Las cuatro víctimas del encarecimiento del espectro radioeléctrico

Telefónica México es el primer operador de telecomunicaciones que formalmente anunció la devolución de espectro radioeléctrico al Estado mexicano debido al alto costo, lo que, aunado a la competencia de AT&T y Telcel, lo llevó a modificar su plan de negocio para rescatarlo.

Este primer caso en México es reflejo de que al ser de tan alto costo para los operadores, el impacto es en la misma dimensión a distintos niveles, siendo la inversión, el empleo, los servicios que se ofrecen y la sana competencia en la industria de telecomunicaciones, los principales afectados.

Un primer problema es que si no se hace una valuación eficiente del espectro, no habrá una asignación eficiente, aseguró Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En ese sentido, el especialista puntualizó que además de que ello puede derivar en la pérdida de la concesión de la licencia de un operador o el cierre de un negocio, con la pérdida de servicios, inversiones y empleos.

Si los cobros que se hacen por el uso de este bien del dominio público son demasiado altos puede resultar incosteable para las empresas seguir proveyendo los servicios, porque una cantidad muy elevada de los ingresos se iría solamente al pago por el uso de espectro

Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT

Este es el caso de Telefónica México, quien pactó una alianza con AT&T para ganar clientes y mejorar sus finanzas, un plan que reabrió el debate por el alto costo que sigue estando sobre la mesa de la industria de telecomunicaciones y radiodifusión.

Las afectaciones por espectro caro se extienden a la sana competencia, porque el costo del espectro, por cada rango de frecuencia, tiene un costo, independientemente si una empresa tiene muchos o pocos usuarios, por lo que naturalmente le será más fácil a una empresa con más clientes hacer frente a los costos.

La importancia de que se haga una correcta valuación es que, si el Estado va a recibir un pago, se tiene que tener el pago justo por permitir el uso de este dominio público, pero sin que éste se convierta en una condicionante, puesto que hay que hacer una distribución adecuada.

Para Navarrete, no se puede malgastar el tiempo y los recursos haciendo una mala licitación a través de una mala valuación del espectro.

Por ello, lo que se pretende es que si se va a licitar espectro, finalmente se pueda asignar y pueda ser utilizado para proveer los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones que fueron previstos en el diseño de la licitación que corresponda.

Con información de Itzel Castañares vía DPL News

Derechos por uso del espectro y Nobel de Economía 2020

Se ha vertido mucha tinta y ocupó un continuo espacio en los medios los efectos negativos del incremento propuesto por la Secretaría de Hacienda (SHCP) el monto de derechos por el uso del espectro concesionado en la iniciativa de ingresos de la federación 2021. 

Como algunos dicen, la SHCP “recapacitó” y sólo aplicó un aumento de 3.5 por ciento (inflación esperada para evitar deterioro en términos reales) a los derechos aplicables a las frecuencias en las bandas de 800 y 850 MHz, en lugar de 48 por ciento propuesto originalmente para ellas.

En cambio, los montos de los derechos para las frecuencias en las bandas con potencial uso para los servicios móviles de 5G (bandas de 600 MHz, “L” y 3.3 a 3.6 GHz) permanecieron en niveles de 186 por ciento mayores a los propuestos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Dichas bandas se señalan en los montos de los derechos contenidos en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la iniciativa y ahora en el dictamen aprobado a la Ley Federal de Derechos.

Los derechos aplicables al uso del espectro son revisables anualmente y cada año forman parte de la iniciativa del paquete económico que se presenta al Congreso. 

El sector de las telecomunicaciones móviles no puede estar permanentemente reactivo esperando a que se determinen cuáles serán los cambios discrecionales a los montos en los derechos de referencia que la SHCP considere, dada la situación coyuntural de las finanzas públicas. 

Son faltos de visión quienes sólo claman por una “disminución” o “baja” de los derechos, que tal vez es igualmente discrecional que los aumentos que se propusieron o se propongan en el futuro, aunque se argumente un benchmark internacional con los pagos recurrentes en países donde existan.

