniciativa del Ejecutivo federal, en ésta “creo que no será así, no creo que envíen propuestas. Más bien habrá que seguir en la implementación de la reforma laboral”, dice en entrevista.

La LXV Legislatura es la primera para la que se permitieron reelecciones. En la anterior, Baldenebro Arredondo llegó como diputado federal del Partido Encuentro Social (PES), parte de la alianza Juntos Haremos Historia, con Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM).

Ahora llega por Morena, igual que Susana Prieto. El cirujano, expresidente municipal de San Luís Rio Colorado, Sonora, candidato a la gubernatura de su estado, exmiembro del PRI, disputa actualmente el reconocimiento como secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Es nuevamente presidente de la Comisión del Trabajo, aunque parecía que esta vez Susana Terrazas ocuparía el cargo. Y de hecho, ella impugnó esa decisión.

Al final, “se puso a votación (ante el pleno del grupo parlamentario) y adelante, nos respaldaron también por la experiencia”. Pero la abogada del movimiento obrero en Matamoros, Tamaulipas, quien fue encarcelada por su activismo, “se sumó, hablamos de unidad, me felicitó y trabajaremos juntos”, cuenta.

“El campo de trabajo de ella y donde yo me desenvuelvo son diferentes. Yo ando cerca de sindicatos nacionales, no de las grandes confederaciones. Y ella está muy cerca de los trabajadores de la maquila, un sector con una larga lucha obrera”, pero que hasta ahora se miraba más como local. Será interesante la combinación, prevé.

Autonomía sindical en la mira

En la anterior legislatura, “los cambios legislativos fueron muchos”: con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Congreso culminó la reforma laboral que inició en 2017 en la Constitución, modificó el concepto de subcontratación y puso nuevas reglas para ejercerlo, reguló el teletrabajo, disminuyó el número de semanas cotizadas para acceder a una pensión y reconoció los derechos de las trabajadoras del hogar, por mencionar algunos.

“Ahora no serán cambios significativos. Tenemos que buscar la forma de que la reforma laboral marche bien, porque cuando se planeó, todo el mundo dijo que era para democratizar la vida sindical, abrir paso a los sindicatos independientes y darle poder al trabajador. Pero la corrupción no se ha acabado”, apunta.

Desde la Comisión del Trabajo “vamos a buscar sancionar esos liderazgos corruptos”, advierte. Y esta vez entrarán más de fondo al sindicalismo en el gobierno, pues “quedaron pendientes modificaciones al Apartado B” del artículo 123 de la Constitución, el cual se refiere a las personas que laboran para el Estado.

La mira de este órgano legislativo estará en la autonomía sindical, insiste. Con la reforma laboral ya en marcha, a punto de iniciar la segunda etapa de tres, “estamos en un periodo de prueba. Vamos caminando bien”, pero es la primera vez que el voto libre, personal y secreto se ejerce en la gran parte de los sindicatos. Es casi como un ensayo, dice.

“Algo que nos sigue causando ruido en la ley es la impartición de justicia y debemos satisfacer necesidad. Escuchamos que ahora la democracia sindical es directa, pero en los hechos el que los trabajadores sigan levantando la mano, quejándose o denunciando se convierte en motivo de persecución”.

El viejo régimen, apunta, sigue presente. Lo importante ahora es evitar “que vuelvan esos liderazgos con sus mañas de siempre”, erradicar la corrupción en las juntas de conciliación que aún funcionan y evitar que ese problema se contagie a los centros de conciliación.

Esa visión, considera, es compartida con Susana Prieto. “Ella ha sido incluso satanizada por defender a trabajadores que eran explotados. Y a mí, dentro los sindicatos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no son los más limpios ni democráticos, me siguen persiguiendo porque apoyé a Andrés Manuel López Obrador en 2018. Pero ahora se dicen morenistas”.

A la comisión regresa también la diputada Margarita García García, del PT. “En suma, habrá mucha experiencia y bueno, en el ADN del PT está la defensa de los trabajadores”.

En la legislatura pasada, en los parlamentos abiertos, “escuchamos a laboristas de sindicatos y de empresas y a académicos que, mis respetos, pero planteaban una utopía que un país como éste no podía encajar. Combinar ahora todos estos esfuerzos resultará en algo de provecho por el bien de los trabajadores”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA