Una huelga general en Bélgica, la mayor huelga del transporte en Reino Unido en las últimas décadas y múltiples conflictos laborales en otros países muestran un cambio en el estado de ánimo de la clase trabajadora. Huelgas por aumentos salariales o condiciones laborales que se producen como respuesta a una alta inflación, agravada por las consecuencias de la guerra de Ucrania.

¿Vamos hacia un verano del descontento en Europa? ¿Se puede prever un otoño caliente en el continente? Sería apresurado hacer afirmaciones de este tipo, pero comienza a desplegarse una nueva actividad huelguística en sectores de la clase obrera en varios países. La inflación alcanzó en mayo el 8,8% como promedio europeo (con índices superiores en países como Gran Bretaña o España). Después de años con datos inflacionarios reptantes por debajo del 1,5%, se trata de un cambio significativo que está provocando una caída en el nivel adquisitivo de la población, en especial entre la clase trabajadora. Muchos analistas ya hablan de un panorama de probable estanflación: una combinación de recesión e inflación.

Esto se suma a la inestabilidad política de varios gobiernos y un malestar extendido con los partidos tradicionales. Así se expresó en Francia en las últimas elecciones, con una alta abstención, crecimiento de la extrema derecha de Le Pen y de la centroizquierda agrupada alrededor de Jean-Luc Melenchon. Emmanuel Macron perdió su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y se enfrenta ahora a un quinquenio de gran incertidumbre política. Otro gobierno en crisis es el de Boris Johnson en Reino Unido, que acaba de sortear por muy poco una moción de censura.

En este contexto, en las últimas semanas se están produciendo huelgas en sectores claves (transporte, acero, puertos, servicios públicos) y en sectores más precarios. Aunque con desigualdades por país, están abriendo una brecha en ese clima de “unidad nacional” que los gobiernos trataron de imponer hace unos meses, cuando comenzaba la guerra en Ucrania. Recorremos en este artículo algunos de estos conflictos laborales en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Estado español y otros países.

Un verano del descontento en Reino Unido

Esta semana, en Reino Unido más de 50.000 ferroviarios fueron convocados durante tres días a la huelga por el sindicato RMT (Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte). Los trabajadores prácticamente paralizaron la red de trenes, confluyendo con un paro de 24 horas en el metro de Londres, que implica a otros 10.000 trabajadores. Se trata de la mayor huelga del transporte público desde el gobierno de Margaret Thatcher, tal como explicaba Alejandra Ríos, corresponsal de Left Voice e Izquierda Diario en Inglaterra.

En la prensa británica, la idea de un verano del descontento está instalada. La referencia alude al invierno de 1978-1979, cuando se combinaron una fuerte ola de huelgas del sector público y privado con el alza de la inflación, desempleo y estancamiento de la economía. La situación actual no es tan aguda como entonces, cuando una ola de huelgas obreras sacudió de norte a sur Gran Bretaña. Sin embargo, la inflación en Reino Unido alcanzó en mayo un 9,1% -el máximo desde hace cuarenta años- y el Banco de Inglaterra pronostica que llegará al 11% en los próximos meses. A las tendencias inflacionarias más generales, se suman las perturbaciones propias del Brexit (los precios de los alimentos aumentaron un 6% en los últimos dos años). Por eso muchos analistas señalan que el fantasma de los años 70 está rondando -algo que el gobierno británico utiliza, a su vez, para construir un relato antisindical contra los huelguistas. Este fue el caso del secretario del Tesoro, Simón Clarke, quien afirmó que, si se dieran aumentos salariales de dos dígitos, esto “supondría una repetición de la década de 1970”, y que por eso no sería “sostenible” aumentar los salarios en línea con la inflación.

La reactivación de los conflictos laborales en Reino Unido podría extenderse más allá del transporte. Docentes, personal de correos, médicos y enfermeras del Servicio Nacional de Salud están evaluando salir a la huelga. [1]

Lo cierto es que la huelga del transporte está teniendo un gran impacto político. El dirigente del sindicato RMT, Mick Lynch, se ha transformado en una estrella del mundo del trabajo en las redes sociales y cada una de sus intervenciones en TV se vuelven virales. Allí rebate la idea de que un aumento de salarios puede generar una espiral inflacionaria. Señala que las grandes empresas han ganado fortunas y en el caso de las empresas del transporte han recibido más de 500 millones de libras de parte del Estado como ayudas durante la pandemia. Lo que no quieren es recortar sus ganancias. Hace unos días, consultado por la posibilidad de extensión del conflicto, incluso coqueteó con la idea de una huelga general: “Aceptaría una huelga general si pudiéramos conseguirla”. Una acción huelguística de escala nacional que no se produce en Reino Unido desde la huelga general de 1926, la única que hubo en Reino Unido toda su historia. Acusado por la prensa conservadora de ser un “marxista” que quiere nacionalizar los medios de producción, Lynch aclara que su intención es “rebalancear” el reparto de la renta, porque los super ricos están ganando mucho más que antes, mientras la inflación genera una caída salarial.

