Carlos Slim lanza oferta de compra por inmobiliaria española Metrovacesa

La empresa española de tratamiento de aguas y construcción FCC, cuyo accionista mayoritario es el magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim, anunció el miércoles una oferta de compra (OPA) por el 24% de la sociedad inmobiliaria española Metrovacesa.

En un documento remitido a la autoridad bursátil española CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) precisó que presentó una oferta pública de adquisición de 36.4 millones de acciones de Metrovacesa, al precio de 7.80 euros por acción, lo que eleva la operación a 284 millones de euros (unos 310 millones de dólares).

De prosperar, FCC, que ya posee el 5.5% de Metrovacesa, elevaría su participación a 29.4%. Actualmente, los principales accionistas de Metrovacesa son los bancos Santander (49.4%) y BBVA (20.8%).

Esta oferta, «en línea con la estrategia e intereses del grupo FCC», según el documento remitido a la CNMV, permitiría a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, reforzar su presencia en el mercado inmobiliario español.

El multimillonario de 82 años, ya controla la empresa inmobiliaria española Realia, a través de FCC.

CON INFORMACIÓN VÍA EXCELSIOR

España | Orange y MásMóvil se repartirán el consejo de la nueva compañía

Orange y MásMóvil ya negocian los términos para poder cerrar su acuerdo de fusión en España. Uno de los puntos ya acordados es el reparto al 50% los derechos políticos en la nueva empresa. Este reparto incluirá el consejo de administración de la nueva operadora, en el que Orange y MásMóvil tendrán los mismos representantes.

En principio, si finalmente hay acuerdo entre los dos grupos, Orange podría elegir al presidente del consejo de administración de la nueva operadora, mientras que MásMóvil nombraría al consejero delegado, que presumiblemente sería Meinrad Spenger, su actual CEO, según fuentes del mercado.

Otras fuentes del sector señalan que la primera tarea se centrará en impulsar el proceso de integración de las dos sociedades, clave para el éxito final de la operación. De esta manera, inicialmente, no descartan que el consejo sea de menor tamaño para facilitar la toma de decisiones.

Posteriormente, si se activan los planes para la salida a Bolsa, que han acordado dentro de la posible hoja de ruta, se implantaría un consejo de administración adaptado al de una empresa cotizada, con las consiguientes comisiones, para el cumplimiento estricto de la normativa de buen gobierno.

El acuerdo inicial contempla el derecho a lanzar una OPV bajo ciertas condiciones pactadas, así como el derecho de Orange a tomar el control y consolidar la entidad combinada en caso de salida a Bolsa.

Ambos grupos cuentan con tiempo y experiencia clara para renovar el consejo de administración. En los últimos años, tanto Orange España como MásMóvil, que salió de Bolsa en 2020 tras la opa de Cinven, KKR y Providence, han mantenido consejos con estructura de empresa cotizadas.

En la actualidad, Lorca JVCO, matriz británica de MásMóvil, tiene como consejeros a Robert Sudo, Stefano Bosio y Anthony Frank Elliott Ball, en representación de Providence; Begoña Araujo-Pérez, Thomas Railhac y Jorge Quemada, en representación de Cinven; Jean-Pierre Saad, Cristina Serna e Ignacio Cobo Bachiller, como representantes de KKR; Josep María Echarri, en representación de los accionistas españoles; y Meinrad Spenger y Germán López, miembros de la cúpula de la teleco.

El grupo MásMóvil ha replicado en gran medida el consejo de administración de la matriz en España, Lorca Bidco Telecom, prácticamente con los mismos miembros, en este caso con Eduardo Díez-Hochleitner como presidente, tras sustituir hace pocas semanas a Miguel Segura Martín.

En esta oleada de cambios, el grupo redujo el tamaño del consejo de la antigua matriz en España, MásMóvil Ibercom, y creó un consejo en Kaixo Telecom, vehículo con el que articuló la opa sobre Euskaltel en 2021, presidido por Spenger.

Orange

El consejo de administración de Orange Espagne, matriz de la compañía en España, tiene nueve integrantes: Gervais Pellissier, consejero delegado adjunto del grupo, como presidente; Jean-François Fallacher, CEO de la filial española, mientras que Christophe Naulleau, Bénédicte Nadine Javelot, Hugues Foulon, Marie-Noëlle Jégo-Laveissière y Clarisse Hériard Dubreuil son consejeros dominicales en representación de Orange.

María Luisa Jordá y Antonio Anguita son consejeros independientes, mientras que Antonio García es el secretario general del consejo de administración.

