Un despido antes las elecciones sindicales en la empresa. Un patrón que infunde temor a la plantilla que desee organizarse. Subcontratas como correa de transmisión del capitalismo más depredador. Indefensión laboral continua. Todos y cada uno de los miembros de la recién nacida Plataforma de Represaliadxos Sindicales aseguran conocer bien estas prácticas. En torno a esta organización se aglutinan personas con diferentes siglas detrás pero unidas por un denominador común: los despidieron por exigir sus derechos en su centro de trabajo.

Álex León solo es un nombre propio como el de tantos que conforman la plataforma. Su historia, también la de sus compañeros y compañeras, ilustra quiénes son y lo que han venido a hacer: «En mi empresa, el año pasado dos chicas preguntaron sobre el paro de dos horas por la huelga del 8 de marzo y al mes siguiente las despidieron. España tiene que saber que aquí se reprime al trabajador organizado». León, de la CGT, es secretario general de la sección sindical de Marktel.

La compañía, que se dedica al telemarketing, tiene unos 1.600 trabajadores en su centro de operaciones en Madrid. «Después de pensar una estrategia, creamos la sección sindical sabiendo lo que podía ocurrir. Pusimos muchas denuncias por incumplimiento del convenio, como horas de trabajo que no nos pagan, y también acudimos a Inspección de Trabajo. En diciembre de 2021 me echaron, y eso que mi nombre consta en el envío de la constitución de la sección como secretario general», narra este canario de 32 años afincado en la capital. Según denuncia, le despidieron porque la empresa a la que en última instancia prestaba sus servicios, CaixaBank, supuestamente los presionó. Es decir, que «externalizaron el despido», tal y como él lo denomina.

El pasado sindical de la empresa tampoco propicia que un trabajador pueda defender sus derechos sin miedo al despido. Según dice León, en 2011 la empresa despidió a 15 de los 21 delegados sindicales. En la actualidad son cuatro los representantes sindicales en el centro de trabajo, que tal y como denuncia el ahora despedido, «no dan ningún tipo de información a la plantilla y continúan con la opacidad generalizada de la empresa». Hasta cuatro decenas de trabajadores conforman las filas de CGT en la corporación. León asegura que no lo tienen nada fácil: «Cuando saben que estás afiliado, la empresa intenta reprimirte cambiando tus condiciones laborales, lo que produce mucha incomodidad y no deja de ser una forma de acoso».

Motivos del despido sin justificar

Los despidos se suceden en Marktel, compañía que, al estar el caso judicializado, prefiere “esperar al resultado del procedimiento judicial correspondiente para emitir una opinión al respecto”. Con contratos generalizados por obra y servicio a todos aquellos que lleven menos de tres años en la entidad, las salidas forzosas, según León, son constantes. «Alegan bajo rendimiento, pero no lo prueban en ningún momento. Saben que si se denuncia, lo que el trabajador conseguirá será un despido improcedente, pero en ese lapso de tiempo en el que se llevan a cabo los trámites judiciales, la empresa intenta negociar pagando menos de lo que finalmente podría salir en la sentencia pero asegurando que lo abonará en el momento, por lo que en ocasiones llegan a un acuerdo», narra el cegetista.

Sara ni siquiera quiere dar sus apellidos. A sus 33 años, trabajaba desde 2018 en un tanatorio de Huelva como recepcionista. Servisa es otra de las empresas que ilustran esta historia. De baja por ansiedad, la trabajadora interpuso una demanda declarativa de derecho exigiendo que la empresa le dejara vestir igual que sus compañeros varones, es decir, sin la obligación de portar falda y tacones. Cansada de que la compañía no atendiera sus reclamaciones, en la demanda también solicitó el calendario laboral y una reclamación económica, ya que no les abonaban el plus de nocturnidad. Sara, igual que León en su empresa, sabía lo que podía ocurrir: «Me incorporé a mi trabajo el 1 de febrero de 2021, y ese mismo día envié un burofax a la empresa declarando un preaviso de elecciones sindicales. Ellos ya tenían mis datos como candidata», explica la ahora despedida.

Paralizar la actividad sindical a toda costa

Exactamente 25 días después, Sara se quedó sin trabajo. Tan solo quedaban cinco días para la celebración de las elecciones: «Está claro que querían que no me presentara, ni que saliera elegida. Yo era la única candidata», apostilla. Al final, fue UGT quien se hizo con la representación de los trabajadores. La batalla judicial tan solo había comenzado: «Ahora luchamos por el despido nulo por garantía de indemnidad [derecho del trabajador a no sufrir represalias sindicales] y hemos impugnado las elecciones judicialmente», explicita la antigua recepcionista de Servisa, que asegura que tuvo que llamar a la Policía local el día de los comicios para poder impugnarlos, pues desde la empresa no le dejaban acceder al interior de las instalaciones.

«Después de mi despido, Servisa envió dos burofaxes al sindicato diciendo que yo no podía ejercer mi actividad sindical porque no soy una sección legalmente constituida», relata esta mujer. Es ella misma quien concreta que «la jurisprudencia recoge que hasta que ese despido no sea declarado procedente o nulo, la actividad sindical no debe paralizarse». Así llegó la tercera demanda que interpuso por vulneración de derechos fundamentales, entre los que está la libertad de sindicación.

Algo más de 30 trabajadores desempeñan sus funciones para Servisa en Huelva. A nivel nacional, la entidad puede tener a más de tres millares en sus filas, calcula Sara. «Un compañero al que vieron hablando conmigo le suspendieron de empleo y sueldo, y otros que se han negado a hacer las horas extras que no les pagaban también han sido sancionados. Están con el látigo», denuncia Sara. Por el momento, las denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo le dan la razón a la trabajadora, tal y como ella misma afirma.