Lo que se requiere es una reforma a la Ley Federal de Derechos para que los montos por derechos para el uso del espectro que se apliquen anualmente, como contraprestación por un bien cuya propiedad es originariamente de la nación, provengan de un mecanismo no discrecional y que otorgue certidumbre en su trayectoria en el tiempo. 

Los montos deben resultar de la información propia del sector de las telecomunicaciones móviles en México y de un mecanismo de mercado. Todo ello se puede realizar para las futuras concesiones que se asignen en frecuencias actualmente prospectivas para el cambio tecnológico en el ecosistema digital como lo son los servicios 5G. 

Es fundamental para sectores intensivos en capital y de proyectos con retornos de la inversión de largo plazo o larga vida útil dar certidumbre a las variables tanto regulatorias como tributarias, lo cual se puede obtener por medio de los mecanismos de licitaciones como los que se han utilizado en la asignación del espectro llevadas a cabo por el IFT.

El IFT tiene la capacidad técnica para diseñar licitaciones que incluyan tanto el monto inicial (el denominado coloquialmente “guante” desde las cuestionables licitaciones del calderonato) como los montos anuales de derechos a favor del Estado. Este monto se transforma en las pujas o posturas que signifiquen la representación del valor presente de ambos componentes, incluso estableciendo en las bases de licitación las actualizaciones de los derechos anuales durante la vigencia de la concesión. De esta manera el flujo de los derechos al menos permanece constante en términos reales, así como las consecuencias de no honrar los términos y condiciones de pago de tales derechos establecidos, producto del mismo evento de licitación. 

El IFT ha organizado licitaciones de formato múltiple ascendente y combinatoria de reloj conforme a los principios ideados por los premios Nobel de economía 2020.

Qué mejor coincidencia que discutir el monto relativo de los derechos por espectro para diferentes frecuencias y sus incrementos que con la fecha que fue otorgado el Nobel de economía 2020 a Paul Milgrom y Robert Wilson. Ellos mejoraron la teoría de las subastas e inventaron nuevos formatos de subastas que han revolucionado los mecanismos de asignación de recursos entre agentes económicos, obteniendo beneficios para ambas partes en una subasta (v. gr. licitador y licitantes en una asignación de frecuencias de espectro).

Incluir la determinación de los derechos en las licitaciones de espectro puede mejorar no sólo los montos a cubrir anualmente (sin que afecten las inversiones necesarias para el despliegue de redes 5G), también el esquema de derechos como un todo. Lo anterior porque los montos no son sólo diferentes por bandas de frecuencias sino diferentes dependiendo de las regiones donde se divide el territorio nacional, siendo siempre el de mayor monto la región centro del país. 

Cabe preguntar si las diferencias del monto entre regiones pueden ser establecidas de una mejor manera. Para ello, sería mucho mejor incorporar el flujo de derechos en las posturas de las licitaciones que cualquier benchmark o formulación para determinarlas. Será cuestión de análisis ex post determinar qué información fue la relevante para determinar los diferenciales entre regiones que resulten.

Los futuros concesionarios de frecuencias para 5G, como en licitaciones anteriores, tienen lo que se denomina en la teoría de las subastas “valores privados y comunes”. En particular, el valor para cada concesionario de una frecuencia en determinada región depende si tiene o puede tener frecuencias en regiones colindantes, con el objeto de evitar extracciones de rentas entre participantes que, con posterioridad, aprovecharán las complementariedades por proximidad geográfica en transacciones en el mercado secundario de espectro.

Milgrom, Wilson y perfeccionado por McAfee, innovaron el formato de subasta múltiple ascendente, en la cual se ofrecen todas las frecuencias a ser asignadas en diferentes áreas geográficas en forma simultánea, permitiendo pujas en diferentes “rondas” sucesivas en el tiempo. Lo anterior es para que la incertidumbre de rangos del monto de las posturas (el valor relativo a las complementariedades entre regiones y el riesgo de haber pujado en un monto en demasía) sea minimizado y resulten en una asignación de mayor eficiencia, es decir, procurando que sea maximizado el valor social del uso de tales frecuencias.

