El espectro que Movistar devolvió al IFT irá a concurso en la primera licitación 5G de México

Telefónica Movistar cerró junio con la devolución del último paquete de frecuencias de espectro que utilizaba para la prestación de sus servicios de telefonía e Internet móviles en la región celular 2 de Sonora y Sinaloa, y con esta acción terminó de deshacerse de todas sus señales radioeléctricas que poseía en México para enfocarse en el uso de la red de AT&T como uno de sus insumos esenciales para seguir comercializando sus servicios en el país, después de un convenio firmado entre ambas compañías en los últimos días de 2019.

En ese año, Telefónica anunció que gradualmente, entre 2019 y 2022, iría desprendiéndose de todas las frecuencias radioeléctricas para comunicaciones celulares que había comprado aquí en el pasado. Se trababa entonces de una devolución de distintos bloques de espectro en tamaño y con diferente cobertura territorial que regresarían a posesión del Estado mexicano por lo oneroso que resultaba a Movistar explotarlos.

La compañía dijo que se ahorraría hasta 5,000 millones de pesos a partir de octubre del 2022 por el convenio con AT&T y el gobierno ya dejó de percibir unos 550 millones de dólares anuales por los pagos de derechos que Movistar estaba obligada a pagar por usar las frecuencias.

Movistar ha dejado ahora disponible diversas frecuencias en las bandas de 850 MHz, en los 1.9 GHz (PCS) y en los 2.5 GHz. Son bloques con tamaños de 10, 20 o 40 Megahertz y con alcance nacional o regional, y todavía de mayor tamaño y para Internet de alta velocidad o llamadas celulares con amplia cobertura, según la región celular donde se ubiquen.

Las frecuencias retornadas son aquellas designadas para comunicaciones celulares, pues Telefónica Movistar todavía cuenta con señales en otras bandas como en los 7, 10, 15, 18, 23 y 38 GHz para mantener en estado óptimo sus operaciones. Pero las anteriores, las de 850 MHz, 1.9 GHz y 2.5 GHz, volverán a colocarse en el mercado en nuevos procesos licitatorios para desarrollar distintas áreas de servicio y operadores de carácter regional.

En principio, las frecuencias que Telefónica Movistar ya devolvió en la banda de 850 MHz, diversos bloques regionales de 20 y 21 MHz de ancho de banda y que cubren el 51% de México, se concursarán en la venidera Licitación IFT-12, sea para crear servicios de quinta generación (5G) o para que los operadores crezcan las coberturas de 4G-LTE ya existentes, afirmó Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

Tras la devolución de toda su banda de 2.5 GHz, Telefónica contaba todavía con el 8.3% de todas las bandas disponibles en México para comunicaciones celulares, si se contabilizaba su tenencia en 850 MHz y PCS… Con el último paquete devuelto en junio, ¿queda en ceros la compañía en cuanto espectro y no puede quedar en desventaja por no contar con señales propias?

—Telefónica tiene todavía concesiones en otras bandas; algunas son para enlaces, para punto a punto; para sus operaciones. Pero las que terminó de devolver en junio están en los 850 MHz, en PCS y 2.5 GHz.

Movistar ha dicho que su convenio establecido con AT&T, que no es exclusivo, le permite ir compitiendo por separado y con ofertas diferenciadas y que todas las nuevas ampliaciones de cobertura y de tecnología que logre AT&T con su red también va a beneficiar a los usuarios de Telefónica. Movistar creció sustancialmente su cobertura con este convenio y los usuarios se vieron favorecidos. Pero estos altos costos del espectro lo convierten en un desincentivo y una barrera artificial para los operadores.

¿Es posible que algunas de estas bandas estén en tiempo de integrarse todavía al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del año 2023 y que alguien las compre?

Sí, es posible. De hecho, el espectro que ya devolvió Telefónica en la banda de los 850 MHz son frecuencias que estamos pensando incluir en la Licitación IFT-12, que es la licitación que va a traer con otras bandas los futuros servicios de 5G. Ellos, Movistar, tenían espectro en las regiones celulares 1-4 y ese es el mismo espectro que ésta propuesto, que tenemos contemplado para ser incluido en la IFT-12.