Pero la historia no termina ahí: «Yo salí en muchos medios contando mi experiencia. Salía anonimizada, solo con mi nombre de pila. La empresa, como represalia, mandó burofaxes a los medios de comunicación exponiendo todos los datos personales», relata la afectada. De nuevo, otra denuncia hacia Servisa por cesión indebida de datos. Ahora, Sara espera la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos para iniciar la vía civil. Afirma que este combate que está librando le provoca cierta ansiedad, pero confiesa que su única meta es recuperar su puesto de trabajo. «Yo voy a ir hasta el final», expresa esta afiliada a CGT.

Servisa, por su parte, afirma que “todas las trabajadoras pueden optar por falda o pantalón así como zapato de tacón o plano”. Pese a que desde la empresa en ningún momento aclara los motivos del despido disciplinario, sí añaden que este “tampoco guarda ninguna relación ni con la demanda declarativa de derechos interpuesta ni con la convocatoria de elecciones sindicales”.

El imperio de las subcontratas

Miquel Domínguez también conforma la Plataforma de Represaliadxs Sindicales. Él procede de Comisiones Obreras y trabajaba realizando repartos por parte de una subcontrata de Amazon en Barcelona. Se muestra claro: «Esta multinacional subcontrata de forma ilegal a las empresas, y no lo digo yo, sino Inspección de Trabajo. Así consiguen dividir a la plantilla, que las demás empresas compitan entre sí y suban y bajen rutas, lo que implica potenciar el trabajo temporal y mayores dificultades para que los operarios nos sindiquemos. En última instancia, si a Amazon le incomoda alguna organización sindical en la subcontrata, les rescinde el contrato y se acabó el problema».

Además de la Plataforma, Domínguez forma parte de la Asociación de Drivers Amazon España (ADAE). Asturias, Cantabria, Valladolid y Catalunya son algunas de las zonas en las que ya tienen implantación, y desde las que luchan «para hacer frente a la cesión ilegal de trabajadores y abusos que perpetra Amazon», dice este repartidor. Y así resume la forma de actuar por parte de las empresas subcontratadas por la multinacional ante el mínimo atisbo de organización laboral: «Cuando intentamos realizar una asamblea o convocar elecciones al comité, lo primero que hacen es despedir a toda la candidatura. Después llega la reducción de rutas, despidos de la plantilla y, en algunos casos, difamaciones y amenazas».

Esto último lo vivió él mismo en primera persona, una situación que terminó agravándose por el ERE que acometió Varzea Logistic. «Montamos una candidatura clandestina para evitar las represalias. Salimos a la luz al convocar elecciones sindicales, es decir, que ya estábamos protegidos legalmente. Aun así, al día siguiente despidieron a todos los candidatos bajo el pretexto de que habían bajado las rutas y se trataba de un despido objetivo». Pasados cuatro días, fueron readmitidos, pero ya habían trasladado un mensaje: «El de que cualquiera que se juntara con nosotros sería señalado». Algo de lo que se dieron cuenta con el tiempo. A partir de entonces, empezaron «las amenazas y las difamaciones». «Incluso un alto cargo de la empresa envió por el grupo de WhatsApp un vídeo de neonazis en el que deseaban la muerte a los rojos», sostiene Domínguez. Tras escribir al correo electrónico facilitado en sus datos fiscales, desde La Marea no hemos logrado una respuesta por parte de Varzea Logistic.

Cerrar la empresa antes que pagar según convenio

Con todo, decidieron seguir con la candidatura. Las presiones de la empresa de reparto consiguieron que uno de ellos se cayera de la lista. «La mesa, formada por compañeros proempresa, no nos dejó presentarnos, aunque manteníamos a más del 60% de los candidatos. Lo recurrimos y un juez nos dio la razón. Al final conseguimos sacar dos delegados de los cinco posibles», cuenta este barcelonés. Poco después, los 35 operarios de la plantilla se enfrentaron a un ERE que la empresa justificó al afirmar que tenía pérdidas. Domínguez lo aclara: «A nosotros nos presentaron unos beneficios en abril de 2021 de 70.000 euros y en mayo de 50.000. Las cuentas que expusieron en el ERE ni siquiera estaban auditadas, pero con el visto bueno de Amazon cerraron la empresa».

Este repartidor subraya como una de las irregularidades el hecho de que a «todas las subcontratas de Amazon se les aplica el convenio de mensajería, cuando en realidad debería ser el de transporte, lo que implicaría una subida media del salario al mes de 600 euros». «Entiendo que el empresario que se quedaba con ese dinero de cada trabajador al mes prefirió cerrar antes que mejorar las condiciones de la plantilla», conjetura. Las elecciones sindicales se celebraron el 6 de mayo y la empresa cerró el 28 de agosto. Ahora, el ERE se debate en los tribunales. «Pedimos que se declare nulo y que Amazon nos incorpore directamente a su plantilla por la cesión ilegal que realiza», completa Domínguez.

La Plataforma de Represaliadxs Sindicales aglutina este tipo de casos, en los que la maraña judicial, en ocasiones, no deja ver el trasfondo del asunto. Plantillas organizadas para defender y mejorar sus condiciones laborales terminan sufriendo acoso y, en último término, el despido. «Son casos continuos en diferentes partes del Estado, pero en luchas deslocalizadas», agrega Álex León, quien también tiene palabras para la modificación de la ley laboral: «Aunque se haya aprobado, la reforma mantiene estos mecanismos en los que las patronales quieren volver al siglo XIX, echando a los trabajadores a la calle si tratan de organizarse en un sindicato. Y cada vez lo vemos más».

CON INFORMACIÓN VÍA LAMAREA.COM