Van por la relección 480 de los 500 diputados

Los ocho partidos representados en la Cámara de Diputados prevén que 481 de los 500 legisladores presenten su carta de intención con el propósito de relegirse tres años. Hasta ayer sumaban 441 los que ya hicieron saber al órgano administrativo en San Lázaro, la Secretaría General, la disposición a mantenerse en su cargo, una vez dirimido el proceso electoral del año próximo.

Los diputados que estarían por entregar una carta simple a la Secretaría General serían 40 más. Hace dos meses los diputados aprobaron para sí mismos un acuerdo, por el cual se establecía como fecha límite de registro de su aspiración, el 23 de diciembre. Y para beneficiar a los que aún no consiguen hacerlo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el martes por la noche que el plazo se ampliara al 4 de enero.

Así se abre un espacio de tiempo suficiente para garantizar que no se presenten sobresaltos en el cúmulo de diputados que restan por entregar la llamada carta de intención. Y además, ninguno de los 500 estará obligado a solicitar licencia, lo más que deberán hacer, será presentar un informe de gastos con el supuesto propósito de que no haya rebase de gastos en sus campañas.

Tal demanda de la avasalladora mayoría de diputados por gozar de la relección, también ejercerá una presión interna en los partidos, en los que los nuevos aspirantes de esas agrupaciones políticas disputarán los privilegiados lugares en San Lázaro. La confrontación por las diputaciones plurinominales y de mayoría se espera, en algunos casos, campos de batalla interna.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados dio a conocer que 441 diputados habían informado la intención de relegirse al cargo para el trienio de la LXV legislatura de septiembre de 2021 a agosto de 2024.

Ayer vencía el plazo, pero una vez que TEPJF extendió el procedimiento, la composición de interesados en la relección fue la siguiente: de 252 integrantes que tiene Morena, 229 han presentado la solicitud; de los 77 del PAN, 63 ya inscribieron su intención; por el PRI, de 48, 41 lo han consignado; de 46 petistas, 43 también; por Movimiento Ciudadano 22 de los 27 representados en la Cámara lo han hecho; de los 12 perredistas seis se han manifestado por mantenerse en esa posición. Del PES, 22 de sus 24 diputados también; por el Partido Verde los 11 que integran esa bancada también pretenden relegirse, y los tres sin partido también aspiran a mantenerse durante la próxima legislatura.

La carta de intención se recibirá en el Palacio Legislativo los días laborables de 10 de la mañana a las 18 horas. La presencia de aspirantes a continuar como diputados se espera sea reducida en esas jornadas, pues restan sólo 60 que no lo han hecho.

Las denominadas cartas de intención no tienen formato y pueden dirigirse en una hoja en blanco a la Secretaría General, con copias a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva.

Con información vía La Jornada

Posponen en San Lázaro reforma del Banco de México

Ante la inconformidad de integrantes del sector financiero y de autoridades de Estados Unidos, la Cámara de Diputados pospuso la aprobación de la reforma al Banco de México (BdeM), que lo obliga a adquirir los dólares que no puedan repatriarse.

Se integrará una comisión bicameral que discutirá la minuta con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, autoridades financieras y los bancos en las dos primeras semanas de enero, informaron en conferencia de prensa conjunta los coordinadores de Morena en ambas cámaras del Congreso, Ricardo Monreal e Ignacio Mier.

Ambos insistieron en que se mantiene la iniciativa y no van a declinar. El diputado Mier resaltó que pudieron avasallar con su mayoría en San Lázaro, pero decidieron escuchar a las voces discordantes y que la reforma pueda ser aprobada en un periodo extraordinario el próximo mes o en el ordinario de febrero.

Antes, al inicio de la sesión ordinaria en San Lázaro, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho, no cantó en el orden del día la minuta de reforma a los artículos 20 bis, 20 ter y 20 quáter de la Ley del Banco de México. Minutos después, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, envió una comunicación a los integrantes de ese grupo de trabajo para que acudieran a dictaminar el texto. Ninguno respondió. Ambos hechos prefiguraban la imposibilidad de llevar al pleno en San Lázaro la minuta para ser avalada.

La experiencia de Sauri Riancho, ligada al acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, para esperar los acontecimientos y tomar una decisión acerca de la minuta, contribuyó a encontrar una salida en el anuncio del senador Monreal y el coordinador de Morena.

Antes del mediodía, Mier se adelantó y vía redes sociales expuso que propondría a los integrantes de la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo con la participación de todos los sectores que tienen que ver con la reforma.