Nosotros ya teníamos la disponibilidad de este espectro, porque la renuncia de Movistar se dio desde 2019 con efectos a diferentes fechas; a 2020, 2021 y ahora a junio de 2022. No era una especulación, sino que ya era una realidad que íbamos a contar con ese espectro y así lo proponemos. Cierto es que para junio del 2022, Telefónica terminó de devolver los 20 MHz que le faltaban en la región 2; eran los últimos que estaban  pendiente de devolver y a partir de julio ya están completamente disponibles.

En cuanto las bandas de PCS y 2.5 GHz, esas aún no han sido consideradas en un programa anual de banda de frecuencias, pero pudiera ser, pudiera ser, y lo que determine el pleno de IFT e incluirlas en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del año 2023. Pudiera ser.

Con el resultado de la pasada Licitación IFT-10… ¿De qué manera pudiera colocarse ese espectro de 850 MHz para dotarlo de mayor atractivo ante los operadores interesados, nuevos y actuales?

—Nosotros ya estamos evaluando diferentes esquemas que incluyen los tamaños de bloques que se van a licitar y las coberturas geográficas que se pueden considerar; pueden ser estos bloques de coberturas regionales o nacionales.

El espectro que se puso a disposición del mercado en los 800 MHz fue en función de las Áreas Básicas de Servicio (ABS), en lugar de bloques regionales o nacionales y esto fue con la intención de promover la entrada de nuevos jugadores regionales o locales.

Esta dinámica la vamos a seguir promoviendo. Creemos que está claro que los grandes operadores tienen el espectro que necesitan en esas bandas bajas de 800 MHz y 850 MHz, porque así lo demostraron en la pasada Licitación IFT-10; porque no se llevaron más que lo que estrictamente necesario. Si todo ese espectro lo ponemos como un solo bloque a nivel región celular, pudiera ser poco atractivo, porque no habría interés de nuevos actores nacionales. Pero estos potenciales nuevos actores pequeños y locales van a tener interés mayor de participar si las regiones geográficas son más acotadas, de manera que las inversiones por pago de derechos como despliegue de infraestructura son menores.

¿Qué tanto, más allá de las ABS, se puede “fraccionar” una frecuencia para hacerla preciada a ojos de los operadores y qué tan posible es que las bandas que fueron de Movistar en 2.5 GHz acaben así?

—Como están definidas las regiones geográficas, de lo más grande a lo más chico, una sería cobertura nacional, la siguiente es región celular y luego vienen las 65 Áreas Básicas de Servicio, y todavía más abajo en división están los 2,446 municipios del país. Ahí es donde tenemos un área de oportunidad. Me refiero a que en el futuro se pudieran contemplar regiones intermedias, entre una ABS y un municipio, y esto pudiera ser útil para seguir promoviendo la entrada de nuevos actores muy locales. Pero sí tenemos que tener cuidado en que las regiones geográficas sean del tamaño y convivencia adecuada para proporcionar el servicio sin interferencias.

Teniendo cuidado en cómo se puede todavía subdividir una ABS en regiones aún menores y considerando las cuestiones socioeconómicas y de interoperabilidad técnica, es posible que en un futuro podríamos tener una nueva subdivisión que permita el acceso a prestadores de servicio de menor tamaño y más locales. Esa parte de actores nacionales ya tenemos y con esas dimensiones, y no parece que vaya a haber más interesados en querer competir contra AT&T y Telcel.

Para no tener una actuación unilateral, se pueden poner bloques mínimos de 5 más 5 Megahertz en diferentes regiones y dejemos que el mercado tome lo que necesita. Pongamos como ejemplo una región donde un operador necesita 5 más 5 MHz, pues se lleva 10 Megahertz, pero otros dicen que se llevan dos bloques de 5 más 5 MHz por cuestiones de mercado. Entonces tenemos que tener cuidado de que haya una diversidad de tamaños y coberturas geográficas que le permita al mercado tener flexibilidad para escoger lo que convenga a su plan de negocios. Las bandas de 2.5 GHz y de PCS es una posibilidad de que tendrán que evaluarse así.