La crisis del coste de vida afecta a diferentes trabajadores del sector privado y público. Desde el Sindicato Nacional de la Enseñanza (NASUWT) y el National Education Union (NEU), con 460.000 y 510.000 afiliados respectivamente han anunciado que realizarán consultas sobre la posibilidad de salir a la huelga. “Los profesores están sufriendo, no solo la crisis del coste de la vida, con la que todo el país está lidiando, sino 12 años de recortes salariales en términos reales», aseguraba Patrick Roach, secretario general del sindicato de enseñanza NASUWT. Y señalaba que muchos docentes se ven obligados a tener más de un trabajo o recurrir a bancos de alimentos para hacer frente al alza del coste de vida. El 18 de junio, ambos sindicatos participaron junto a otros de una movilización en Londres convocada por la TUC (la mayor central sindical británica). Exigían aumentos de salarios, terminar con los contratos hora cero (flexibilidad laboral), terminar con el racismo en los lugares de trabajo, la descolonización del currículo escolar, e imponer mayores impuestos a las empresas de energía. Entre las pancartas de los manifestantes también se podían ver algunas referidas a la guerra como: “Recortad los presupuestos de la guerra, no los servicios sociales”, aunque esta cuestión tan importante no figuraba entre las reivindicaciones de la convocatoria sindical. Los sindicatos han recibido el apoyo de movimientos sociales como colectivos ecologistas, que plantean impuestos a las empresas para frenar el cambio climático.

El gobierno de Johnson está respondiendo con una thatcherización de su discurso, buscando enfrentar a los trabajadores del transporte con el resto de la clase trabajadora y las clases medias [2], como si los primeros fueran “privilegiados” que imponen sus intereses particulares sobre el resto, no permitiéndoles ir a trabajar. Los conservadores sostienen que no es posible un aumento salarial al nivel que exigen los sindicatos y están intentando aprobar una legislación que les permita reemplazar a los huelguistas con trabajadores de agencias. El gobierno viene de una fuerte crisis con la moción de censura contra Johnson y acaba de perder elecciones extraordinarias en dos distritos electorales: Wakefield y Tiverton and Honiton. Con la posición antisindical contra los huelguistas intentan fortalecer la figura de Johnson. Sin embargo, como escribió hace unos días una analista en The Guardian: “Johnson se presenta como Margaret Thatcher enfrentándose a los sindicatos para disimular un parecido más cercano a un impotente Jim Callaghan”, en referencia al líder laborista que gobernaba antes que Thatcher, durante el “invierno del descontento”. En el caso de los laboristas, la huelga está exponiendo sus divisiones. Su líder Keir Starmer ha planteado que las huelgas “no son una buena idea”, lo que elevó la tensión con los sindicatos. Incluso han amenazado con medidas disciplinarias a los diputados del Labour que se han solidarizado con los piquetes.

“Bloquead los precios, no los salarios”: huelgas en el sector público y sectores estratégicos

Las huelgas contra las consecuencias de la inflación han tenido esta semana otro foco en Bélgica. Una huelga general con impacto en el sector público tuvo lugar el pasado 20 de junio, convocada por varios sindicatos. Allí la inflación alcanzó en mayo el 8.97%, también el mayor índice en cuarenta años. La huelga se sintió especialmente en el transporte, en la enseñanza pública y los aeropuertos (el de Bruselas tuvo que cancelar la partida de todos sus vuelos). El lema “Bloquead los precios, no los salarios” encabezó la manifestación central en la capital, con la cuestión que motoriza los conflictos. Bélgica es un país con una importante tradición de huelgas generales y que junto con Francia han tenido los más altos índices de jornadas de huelga en los últimos años. Aunque también tiene una larga tradición de burocracias sindicales que llaman a huelgas de presión para después sentarse a negociar con el gobierno y las patronales, conteniendo el malestar de los trabajadores.

