Teletrabajo, subcontratación, justicia laboral y libertad sindical, otras de las reformas avaladas en 65 Legislatura

Leyes en materia laboral relacionadas con teletrabajo, subcontratación, justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, son otras de las reformas que fueron avaladas durante la 65 Legislatura, destacó la Cámara de Diputados.
 
A través de un comunicado, recordaron que el 8 de diciembre de 2020 se avaló la reforma al artículo 311 y se adicionó el Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, denominado “Teletrabajo”, para establecer que no se requiere la presencia física del empleado en el centro de trabajo, modalidad que se incrementó durante la pandemia y que formará parte del contrato colectivo de trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas.

 El 13 de abril de 2021, se avalaron las reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, entre otras, para regular la subcontratación laboral.
 
“Con ello, se prohíbe la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporcione o ponga a disposición a trabajadores propios en beneficio de otra, con el fin de proteger los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo; asimismo, garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la erradicación de malas prácticas en la implementación de esta figura”, señala el comunicado.
 
Por otra parte, el 11 de abril de 2019 las y los diputados aprobaron reformar las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.​
 
“Se incluyó que el trabajo exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Incorpora los conceptos de Autoridad Conciliadora, Autoridad Registral y Centro de Conciliación”, explicaron.
 
Además, cuando un convenio entre el trabajador y el patrón sea celebrado sin la intervención de las autoridades, se considerará susceptible para reclamar su nulidad ante el Tribunal. Se publicó en el DOF el 1 de mayo 2019.
 
Finalmente, el 30 de abril de 2019 se aprobaron modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para establecer que el trabajador “ejercerá en todo momento su libertad de adhesión o separación en un sindicato, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o a permanecer en el mismo”, mientras que el 29 de octubre de 2019 se avaló expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que establece la organización y funcionamiento de este organismo descentralizado federal.

CON INFORMACIÓN VÍA EL UNIVERSAL

Pleno de la Cámara de Diputados ratifica a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda

El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó este martes a Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución de Arturo Herrera, quien fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como gobernador del Banco de México.

En su primer periodo extraordinario de sesiones, tras más de dos horas de discusión, los legisladores de la Cámara Baja votaron con 319 votos a favor y 53 en contra y cero abstenciones fue aprobado el dictamen para designar a Ramírez de la O como el nuevo secretario de Hacienda, el tercero en ocupar el cargo durante la actual administración.

La tarde de este martes 3 de agosto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada panista Patricia Terrazas Baca, aprobó con 19 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones, el dictamen a la propuesta de ratificación del nombramiento de Ramírez de la O.

Durante su presentación ante integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Ramírez de la O prometió que entregará un Paquete Económico 2022 “equilibrado y responsable”.

Ramírez de la O, una de las personas más cercanas al presidente López Obrador, reiteró la decisión del Ejecutivo federal de no subir ni crear impuestos, lo que se respetará durante su gestión.

Aseguró que, desde la Secretaría de Hacienda, están convencidos de que existe margen para que se cumpla con este mandato y, a la vez, cubrir con las necesidades de gasto de la población, haciendo énfasis en los programas sociales y la inversión.

“En el corazón del proyecto económico se encuentra el combate a las desigualdades y a la pobreza. Como dice el presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Ante esto estaremos reformando la protección social y entrega directa de los programas sociales”, dijo Ramírez de la O.

Sobre la situación de la deuda, Ramírez de la O indicó que, al estar al frente de Hacienda, continuará con un manejo fiscal sano que ayude a mantener controlada la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), además de mantener la estabilidad macroeconómica y unas finanzas públicas sanas.

El funcionario insistió en que el compromiso del Gobierno y de la Secretaría de Hacienda, dijo, será propiciar un buen clima económico, confianza con los empresarios e inversionistas, condiciones de competencia, macroeconómicas, fiscales y regulatorias y de gobernabilidad para estimular la mayor inversión.