Otro formato de licitación o subasta en telecomunicaciones móviles es la “combinatoria de reloj”. En ella los futuros concesionarios pujan por “paquetes” de frecuencias, es decir, se tienen dos variables en cada postura: el “paquete” de frecuencias y el monto ofrecido por éste. Lo anterior requiere un extenso algoritmo, toda vez que el conjunto de posibles paquetes puede ser extenso y para cada paquete le corresponde una postura determinada.

Dada toda esta experiencia del IFT en aplicar ambos tipos de formato, y las inminentes y necesarias futuras licitaciones de frecuencias para servicios 5G, ¿por qué no incluir en estos diseños de licitación el flujo anual de derechos a pagar por los concesionarios durante su concesión? 

Así se terminaría con la discrecionalidad, el riesgo anual de incrementos en derechos cuyo solo objeto es recaudatorio en favor de las necesidades de las finanzas públicas en situaciones coyunturales. 

De continuar la circunstancia actual, es de esperarse que la situación de las finanzas públicas siga al menos igualmente presionada, por lo que sería naïve pensar que en la iniciativa de ingresos de 2022 no vuelva a incluir un incremento de derechos por uso de espectro,[1] incluso de mayor magnitud que las propuestas para 2021. Tal vez en esa ocasión no se vaya a “reconsiderar”.

Cabe señalar que si se realizan licitaciones de espectro en 2021 antes de conocer si habrá o no cambios a los derechos establecidos para 2022, una vez asignadas las frecuencias el valor presente de las inversiones recibirá un daño irreversible. Por lo anterior, debería la industria promover como precondición para licitaciones de nuevas frecuencias para servicios móviles la certidumbre del monto de derechos en los años de vigencia de las nuevas concesiones.

Para el suscrito el efecto de mayores y crecientes montos de derechos por el uso del espectro es el desincentivo o postergación a la inversión, en lugar de un posible efecto en los precios de los servicios. 

De la microeconomía básica sabemos que si la demanda residual que cada concesionario enfrenta es lo suficientemente elástica, la incidencia de un incremento exógeno en su estructura de costos fijos por el incremento en derechos, es mayor sobre el oferente (concesionario) que la incidencia sobre el usuario, es decir, lo que pueda ser trasladado en mayores precios. 

La competencia efectiva en servicios de telecomunicaciones móvil existe, es evidente excepto para algunos, por lo que la incidencia será sobre los operadores en forma de una menor rentabilidad del capital invertido. Por lo tanto, existe un incentivo a disminuir la inversión o a postergarla por un plazo tal vez indefinido. 

Para aquellos cuya brújula es solo el tamaño de los concesionarios, si suponemos una competencia en cantidades (tipo Cournot para los iniciados) y los costos fijos aumentan para toda la industria (por el incremento en derechos), además de una demanda en el mejor de los casos constante o en contracción por la caída en el ingreso, producto de una paupérrima tasa de crecimiento desde 2019, agravada por el advenimiento de la Covid 19 y un escenario incierto de recuperación al nivel previo de la pandemia, el efecto indubitable es una tendencia a la concentración del sector como forma de mantener la viabilidad del sector. 

Lo anterior no necesariamente significa una disminución en la competencia efectiva, toda vez que no hay una relación estricta que sea positiva entre concentración y precios, lo cual todavía a algunos les cuesta trabajo entender. Ahí se los dejo de tarea.

Lo indubitable es que ante las circunstancias actuales de las finanzas públicas, por recursos escasos y otros proyectos prioritarios, y con un muy probable escenario de estancamiento en el crecimiento, lo cual significa no alcanzar los niveles de 2019 en los próximos años, lo que se requiere para las inversiones en telecomunicaciones es mayor certidumbre posible. 