A nivel europeo, uno de los sectores donde más huelgas se han visto en las últimas semanas es en el transporte, incluyendo ferroviarios y aeropuertos. En muchos aeropuertos europeos se están produciendo largas demoras, debido a una combinación de conflictos laborales y escasez de personal. Hay cancelaciones de vuelos y largas colas para embarcar, mientras controladores aéreos, pilotos o personal de limpieza amenazan con huelgas en varios puntos. Según algunos analistas, se está produciendo un cuello de botella, con el sector de viajes y turismo recuperándose más rápido de lo esperado después de la pandemia y con falta de personal, ya que fue uno de los sectores que más despidió durante estos años de Covid. Esta semana están activas huelgas del personal de la línea low cost Ryanair (en Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal el fin de semana del 25 y 26 de junio). Las huelgas también afectarán al personal de Brussels Airline, British Airways, EasyJet y Volotea.

En Alemania también se están desarrollando conflictos laborales importantes en algunos sectores estratégicos como los puertos, el acero y hospitales. Consultamos a Stefan Schneider, director del medio digital Klasse Gegen Klasse de la Red internacional de Izquierda Diario. Nos cuenta que ha habido cuatro huelgas destacadas en los últimos meses.

El jueves 23 de junio, tuvo lugar, por primera vez en cuarenta años, una huelga de 24 horas conjunta de los puertos más grandes de Alemania, con la participación de 12.000 trabajadores. Los sindicatos exigen aumento salarial del 14% (por encima de la inflación) y la huelga afectó los puertos de Hamburgo, Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake y Wilhelmshaven. Mas de 4.000 trabajadores portuarios marcharon en Hamburgo el día de la huelga, rodeados por la policía. La patronal de las empresas portuarias considera que es una “acción totalmente irresponsable” en medio de la crisis en la cadena de suministros y los bloqueos en la circulación de conteiner. Pero es justamente esa ventaja en su poder de fuego la que podrían aprovechar los trabajadores portuarios para imponer sus demandas. Hace unas semanas, los sindicatos habían llamado a una “huelga de advertencia” de unas horas para presionar en las negociaciones, pero estas no prosperaron. En este sector, hay una alta tasa de sindicalización, de aproximadamente el 70%.

Otra huelga fuerte se desarrolló en el sector del acero, donde los sindicatos alemanes de la poderosa IG Mettal lograron un acuerdo de 6% de aumento salarial, que, aunque se mantiene por debajo de la inflación, es el mayor obtenido en el sector desde hace 30 años. Un resultado con sabor amargo tuvo en cambio la huelga en el sector de servicios sociales y jardinería, donde se pactó un aumento que también quedó por debajo de la inflación, algo que generó malestar en sectores de la base. Allí la burocracia sindical se jugó a desmovilizar, negándose a realizar asambleas masivas para decidir sobre la continuidad del conflicto. Finalmente, desde hace siete semanas está en curso una importante huelga en los hospitales universitarios de la región de Renania del Norte-Westfalia, en este caso por mejores condiciones laborales, exigiendo más personal y menos carga de trabajo, después del período más duro de pandemia.

Si dirigimos ahora el foco hacia Francia, donde la lucha de clases ha sido parte de la escena política de forma casi constante en los últimos años, también se puede observar una “epidemia” de huelgas por aumentos salariales. La inflación alcanzó el 5,2% anual por primera vez desde 1985. De acuerdo con un estudio del Banco de Francia, en 2022 se negociaron aumentos salariales entre un 2,5% y un 3,5% y una media en torno al 1% desde 2014. Esto deja a los salarios por detrás de la inflación, con precios al alza que se sienten especialmente en las facturas de la luz y el gas, alimentos y servicios.