En cualquier caso, las condiciones exactas se definirán durante las negociaciones en curso y se materializarán una vez firmado el acuerdo, que ambas partes esperan que se firme en el segundo trimestre de este año, y se cierre en el segundo trimestre de 2023, una vez obtenido el visto bueno de las autoridades de competencia, probablemente de Bruselas.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Precio medio de la electricidad en España alcanzará el martes su registro más caro de la historia

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este martes un 23.15% y marcará su registro más caro de la historia con 544.98 euros el megavatio/hora (MWh) al calor del alza en el precio del gas natural por el impacto de la guerra en Ucrania.

En concreto, el precio medio del «pool» para este martes será de 544.98 euros/MWh, con lo que superará en 102.4 euros el anterior máximo histórico de 442.54 euros/MWh, registrado hoy, según datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este martes se dará entre las 19:00 horas y las 20:00 horas, con 700 euros/MWh, mientras que el mínimo, de 424.88 euros/MWh, se registrará entre las 03:00 y las 04:00 horas.

Los precios del «pool» repercuten directamente en la tarifa regulada —el denominado PVPC—, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

PERSPECTIVAS_ Despedido por sindicalista: un motivo que no reconocen las empresas

Un despido antes las elecciones sindicales en la empresa. Un patrón que infunde temor a la plantilla que desee organizarse. Subcontratas como correa de transmisión del capitalismo más depredador. Indefensión laboral continua. Todos y cada uno de los miembros de la recién nacida Plataforma de Represaliadxos Sindicales aseguran conocer bien estas prácticas. En torno a esta organización se aglutinan personas con diferentes siglas detrás pero unidas por un denominador común: los despidieron por exigir sus derechos en su centro de trabajo.

Álex León solo es un nombre propio como el de tantos que conforman la plataforma. Su historia, también la de sus compañeros y compañeras, ilustra quiénes son y lo que han venido a hacer: «En mi empresa, el año pasado dos chicas preguntaron sobre el paro de dos horas por la huelga del 8 de marzo y al mes siguiente las despidieron. España tiene que saber que aquí se reprime al trabajador organizado». León, de la CGT, es secretario general de la sección sindical de Marktel.

La compañía, que se dedica al telemarketing, tiene unos 1.600 trabajadores en su centro de operaciones en Madrid. «Después de pensar una estrategia, creamos la sección sindical sabiendo lo que podía ocurrir. Pusimos muchas denuncias por incumplimiento del convenio, como horas de trabajo que no nos pagan, y también acudimos a Inspección de Trabajo. En diciembre de 2021 me echaron, y eso que mi nombre consta en el envío de la constitución de la sección como secretario general», narra este canario de 32 años afincado en la capital. Según denuncia, le despidieron porque la empresa a la que en última instancia prestaba sus servicios, CaixaBank, supuestamente los presionó. Es decir, que «externalizaron el despido», tal y como él lo denomina.

El pasado sindical de la empresa tampoco propicia que un trabajador pueda defender sus derechos sin miedo al despido. Según dice León, en 2011 la empresa despidió a 15 de los 21 delegados sindicales. En la actualidad son cuatro los representantes sindicales en el centro de trabajo, que tal y como denuncia el ahora despedido, «no dan ningún tipo de información a la plantilla y continúan con la opacidad generalizada de la empresa». Hasta cuatro decenas de trabajadores conforman las filas de CGT en la corporación. León asegura que no lo tienen nada fácil: «Cuando saben que estás afiliado, la empresa intenta reprimirte cambiando tus condiciones laborales, lo que produce mucha incomodidad y no deja de ser una forma de acoso».

Motivos del despido sin justificar

Los despidos se suceden en Marktel, compañía que, al estar el caso judicializado, prefiere “esperar al resultado del procedimiento judicial correspondiente para emitir una opinión al respecto”. Con contratos generalizados por obra y servicio a todos aquellos que lleven menos de tres años en la entidad, las salidas forzosas, según León, son constantes. «Alegan bajo rendimiento, pero no lo prueban en ningún momento. Saben que si se denuncia, lo que el trabajador conseguirá será un despido improcedente, pero en ese lapso de tiempo en el que se llevan a cabo los trámites judiciales, la empresa intenta negociar pagando menos de lo que finalmente podría salir en la sentencia pero asegurando que lo abonará en el momento, por lo que en ocasiones llegan a un acuerdo», narra el cegetista.

Sara ni siquiera quiere dar sus apellidos. A sus 33 años, trabajaba desde 2018 en un tanatorio de Huelva como recepcionista. Servisa es otra de las empresas que ilustran esta historia. De baja por ansiedad, la trabajadora interpuso una demanda declarativa de derecho exigiendo que la empresa le dejara vestir igual que sus compañeros varones, es decir, sin la obligación de portar falda y tacones. Cansada de que la compañía no atendiera sus reclamaciones, en la demanda también solicitó el calendario laboral y una reclamación económica, ya que no les abonaban el plus de nocturnidad. Sara, igual que León en su empresa, sabía lo que podía ocurrir: «Me incorporé a mi trabajo el 1 de febrero de 2021, y ese mismo día envié un burofax a la empresa declarando un preaviso de elecciones sindicales. Ellos ya tenían mis datos como candidata», explica la ahora despedida.