¿Sigue firme la intención del IFT respecto a que la Licitación IFT-12 empieza su vida en noviembre de 2022?

—Estamos ya en la etapa de diseño. Estamos viendo para las diferentes frecuencias cuáles serían los tamaños de bloques y las coberturas que se van a poner a disposición del mercado. Ya tenemos un primer ejercicio que estamos trabajando al interior de la Unidad de Espectro Radioeléctrico. El principio es que haya una oferta diversa en tamaños de bloques de espectro y coberturas geográficas.

Por ejemplo, en la banda de 600 MHz estamos pensando… Allí tenemos 35 MHz de subida y 35 MHz de bajada, en total 70 Megahertz. Podríamos disponer de tres bloques nacionales: dos bloques de 10 MHz nacionales y uno de 5 MHz más 5 MHz regional y luego dos bloques de 5 MHz más 5 MHz en Área Básica de Servicio, como para jugar un poco con la oferta en dimensión geográfica y cantidad de espectro para que haya una oferta, en términos culinarios un menú que promueve la mayor concurrencia posible.

Y trabajamos con la Secretaría de Hacienda para que los costos del espectro no representen más una barrera artificial a la entada de nuevos operadores y por eso ya hicimos propuestas para que se modifique Ley Federal de Derechos. No queremos que esta sea dedicada una licitación a sólo dos grandes operadores.

¿Confía en que a pesar del ingenioso diseño para colocar más fácilmente bandas, esa IFT-12 para 5G no quede deslucida como la IFT-10?

—Pues 5G no nada más se trata de servicios para personas. Se trata también de espectro para servicios, como para Internet de las cosas (IoT); para comunicaciones máquina-máquina; de espectro para vehículos conectados y de espectro para cubrir diferentes expectativas, no sólo para personas, sino para procesos industriales, para telemedicina o teleeducación.

Confiamos porque no tenemos vetado a nadie interesado en participar y la banda de 3.5 GHz, a concurso, es la banda que está teniendo mayor despliegue con 5G y si finalmente conseguimos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes agregar espectro en los 3.3 GHz, esa licitación seguramente sería bastante atractiva, porque hay valores del ecosistema tecnológico y más de 40 países que ha elegido ese rango para 5G. En 3.5 GHz hay disponibles 100 Megahertz de frecuencias, pero pudieran llegar a ser hasta 150 MHz.

Otra relevancia que tendrá la IFT-12 es la banda de 600 MHz y si bien su ecosistema no es tan maduro, porque no hay muchos países que la hayan licitado, para México es importante porque tanto Canadá como Estados Unidos acaban de licitarla y para México es estratégico desde el punto de vista regional por hacer sentido una convivencia.

En cuanto las bandas de 800 MHz y 850 MHz, las que fueron de Movistar, estarán disponibles para todos nuevos operadores y pudieran usarla para 4G-LTE, para conectividad. Y la Banda L se conjunta muy bien con 3.5 GHz, por lo que pudiera ser atractiva para quien tenga interés en la 3.5.

La licitación empieza en el último trimestre de este año, cuando saquemos a consulta las pre-bases y materialmente la estaremos lanzando formalmente en 2023.

Nada de telecomunicaciones, pero sí de radiodifusión: ¿Han pensado en el IFT colocar inclusive como disponible este mismo año el canal de televisión que Compañía Internacional de Radio y Televisión perdió en la Ciudad de México?

—Hacia septiembre ya se publicará el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias de 2023 en materia de radiodifusión y allí pudiera aparecer algo. El canal está allí, disponible. Pero si no hubiera una manifestación seria de interés, no lo consideramos.

Con información de El Economista

Piden que espectro 6GHz sea de uso no licenciado

Como parte de la consulta pública del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la utilización que puede darse a la banda de 6GHz, organizaciones y empresas piden que sea de uso no licenciado o libre.PUBLICIDAD

El espectro libre es el que puede usarse por el público en general, sin concesión. Esta banda se usa para servicios fijos satelitales y enlaces de microondas.