Gaëtan Gracia, delegado de CGT e integrante de la redacción de Révolution Permanente, medio digital de la red La Izquierda Diario en Francia, explicaba en un artículo reciente que la “discrepancia entre la inflación y los salarios se está convirtiendo cada vez más en un tema político central. La cuestión del poder adquisitivo se ha convertido desde hace meses en la primera preocupación en Francia. Es el signo de una ira creciente de la que la epidemia de huelgas salariales es una de las expresiones.” Gracia señala como límite el hecho de que se trata de huelgas parciales y de corta duración, pero se están dando en lugares donde hace mucho tiempo que no había actividad sindical, lo que podría ser indicio de un fenómeno profundo, un “despertar obrero”. Ha habido huelgas de este tipo en Decathlon, Leroy Merlin, en empresas de la aeronáutica como Daher Aerospace o en los talleres de la Haute-Garonne que no habían experimentado una huelga desde hace cincuenta años. La periodista Khedidja Zerouali publicó una serie de artículos en Mediapart a fines de 2021 sobre lo que llamó “huelgas de los bajos salarios”, en referencia a sectores precarios, con salarios bajos, que tuvieron que seguir trabajando durante la pandemia, y que ahora exigen mejores condiciones. Aunque las huelgas no se limitan a esos sectores, ya que otros como los ferroviarios, el personal de los transportes urbanos RATP, la cadena de perfumerías Marionnaud, maestros, o personal de aeropuertos también han tenido huelgas las últimas semanas. Lo más reciente, la CGT convocó a los 35.000 trabajadores de Total Energies a una huelga de 24 horas el 24 de junio.

En Italia, el panorama es desigual. Giacomo Turci de La Voce delle Lotte, destaca la huelga general de todo el sindicalismo de base el pasado 20 de mayo. Mientras que el 30 de mayo hubo una huelga en educación, con acatamiento dispar, y el 17 junio una huelga en el trasporte, promovida por varias organizaciones del sindicalismo de base. Pero en el caso de Italia, lo más interesante quizás es la movilización que encabezaron varios sindicatos del sindicalismo de base donde unificaban la lucha contra la inflación y la lucha contra la guerra y el envío de armas a Ucrania con la consigna central: “bajen las armas, suban los salarios”.

Finalmente, también en el Estado español comienzan a darse algunas huelgas importantes, en sectores como el metal, sanidad y otros. La huelga del metal de Cádiz, a fines de 2021, con una duración de 9 días tuvo un alto impacto nacional. Las imágenes de la represión a los piquetes por parte de la policía nacional del “gobierno más progresista de la historia” se multiplicaron en redes sociales. En el mismo sector, esta semana culminó una huelga de más de 16 días del metal en Cantabria, al mismo tiempo que se iniciaba una huelga del metal en Bizkaia. Una coordinación nacional de las huelgas del metal y otros sectores contra la escalada inflacionaria, con manifestaciones conjuntas a Madrid (como ocurrió en 2012 con las huelgas mineras) podría cambiar radicalmente el clima político nacional y despertaría una enorme solidaridad. Pero las burocracias de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se encuentran en un pacto total con el gobierno del PSOE-Unidas Podemos y las patronales, por lo que hasta ahora ponen todo su peso en evitar un panorama de este tipo.

Un programa por aumentos salariales, contra la inflación y la guerra

La inflación europea se mantuvo por debajo del 2% en los últimos 10 años, con varios períodos por debajo del 1,5% e incluso momentos con tasa 0. Las tendencias alcistas comenzaron en 2021, alcanzando un 4,1% en octubre de ese año, y un 5,1% en enero de 2022. Los analistas adjudicaban esto a la salida de la pandemia, la crisis en la cadena de suministros, la crisis energética y otros factores. Los efectos de la guerra de Ucrania y las sanciones se dejan sentir desde entonces, con una escalada empinada de los precios desde febrero de este año hasta las cifras actuales, que solo puede compararse con la curva de los años 70. De hecho, solo se registran valores inflacionarios superiores a los actuales entre 1974-1977 y entre 1980-1983.

En un artículo reciente, Rafael Poch explica que las sanciones occidentales contra Rusia “son mucho más dañinas que el bloqueo ruso de puertos ucranianos para el anunciado incremento del hambre en el mundo”. Estas ya están generando un aumento descomunal de los precios de los alimentos, el gas, petróleo y los fertilizantes, que está teniendo mayor impacto en los países más pobres, generando escasez y encarecimiento de los alimentos básicos. Según un informe del Programa Alimentario de la ONU (WFP), el número de personas que pasa hambre en el mundo pasará este año de 276 millones (nivel de preguerra) a 323 millones como consecuencia de la crisis abierta. Esto está extendiendo el malestar social y generando tendencias al estallido de nuevas revueltas contra los gobiernos, como hemos visto recientemente en Sri Lanka. La revista The Economist titulaba un artículo reciente como “De la inflación a la insurrección”. Allí se destaca la situación de países como Sri Lanka, pero también otros como Pakistán, o Túnez. También se hace referencia a la situación grave en Turquía, donde la inflación ha alcanzado un 70% y el costo de los alimentos se ha disparado en meses.