Paralizar la actividad sindical a toda costa

Exactamente 25 días después, Sara se quedó sin trabajo. Tan solo quedaban cinco días para la celebración de las elecciones: «Está claro que querían que no me presentara, ni que saliera elegida. Yo era la única candidata», apostilla. Al final, fue UGT quien se hizo con la representación de los trabajadores. La batalla judicial tan solo había comenzado: «Ahora luchamos por el despido nulo por garantía de indemnidad [derecho del trabajador a no sufrir represalias sindicales] y hemos impugnado las elecciones judicialmente», explicita la antigua recepcionista de Servisa, que asegura que tuvo que llamar a la Policía local el día de los comicios para poder impugnarlos, pues desde la empresa no le dejaban acceder al interior de las instalaciones.

«Después de mi despido, Servisa envió dos burofaxes al sindicato diciendo que yo no podía ejercer mi actividad sindical porque no soy una sección legalmente constituida», relata esta mujer. Es ella misma quien concreta que «la jurisprudencia recoge que hasta que ese despido no sea declarado procedente o nulo, la actividad sindical no debe paralizarse». Así llegó la tercera demanda que interpuso por vulneración de derechos fundamentales, entre los que está la libertad de sindicación.

Algo más de 30 trabajadores desempeñan sus funciones para Servisa en Huelva. A nivel nacional, la entidad puede tener a más de tres millares en sus filas, calcula Sara. «Un compañero al que vieron hablando conmigo le suspendieron de empleo y sueldo, y otros que se han negado a hacer las horas extras que no les pagaban también han sido sancionados. Están con el látigo», denuncia Sara. Por el momento, las denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo le dan la razón a la trabajadora, tal y como ella misma afirma.

Pero la historia no termina ahí: «Yo salí en muchos medios contando mi experiencia. Salía anonimizada, solo con mi nombre de pila. La empresa, como represalia, mandó burofaxes a los medios de comunicación exponiendo todos los datos personales», relata la afectada. De nuevo, otra denuncia hacia Servisa por cesión indebida de datos. Ahora, Sara espera la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos para iniciar la vía civil. Afirma que este combate que está librando le provoca cierta ansiedad, pero confiesa que su única meta es recuperar su puesto de trabajo. «Yo voy a ir hasta el final», expresa esta afiliada a CGT.

Servisa, por su parte, afirma que “todas las trabajadoras pueden optar por falda o pantalón así como zapato de tacón o plano”. Pese a que desde la empresa en ningún momento aclara los motivos del despido disciplinario, sí añaden que este “tampoco guarda ninguna relación ni con la demanda declarativa de derechos interpuesta ni con la convocatoria de elecciones sindicales”.

El imperio de las subcontratas

Miquel Domínguez también conforma la Plataforma de Represaliadxs Sindicales. Él procede de Comisiones Obreras y trabajaba realizando repartos por parte de una subcontrata de Amazon en Barcelona. Se muestra claro: «Esta multinacional subcontrata de forma ilegal a las empresas, y no lo digo yo, sino Inspección de Trabajo. Así consiguen dividir a la plantilla, que las demás empresas compitan entre sí y suban y bajen rutas, lo que implica potenciar el trabajo temporal y mayores dificultades para que los operarios nos sindiquemos. En última instancia, si a Amazon le incomoda alguna organización sindical en la subcontrata, les rescinde el contrato y se acabó el problema».

Además de la Plataforma, Domínguez forma parte de la Asociación de Drivers Amazon España (ADAE). Asturias, Cantabria, Valladolid y Catalunya son algunas de las zonas en las que ya tienen implantación, y desde las que luchan «para hacer frente a la cesión ilegal de trabajadores y abusos que perpetra Amazon», dice este repartidor. Y así resume la forma de actuar por parte de las empresas subcontratadas por la multinacional ante el mínimo atisbo de organización laboral: «Cuando intentamos realizar una asamblea o convocar elecciones al comité, lo primero que hacen es despedir a toda la candidatura. Después llega la reducción de rutas, despidos de la plantilla y, en algunos casos, difamaciones y amenazas».