No había otra salida, porque Morena y aliados en San Lázaro no alcanzaban el quórum necesario en la Comisión de Hacienda, debido a la inconformidad de un sector de diputados con la minuta y porque la sesión ordinaria (última del periodo) fue convocada por la modalidad semipresencial, es decir, no estaban obligados a permanecer en el Palacio Legislativo por las medidas de prevención de contagios por Covid-19.

Entre los diputados de todos los partidos asistentes a San Lázaro se comentaba que la presión del sector bancario nacional –pero sobre todo el internacional– pesó en diferir la aprobación de la minuta. Los del bloque mayoritario (Morena y PT) expusieron que a pesar del diferimiento de la aprobación para el próximo año se votará en sus términos, porque el sentido de beneficio social habrá de imperar por encima del sector bancario.

Cerca de las dos de la tarde, en la sede de la Junta de Coordinación Política del Senado, Monreal y Mier anunciaron en conferencia de prensa la creación de la comisión bicameral e insistieron en que es falso que se vulnere la autonomía del BdeM o que se pudieran incorporar recursos de procedencia ilícita.

Monreal señaló que no le genera ningún problema que la iniciativa se haya detenido. Como autor de la misma asumió solo los costos de presentarla y tiene confianza en que se apruebe el 15 de enero.

La bancada de Morena actuará con responsabilidad y apertura para que, de ser necesario, se enriquezca el dictamen. Coincidimos todos en los beneficios que el proyecto de decreto ofrece para que el efectivo en moneda extranjera que ingresa a nuestro país pueda fluir de manera sencilla, segura y económica en apoyo de las familias que dependen de los migrantes, insistió.

Con información vía La Jornada

Todos los usuarios de celulares deberán registrarse

La Cámara de Diputados aprobó que todos los usuarios de telefonía móvil deban inscribirse en un registro nacional, donde deberán proporcionar todos sus datos personales, incluidos los biométricos, como mecanismo para determinar quién es el propietario de la línea y utilizar esa información en investigaciones de secuestro o extorsión.

Durante otra larga sesión semipresencial –en pleno repunte de contagios de coronavirus–, la mesa directiva recibió la minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, misma que fue turnada a comisiones con el objeto de dictaminarla y someterla a votación en el pleno la semana que entra.

Durante la discusión de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue turnada al Senado, se insistió que de los 140 millones de líneas telefónicas que hay en el país, 122 millones están asociadas a teléfonos móviles.

Al no conocerse quién es el propietario o usuario de la línea, así como la facilidad para adquirir un chip o tarjeta subscriber identity module (SIM), se ha incrementado su uso para cometer los citados delitos. Con la reforma, quien utilice un teléfono móvil deberá registrar el número telefónico, el número de serie de la tarjeta SIM, nombre, Clave Única del Registro de Población (CURP), código de identidad del aparato, así como el número de identificación oficial.

De no llevarse a cabo el registro, en un plazo máximo de seis meses, se obligará a las empresas operadoras de telefonía a cancelar la línea.

El registro y los datos estarán a resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ante las críticas respecto de que un teléfono extraviado o perdido puede ser utilizado para cometer un crimen y ello podría relacionar al propietario con un delito, se acotó que en esos casos se ordenará la suspensión y bloqueo de la línea.

También por mayoría, el pleno aprobó adiciones a los artículos 149 quater, 149 quintus, 149 sextus y 149 septies al Código Penal Federal, con el objetivo de tipificar como delito el odio racial.

Se establece que se sancionará con una pena de uno a cuatro años de prisión, multa de 70 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de 150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad, a quien por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o el odio raciales, o por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia en contra de una persona determinada o algún grupo de personas.

A quien forme parte de organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten a ella o a la violencia racial, se le sancionará con multa de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de 100 a 200 días de trabajo en favor de la comunidad.

Además, a quien de cualquier forma asista este tipo de actividades, incluido su financiamiento, se le sancionará con una pena de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Con información vía La Jornada

Reforma en pensiones, se aprobó en ambas cámaras

Habrá control de precios en las Administradoras de Fondo para el Retiro. Ayer 9 de diciembre, por la noche en el Senado se aprobó la reforma en materia de pensiones, por votación unánime y previa dispensa de todos los trámites y fue remitida al Ejecutivo para su publicación.

Horas antes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 336 votos a favor, 123 en contra y tres abstenciones, la iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso a finales de septiembre.