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), a la que pertenecen Telcel, Telefónica México y AT&T, apoya el uso secundario y no licenciado de la banda de frecuencia de 5925-6425 MHz para servicios móviles. Pidió al IFT no decidir sobre este espectro hasta que finalice el trabajo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre esta frecuencia.

Apple recomendó que todo el espectro de esta frecuencia tenga un uso exento de licencia. Facebook mencionó que debe estar abierto para uso no licenciado.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) explicó que se debe contemplar de manera prioritaria su utilización para servicios móviles considerando la 5G.

A contraste, Huawei opinó que el uso apropiado de esta frecuencia “en México debe ser para el futuro desarrollo de 5G bajo autorización con licencia”.

Con información vía El Universal

Las cuatro víctimas del encarecimiento del espectro radioeléctrico

Telefónica México es el primer operador de telecomunicaciones que formalmente anunció la devolución de espectro radioeléctrico al Estado mexicano debido al alto costo, lo que, aunado a la competencia de AT&T y Telcel, lo llevó a modificar su plan de negocio para rescatarlo.

Este primer caso en México es reflejo de que al ser de tan alto costo para los operadores, el impacto es en la misma dimensión a distintos niveles, siendo la inversión, el empleo, los servicios que se ofrecen y la sana competencia en la industria de telecomunicaciones, los principales afectados.

Un primer problema es que si no se hace una valuación eficiente del espectro, no habrá una asignación eficiente, aseguró Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En ese sentido, el especialista puntualizó que además de que ello puede derivar en la pérdida de la concesión de la licencia de un operador o el cierre de un negocio, con la pérdida de servicios, inversiones y empleos.

Si los cobros que se hacen por el uso de este bien del dominio público son demasiado altos puede resultar incosteable para las empresas seguir proveyendo los servicios, porque una cantidad muy elevada de los ingresos se iría solamente al pago por el uso de espectro

Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT

Este es el caso de Telefónica México, quien pactó una alianza con AT&T para ganar clientes y mejorar sus finanzas, un plan que reabrió el debate por el alto costo que sigue estando sobre la mesa de la industria de telecomunicaciones y radiodifusión.

Las afectaciones por espectro caro se extienden a la sana competencia, porque el costo del espectro, por cada rango de frecuencia, tiene un costo, independientemente si una empresa tiene muchos o pocos usuarios, por lo que naturalmente le será más fácil a una empresa con más clientes hacer frente a los costos.

La importancia de que se haga una correcta valuación es que, si el Estado va a recibir un pago, se tiene que tener el pago justo por permitir el uso de este dominio público, pero sin que éste se convierta en una condicionante, puesto que hay que hacer una distribución adecuada.

Para Navarrete, no se puede malgastar el tiempo y los recursos haciendo una mala licitación a través de una mala valuación del espectro.

Por ello, lo que se pretende es que si se va a licitar espectro, finalmente se pueda asignar y pueda ser utilizado para proveer los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones que fueron previstos en el diseño de la licitación que corresponda.

Con información de Itzel Castañares vía DPL News

Derechos por uso del espectro y Nobel de Economía 2020

Se ha vertido mucha tinta y ocupó un continuo espacio en los medios los efectos negativos del incremento propuesto por la Secretaría de Hacienda (SHCP) el monto de derechos por el uso del espectro concesionado en la iniciativa de ingresos de la federación 2021. 

Como algunos dicen, la SHCP “recapacitó” y sólo aplicó un aumento de 3.5 por ciento (inflación esperada para evitar deterioro en términos reales) a los derechos aplicables a las frecuencias en las bandas de 800 y 850 MHz, en lugar de 48 por ciento propuesto originalmente para ellas.

En cambio, los montos de los derechos para las frecuencias en las bandas con potencial uso para los servicios móviles de 5G (bandas de 600 MHz, “L” y 3.3 a 3.6 GHz) permanecieron en niveles de 186 por ciento mayores a los propuestos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Dichas bandas se señalan en los montos de los derechos contenidos en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la iniciativa y ahora en el dictamen aprobado a la Ley Federal de Derechos.

Los derechos aplicables al uso del espectro son revisables anualmente y cada año forman parte de la iniciativa del paquete económico que se presenta al Congreso. 