Aunque esta no es la situación que se vive en los países más ricos de Europa, las sanciones impuestas a Rusia también están actuando aquí como un bumerang, acelerando las tendencias inflacionarias previas y degradando el poder adquisitivo de la población trabajadora. La inflación está golpeando tras dos años de pandemia, que implicaron importantes sacrificios para muchos trabajadores y trabajadoras, pero que también mostraron quiénes son los “esenciales” para el funcionamiento de la sociedad, generando mayor confianza en que se puede salir a pelear por más.

Consultado en varios programas de TV sobre la posibilidad de una espiral inflacionaria, el líder de los ferroviarios ingleses respondía que lo que han aumentado de forma sideral son las ganancias de los capitalistas y apuntaba contra los mil millonarios y los subsidios que han recibido las empresas durante la pandemia. En 2020, el Consejo Europeo acordó el fondo de ayudas para la salida de la crisis del Covid conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) que consta de 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros. A ese fondo especial se suman fondos del presupuesto europeo, lo que da un total de aproximadamente 2,018 billones de euros. La mayoría de este dinero, que es reasignados por los Estados nacionales en forma de préstamos o de ayudas sin reembolso, está siendo destinado a las grandes empresas. Esto sin considerar los rescates que se efectuaron durante la pandemia, mediante mecanismos como el subsidio integral con fondos del Estado de los salarios de los trabajadores durante las suspensiones temporales de empleo y las exenciones impositivas. Se trata de una gigantesca transferencia de recursos públicos hacia las empresas privadas que ha aumentado el endeudamiento de los Estados. Pero cuando llegan las tendencias inflacionarias, el ajuste se efectúa en los salarios.

Frente a esto, las luchas obreras por aumentos salariales están emergiendo como un fenómeno nuevo y adquieren en algunos lugares un gran impacto político, como ocurre actualmente en Reino Unido. Allí se ha vuelto a discutir a nivel masivo sobre el derecho a hacer piquetes, la importancia de las huelgas y lo que ganan las grandes fortunas. Si los trabajadores ferroviarios ingleses, los del acero en Alemania o los del metal en Bizkaia consiguieran aumentos importantes o por encima de la inflación, esto acrecentaría la confianza en sus propias fuerzas de muchos trabajadores y trabajadoras y se podrían extender los conflictos. La demanda de aumento de salarios al nivel del coste de la vida (por ejemplo, en Francia se exigen 300 euros de emergencia) junto a la reivindicación del reajuste salarial de acuerdo con la inflación podría unificar al conjunto de la clase trabajadora, ya que involucra detrás un mismo reclamo a sectores privados y públicos, fijos o temporales, de sectores estratégicos o más precarios.

En un artículo reciente, el periodista español Antonio Maestre señala que “la inflación es destructora de gobiernos” y que “la única salida es el control de precios y una política fiscal ambiciosa de subida de impuestos a los especuladores y grandes tenedores de capital. Esa es la única salida progresista a la inflación. Así que no ocurrirá. No hay ninguna posibilidad de que el gobierno establezca una política fiscal agresiva, casi confiscatoria, para las grandes fortunas y empresas que pueda combatir la inflación. Eso será la certificación de su entierro. Prefieren morir a entrar en guerra con el poder de las oligarquías y romper de manera radical los dogmas liberales.”

Como vemos, medidas como el control de precios en sectores básicos como alimentos, combustible y energía comienzan a aparecer en el debate. Pero los gobiernos no están dispuestos a tocar las ganancias del capital. En el sector estratégico de la energía, que es uno de los que más está pesando en el aumento de las tarifas en toda Europa, está planteado luchar por la renacionalización de las empresas bajo gestión de trabajadores y usuarios. No solo para bajar las estratosféricas tarifas. Sino que, tal como mostraron en medio de la pandemia los trabajadores de la refinería de Total en Granpuits, Francia, los trabajadores son los únicos que estarían dispuestos a encarar una verdadera reconversión del sector y una transición hacia energías renovables, algo clave en la lucha contra el cambio climático para evitar la destrucción del planeta.

Entre las empresas más grandes de Europa y con mayores ganancias se encuentran hoy gigantes alimenticios como Nestlé y Unilever, o energéticas como Total y Shell. Los diez multimillonarios europeos más ricos en 2022 según Forbes suman un patrimonio colectivo de 590 mil millones de dólares, y han aumentado este en 40.000 millones más que el año pasado. Solo un programa que apunte a las ganancias de las multinacionales y super ricos puede dar una salida a las necesidades más urgentes de la población trabajadora.