Durante la discusión en el recinto de San Lázaro, se presentaron 41 reservas por el PAN, PRI, PRD y PT; sin embargo, todas fueron rechazadas por los morenistas y sus aliados.

El artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro fue la manzana de la discordia entre opositores y la mayoríamorenosta que acusaban a las afores de tener comisiones altas que no benefician al trabajador. El bloque opositor dijo que no es recomendable homologar por decreto presidencial las comisiones de las administradoras.

Se aprobó un tope máximo de 0.54% a las comisiones que cobran las afores sobre el saldo del trabajador. Este porcentaje es un promedio de los sistemas de capitalización individual de Chile (0.54%), Colombia (0.62%) y Estados Unidos (0.45 por ciento).

Este punto ha generado tensión entre el gobierno y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro (Amafore) porque si bien se ha dado una reducción paulatina a lo largo de los años, en 1997 la comisión promedio fue de 14.95% y al 2020 es de 0.92 por ciento, bajarla 0.54%, generaría un impacto en la industria de las 10 afores con posibles quiebras o fusiones entre las mismas y por lo tanto perjudicarán al trabajador, argumentó.

En su momento la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó no aprobar un tope máximo en las comisiones que cobran las afores.

Más allá del valor del tope de las comisiones, la reforma generaría inflexibilidad para adaptar la regulación conforme el mercado vaya cambiando. En caso de requerirse un tope distinto se necesitaría una nueva reforma a la ley, expresó el pleno del órgano de competencia.

Vaticinan que habrá amparos.

En su participación, Antonio Ortega, diputado del PRD, argumentó que “al no quitar de la iniciativa el tope máximo a las comisiones, las afores se podrían amparar e inclusive recurrir a la Suprema Corte de Justicia y fallará en su favor”.

Por su parte, la reforma de la Ley del Seguro Social contará con el incremento de las cuotas para la seguridad social. Actualmente, la cuota que pagan trabajadores, empleadores y gobierno, corresponde a 6.5% del Salario Base de Cotización (SBC), mientras que con la reforma aumentaría gradualmente a 15% del SBC en un periodo de ocho años, del 2023 al 2030.

También se propone reducir el número de semanas de cotización para tener de 1,250 a 1,000; en este sentido, la reducción de las semanas iniciará con la entrada en vigor de la reforma y paulatinamente bajará hasta llegar a las 1,000 semanas en el 2031. En esta primera etapa, un trabajador que tenga 750 semanas cotizadas podrá tener derecho a una pensión mínima.

De tal manera y sin cambio alguno la aportación del trabajador se mantendrá en 1.13%; la aportación patronal se elevará gradualmente hasta llegar a 13.87 desde 5.15% en el periodo del 2023 al 2030; y el Estado reorientará su aportación para beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos.

Otro de los objetivos de la reforma es aumentar a 4,345 pesos el monto de la Pensión Mínima Garantizada (PMG) que otorga el Gobierno a los trabajadores que no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual. Actualmente la PMG es de 3,289 pesos.

Con información vía El Economista

Diputados avalan dictamen para poner tope a las comisiones que cobran Afore

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa presidencial que reforma el sistema de pensiones, que reduce las semanas de cotización e incrementa las cuotas empresariales y del Estado, además de que define un tope a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afore) a los trabajadores.

En la discusión del dictamen, que se turnó a la mesa directiva de la cámara para que se discuta en la sesión ordinaria de este miércoles, el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, cuestionó que el monto de las comisiones es inmoral.

Es un robo y sus operadores deberían estar sujetos a proceso penal. Es tan feo y crudo como esto: no hay mejor negocio que este, las Afore esquilman a la gente de la peor manera, agregó.

Inicialmente se acordó constituir una mesa de trabajo para negociar una redacción distinta a la iniciativa del Ejecutivo, que prevé definir un máximo de comisiones a partir de una media entre las que se cobran en Estados Unidos, Colombia y Chile. No obstante, la iniciativa se modificó sin cambios y la oposición anunció que presentará una reserva en este punto.

No obstante, Gómez insistió en que la reforma busca moderar el cobro por parte de las Afores y acotó que cualquier propuesta para cambiar la redacción se haga siempre y cuando detengamos este esquilmo gigantesco y escandaloso. Las tasas de ganancia de las Afore son las más altas del sistema financiero de gente que no hace nada. Tienen que bajar.