El sector de las telecomunicaciones móviles no puede estar permanentemente reactivo esperando a que se determinen cuáles serán los cambios discrecionales a los montos en los derechos de referencia que la SHCP considere, dada la situación coyuntural de las finanzas públicas. 

Son faltos de visión quienes sólo claman por una “disminución” o “baja” de los derechos, que tal vez es igualmente discrecional que los aumentos que se propusieron o se propongan en el futuro, aunque se argumente un benchmark internacional con los pagos recurrentes en países donde existan.

Lo que se requiere es una reforma a la Ley Federal de Derechos para que los montos por derechos para el uso del espectro que se apliquen anualmente, como contraprestación por un bien cuya propiedad es originariamente de la nación, provengan de un mecanismo no discrecional y que otorgue certidumbre en su trayectoria en el tiempo. 

Los montos deben resultar de la información propia del sector de las telecomunicaciones móviles en México y de un mecanismo de mercado. Todo ello se puede realizar para las futuras concesiones que se asignen en frecuencias actualmente prospectivas para el cambio tecnológico en el ecosistema digital como lo son los servicios 5G. 

Es fundamental para sectores intensivos en capital y de proyectos con retornos de la inversión de largo plazo o larga vida útil dar certidumbre a las variables tanto regulatorias como tributarias, lo cual se puede obtener por medio de los mecanismos de licitaciones como los que se han utilizado en la asignación del espectro llevadas a cabo por el IFT.

El IFT tiene la capacidad técnica para diseñar licitaciones que incluyan tanto el monto inicial (el denominado coloquialmente “guante” desde las cuestionables licitaciones del calderonato) como los montos anuales de derechos a favor del Estado. Este monto se transforma en las pujas o posturas que signifiquen la representación del valor presente de ambos componentes, incluso estableciendo en las bases de licitación las actualizaciones de los derechos anuales durante la vigencia de la concesión. De esta manera el flujo de los derechos al menos permanece constante en términos reales, así como las consecuencias de no honrar los términos y condiciones de pago de tales derechos establecidos, producto del mismo evento de licitación. 

El IFT ha organizado licitaciones de formato múltiple ascendente y combinatoria de reloj conforme a los principios ideados por los premios Nobel de economía 2020.

Qué mejor coincidencia que discutir el monto relativo de los derechos por espectro para diferentes frecuencias y sus incrementos que con la fecha que fue otorgado el Nobel de economía 2020 a Paul Milgrom y Robert Wilson. Ellos mejoraron la teoría de las subastas e inventaron nuevos formatos de subastas que han revolucionado los mecanismos de asignación de recursos entre agentes económicos, obteniendo beneficios para ambas partes en una subasta (v. gr. licitador y licitantes en una asignación de frecuencias de espectro).

Incluir la determinación de los derechos en las licitaciones de espectro puede mejorar no sólo los montos a cubrir anualmente (sin que afecten las inversiones necesarias para el despliegue de redes 5G), también el esquema de derechos como un todo. Lo anterior porque los montos no son sólo diferentes por bandas de frecuencias sino diferentes dependiendo de las regiones donde se divide el territorio nacional, siendo siempre el de mayor monto la región centro del país. 

Cabe preguntar si las diferencias del monto entre regiones pueden ser establecidas de una mejor manera. Para ello, sería mucho mejor incorporar el flujo de derechos en las posturas de las licitaciones que cualquier benchmark o formulación para determinarlas. Será cuestión de análisis ex post determinar qué información fue la relevante para determinar los diferenciales entre regiones que resulten.

Los futuros concesionarios de frecuencias para 5G, como en licitaciones anteriores, tienen lo que se denomina en la teoría de las subastas “valores privados y comunes”. En particular, el valor para cada concesionario de una frecuencia en determinada región depende si tiene o puede tener frecuencias en regiones colindantes, con el objeto de evitar extracciones de rentas entre participantes que, con posterioridad, aprovecharán las complementariedades por proximidad geográfica en transacciones en el mercado secundario de espectro.