“Espero que esta sesión inaugure una nueva etapa de intercambios abiertos, fructíferos y democráticos entre el Congreso y la Secretaría de Hacienda, en aras de seguir consolidando la transformación del país, la cual parte de la base de que se debe mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento y el desarrollo económico, esto último enfatizando el bienestar de toda la población”, dijo ante legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Ramírez de la O adelantó que en breve se presentará un tercer paquete de inversiones que incluirá “importantes desarrollos de infraestructura y energía”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

La nueva Cámara de Diputados y el impacto en los pendientes de AMLO

La noche del domingo, desde el hotel Hilton en el centro de la Ciudad de México, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebraba que su partido se perfilaba para mantenerse, de la mano de sus aliados, como la primera fuerza en la Cámara de Diputados.

“Somos respetuosos de la autoridad, no podemos dar todavía datos a nivel federal, pero les
podemos decir que vamos muy bien para retener la mayoría“, anunció hacia las 20:00 horas en la segunda de tres conferencias tras la jornada electoral del 6 de junio, la de mayor tamaño en el país.

Y aunque la primera nota, la primera celebración y también los primeros anuncios de los partidos de oposición apuntaban a la pérdida de la mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara, necesarias para avalar las reformas constitucionales) por parte del bloque liderado por Morena, esto es realmente solo un pequeño cambio frente a la mayoría absoluta que suma el partido guinda con los legisladores que se prevé obtenga en la próxima Legislatura.

De acuerdo con la consultora política Vilfig, con el avance en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a este lunes, Morena y sus aliados alcanzarían 281 legisladores contra 196 de la coalición Va por México, y 23 de Movimiento Ciudadano, a reserva de lo que pase con el PES.

“La mayoría calificada es un mito genial porque había otro candado vía la cámara revisora del Senado, me parece bueno pero no tan contundente como que conserve la mayoría simple. Van a aprobar todas las leyes secundarias y continuar toda la estridencia legislativa que vimos en la Legislatura pasada”, adelantó Israel Tello, consultor legislativo de esa firma.

En contraste, el exconsejero del INE Arturo Sánchez destacó que si bien aún tenía que pasar una cámara revisora, contar con esas dos terceras partes representaban un obstáculo menos para la aprobación de las reformas a petición del presidente.

“Era una fuerza muy grande que el presidente pudiera mandar una reforma con el aval de una cámara desde el principio. Ahora se tendrá que negociar con ambas cámaras y se que construyan acuerdos”, refirió.

Durante la pasada Legislatura, el Congreso avaló casi una treintena de reformas constitucionales, la mayoría originadas en propuestas de cambios desde el Ejecutivo federal.

Asuntos en el tintero

Durante la campaña anterior, Morena se convirtió en el partido más sancionado por temas de fiscalización y el que mayor número de multas recibió a causa de ello y al que más le impidieron registros de candidatos por ese motivo. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de ese partido, recibió numerosos llamados de atención por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) por utilizar sus conferencias diarias matutinas para hacer propaganda, hecho castigado por la Constitución.

Estas múltiples sanciones del partido guinda y del propio mandatario emanado de sus filas derivaron en críticas desde el Ejecutivo y Legislativo. Tal fue el impacto que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó hacia mayo que alistaba una propuesta de reforma electoral, la 23 para la Constitución vigente a decir del politólogo de la Universidad La Salle Bernardino Esparza, con miras a reducir las facultades del INE y el Tribunal Electoral en las elecciones.

Sin embargo, al requerir ajustes constitucionales, se prevé complicada que avance si no se logra un consenso con la oposición, ahora suficiente para frenar cambios de esta índole.

“Lo que se plantea es quitarle facultades al INE y al Tribunal Electoral, eso sin duda el Congreso no lo va a aceptar o pasar la oposición porque después de estas jornadas, se ha dicho que el INE se ha encargado muy bien de organizar las elecciones”, comentó el académico.

Esta reforma viene apalancada de otra crítica constante que hizo durante el último semestre el mandatario federal a los órganos autónomos como el INE, pero también como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Fiscalía Anticorrupción, a los que consideró como muy costosos y cuyas funciones podrían adscribirse a alguna dependencia federal.