Esto último lo vivió él mismo en primera persona, una situación que terminó agravándose por el ERE que acometió Varzea Logistic. «Montamos una candidatura clandestina para evitar las represalias. Salimos a la luz al convocar elecciones sindicales, es decir, que ya estábamos protegidos legalmente. Aun así, al día siguiente despidieron a todos los candidatos bajo el pretexto de que habían bajado las rutas y se trataba de un despido objetivo». Pasados cuatro días, fueron readmitidos, pero ya habían trasladado un mensaje: «El de que cualquiera que se juntara con nosotros sería señalado». Algo de lo que se dieron cuenta con el tiempo. A partir de entonces, empezaron «las amenazas y las difamaciones». «Incluso un alto cargo de la empresa envió por el grupo de WhatsApp un vídeo de neonazis en el que deseaban la muerte a los rojos», sostiene Domínguez. Tras escribir al correo electrónico facilitado en sus datos fiscales, desde La Marea no hemos logrado una respuesta por parte de Varzea Logistic.

Cerrar la empresa antes que pagar según convenio

Con todo, decidieron seguir con la candidatura. Las presiones de la empresa de reparto consiguieron que uno de ellos se cayera de la lista. «La mesa, formada por compañeros proempresa, no nos dejó presentarnos, aunque manteníamos a más del 60% de los candidatos. Lo recurrimos y un juez nos dio la razón. Al final conseguimos sacar dos delegados de los cinco posibles», cuenta este barcelonés. Poco después, los 35 operarios de la plantilla se enfrentaron a un ERE que la empresa justificó al afirmar que tenía pérdidas. Domínguez lo aclara: «A nosotros nos presentaron unos beneficios en abril de 2021 de 70.000 euros y en mayo de 50.000. Las cuentas que expusieron en el ERE ni siquiera estaban auditadas, pero con el visto bueno de Amazon cerraron la empresa».

Este repartidor subraya como una de las irregularidades el hecho de que a «todas las subcontratas de Amazon se les aplica el convenio de mensajería, cuando en realidad debería ser el de transporte, lo que implicaría una subida media del salario al mes de 600 euros». «Entiendo que el empresario que se quedaba con ese dinero de cada trabajador al mes prefirió cerrar antes que mejorar las condiciones de la plantilla», conjetura. Las elecciones sindicales se celebraron el 6 de mayo y la empresa cerró el 28 de agosto. Ahora, el ERE se debate en los tribunales. «Pedimos que se declare nulo y que Amazon nos incorpore directamente a su plantilla por la cesión ilegal que realiza», completa Domínguez.

La Plataforma de Represaliadxs Sindicales aglutina este tipo de casos, en los que la maraña judicial, en ocasiones, no deja ver el trasfondo del asunto. Plantillas organizadas para defender y mejorar sus condiciones laborales terminan sufriendo acoso y, en último término, el despido. «Son casos continuos en diferentes partes del Estado, pero en luchas deslocalizadas», agrega Álex León, quien también tiene palabras para la modificación de la ley laboral: «Aunque se haya aprobado, la reforma mantiene estos mecanismos en los que las patronales quieren volver al siglo XIX, echando a los trabajadores a la calle si tratan de organizarse en un sindicato. Y cada vez lo vemos más».

CON INFORMACIÓN VÍA LAMAREA.COM

España | Telefónica recibe 2.418 solicitudes de adhesión al plan de bajas voluntarias que costará 1.400 millones

Telefónica España ha recibido un total de 2.418 solicitudes de adhesión al plan de bajas voluntarias para empleados mayores de 54 años, conocido como PSI después de que finalizara ayer el plazo definitivo para solicitarlas, según han señalado fuentes conocedoras del proceso. Esta cifra se encuentra por debajo del listón de 2.700 que había estimado la operadora como cifra máxima de trabajadores apuntados.

El hecho de que el volumen total se haya reducido en unos 300, hace que la estimación del coste total del PSI también se reduzca y en vez de situarse en 1.500 millones, que era la estimación de la compañía correspondiente a las 2.700 bajas, hace que el coste neto total de la medida para la operadora también se reduzca y se sitúe en unos 1.400 millones de euros. Esta cifra se cargará a la cuenta de resultados del cuarto trimestre.

La cifra total de 2.418 solicitudes tampoco será la definitiva, porque es posible que se admita alguna otra petición que llegue fuera de plazo, pero, además, ahora habrá que casar las solicitudes con los topes de bajas en algunos departamentos. Así, por ejemplo, en las áreas con más valor añadido como ciberseguridad, Big Data, cloud, las áreas comerciales de grandes empresas, etc, donde es difícil encontrar empleados altamente especializados, la teleco estableció un límite del 38%, de forma que no se podían dar de baja más de ese porcentaje de ese departamento, para no estresar demasiado la prestación del servicio.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Eléctricas contrataron expresidentes y altos políticos en España. Y lo replicaron acá

La crisis energética en España, país que este miércoles alcanzó un récord histórico del precio mayorista de la luz, abre el debate sobre el poder de las gigantes eléctricas y el respaldo que le ha dado el poder político a través de la llamada “puerta giratoria”. Precisamente, el alcance de esta industria privada es tal que ha sumado a sus filas a más de 20 exministros y tres expresidentes del Gobierno español. En México sucede algo similar, pues las empresas han contratado, durante años, a políticos, como al expresidente Felipe Calderón y a su Secretaria de Energía, Georgina Kessel, con remuneraciones anuales de miles de dólares y euros.