Uno de estos factores el es monto esperado de derechos por el uso del espectro e incentivos a la inversión, empezando por desmantelar las regulaciones impuestas en forma asimétrica y que ahora resultan redundantes, promover la coinversión entre competidores y no seguir alimentado desde la regulación una polarización entre preponderante y no preponderantes, que luego se torne en contra del propio sector de telecomunicaciones como un todo.


[1] Como lo dice Gerardo Flores Ramírez en su opinión publicada en El Economista el 20 de octubre pasado: “Arturo Herrera prefirió solo replegar sus velas ahora para reintentar su estrategia irracional para el próximo año, por eso optaron por dejar desde ahora en la ley la estructura de artículos que ya traían en mente para 2021. Van a necear pues.”

Opinión de Ramiro Tovar Landa vía DPL News

Ante alza en precio, AT&T devuelve espectro

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detalló a EL UNIVERSAL que AT&T “devolvió espectro que tenía en la banda de 800 MHz, en las regiones celulares 5 a 9 del país el año pasado; sin embargo, mantiene su tenencia espectral de las regiones 1 a 4 en esa banda”.

AT&T fue consultada sobre la devolución del espectro, pero no hizo comentarios.

En 2019, Telefónica México comenzó a devolver el espectro que tiene y el proceso terminará en 2022.

Para dar servicio en el país, la empresa de origen español firmó un convenio con AT&T para usar su red.

Costo elevado

En la opinión enviada al IFT relacionada con la consulta pública sobre la licitación de espectro IFT-10, el operador señaló que el aumento en el cobro anual por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico hará que a AT&T le cueste 242% más que Telcel por cada usuario en el país.

Indicó que esto desplazaría a AT&T frente a Telcel, lo que empeora la tendencia de América Móvil en los últimos trimestres, en el que consolidó su preponderancia en telefonía e internet móviles.

“Este aumento en derechos tendría efectos negativos en la próxima licitación No. IFT-10 al crear barreras de entrada a nuevos competidores y desplazar a los existentes, como AT&T, con riesgo de que el único participante ganador fuera Telcel”, añadió.

A septiembre de este año, AT&T cuenta con 18.4 millones de usuarios mientras Telcel tiene 76.5 millones.

La firma estadounidense destacó que ve “una estructura de costos asimétrica entre operadores que deteriora la competitividad de los más pequeños respecto al agente económico preponderante”.

El año pasado, el pago por derechos del espectro como porcentaje de los ingresos totales representó para Telefónica 14.7%; AT&T, 11.5%, y para América Móvil, 3.1%.

Del debate en el Congreso respecto a estos montos, destacó que esta incertidumbre “pone en riesgo la competencia, el despliegue de infraestructura, las inversiones para introducción de nuevos servicios, limitan las mejoras y, podrían impactar en precios para los usuarios finales”.

Con información de Carla Martínez vía DPL News

Contraproducente, aumentar pagos por uso del espectro radioeléctrico: especialista

En el contexto de una situación que ha hecho de estos servicios un recurso esencial para el trabajo y la educación, incluso la salud, el incremento en el pago de derechos por el espectro radioeléctrico implicará una reducción de la inversión en telecomunicaciones y en el aumento del costo para usuarios, expuso Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

“Lo que no entiende a veces Hacienda, y por momentos los legisladores, es que el espectro es un recurso de la nación, no de los operadores (…) Si ese espectro y cualquiera de sus bandas o de sus frecuencias es caro, lo único que va a ocurrir, y ya está muy estudiado, es que los operadores no van a ampliar la cobertura de los servicios, no van a hacer inversiones de forma rápida, no van a extender los servicios de telecomunicaciones, e incluso en el peor de los casos hasta pueden incrementar las tarifas porque tienen que recuperar”, detalló.

La víspera, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un aumento en el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, materia prima para que se desplieguen los servicios de telecomunicaciones. La propuesta, contenida en el paquete económico 2021 que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya había sido objetada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones dado que, a parecer del regulador, se favorece a América Móvil, aumenta el riesgo de devolución de espectro por concesionarios –como el caso de Telefónica– y elevaría el costo de los servicios a usuarios finales.