Otro de los temas que estaban en desarrollo pero que requerirán de alcanzar acuerdos es la reforma energética para adecuar los sectores eléctrico y de hidrocarburos a la par de sus leyes secundarias.

“Ya no podrá pasar la contrarreforma energética, un pendiente que se esbozó en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos. Yo creo que esas reformas de gran envergadura van a quedar un poquito relegadas porque viene la madre de la reforma fiscal, que probablemente sea mucho muy agresiva en sintonía con lo que ha hecho el G7 y la propuesta del G20 (implementar un impuesto a grandes corporaciones), eso sí lo pueden aprobar con esta mayoría simple que acaban de recibir del electorado, y además, viene el presupuesto”, acotó Tello.

Sin embargo, adelantó el consultor legislativo, estas leyes secundarias sí podrán aprobarse indiscriminadamente gracias a la mayoría absoluta en San Lázaro así como en el Senado. Además, recalcó, el presidente y sus grupos parlamentarios no han tenido reparo en promover leyes contrarias a la Carta Magna, como justamente las relacionadas con los sectores energéticos.

Presupuesto intacto

En contraste, al mantener la mayoría absoluta, con al menos la mitad más uno de los legisladores federales a su favor, el presidente contará con el control para la aprobación no solo de leyes secundarias, sino también del presupuesto, el cual ha defendido con el tema de los programas sociales para los sectores más vulnerables que según él, las bancadas afines a Morena promueven.

Durante la campaña electoral, Morena expuso una y otra vez que la necesidad de contar con la mayoría en San Lázaro era precisamente para mantener los apoyos sociales a los grupos vulnerables, mientras que en caso de perderla, desaparecerían, dato que es falso.

“La mayoría de un partido no quiere decir que se va a otorgar un presupuesto para los programas sociales. La propia Constitución fue reformada en el 2020 en temas de personas adultas mayores, jóvenes, está garantizado ese presupuesto y quieran o no, los partidos lo tienen que aprobar para dar el beneficio a las personas“, comentó Esparza.

El artículo La nueva Cámara de Diputados y el impacto en los pendientes de AMLO se publicó primero en La Lista.

Defensa de audiencias, a extraordinario

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, informó que existe la posibilidad de que se puedan ir a un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para la resolución de la SCJN que ordenó derogar el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones relacionado con los derechos de audiencia.

Sin embargo, señaló que cabe la posibilidad de los extraordinarios siempre que haya un acuerdo en la Comisión Permanente para obtener la mayoría calificada. Sobre la resolución tomada por la Suprema Corte, la priista recordó que la ley establece que el Congreso de la Unión tienen 30 días hábiles para derogar la disposición plasmadas en el artículo 256 de dicha norma y dejar vigente la que estaba ante de 2017, “es decir la de noviembre de 2016 que establecía los lineamientos para los derechos de las audiencias por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones”. Por ello, los legisladores tendrían la obligación de legislar en el tema.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

OPINIÓN_ Perdimos al IFT

Los organismos autónomos han sido blanco de constantes y serios ataques por parte del presidente López Obrador y muchos defendemos su existencia y prevalencia. El INAI, el INE, la Cofece han respondido a estos ataques con acciones concretas, comunicados y hasta tuits que destacan la importancia de su condición de autónomos, pero llama la atención la abulia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Preocupa su silencio y escandaliza aún más su complicidad con ciertas decisiones que atacan, no sólo su autonomía, sino sobre todo su razón de ser, su médula.PUBLICIDAD

En el caso del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), fue precisamente el comisionado Sóstenes Díaz del IFT quien, durante el foro que realizó la Cámara de Diputados (minutos 28 y 47) el 30 de noviembre pasado, sugirió que se incorporen los datos biométricos a este registro, ¿fue su idea? probablemente no y eso es aún más preocupante.