En el último mes empresas como NaturgyEDPEndesa e Iberdrola amenazaron al país europeo con detener la producción de las centrales nucleares e incluso replantear su política de inversiones, como anunció esta semana Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. En México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa que propone limitar la participación de las privadas para “que no pase lo que está sucediendo en España”.

Exfuncionarios encuentran en la “puerta giratoria” —el pasar del Gobierno a la industria privada— beneficios que se traducen en pagos anuales mínimos de 63 mil dólares, como en el caso de Luis Téllez con Sempra Energy, y alcanzan los hasta 505 mil euros, según muestra la compensación recibida por Georgina Kessel en 2018 por ser consejera independiente de Iberdrola.

Los años del expresidente Felipe Calderón como consejero de Avangrid, los de la exsecretaria de Energía Georgina Kessel en Iberdrola, de Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, en IEnova y Sempra Energy, así como la gestión de Luis Téllez, exsecretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, también en Sempra Energy son ejemplo de la connivencia entre el poder político y las gigantes energéticas.

Entrevistado por SinEmbargo, el consultor energético Gonzalo Monroy opina que las críticas desde el Gobierno mexicano a las “puertas giratorias” principalmente buscan “sembrar duda” sobre la participación del sector privado en la industria eléctrica.

Lo que tienen en común las “puertas giratorias” en estos países son los beneficios económicos que han dejado a los políticos. En el caso de España, los expresidentes del Gobierno José María Aznar, Felipe González y Leopoldo Calvo-Sotelo recibieron miles de euros anuales por trabajar con Endesa y Naturgy. Al año, Aznar recibía un salario de 200 mil euros como asesor en Endesa, González ganaba al menos 127 mil euros, de acuerdo con reportes de la empresa española.

En lo que respecta a los exservidores mexicanos, informes financieros de Avangrid muestran que Felipe Calderón recibió una compensación de 465 mil dólares de 2016 a 2018, años en los que participó como consejero independiente. La cifra equivale a 9 millones 617 mil 757 pesos actuales.

Mientras que Kessel Martínez ejerció como consejera independiente de Iberdrola desde 2013, a dos años de dejar su cargo como Secretaria de Energía del Gobierno de Calderón. Datos recopilados de la empresa exhiben que desde esa fecha y hasta 2020 fue remunerada con 3 millones 15 mil euros, equivalente a 71 millones 943 mil 632 pesos actuales.

Luis Téllez, exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón, fue integrante de la junta directiva de la estadounidense Sempra Energy durante cinco meses de 2006, después lo hizo de 2010 a 2015, en ambos periodos ganó un millón 101 mil 209 dólares, como consta en los informes anuales de la empresa y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Otro caso destacado es el del exsecretario priista Ruiz Sacristán, beneficiado por el sector energético privado durante los últimos 13 años y como actual presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración de IEnova, una filial de Sempra Energy. Desde 2012, el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Ernesto Zedillo forma parte del grupo de directivos entre los que, hasta 2020, se han repartido remuneraciones por 85 millones 400 mil dólares.

La estrategia de atraer a políticos a las empresas energéticas ha sido duramente criticada por el Gobierno que encabeza López Obrador. Tan solo el 6 de octubre, durante su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo calificó como “abusivos” y “ventajosos” a los integrantes de la española Iberdrola por contratar tanto a Calderón Hinojosa como a Kessel Martínez.

Sin embargo, la iniciativa privada, organizaciones ambientalistas y especialistas han considerado que las críticas a la estrategia no deberían justificar una iniciativa que no apuesta por cumplir los compromisos internacionales, por ejemplo, en el ámbito para reducir gases contaminantes.

En ese sentido se pronunció en entrevista Roberto Gutiérrez, Jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, quien también reconoció que existe un estigma contra la participación de las empresas privadas, principalmente Iberdrola. Las críticas, destacó el académico, incluso las hace el Gobierno mexicano sin considerar que algunas pueden aportar a que México crezca en materia de energías renovables.

Para Gutiérrez, si lo que busca el Gobierno es atender las llamadas “puertas giratorias”, lo que tendría que hacer es impulsar sanciones específicas en ese ámbito. “Si no hay una sanción en el sistema mexicano, yo creo que lo mejor es mirar hacia adelante”, expuso.