Las modificaciones a la baja respecto de lo propuesto por Hacienda se limitaron a la banda de 800 MHz, en la que se localizan la mayoría de los usuarios de 3G, pero las cuotas al resto de las bandas se mantuvieron sin cambios. Con ello, el gobierno federal pretende recaudar 42 mil 267 millones de pesos.

Bravo detalló que las bandas del espectro tienen aplicación de acuerdo con los espacios en los que se pretende dar un servicio. Por ejemplo, la de 700 MHz lleva la red compartida y la de 600 MHz que se va a licitar el próximo año es de alta propagación ideal para cobertura rural. La de 2.5 GHz es para territorios densamente poblados como la Ciudad de México y la 3.4 GHz es idónea para desplegar la tecnología 5G.

De acuerdo con Gerardo Soria, presidente del IDET, CFE Telecomunicaciones y Internet para todos, la apuesta del gobierno federal para ampliar la cobertura de servicio a lugares donde no llegan operadores privados, ha hecho una inversión minúscula, casi ridícula.

Con información de La Jornada

Alertan alza de precios en telefonía e internet

Para el próximo año, Hacienda propone incrementar el cobro de derechos anuales por el uso y aprovechamiento del espectro en la banda de 800 MHz que se utiliza para que los usuarios tengan acceso a servicios de telefonía e internet móviles.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, el gobierno federal asegura que las cuotas de los derechos que se cobran en México por esta frecuencia se encuentran por debajo de sus referencias a escala internacional.

Si se aprueba este aumento, los usuarios de telefonía e internet móviles pagarán el alza en el pago por el uso del espectro radioeléctrico que las telefónicas deben realizar cada año, explicó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

“La justificación económica de las empresas es que se elevó la estructura de costos, al conservar el margen de ganancias tengo que elevar los precios y lo que al final termina sucediendo es que es el consumidor el que lo paga, si no todo, una proporción sí”, detalló Ernesto Piedras.

Como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, Hacienda propone elevar el cobro de derechos anuales por el espectro de la banda de 800 MHz.

El espectro radioeléctrico es un recurso que utilizan las telefónicas para ofrecer servicios móviles y pertenece al Estado, por lo que deben pagar por su uso y aprovechamiento.

Piedras destacó que el gobierno incrementa el costo del espectro porque sabe que para el consumidor estos servicios son esenciales, mientras que para las empresas es un recurso indispensable.

“Las empresas deben usar ese espectro para no salir del negocio, y por más que se diga que es un impuesto a la producción, siempre que una empresa lo pueda transferir al consumidor, lo hará, no se lo puedes prohibir”, subrayó Piedras.

Samuel Bautista, analista de The CIU, explicó que el incremento propuesto por el gobierno federal es de 56%, lo que resulta desproporcionado.

“Este incremento es varias veces más que la inflación que incluso se considera en los criterios de política económica del paquete mismo”.

Además de poner en riesgo las tarifas para el usuario final, Bautista explica que puede arriesgar la convocatoria de la licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a realizarse a finales de este año, pues desincentiva la participación de concesionarios.

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Barrera a 5G
 

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) menciona que el aumento en el costo del espectro significa una barrera para el despliegue de las redes 5G y coincide con la afectación a las licitaciones del regulador.

“Es un hecho que afectarán de manera negativa los planes de todos aquellos que tenían la intención de participar en las próximas licitaciones de espectro que planea llevar a cabo el IFT”.

El instituto propone que, en lugar de privilegiar un enfoque recaudatorio se considere la posibilidad de revisar la estructura y nivel de las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, pero a la baja.

“De manera tal que ello se convierta en un factor decisivo para impulsar mejoras sustantivas no sólo en la cobertura de la conectividad sino en la calidad de ésta, así como en precios asequibles en beneficio de los usuarios mexicanos”.

Haciendo referencia a Telefónica México, el IDET pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a los legisladores que no pasen por alto que el año pasado un operador móvil resolvió devolver el espectro al Estado por el elevado costo del mismo.

Con información de El Universal Carla Martínez