La votación

Con 22 votos en favor de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, y tres abstenciones de PRI y PRD, la comisión aprobó el dictamen donde se acepta la propuesta de incrementar las aportaciones patronales y del Estado para que los trabajadores de menos recursos puedan obtener una pensión mínima garantizada y reducir las semanas de cotización de mil 250 a mil.

A partir de la reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), se prevé que la aportación patronal pase gradualmente de 5.15 por ciento en 2023, a 13.87 por ciento en 2030.

Al explicar el alcance de la reforma, el secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), indicó que los trabajadores ya no tendrán que esperar a que se cumplan mil 250 semanas de aportaciones, porque ahora se podrán pensionar con mil semanas, es decir casi cinco años antes.

Respecto de la aportación patronal, pasará gradualmente de 5.15 a 13.87 por ciento, y la aportación del Estado modificará su composición para beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos, refirió.

En el dictamen se explica que con la reducción de semanas se enmendará el diseño de la Ley del Seguro Social en vigor desde julio de 1997, que deja sin acceso al derecho a una pensión a la mayoría de los trabajadores, ya que de seguir así, precisó, únicamente 34 por ciento de los afiliados al SAR tendrán derecho a recibir una pensión garantizada.

Explicó que si bien la Ley del Seguro Social estableció como un nuevo beneficio una pensión garantizada, la realidad del mercado laboral mostró que este beneficio sólo cubre a una minoría de trabajadores.

Con información vía La Jornada

Aprueban reforma para regular el trabajo a distancia

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para incluir en las relaciones laborales el teletrabajo, como la prestación de un servicio remunerado y subordinado en un lugar distinto al centro laboral, mediante el uso de tecnologías de la información. Entre otros beneficios, incluye el derecho de los empleados a la desconexión, para que su jornada se limite a la contratada con el patrón.

La reforma precisa que el teletrabajo será voluntario y las condiciones laborales estarán regidas en un contrato específico. Con la reforma no desaparecen los derechos a la libre afiliación sindical, a vacaciones ni licencias por maternidad o paternidad.

Con el propósito de garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores bajo la modalidad a distancia, se prevé que sólo se podrán usar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria y se prohíbe su geolocalización, se precisa en el dictamen aprobado por 440 votos a favor.

En junio pasado la Cámara de Senadores aprobó la reforma y la envió a la Cámara de Diputados, que la recibió en septiembre, y a pesar de que el eje de la iniciativa es reglamentar el trabajo a distancia en el contexto de la pandemia por coronavirus, los diputados la aprobaron hasta ayer y con cambios, por lo que fue devuelta a los senadores.

Entre otros beneficios delineados por los legisladores están la reducción del estrés y gastos de los trabajadores al tener que trasladarse hasta su centro laboral, y para las empresas reducción del monto de sus pagos por servicios como electricidad, agua e insumos.

Gastos extras

Para la realización del trabajo a distancia, se obliga a los patrones a aportar los medios, recursos y herramientas necesarias para que los empleados cumplan con su labor, las cuales incluyen definir horarios para comida, asumir gastos que se deriven de la jornada laboral, respeto al derecho a la desconexión de Internet, capacitación y asesoría para el uso adecuado de las tecnologías de la información, e incluso mantenimiento de las computadoras y pago proporcional del uso de electricidad en el domicilio del trabajador.

También se incluyen obligaciones especiales a las personas que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo, como el cuidado, guarda y conservación de los insumos que se le proporcionen para sus labores, así como respetar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades.

Con información vía La Jornada

Diputados aprueban en Comisión de Hacienda reforma en el sistema de pensiones

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reforma el sistema de pensiones impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, las y los integrantes adelantaron que presentarán reservas para su discusión en el Pleno de San Lázaro.

El dictamen fue avalado con 22 votos a favor y tres abstenciones. Morena, Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), votaron a favor del dictamen, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) votaron en abstención.

La Comisión coincidió con la propuesta del Presidente de reducir el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, de 1,250 a 1,000 semanas de cotización. Del mismo modo, se consideró acertada la propuesta del Ejecutivo de incrementar, a partir del 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5% más cuota social, a 15% incluyendo la cuota social.

También, las y los legisladores coincidieron con la propuesta de modificación a los artículos 157 y 164 de la Ley del Seguro Social, para ampliar las opciones a las que pueden acceder los trabajadores para disponer de los recursos de su cuenta individual al momento de obtener una pensión, ya sea que elija entre contratar un seguro de renta vitalicia o mantener los recursos en una afore y con cargo al saldo efectuar retiros programados.