Milgrom, Wilson y perfeccionado por McAfee, innovaron el formato de subasta múltiple ascendente, en la cual se ofrecen todas las frecuencias a ser asignadas en diferentes áreas geográficas en forma simultánea, permitiendo pujas en diferentes “rondas” sucesivas en el tiempo. Lo anterior es para que la incertidumbre de rangos del monto de las posturas (el valor relativo a las complementariedades entre regiones y el riesgo de haber pujado en un monto en demasía) sea minimizado y resulten en una asignación de mayor eficiencia, es decir, procurando que sea maximizado el valor social del uso de tales frecuencias.

Otro formato de licitación o subasta en telecomunicaciones móviles es la “combinatoria de reloj”. En ella los futuros concesionarios pujan por “paquetes” de frecuencias, es decir, se tienen dos variables en cada postura: el “paquete” de frecuencias y el monto ofrecido por éste. Lo anterior requiere un extenso algoritmo, toda vez que el conjunto de posibles paquetes puede ser extenso y para cada paquete le corresponde una postura determinada.

Dada toda esta experiencia del IFT en aplicar ambos tipos de formato, y las inminentes y necesarias futuras licitaciones de frecuencias para servicios 5G, ¿por qué no incluir en estos diseños de licitación el flujo anual de derechos a pagar por los concesionarios durante su concesión? 

Así se terminaría con la discrecionalidad, el riesgo anual de incrementos en derechos cuyo solo objeto es recaudatorio en favor de las necesidades de las finanzas públicas en situaciones coyunturales. 

De continuar la circunstancia actual, es de esperarse que la situación de las finanzas públicas siga al menos igualmente presionada, por lo que sería naïve pensar que en la iniciativa de ingresos de 2022 no vuelva a incluir un incremento de derechos por uso de espectro,[1] incluso de mayor magnitud que las propuestas para 2021. Tal vez en esa ocasión no se vaya a “reconsiderar”.

Cabe señalar que si se realizan licitaciones de espectro en 2021 antes de conocer si habrá o no cambios a los derechos establecidos para 2022, una vez asignadas las frecuencias el valor presente de las inversiones recibirá un daño irreversible. Por lo anterior, debería la industria promover como precondición para licitaciones de nuevas frecuencias para servicios móviles la certidumbre del monto de derechos en los años de vigencia de las nuevas concesiones.

Para el suscrito el efecto de mayores y crecientes montos de derechos por el uso del espectro es el desincentivo o postergación a la inversión, en lugar de un posible efecto en los precios de los servicios. 

De la microeconomía básica sabemos que si la demanda residual que cada concesionario enfrenta es lo suficientemente elástica, la incidencia de un incremento exógeno en su estructura de costos fijos por el incremento en derechos, es mayor sobre el oferente (concesionario) que la incidencia sobre el usuario, es decir, lo que pueda ser trasladado en mayores precios. 

La competencia efectiva en servicios de telecomunicaciones móvil existe, es evidente excepto para algunos, por lo que la incidencia será sobre los operadores en forma de una menor rentabilidad del capital invertido. Por lo tanto, existe un incentivo a disminuir la inversión o a postergarla por un plazo tal vez indefinido. 

Para aquellos cuya brújula es solo el tamaño de los concesionarios, si suponemos una competencia en cantidades (tipo Cournot para los iniciados) y los costos fijos aumentan para toda la industria (por el incremento en derechos), además de una demanda en el mejor de los casos constante o en contracción por la caída en el ingreso, producto de una paupérrima tasa de crecimiento desde 2019, agravada por el advenimiento de la Covid 19 y un escenario incierto de recuperación al nivel previo de la pandemia, el efecto indubitable es una tendencia a la concentración del sector como forma de mantener la viabilidad del sector. 

Lo anterior no necesariamente significa una disminución en la competencia efectiva, toda vez que no hay una relación estricta que sea positiva entre concentración y precios, lo cual todavía a algunos les cuesta trabajo entender. Ahí se los dejo de tarea.

Lo indubitable es que ante las circunstancias actuales de las finanzas públicas, por recursos escasos y otros proyectos prioritarios, y con un muy probable escenario de estancamiento en el crecimiento, lo cual significa no alcanzar los niveles de 2019 en los próximos años, lo que se requiere para las inversiones en telecomunicaciones es mayor certidumbre posible. 