CALDERÓN, IBERDROLA Y LAS ENERGÉTICAS

Iberdrola Generación llegó a México en la década de los noventa, pero despegó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al convertirse en la principal generadora de energía eléctrica privada en México mediante contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras el mandatario panista extinguió la Compañía de Luz y Fuerza.

En julio de 2016, la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid, incorporó al Consejo de Administración al exmandatario federal, también exsecretario de Energía en el Gobierno de Vicente Fox.

Ante las críticas que apuntan a un conflicto de interés en la participación de Calderón Hinojosa en Avangrid, el expresidente se ha defendido asegurando que esperó casi cuatro años antes de aceptar el cargo y desde 2016 dijo que las operaciones de la empresa se limitan al mercado de EU.

Como consejero independiente, Felipe Calderón ganó 65 mil dólares solo en 2016 y 200 mil en 2017 y 2018 respectivamente, lo que está consignado en los informes anuales de la filial de Iberdrola.

El monto y su relación con las eléctricas destaca porque también como exfuncionario dedicó su labor al sector energético. Por ejemplo, como Presidente de México, emitió en agosto de 2009 el Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Además, en agosto de 2020 un reportaje de la revista Proceso evidenció que desde 2003, cuando Calderón era Secretario de Energía, ideó el contrato Etileno XXI “para favorecer a Marcelo Odebrecht”. En esa ocasión, la reportera Jesusa Cervantes citó documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) que forman parte del expediente abierto desde 2017 por la trama de sobornos de Odebrecht.

KESSEL E IBERDROLA

La relación de Georgina Kessel Martínez con Iberdrola también ha sido criticada, pues se sumó a la empresa a cinco meses de haber dejado la administración pública.

La extitular de la Secretaría de Energía (Sener) y exdirectora de Banco Nacional de Obras y Servicios en el sexenio de Calderón fue elegida como consejera independiente desde el 24 de abril de 2013, cargo que ocupó hasta el 20 de octubre de 2020; de febrero de 2015 a febrero de 2019 ejerció como presidenta de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola.

En 2013 ganó 176 mil euros, en 2014 fueron 286 mil, para 2015 contabilizó 484 mil euros, en 2016 registró remuneraciones por 501 mil, para 2017 sumó 499 mil euros, mientras en que en 2018 alcanzó el sueldo máximo de su gestión, al recibir 505 mil euros; para 2019 y 2020 tuvo ganancias de 326 mil y 238 mil euros.

RUIZ SACRISTÁN, IENOVA Y SEMPRA ENERGY

Carlos Ruiz Sacristán fue Secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo Ponce de León, después ocupó cargos en Petróleos Mexicanos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Banco de México, pero desde enero de 2007 el político ha tenido un papel clave en Sempra Energy, cuando se incorporó a la junta directiva.

Ese año, la empresa informó que tenía aproximadamente 2 mil millones de dólares invertidos en activos mexicanos, incluida una terminal de recepción de gas natural licuado en desarrollo en Baja California, gasoductos y sistemas de distribución de gas natural y una planta de energía.

Informes de Sempra Energy y de la Comisión de Bolsa y Valores​​ de EU muestran que de 2007 a 2012 recibió remuneraciones por un millón 88 mil 434 dólares.

En 2007 ganó 176 mil 504 dólares; en 2008 fueron 204 mil 313, en 2009, 115 mil 950; 2010 lo cerró con 204 mil 500 dólares; mientras que en 2011 y 2012 obtuvo 198 mil y 149 mil 167 dólares respectivamente.

Aunque renunció a la junta directiva de Sempra el 18 de junio de 2012, ese mismo año fue nombrado director general y presidente del consejo de administración de IEnova, filial de la estadounidense, puesto que mantiene hasta este año.

Él y el grupo de “directivos relevantes”, como los llama IEnova, han aumentado cada año sus remuneraciones, en 2013 la eléctrica destinó 1 millón 800 mil dólares para pagarle a siete directivos –incluido Ruiz Sacristán– y para 2020, entre 13 directores se repartieron 20 millones de dólares.

TÉLLEZ Y SEMPRA ENERGY

Luis Téllez Kuenzler fue presentado como integrante del consejo de administración de Sempra Energy el 9 de junio de 2006, cuando todavía era director de la firma Carlyle.

Sempra Energy, fundada en California, obtuvo permisos para transportar y distribución de gas natural en México desde que Téllez Kuenzler era Secretario de Energía con Ernesto Zedillo. Uno de ellos lo obtuvo la compañía en 1999 para la distribución de gas natural en la zona La Laguna-Durango.