Aunque el dictamen de la Comisión de Hacienda no realizó cambios a la iniciativa presidencial, la diputada del PAN, Cecilia Patrón, afirmó que su bancada está a favor del dictamen, pero presentará una reserva al Artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La legisladora justificó su reserva luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) opinara que regular las comisiones de las afores debe ser en base a criterios técnicos y apoyada por las mejores prácticas regulatorias, Patrón señaló que el mecanismo para regular las comisiones propuestas en el dictamen no se considera flexible.

En ese sentido consideró necesario adoptar un sistema de regulación de comisiones basado en un criterio y procedimiento que permita responder a los cambios en el mercado a lo largo del tiempo evitando establecer topes máximos predefinidos.

“Mientras no exista un procedimiento que la Cofece considere que la autorización de cobro por parte de las afores garantiza una correcta competencia económica se propone eliminar la modificación del dictamen del artículo 37 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro para quedar en los términos de la ley vigente”.

En ese sentido, la presidenta del grupo legislativo, la diputada del PAN, Patricia Terrazas, sugirió generar una mesa de trabajo para analizar las reservas que puedan presentarse en el Pleno y tener una redacción definitiva del dictamen.

En su intervención, el secretario de la Comisión, Carol Altamirano destacó que con la propuesta del Presidente se busca mejorar el sistema de pensiones y beneficiar a las y los trabajadores.

“Sería conveniente que en el Pleno los grupos parlamentarios mantuviéramos la apertura para generar una redacción que evite conflictos adicionales y construir una reforma viable y sin impugnaciones. Hay una diversidad de temas que se deberán considerar para ampliar el beneficio social, entre ellos destacan los trabajadores independientes e informales y la desventaja de las mujeres en el área laboral”.

Con información vía El Economista

Actual periodo, plazo para aprobar la reforma en outsourcing: diputado

A pesar de los dos atrasos que han tenido los legisladores de las Comisiones de Trabajo y Crédito Público para dictaminar la reforma en materia de subcontratación, “existe un plazo para la aprobación, y es este periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre”, afirmó el diputado Isaías González Cuevas.

Asimismo, descartó que se dé un trabajo a marchas forzadas, “ya se está trabajando en el predictamen y sabemos que será en sentido positivo”, por lo que esperar “algunas observaciones de forma, más no de fondo”, no es ningún problema para que se presente a votación la próxima semana.

En entrevista expuso que hay un artículo intocable en su redacción, se trata de Artículo 13, “ahí quedó plasmado que está prohibido trasladar a la totalidad de los trabajadores a otra empresa, lo que hacen las insourcing; como también prohíbe que la empresa que recluta el personal se convierta en patrón”.

Añadió que “después de tres Parlamentos Abiertos, uno en el Senado de la República y dos en la Cámara de Diputados, ya tenemos claro que los empresarios buscan que se revise y se modifique el porcentaje que se otorga a los trabajadores por concepto de utilidades. Actualmente es el 10% y han señalado que es muy alto y los deja fuera de competitividad; pero ese asunto se tiene que revisar de manera independiente, no dentro de la iniciativa de reforma en outsourcing”.

El diputado, quien también encabeza la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), declaró que “hay muchos patrones que ya entendieron que viene un cambio, no así los del outsourcing y hay que dejar en claro que no son ellos los que generan empleo; sino los patrones, las empresas y ellos seguirán destinando un presupuesto para la contratación de sus trabajadores”.

Dijo que el cambio que esperan realizar al Dictamen al interior de la Comisión de Trabajo, que se encuentra instalada en sesión permanente al igual que la de Hacienda y Crédito Público, es la del tiempo en el que aplicará la reforma, pues en los artículos transitorios de la iniciativa del Ejecutivo se habla que entraría en vigor el primero de enero de 2021, y se da un plazo a los empresarios para regularizarse que les parece insuficiente.

Con información vía El Economista

Divide a San Lázaro fecha para la ley outsourcing; postergan el dictamen

El debate y negociación en torno de la tercerización (outsourcing), entre el gobierno federal y el sector empresarial se centra en cuándo habrá de entrar en vigor la ley.

La parte gubernamental, y Morena y el Partido del Trabajo (PT) pretenden que ésta se aplique a partir del primero de enero próximo, y los empresarios y la oposición (PAN, PRI, MC y PRD) insisten en que debe aprobarse un periodo de gracia de un año y comenzarse a aplicar el primero de enero de 2022.