La clase trabajadora en Europa es una fuerza social poderosa que podría paralizar los transportes, los puertos, los bancos, las empresas del metal y de telecomunicaciones, los servicios públicos y la limpieza. Lejos de los pronósticos de quienes auguraban el fin del trabajo, es una clase obrera multirracial y extendida que ocupa posiciones estratégicas en la producción y circulación. Una clase obrera que en las últimas décadas se ha feminizado como nunca, y que ha incorporado varias generaciones de migrantes entre sus sectores más precarios y explotados.

Las burocracias sindicales hacen todo lo posible por diluir esa fuerza social mediante pactos por arriba o huelgas de presión para descomprimir, evitando la coordinación y la convocatoria de huelgas generales. Y en muchos lugares donde se ponen a la cabeza de las luchas salariales, buscan desactivar rápidamente el conflicto, aceptando acuerdos de aumentos por debajo de la inflación. Son el mejor resguardo del capital y de los Estados capitalistas en el seno de la clase trabajadora, pasivizando su fuerza social y canalizando el descontento hacia salidas electorales. Consultado hace unos días en TV, el líder del sindicato español CCOO sobre si existía la posibilidad de llamar a una huelga general (no se convoca una desde 2012), respondía que no, porque las huelgas generales “son políticas”. En una aceitada división de tareas con los partidos de social-liberales y de la izquierda institucional, actúan para que la clase trabajadora no pueda hacer valer todo su poder de fuego en las actuales luchas salariales, para después llamar a votar en las elecciones aquellas alternativas como mal menor frente a las derechas.

También evitan a toda costa ligar la lucha contra el alza del coste de vida con la perspectiva de una movilización masiva contra la guerra y el rearme de los gobiernos imperialistas, siendo esta una de las causas más agravantes de la actual situación inflacionaria. ¡Qué distinto sería si en las manifestaciones de los sindicatos o las huelgas se apuntara contra el enorme gasto de los presupuestos militares, las sanciones a Rusia, el envío de armas y la política militarista de los gobiernos imperialistas!

En la situación de postpandemia y en medio de una guerra que tiende a alargarse surge el interrogante de si las huelgas actuales pueden extenderse, obtener triunfos importantes y coordinarse en una perspectiva superior. Para eso, será clave si aquellos que apuesten por la democracia obrera desde las bases, asambleas y delegados, pueden comenzar a romper el cerco que imponen las burocracias sindicales. Aún no podemos afirmarlo, pero es un hecho que cada vez se acumulan más contradicciones económicas, sociales y políticas y geoestratégicas en Europa. Y esta nueva actividad de la clase trabajadora, si se desarrolla, puede marcar un cambio de signo en la conflictividad social. Si en el ciclo anterior de lucha de clases, con la irrupción de los chalecos amarillos, los trabajadores muchas veces intervenían diluidos en acciones de un movimiento de tipo popular junto con sectores intermedios más amplios, ahora empiezan a tener más visibilidad métodos propios de la clase obrera, como los piquetes, las huelgas y las cajas de resistencia. La situación es desigual y en algunos países es más probable que las tendencias puedan avanzar en este sentido. En Francia, por ejemplo, la gimnasia de la lucha de clases viene siendo mucho mayor en los últimos años. Ahora el gobierno de Macron se enfrenta a un quinquenio de gran inestabilidad política. Esta situación de crisis por arriba y enorme malestar por abajo, sin dudas abre oportunidades para que la clase obrera comience a intervenir de otra manera en el escenario político.

*Este artículo fue escrito a partir de informes de Alejandra Ríos desde Reino Unido, Stefan Schneider en Alemania, Gaëtan Gracia en Francia y Giacomo Turci en Italia para la Red internacional de Izquierda Diario.

[1] De acuerdo con las leyes antisindicales impuestas por Thatcher, un sindicato para convocar a una huelga debe primero realizar una consulta entre todos sus afiliados, el resultado solo se considera válido si hay un 50% de participación de voto.

[2] Algo que Boris Johnson ya hizo cuando era alcalde de Londres, cuando trabajadores y trabajadoras del subte hicieron una huelga de 48 horas.

CON INFORMACIÓN VÍA LA IZQUIERDA DIARIO