El exfuncionario se integró a la junta directiva de Sempra Energy de junio de 2006 a noviembre de ese año, cuando renunció debido a su nombramiento como Secretario de Comunicaciones y Transportes de México con Felipe Calderón. Después, en 2010, se reincorporó a la empresa como uno de los directores y se mantuvo hasta 2015.

Como participante de la junta directiva y de al menos dos de los comités de la empresa, Téllez Kuenzler obtuvo su mejor pago en 2014, con 228 mil 500 dólares. Los seis meses que trabajó con la empresa en 2006 le dieron los menores ingresos, pues ganó 63 mil 166 dólares.

EXPRESIDENTES DE ESPAÑA

En España, entre los políticos destacados que han sido beneficiados por las puertas giratorias del sector energético destaca el polémico expresidente del Gobierno José María Aznar, quien en 2011 y hasta 2014 se sumó  como asesor de Endesa, desde ese entonces, diarios del país reportaron que ganó 200 mil euros al año.

La prensa española también ha informado que el exmandatario Felipe González llegó a ganar medio millón de euros como consejero de Gas Natural, que hoy es Naturgy. El político dejó el consejo en 2014 con un sueldo de 127 mil euros, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Antes de dejar el puesto, González anunció que tomó la decisión “no porque haya incompatibilidades, sino porque es muy aburrido”.

Antes que ellos, en 1998, el exmandatario Leopoldo Calvo-Sotelo trabajó como consejero en Unión Fenosa, hoy Naturgy, y se mantuvo en el cargo hasta 2002, cuando fue relevado por razón de edad.

Los altos sueldos de exfuncionarios beneficiados por las “puertas giratorias” han sido criticados durante años en España. Por ejemplo, Eldiario.es reportó que en 2014 más de 3 millones de euros fueron repartidos entre 17 expolíticos que trabajaban en los consejos de las compañías de los sectores eléctrico y del gas.

La relación de los políticos españoles con las empresas privadas del sector eléctrico cobra relevancia ahora, con la crisis energética que enfrenta el país y cuando se sabe que tres de cada 10 ministros de los gobiernos de González, Aznar y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pasaron de la administración pública al de las empresas privadas, como informó el mismo diario en enero de este año.

CON INFORMACIÓN DE Montserrat Antúnez Estrada VÍA SIN EMBARGO

España amplía hasta febrero de 2022 las ayudas por desempleo temporal provocado por la pandemia de Covid-19

El gobierno español alcanzó este martes un acuerdo con sindicatos y empresarios para prolongar hasta finales de febrero la financiación pública de las ayudas a los trabajadores en desempleo temporal, un programa instaurado para paliar el impacto de la pandemia de coronavirus en el país.

Este dispositivo, instaurado en abril de 2020 por el gobierno de Pedro Sánchez y prolongado ya en varias ocasiones, iba a finalizar el 30 de septiembre pero se extenderá cinco meses más con condiciones más restrictivas para empresas y trabajadores.

El acuerdo, que será aprobado hoy por el consejo de ministros, es «un nuevo hito en el diálogo social», se congratuló en redes sociales la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del partido de extrema izquierda Podemos, socio minoritario del gobierno de coalición.

Para Pepe Álvarez, secretario general del sindicato UGT (Unión General de Trabajadores), esta nueva extensión de los «ERTE» ( Expediente de Regulación Temporal de Empleo) será probablemente «la última».

Debería ser la última prórroga de los ERTE, lo hacemos para garantizar que ninguna empresa pueda quedar colgada y esperemos que en la Semana Santa, (marzo y abril) estemos en una Semana Santa sin pandemia», explicó Álvarez a la radio RNE.

Las últimas negociaciones para prolongar los ERTE fueron particularmente difíciles, por los desacuerdos entre las partes sobre los nuevos criterios para concederlos, que ahora demandarán planes de formación para los trabajadores.

«Para facilitar la transición de los ERTE, el modelo actual seguirá vigente durante el mes de octubre», señaló el gobierno en un comunicado.

«A partir del 1 de noviembre, estarán vigentes las nuevas modalidades, con mayores exenciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que realicen acciones formativas».

Los ERTE, que cubrieron a 3.4 millones de trabajadores en el momento álgido del confinamiento impuesto en la primavera (boreal) de 2020, permitió reducir drásticamente la destrucción de puestos de trabajo, según gobierno y sindicatos.

También supusieron una carga importante para el erario, que pasa por un endeudamiento récord: en 2020, el Estado español desembolsó 40,000 millones de euros para financiar las ayudas a los desempleados temporales y a los trabajadores por cuenta propia.