Morena y el PT consideran que no debe haber dicha gracia, pues si se acepta se daría a los empresarios tiempo suficiente para establecer nuevos mecanismos de contratación, se les permitiría volverse buenos, consideró el petista Reginaldo Sandoval.

Ayer por tarde quedó instalada, en sesión permanente, la Comisión de Hacienda, en espera de que este fin de semana se encuentre una salida en las reuniones entre empresarios y gobierno.

Así, la cámara postergó para la siguiente semana el trabajo de dictaminación de la iniciativa de ley que regule la tercerización. Se pretende incluir en el documento todas las iniciativas que existen en el Congreso y las propuestas del sector empresarial, expuso la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN).

El eje de la negociación se centra en permitir un año para que se ponga en vigor la legislación. Es decir que se traslade al primero de enero de 2022, con el fin de regularizar el outsourcing, y el plazo para que el insourcing también se adapte a la ley se extienda de tres a seis meses.

Reginaldo Sandoval reprocha al PAN y al PRI

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, promotor de un final tajante a la tercerización, anunció que su bancada no está de acuerdo en extender el plazo de dictaminación a la semana que entra, y reprochó al PAN y al PRI que han pugnado por que el tema se lleve a discutir la semana que viene, pues seguramente sus jefes son los empresarios.

También confirmó que el plazo para regularizar la práctica del outsourcing forma parte de la discusión central, porque la esencia de la propuesta del Presidente es desaparecer la tercerización, y nosotros coincidimos totalmente con ello.

El argumento contrario a la de cortar con la referida práctica laboral, se manifiesta en las bancadas de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, cuyas narrativas ante la opinión pública hablan de una crisis indescifrable en las empresas si se concreta esa forma de contratación.

Incluso han argumentado que de echarse abajo la tercerización se pondría el riesgo la confiabilidad del país como punto de atracción para la inversión.

En tanto, la diputada Patricia Terrazas adelantó que se espera que en la labor de las comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo, se consiga elaborar un documento consensuado que satisfaga las necesidades de la parte gubernamental y del otro lado, de la empresarial.

Mientras tanto, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, señaló que la aprobación será posible la semana que entra, porque es indispensable incluir las propuestas de los empresarios.

Por separado, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, recordó que el punto se iba a procesar el jueves, pero se solicitó a los diputados una semana más.

Explicó que el lunes por la noche platicó con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara, y la solicitud que se le hizo es seguir con el diálogo sobre el asunto, por lo que se pospondrá hasta la próxima semana en espera de que los empresarios y el Ejecutivo lleguen a un acuerdo sobre el tema.

Con información vía La Jornada

Posponen diputados, otra vez, aprobación de reforma sobre outsourcing

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que el debate, y en su caso aprobación de la reforma presidencial para prohibir el outsourcing, se pospondrá otra semana.

A pesar de que este lunes en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se acordó procesar esta iniciativa el próximo jueves, se les pidió otra semana más para avanzar en los acuerdos con la iniciativa privada.

En conferencia de prensa, Juan Carlos Romero Hicks reveló que la noche del lunes platicó con el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y le dijo que la solicitud es que sigan los diálogos y se procesará hasta la próxima semana.

“Estamos atentos, no se va a procesar el jueves el tema de la subcontratación laboral.
Hay una mesa de discusión con el Ejecutivo en la que también participa de manera preliminar el Congreso, porque el tema está en el Congreso, no en el Ejecutivo y nos han solicitado una semana más. Anoche platiqué con el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier a las 9:31 de la noche y la solicitud es que sigan los diálogos y también habrá, por supuesto la intervención de la Cámara de Diputados, donde está el tema. No se va a procesar el día jueves, se hará la próxima semana”, dijo Juan Carlos Romero Hicks.

Este lunes por la noche, representantes del gobierno federal y del sector privado acordaron eliminar el insourcing, es decir, la práctica a través de la cual una empresa crea otra para que se encargue de la contratación de sus trabajadores.

Desde la semana pasada iniciaron las reuniones de funcionarios de las secretarías del Trabajo y Hacienda, entre otras dependencias, con líderes del sector privado, buscando que los cambios legales al outsourcing sean avalados por ambas partes.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que desde el jueves pasado se llegó al consenso de desaparecer el esquema mencionado, pero aún hay detalles, como el reparto de utilidades para los trabajadores contratados por ese mecanismo.

Con información vía El Universal