Pero una vez que la existencia del Panaut se concretó con su publicación en el Diario Oficial el 16 de abril, el IFT debió haber reaccionado firmemente en su contra, simplemente porque su creación contradice el mandato primordial que ordena la Constitución a este autónomo: garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Y afirmo que lo contradice porque si usted no registra sus datos biométricos no tendrá acceso a servicios móviles, es más, será desconectado.

El Panaut no es un registro de telecomunicaciones sino de seguridad, así lo establece la propia norma que lo crea “su único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia”, ¿por qué entonces el instituto fue designado para operarlo? Con este mandato, el legislador ha puesto al IFT en un conflicto grave: ¿conectar o desconectar? Le ordena vía ley lo contrario a lo que le mandata la Constitución y que encarna su finalidad última. Es por ello que el instituto tiene la obligación de interponer una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte la que desenmarañe esta contradicción, si no lo hace estaría renunciando a su designio primordial y habrá rendido la plaza.

La Cofece puso el ejemplo en junio del año pasado cuando interpuso una controversia contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional porque consideró que “incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico”, y la Corte le dio la razón resolviendo que “el Acuerdo impugnado obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece.

Pero no lo harán, quizás algo tuvo que ver la reunión que realizaron sus comisionados con el presidente López Obrador hace unos días. En todo caso, lo único que escuchamos del IFT a propósito del Panaut, es su preocupación presupuestal: ¿de dónde sacarán el dinero para operar este registro? Esa es su lucha y con ello han marcado distancia entre nosotros y ellos, entre la preocupación ciudadana y la concepción que tienen sus comisionados del organismo. Mientras usted y yo buscamos cómo evitar ser expuestos y desconectados, ellos buscan presupuesto para implementar la desconexión.

En la sobremesa

Michel Hernández Tafoya ha asumido la dirección general de Observatel. Estupendo y agudo abogado comprometido con los objetivos de la organización. Enhorabuena.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Diputados aprueban, con mayoría de Morena y el PRI, ley para regular publicidad en medios de comunicación

Con mayoría de votos del PRI y Morena, la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, que impone nuevas reglas para contratar espacios comerciales en medios de comunicación.

La Cámara de Diputados aprobó sin cambios el dictamen enviado la noche del jueves por el Senado y que, según explicaron las y los diputados, busca “combatir prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes”.

La Ley fue aprobada con 339 votos a favor de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Revolucionario Institucional (PRI), Encuentro Social (PES), el Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT); 92 votos en contra fueron de Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lo aprobado señala que una agencia solo podrá adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante y con un contrato de mandato celebrado por escrito entre el anunciante y la agencia. “Una agencia no puede adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un anunciante”, detalló la Cámara de Diputados en un comunicado.

#ÚltimaHora Con 339 votos en pro, 92 en contra y 9 abstenciones, se avala expedir la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. Dictamen se turna al Ejecutivo federal. 

— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 1, 2021

La Ley, presentada en el Senado por el morenista Ricardo Monreal, establece que los medios deberán enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios directamente al anunciante, incluso en los casos que la agencia realice el pago en su nombre.

La bancada del PRI celebró la aprobación. “No tenemos duda que esta nueva regulación fortalecerá la transparencia en beneficio de los anunciantes”, escribió la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

No tenemos duda que esta nueva regulación fortalecerá la transparencia en beneficio de los anunciantes, nuestro reconocimiento para quienes ejercen las prácticas de publicidad en forma honesta, seria y desde luego en una real forma competitiva: @lilyrcortes 

— Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) May 1, 2021

Las diputadas Martha Tagle Martínez y María de los Ángeles Ayala Díaz, de MC y PAN, presentaron mociones suspensivas, pero fueron rechazadas.

La panista Ayala Díaz advirtió que la nueva Ley afectará a al menos 2 mil 500 medios de comunicación generando desempleo. La legisladora también alertó que los medios mexicanos estarán en desventaja competitiva con otros medios internacionales que no pagan impuestos por radicar en el extranjero.

“Nuevamente nos encontramos frente a un albazo legislativo”, opinó.