Según el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), 250,000 personas siguen recibiendo las ayudas al desempleo temporal relacionadas con la pandemia.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Los empleados públicos españoles podrán teletrabajar 3 días a la semana

El ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, informó, tras la firma del acuerdo, que uno de los objetivos es «dar soluciones a las zonas en declive demográfico y dar cobertura de plazas en determinadas partes del territorio que suelen quedar vacantes».Ahora se abren consultas con los Ministerios para concretar el perfil de los funcionarios que podrán elegir esta manera de trabajar y en los próximos meses el Gobierno aprobará un Real Decreto de teletrabajo en la AGE.

El teletrabajo, según informa Administraciones Públicas, será voluntario, reversible y con los mismos derechos y deberes que el personal en modalidad presencial.

Se añade que la Administración proporcionará un equipo informático con tarjeta de datos, aplicaciones y herramientas y además se establecerán objetivos, habrá un plan de seguimiento y evaluaciones del cumplimiento

Iceta añadió que mediante esta nueva modalidad laboral también se podrá «contribuir a la sostenibilidad medioambiental, generalizar el uso de las nuevas tecnologías y reconocer como una modalidad más el teletrabajo».El acuerdo alcanzado este 12 de abril con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG tiene su origen en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público consensuada en 2020 entre el Gobierno y los sindicatos.

Esta reforma hace posible que cada administración regule esta modalidad como hace ahora la AGE, algo que progresivamente tendrán que hacer el resto de administraciones de la arquitectura estatal española, entre las que destacan la autonómica y la municipal.

CON INFORMACIÓN VÍA SPUTNIK MUNDO

Ingresos de operadores en España bajan, pero sigue expansión de la fibra óptica

Al cierre de 2020, los operadores en España no lograron revertir las caídas registradas en los trimestres previos, y sus ingresos continuaron bajando. Pero los usuarios de redes de nueva generación se incrementaron un 9.7 por ciento, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).

Los ingresos de los principales operadores de telecomunicaciones de España decrecieron un 4.9 por ciento interanual en el cuarto trimestre de 2020, hasta 6 mil 072 millones de euros.

El único servicio que creció en ventas fue la banda ancha, cuyos ingresos se incrementaron un 2.4 por ciento en el cuarto trimestre.

Del total de las ventas, Movistar captó el 40 por ciento, mientras que Vodafone logró un 16.7 por ciento, y Orange un 15.9 por ciento.

Ingresos minoristas por operador 4T 2020

El total de accesos instalados (hogares pasados) de redes de nueva generación (NGA) llegó a 66.5 millones al cierre de 2020, un 5.8 por ciento más que un año atrás. De este grupo, los únicos accesos que subieron fueron los correspondientes a la fibra óptica al hogar, con casi 56 millones de acceso desplegados frente a los 52.2 millones que se habían registrado en diciembre de 2019.

Mientras que las conexiones activas de NGA supusieron 14 millones, con un incremento del 9.7 por ciento, año contra año. Nuevamente, las que más crecieron fueron las de fibra hasta el hogar, que sumaron 1.4 millones de accesos nuevos en un año hasta 11.7 millones.

En cuanto a la telefonía móvil, 2020 cerró con 55.6 millones de líneas, de las cuales el 86 por ciento tiene conexión a Internet. Movistar sigue siendo el operador líder en este segmento, con un 29.4 por ciento del mercado, medido en líneas, seguido por Orange (23%) y Vodafone (22%).

Con información vía DPL News

España alcanza 11.6 millones de líneas con fibra óptica

España continúa con su avance hacia la digitalización basada en tecnologías de última generación.

A finales de enero de 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reportó que en el país ibérico crecieron los accesos a banda ancha a través de fibra óptica y alcanzaron ya 11.6 millones.

La CNMC detalló que el crecimiento anual respecto a enero de 2020 fue de 1.3 millones de accesos con fibra óptica, tecnología que ha desplazado a otras más antiguas como el cable de cobre.

“A nivel anual, respecto a enero de 2020, destaca el aumento de 1.3 millones de líneas FTTH (fibra óptica) frente a la pérdida de 0.7 millones de líneas con tecnología DSL (cobre)”, señaló la Comisión.

El reporte indica que 82.1 por ciento del total de líneas se concentra en los tres principales operadores: Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono).

Por otra parte, respecto a las líneas móviles en España, en enero hubo un registro de 54.9 millones de líneas móviles, lo que supone un incremento de 0.3 por ciento comparado con finales de enero de 2020.

Además, las cifras revelan que las líneas Machine to Machine (M2M) que existen en España rondan los 7.8 millones, es decir 14.5 por ciento más que enero del año pasado.España anunció recientemente que ya se encuentra en la última etapa del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), que llevará banda ancha de ultra alta velocidad –a 100 Megabits por segundo (Mbps)– a 93 por ciento de su población.

Con información vía DPL News