Uno de estos factores el es monto esperado de derechos por el uso del espectro e incentivos a la inversión, empezando por desmantelar las regulaciones impuestas en forma asimétrica y que ahora resultan redundantes, promover la coinversión entre competidores y no seguir alimentado desde la regulación una polarización entre preponderante y no preponderantes, que luego se torne en contra del propio sector de telecomunicaciones como un todo.


[1] Como lo dice Gerardo Flores Ramírez en su opinión publicada en El Economista el 20 de octubre pasado: “Arturo Herrera prefirió solo replegar sus velas ahora para reintentar su estrategia irracional para el próximo año, por eso optaron por dejar desde ahora en la ley la estructura de artículos que ya traían en mente para 2021. Van a necear pues.”

Opinión de Ramiro Tovar Landa vía DPL News

Ante alza en precio, AT&T devuelve espectro

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detalló a EL UNIVERSAL que AT&T “devolvió espectro que tenía en la banda de 800 MHz, en las regiones celulares 5 a 9 del país el año pasado; sin embargo, mantiene su tenencia espectral de las regiones 1 a 4 en esa banda”.

AT&T fue consultada sobre la devolución del espectro, pero no hizo comentarios.

En 2019, Telefónica México comenzó a devolver el espectro que tiene y el proceso terminará en 2022.

Para dar servicio en el país, la empresa de origen español firmó un convenio con AT&T para usar su red.

Costo elevado

En la opinión enviada al IFT relacionada con la consulta pública sobre la licitación de espectro IFT-10, el operador señaló que el aumento en el cobro anual por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico hará que a AT&T le cueste 242% más que Telcel por cada usuario en el país.

Indicó que esto desplazaría a AT&T frente a Telcel, lo que empeora la tendencia de América Móvil en los últimos trimestres, en el que consolidó su preponderancia en telefonía e internet móviles.

“Este aumento en derechos tendría efectos negativos en la próxima licitación No. IFT-10 al crear barreras de entrada a nuevos competidores y desplazar a los existentes, como AT&T, con riesgo de que el único participante ganador fuera Telcel”, añadió.

A septiembre de este año, AT&T cuenta con 18.4 millones de usuarios mientras Telcel tiene 76.5 millones.

La firma estadounidense destacó que ve “una estructura de costos asimétrica entre operadores que deteriora la competitividad de los más pequeños respecto al agente económico preponderante”.

El año pasado, el pago por derechos del espectro como porcentaje de los ingresos totales representó para Telefónica 14.7%; AT&T, 11.5%, y para América Móvil, 3.1%.

Del debate en el Congreso respecto a estos montos, destacó que esta incertidumbre “pone en riesgo la competencia, el despliegue de infraestructura, las inversiones para introducción de nuevos servicios, limitan las mejoras y, podrían impactar en precios para los usuarios finales”.

Con información de Carla Martínez vía DPL News

Contraproducente, aumentar pagos por uso del espectro radioeléctrico: especialista

En el contexto de una situación que ha hecho de estos servicios un recurso esencial para el trabajo y la educación, incluso la salud, el incremento en el pago de derechos por el espectro radioeléctrico implicará una reducción de la inversión en telecomunicaciones y en el aumento del costo para usuarios, expuso Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

“Lo que no entiende a veces Hacienda, y por momentos los legisladores, es que el espectro es un recurso de la nación, no de los operadores (…) Si ese espectro y cualquiera de sus bandas o de sus frecuencias es caro, lo único que va a ocurrir, y ya está muy estudiado, es que los operadores no van a ampliar la cobertura de los servicios, no van a hacer inversiones de forma rápida, no van a extender los servicios de telecomunicaciones, e incluso en el peor de los casos hasta pueden incrementar las tarifas porque tienen que recuperar”, detalló.

La víspera, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un aumento en el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, materia prima para que se desplieguen los servicios de telecomunicaciones. La propuesta, contenida en el paquete económico 2021 que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya había sido objetada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones dado que, a parecer del regulador, se favorece a América Móvil, aumenta el riesgo de devolución de espectro por concesionarios –como el caso de Telefónica– y elevaría el costo de los servicios a usuarios finales.