Tagle Martínez criticó que como el dictamen llegó solo una noche antes a la Cámara de Diputados, por lo que no se analizó con tiempo. “¿A quién va dirigida, y que se busque a quién se quiere beneficiar?”, preguntó.

CON INFORMACIÓN VÍA SIN EMBARGO

Diputados aprueban en lo general la Ley de Hidrocarburos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones fue aprobada en lo general la reforma, y se presentaron 103 reservas para modificar parte el articulado.

En el debate, diputados por el PRI, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, manifestaron estar en contra de la propuesta del Ejecutivo federal, mientras que la reforma fue apoyada por las bancadas del PT, PES.

La bancada del Partido Verde, quien apoyó en la administración pasada la reforma energética, se abstuvo de votar. La diputada Zulma Espinoza Mata, expresó la preocupación de la bancada por la desincentivación económica y el impacto al medio ambiente que manifestó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“No podemos no tener en cuenta la opinión emitida por la Cofece sobre el dictamen de la iniciativa que hoy se discute. En nuestro caso compartimos la preocupación, señalada por la institución, en el sentido de que la reforma planteada pudiera desincentivar la entrada y reducir la oferta de combustibles en nuestro país, dado que faculta y da amplia discrecionalidad a la autoridad sin criterios claros en su participación para suspender permisos”, indicó.

El diputado por el PRI y ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, señaló que la iniciativa era inconstitucional al no incluir en el dictamen la opinión de la Cofece. Advirtió que el planteamiento del Ejecutivo repercutirá en combustibles más caros y escasez de éstos.

“Aquí está la Comisión de Energía presentando un dictamen incompleto que no incluye la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica. Esta reforma producirá combustibles caros, y va haber escasez de combustibles si se aplica en sus términos, porque establece barreras a la entrada que impiden la competencia económica, competencia económica que fortalece al consumidor, y competencia económica que fortalece a Pemex”, señaló.

El diputado por el PAN, presentó una moción suspensiva, la cual fue rechazada por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados. El diputado de oposición argumentó que el impacto presupuestal de la reforma es similar a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Es una pieza legislativa violatoria de la Constitución mexicana, así como de diversos tratados internacionales vigentes en el país, poniendo en riesgo la inversión de las empresas permisionarias en beneficio de las empresas del Estado”, sostuvo.

En defensa del dictamen, el diputado por Morena, Pablo Gómez, rechazó que la Cofece tenga facultad constitucional para ser consultores del poder Legislativo. El legislador expresó que este proyecto no afecta a la ciudadanía, únicamente a los que violan la Ley que contrabandean hidrocarburos y engañan al fisco.

En tanto, el diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó a la oposición, al asegurar que se beneficiaron económicamente de la reforma energética de la pasada administración y que la ciudadanía padeció el aumento en los precios de la gasolina.

“Se vienen a tribuna a decir que están defendiendo a los consumidores, y les entra por una oreja y les sale por otra, que durante el gobierno de Peña, qué hizo la reforma que los paniaguados votaron, con dinero de sobornos de Odebrecht de 6 mil millones de dólares y otras empresas más, subió 75% más la gasolina”, enfatizó.

CON INFORMACIÓN VÍA EXCÉLSIOR

Diputados aprueban sin cambios la reforma al outsourcing; pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, la iniciativa presidencial que prohíbe la subcontratación y permite esa figura sólo cuando se trate de servicios especializados, y envió el proyecto al Senado para su revisión y eventual ratificación.

Tras casi ocho horas de discusión del dictamen, así como de las reservas de todos los partidos, el pleno validó la reforma, con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, entre esas últimas la de Leticia Aguilar (Morena).

Como ocurrió con la votación en lo general, en lo particular la bancada del Partido Revolucionario Institucional se dividió: cuatro de sus legisladores votaron a favor, 21 lo hicieron en contra y 13 se abstuvieron, incluido el coordinador, René Juárez Cisneros.

En el registro de la sesión únicamente quedaron asentadas las posturas de los legisladores que presentaron sus reservas, que fueron desechadas por la mayoría. Únicamente se aceptó el agregado, incluido desde el dictamen en comisiones, para prohibir la subcontratación en el gobierno federal.

Con la reforma se ratificó que la única modalidad de subcontratación laboral será la de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Para ello deberá existir un contrato por escrito, y las empresas podrán operar en esta modalidad sólo si cuentan con un registro ante la Secretaría del Trabajo.

A partir de los cambios, los patrones deberán permitir la inspección y vigilancia de las autoridades laborales y tendrán que entregar la información que se les requiera. Si no autorizan el desahogo de la revisión, se les impondrá una multa de 250 a 5 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA).

Asimismo, se prevé que a quien practique la subcontratación de personal, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, se les impondrá multa de 2 mil a 50 mil veces la UMA.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Diputados aprueban en lo general y particular prohibición del ‘outsourcing’; va al Senado

Después de siete horas de discusión y tras desechar 42 propuestas de modificación, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, entre otras, para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral en la administración pública y en el sector privado.

La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro remitió el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Avalada en lo particular con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, el pleno avaló en su totalidad el dictamen de las comisiones de Trabajo y de Hacienda con el ajuste de última hora para ampliar la prohibición de la subcontratación de personal a las entidades del sector público.

Legisladores de la oposición cuestionaron, sin embargo, la aprobación de la reforma, sin contar en ese momento con el análisis de impacto presupuestal que significará la contratación del personal del gobierno actualmente en régimen de “outsourcing”.

La reforma deja prohibida la subcontratación de personal, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.

Prevé asimismo multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente.

El proyecto considera la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados.

“Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece.

Entre otros aspectos destaca igualmente el “tope” a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Avanza en San Lázaro reforma que reglamenta el outsourcing

A dos días del acuerdo en Palacio Nacional, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados incorporó desde ayer al proyecto de dictamen las medidas que aplicarán en la subcontratación de personal sólo para servicios especializados.

Ratifica que poner fin a la tercerización indiscriminada busca evitar la evasión del cumplimiento de las obligaciones patronales.

La reforma, que se votará este jueves en esa comisión y se discutirá en el pleno de la Cámara el próximo martes, establece reglas precisas para evitar la simulación en las relaciones laborales, el perjuicio a los trabajadores –que recibirán utilidades de tres meses o el promedio de los últimos tres años– y al fisco, al cerrar el paso a la elusión y la evasión.

En este sentido, la reforma obliga a la empresa a entregar al contratante todos los recibos de pago del impuesto sobre la renta (ISR) de sus trabajadores y se confirma el plazo de tres meses para que los empleados bajo el régimen de outsourcing pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

El proyecto, que fue circulado ayer a los diputados de la comisión, explica que únicamente se permitirá que las personas físicas o morales contraten la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.

Agrega que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre firmas de un mismo grupo empresarial, también se considerarán como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba.

Con las modificaciones a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, del ISR y del Impuesto al Valor Agregado se terminará la corrupción que se da con la expedición de facturas que surgen de la simulación, así como el incumplimiento de las responsabilidades de seguridad social que afectan a la pensión y/o jubilación, prácticas que también impactan en el derecho a la vivienda, ya que afectan el acceso al financiamiento, la capacidad de pago de los derechohabientes y de su ahorro a largo plazo.

La Comisión del Trabajo ratifica que sólo podrán ser empresas subcontratistas cuando obtengan un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y argumenta que poner fin a la tercerización ilegal se hará sin dañar a las firmas que por necesidad recurren a esta figura.

De subcontratar por medio de una empresa que incumpla la legislacion vigente, la persona física o moral que adquiera los servicios también asumirá parte de la obligación para el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, al ser considerado responsable solidario.

En el Código Fiscal se propone no deducir o acreditar los pagos o contraprestaciones realizados por subcontratación de personal y en la Ley del ISR obligar a las empresas a comprobar el entero de las retenciones del impuesto a los trabajadores, así como del pago de las cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Con información Vía La Jornada