Las modificaciones a la baja respecto de lo propuesto por Hacienda se limitaron a la banda de 800 MHz, en la que se localizan la mayoría de los usuarios de 3G, pero las cuotas al resto de las bandas se mantuvieron sin cambios. Con ello, el gobierno federal pretende recaudar 42 mil 267 millones de pesos.

Bravo detalló que las bandas del espectro tienen aplicación de acuerdo con los espacios en los que se pretende dar un servicio. Por ejemplo, la de 700 MHz lleva la red compartida y la de 600 MHz que se va a licitar el próximo año es de alta propagación ideal para cobertura rural. La de 2.5 GHz es para territorios densamente poblados como la Ciudad de México y la 3.4 GHz es idónea para desplegar la tecnología 5G.

De acuerdo con Gerardo Soria, presidente del IDET, CFE Telecomunicaciones y Internet para todos, la apuesta del gobierno federal para ampliar la cobertura de servicio a lugares donde no llegan operadores privados, ha hecho una inversión minúscula, casi ridícula.

Con información de La Jornada

Alertan alza de precios en telefonía e internet

Para el próximo año, Hacienda propone incrementar el cobro de derechos anuales por el uso y aprovechamiento del espectro en la banda de 800 MHz que se utiliza para que los usuarios tengan acceso a servicios de telefonía e internet móviles.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, el gobierno federal asegura que las cuotas de los derechos que se cobran en México por esta frecuencia se encuentran por debajo de sus referencias a escala internacional.

Si se aprueba este aumento, los usuarios de telefonía e internet móviles pagarán el alza en el pago por el uso del espectro radioeléctrico que las telefónicas deben realizar cada año, explicó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

“La justificación económica de las empresas es que se elevó la estructura de costos, al conservar el margen de ganancias tengo que elevar los precios y lo que al final termina sucediendo es que es el consumidor el que lo paga, si no todo, una proporción sí”, detalló Ernesto Piedras.

Como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, Hacienda propone elevar el cobro de derechos anuales por el espectro de la banda de 800 MHz.

El espectro radioeléctrico es un recurso que utilizan las telefónicas para ofrecer servicios móviles y pertenece al Estado, por lo que deben pagar por su uso y aprovechamiento.

Piedras destacó que el gobierno incrementa el costo del espectro porque sabe que para el consumidor estos servicios son esenciales, mientras que para las empresas es un recurso indispensable.

“Las empresas deben usar ese espectro para no salir del negocio, y por más que se diga que es un impuesto a la producción, siempre que una empresa lo pueda transferir al consumidor, lo hará, no se lo puedes prohibir”, subrayó Piedras.

Samuel Bautista, analista de The CIU, explicó que el incremento propuesto por el gobierno federal es de 56%, lo que resulta desproporcionado.

“Este incremento es varias veces más que la inflación que incluso se considera en los criterios de política económica del paquete mismo”.

Además de poner en riesgo las tarifas para el usuario final, Bautista explica que puede arriesgar la convocatoria de la licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a realizarse a finales de este año, pues desincentiva la participación de concesionarios.

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Barrera a 5G
 

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) menciona que el aumento en el costo del espectro significa una barrera para el despliegue de las redes 5G y coincide con la afectación a las licitaciones del regulador.

“Es un hecho que afectarán de manera negativa los planes de todos aquellos que tenían la intención de participar en las próximas licitaciones de espectro que planea llevar a cabo el IFT”.

El instituto propone que, en lugar de privilegiar un enfoque recaudatorio se considere la posibilidad de revisar la estructura y nivel de las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, pero a la baja.

“De manera tal que ello se convierta en un factor decisivo para impulsar mejoras sustantivas no sólo en la cobertura de la conectividad sino en la calidad de ésta, así como en precios asequibles en beneficio de los usuarios mexicanos”.

Haciendo referencia a Telefónica México, el IDET pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a los legisladores que no pasen por alto que el año pasado un operador móvil resolvió devolver el espectro al Estado por el elevado costo del mismo.

Con información de El Universal Carla Martínez